“Más digno de estima es el hombre, que oculta su ignorancia que el hombre que oculta su sabiduría”
-Anónimo, Antiguo Testamento, Libro de Eclesiastés-
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Existen una cantidad de organismos muy importantes en nuestro país que realizan las funciones de centro de análisis de las políticas públicas, centros de investigación que buscan elevar la efectividad y calidad de la operación gubernamental a través de la elaboración de estudios especializados y en el desarrollo de indicadores que sirvan para transparentar, evaluar y comparar las acciones del gobierno.
“Lo agarras y ya no sales, todo al que se detenga se queda preso y eso va ayudar, sobre todo a las corporaciones municipales (…) al menos dos años se quedan, en lo que se dan las reformas nacionales”, sostenía Martín Orozco, Gobernador del Estado de Aguascalientes, aparentemente recomendando mantener a los detenidos en prisión preventiva durante la investigación.
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Estas declaraciones fueron realizadas en un acto oficial, ni más ni menos, en la presentación del Centro Estatal de Coordinación, Comando Cómputo (C5-SITEC), muy recientemente.
Ante el brutal incremento de la violencia letal, la incidencia y prevalencia delictivas y la percepción de inseguridad, los representantes del Estado y Fuerzas Políticas han apostado por medios contrarios al Sistema Penal Acusatorio, que vulneran Derechos Humanos. La ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa se ha constituido como un eje de la contrarreforma que se ha venido advirtiendo desde hace años.
Esto no es nuevo, ni ha sido una amenaza silenciosa; por el contrario, este tipo de propuestas han tomado lugar desde la reforma penal en el año 2008.
Tan solo el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) durante la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documentaba la presentación de 27 iniciativas constitucionales, únicamente para el periodo de marzo del 2016 y septiembre del 2017. Todas estas iniciativas buscan emplear la prisión preventiva como una verdadera pena anticipada, más como un recurso regular y excepcional.
A estas iniciativas hay que añadir las presentadas la semana pasada, por los senadores del PAN y de Morena. La iniciativa del partido conservador de México (PAN) propone ampliar el catálogo de delitos, considerados como graves, para incluir dentro de otros, la extorsión, el robo a casa-habitación y el robo a los negocios.
Por su parte, la iniciativa de Morena propone incorporar delitos en materias de hidrocarburos, electoral, y armas de fuego y seguramente otras más se sumarán, como si ello fuera la solución mágica –oh, ingenuos y absurdos legisladores– y también como si esto resolviera la crisis de inseguridad o las graves deficiencias de las instancias del sistema de justicia (policía, procuradurías, defensorías, jueces, entre otras).
Ya hemos señalado en otras colaboraciones en el Semanario ZETA, que además de ser un aspecto básico que distingue al sistema acusatorio, en supuesto de que toda persona es inocente hasta que se demuestre su responsabilidad, es una condición que puede incentivar la investigación delictiva, a requerir evidencia, calidad de pruebas y teoría del caso. Cuestiones que hasta la fecha no han podido ser satisfecha, por la evidente falta de educación de los operadores el Sistema Penal Acusatorios.
Benigno Licea González es Doctor en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Fue Presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, A.C. Correo: liceagb@yahoo.com.mx
