La sanción a MEXXIM, SA de CV por parte de dicha instancia, es cuestionada debido a datos que evidencian la cargada en contra de la empresa en dos vertientes: un pleito interno entre inspectores y el delegado; o que se esté favoreciendo a otro proyecto minero, ya que el tema se ha politizado y requiere de empuje para su aprobación en casos como proyecto “Los Cardones” y/o “La Pitahaya”
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“Con el propósito de verificar que los sellos de clausura que tenemos en la empresa en la planta de beneficio, estuvieran colocados, que no estuviéramos realizando ningún tipo de actividad, estamos cumpliendo debidamente con la instrucción de la Profepa.
En compañía del personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), funcionarios de las oficinas centrales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en específico del Órgano Interno de Control (OIC), pretendían constatar la existencia de estos sellos, “para saber de viva voz si estábamos cumpliendo con las instrucciones de la Profepa, dado que hay muchas inconformidades, supuestamente que la planta está operando y sigue trabajando, entonces quisieron constatar personalmente el hecho y encontraron que todo está bien, no tenemos ningún problema”, anunció Jaime Ramírez, asesor ambiental de la empresa MEXXIM, SA de CV.
Sin embargo, información obtenida por ZETA da cuenta que realmente la inspección del OIC fue para el delegado de la Profepa en Baja California Sur, Saúl Colín Ortiz, y de sus inspectores del área industrial, pues hay datos que evidencian la cargada en contra de la empresa en dos vertientes: un pleito interno entre inspectores y el delegado; o que se está favoreciendo a otro proyecto minero, ya que el tema se ha politizado y requieren de empuje para su aprobación en casos como los proyectos “Los Cardones” y/o “La Pitahaya”.
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Han sido claras las violaciones en contra de la planta de beneficio de MEXXIM, SA de CV, personal de Profepa -identificados como Jorge Elías Angulo y “Lupita”-, tienen intereses fuertes al no respetar los lineamientos de la dependencia Federal.
“A consideración de la Profepa, debemos clausurar el proyecto porque no tenemos supuestamente, autorización de Impacto Ambiental, sin embargo, en la visita pudieron constatar, ya tuvimos otro enfoque del caso y el personal de oficina central pudo ver realmente que en los procedimientos administrativos ante la Profepa, tenemos dos aspectos completamente distintos: manejan un trabajo de una mina subterránea y p el de terreros mineros, esto quedó muy claro por parte de personal de Semarnat, pues el trabajo es sobre el terrero minero, no así del de la mina”, lanzó el asesor ambiental de la empresa.
Una vez corroborado que la mina está inoperable, revisaron la sanción que recibió la empresa por parte de Profepa, ya que les clausuró presuntamente por extraer material de la mina, pero sólo fue presunción. Por ello, denunciaron el abuso por parte de la Profepa en Baja California Sur, pues en cada una de las sanciones hay anomalías, las cuales serán observadas por el OIC.
La Testera es una planta de beneficio metalúrgico de MEXXIM SA de CV, ha sido parada por problemas internos en la PROFEPA, pues no hay sustento legal para sancionarla, mil 500 empleos se están perdiendo y la mina se cae a pedazos y aún así afirman que opera sin sustento legal, ni estudios técnicos
“No está bien sustentado, ellos vieron que tenemos una autorización vigente de Impacto Ambiental para los terreros y, sin embargo, esté clausurada no, como que hay alguna anormalidad. Cuando al mismo tiempo cierta parte sí tiene autorización y la otra no, la que debe clausurar es la parte que no tiene autorización”, agregó Jaime Ramírez.
EL ENGAÑO DE LA PROFEPA
El 6 de septiembre, la delegación estatal de Profepa sancionó a MEXXIM, SA de CV al no contar con diversos permisos; la multa se fijó en 2 millones 200 mil 380 pesos y la clausura total de las instalaciones, incluyendo la mina antigua que era utilizada como depósito de agua de lluvia. No obstante, la presión de la procuraduría ambiental data de mayo, con diversas observaciones:
* La empresa no acreditó contar con autorización en materia de Impacto Ambiental emitida por la Semarnat, para llevar a cabo la explotación y beneficio de mineral de veta subterránea en la mina.
* En un punto ubicado en la parte superior del proceso, detectó veinte viajes de roca de explotación de veta subterránea sin proceso metalúrgico alguno, con tamaños de 16, 10, 8, 3 pulgadas hasta finos; material proveniente de la mina subterránea.
* No presentó ante Sermarnat la Cédula de Operación Anual.
* Se constató incumplimiento de la legislación en el manejo de residuos peligrosos, ya que el almacén temporal carece de señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos, es decir, no se identifican.
* No hay manejo de una bitácora de generación de residuos peligrosos.
* Los residuos peligrosos generados fueron llevados a tratamiento, reciclaje y/o disposición final.
IEE BCS alzó la mano para la consulta ciudadana sobre mina
En la reciente visita del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer a los sudcalifornianos que el tema de minería será sometido a consulta ciudadana para determinar si los proyectos se acreditan o no.
El Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California Sur aseguró que dentro de las atribuciones que tienen como instancia electoral, deben atender aquellas solicitudes de consultas, “nos estamos preparando y vamos a constituir una comisión encargada de revisar todas aquellas solicitudes y verificar la procedencia o no de los mismas”, señaló Rebeca Barrera Amador, consejera presidente del IEE.
De acuerdo a la Ley, se deben respetar distintos lineamientos para que la consulta se pueda llevar a cabo en el Estado, por medio del Organismo Público Local Electoral (OPLE), al cual corresponde efectuar las consultas populares.
Según los procedimientos, lo primero sería verificar si la solicitud es procedente, y, en caso afirmativo, iniciar con los temas operativos, “hacer obviamente los convenios de colaboración con el Instituto Nacional Electoral, debemos contar con el listado nominal para llevar a cabo este tipo de acciones”, agregó Barrera Amador.
Aunque no exista solicitud, el Instituto se prepara organizando una comisión, la cual estará integrada por tres consejeros.
Como cualquier proceso democrático, la consulta sería resultado de un importante recurso económico, sin embargo, podrían darse convenios de colaboración para un menor gasto de recursos.
“No hemos definido aún cuántos recursos se van a necesitar, se pueden realizar convenios de colaboración con empresas que nos puedan localmente ofrecer con menor costo la impresión de los documentos de las boletas”, ejemplificó la consejera presidenta del IEE.
Asimismo, se utilizarían urnas, mamparas, personal de apoyo e incluso ciudadanos que funjan como testigos de dicha consulta.
Otra propuesta es la utilización de tecnología a través de dispositivos móviles o tabletas electrónicas que facilitarían el ejercicio, ciudadano, con menos gastos, pero la Ley aún no permite las consultas de esa forma.
A la fecha, el IEE no ha tenido acercamiento alguno con el Presidente electo para la realización del a consulta, pero confían en lograrlo antes de que AMLO asuma el poder, como lo aseguró en su última visita a la región.
* Contrato de un seguro ambiental vigente.
* Cuatro acumuladores de plomo-ácido usados (baterías de carros), no incluidos en su registro como generador ante la Semarnat.
El 31 de mayo, días después de la segunda clausura llevada a cabo el día 23, la Profepa acudió a la planta de beneficio metalúrgico, donde estableció, “se corrobora que después de la clausura realizada el 23 de mayo, no se realiza actividad metalúrgica alguna. Se observó que el molino se encuentra detenido, sin material y el motor apagado”, lo que deja en claro que personal o el delegado han actuado de mala fe y arbitrariamente, manejando la Ley a su beneficio y violando estatutos.
Pero en la visita “sorpresa” que el OIC de la Semarnat organizó para agarrar desprevenida a la empresa resultó que “alguien avisó a personas que iba el Órgano Interno, para que hicieran un alboroto y le pegaron el último golpe a MEXXIM, les salió el tiro por la culata”, refirió a ZETA una fuente de la procuraduría ambiental.
“La primera sorpresa de ellos fue que encontraron personas ajenas al proyecto, ya en las puertas de la empresa haciendo una oposición al proyecto, ni siquiera nosotros teníamos conocimiento de la visita y ya había otras personas enteradas de esta inspección”, manifestó por su parte Jaime Ramírez.
Lo peor de todo para los opositores, es que el OIC de la
Semarnat dio cuenta de documentos internos que fueron facilitados a los manifestantes, lo que evidencia corrupción dentro de la dependencia federal.
LAS CONTRADICCIONES DEL PROCESO
De entrada, los argumentos de la Profepa no son jurídicamente sólidos, pues primero deben clausurar el área que no cuenta con la autorización de operar. Inspectores de la procuraduría clausuraron totalmente las instalaciones, pasando por encima la legislación ambiental.
Vista desde el interior, la Mina La Testera refleja decenas de años de abandono, Inspectores de la PROFEPA no ingresaron al túnel para corroborar las condiciones que guarda, por ello todo sustento jurídico se caerá en el caso
ZETA recorrió el interior de la mina y corroboró que la mina está inoperable, apenas en la primera intersección dentro del túnel, hay derrumbes, lo que hace imposible el trabajo dentro, los soportes del túnel están degradados y los derrumbes de los costados del túnel apenas permiten que una persona pase de pie; por lo que resulta incongruente que se saquen 200 toneladas diarias de roca en roca en mano.
Para extraer 200 toneladas al día con marro y cincel, es necesario dinamitar, lo cual sería notable kilómetros a la redonda, incluso la misma explosión provocaría que el túnel colapse.
Miembros de la empresa dedicada a la remediación del sitio, opinaron que no hay sustento para clausurar a la empresa, al no existir fundamento legal para inferir que la mina está en operación. Menos aún se realiza una lixiviación.
“Para operar al interior de una mina, requieres mucho equipo, personal y obviamente, equipo especializado, necesitas oxigenar el interior de la mina, todo el equipo que está ahí lo pudieron ver: está prácticamente cayéndose”, aseveró el asesor ambiental de MEXXIM.
Ante tal panorama, ya se prepara un recurso de revisión, al darse manipulación en los datos que Profepa maneja en cuanto a la sanción.
En otro de los puntos que manifiesta la Profepa y que el OIC de Semarnat pudo corroborar, se anotaron veinte viajes de roca sin procesar, ya que la piedra proviene del interior de la mina, un error más en la inspección, pues se debe contar con estudios geológicos que lo sustenten y, en este caso, es obvio que se trata de una simulación para facilitar el camino a “alguien más”.
“No quisieron comprobarlo, y no quisieron comprobarlo porque eso no da pie a que se siga manejando la manipulación, ellos afirman que hay un material proveniente de mina, pero no tienen conocimientos en geología, sólo saben detectar dónde hay contaminación y solicitar que se estudie para determinar el grado. Identifican los daños, los riesgos de contaminación ambiental, pero no para conocer la composición de un mineral, para saber de dónde es; únicamente le corresponde al Servicio Geológico Mexicano”, expuso un miembro anónimo de la Profepa ante el actuar de sus compañeros.
“Me extraña, van al sitio acompañando al Órgano Interno, y como si ellos no tuvieran conocimiento en la materia, fueron insistentes y sólo los puso en la mira, como que algo traman”, advirtió.
Por su parte, el asesor de MEXXIM confirmó lo que trató de explicar el inspector, pues refiere que la identificada como “Lupita”, también del Área Industrial, intentó evidenciar un daño donde no había tal, “hay procedimientos que requieren que el material sea de materiales especiales, como en algunos casos se diseñaron de acero inoxidable, el personal de Profepa fue reiterante en que estábamos operando al ver a los tornillos que no estaban oxidados, cuando son de acero inoxidable, pero tampoco se fijan en que la maquinaria no cuenta con controles, cableado, ni el tablero de nada; eso le quedó claro al Órgano Interno, vieron que la maquinaría que Profepa señaló como activa en el proceso de lixiviación está inoperable.
“Lo mismo ocurrió con la mina, la cual dijeron está inhabilitada para funcionar como tal, es ilógico y realmente no es lo correcto, que se hagan o se pretende hacer afirmaciones de esa manera. Nosotros confiamos en una opinión de terceras personas, en un recurso de revisión puede analizarse desde otra óptica”, sugirió Jaime Ramírez.
En cuanto al manejo de residuos peligrosos, la propia Profepa se contradice al afirmar que “no se utilizaron sustancias altamente riesgosas como el cianuro, pues únicamente se realizaba el triturado, molienda y flotación; los terreros son procesados mediante la técnica de flotación con manejo de reactivos (aceite de pino, aerofloth 208, 404, 425 y Xak). Los concentrados de minerales de oro y plata para su comercialización se envasaban en supersacos para su transporte”.
La misma PROFEPA reconoce que La Testera se encuentra paralizada, en 9 años de operación y en momentos políticos, vienen a sancionar a MEXXIM, supuestamente por operar extrayendo material del interior de la mina, situación que ni el mismo OIC de la SEMARNAT lo cree.
Incluso ha habido denuncias por parte de Matilde Cota Trasviña, propietaria del Rancho Los Cascabeles, quien ha mentido constantemente al denunciar contaminación generada por cianuro, para el que se solicita un seguro para su manejo.
La Profepa respondió tanto al señalamiento de la institución, como de la dueña de varias hectáreas, desmintiendo que “la autorización que tiene la empresa sobre el proceso de lixiviación y el uso de cianuro sódico (NaCN), este método no es utilizado actualmente”, por lo cual comprueba el uso mediático que ha hecho Matilde Cota Trasviña, la cual se ha visto favorecida a través de la Mina La Pitahaya.
“El proceso que hacemos es de flotación, se usan materiales biodegradables, precisamente haciéndolo compatible con la remediación ambiental que se está haciendo de los terreros mineros, se menciona por parte de la Profepa que tenemos una lixiviación en la planta, sin embargo, ese proceso no se lleva a cabo; incluso hubo una denuncia ante la Procuraduría General de la República.
“Profepa inició una denuncia ante PGR en contra de la empresa por supuesta contaminación por cianuro, en las instalaciones PGR hizo las investigaciones, y definitivamente, en primer lugar, no hay cianuro en la planta, tendrá unos cinco o seis años que no usa ese proceso; enviaron también una visita de inspección de la Comisión Nacional del Agua para efectos de determinar la presencia de contaminantes en el agua, se presentaron los estudios de laboratorio y no hay tal contaminación”, reiteró Ramírez.
Al ser de carácter público, la información puede ser corroborada, incluso invitan a cualquier ciudadano a acudir a las instalaciones, a la par de que pretenden que estudiantes de diferentes niveles visiten la empresa para constatar los beneficios que ha dejado la remediación del sitio, la vegetación que ha crecido en sitios anteriormente contaminados y ahora liberados. Pero todo está frenado por un tema que la delegación estatal de Profepa ha politizado.
