Javier Duarte: culpable de poco, impune en mucho

Foto: Archivo
 
Edición Impresa Lunes, 1 Octubre, 2018 01:00 PM

El ex gobernador veracruzano se declaró culpable para negociar una condena que quedó en nueve años de prisión, y una multa de menos de 59 mil pesos. Tendrá que devolver 21 terrenos y 20 propiedades de las 90 que posee. A pesar del fallo benévolo, la defensa apelará en busca de una reducción de la pena. En Veracruz, le aguardan dos procesos penales y una investigación por desaparición forzada de 19 personas. La PGR asegura que la investigación contra el político priísta continúa abierta en materia electoral

Con el camino allanado y una alfombra de impunidad que le tendió la Procuraduría General de la República (PGR) al variar la acusación del delito de delincuencia organizada por el de asociación delictuosa, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue sentenciado a nueve años de prisión por dicha conducta y operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque su defensa esperaba una pena menor.

Los abogados del político emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprovecharon todos los medios que a su alcance pone la ley, y su cliente, previamente, se declaró culpable de la comisión de los referidos delitos, lo que le valió una rebaja sustancial en la pena que conlleva una multa de 58 mil 890 pesos.

Por concepto de la reparación del daño, Duarte deberá restituir al gobierno veracruzano 21 terrenos en el Ejido Lerma, en el estado de Campeche y otras 20 propiedades, de las 90 que posee. El monto de la afectación finalmente quedó en 38 millones de pesos presuntamente desviados del erario público y no los 438 millones que inicialmente eran objeto de la imputación. Aunque se presume que en diversos delitos del fuero común y federal el desvío frisaría los 75 mil millones de pesos.

Durante la audiencia de juicio oral que inició a las 16:00 horas -del miércoles 26 de septiembre- en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Norte, el Ministerio Público Federal expuso 110 pruebas para sostener su acusación. Al emitir la condena, el juzgador Marco Antonio Fuerte Tapia advirtió que la pena impuesta al veracruzano inicia su cómputo a partir de la fecha en que fue privado de la libertad y llevado a un centro penitenciario en Guatemala.

Por su parte, el defensor de Javier Duarte, licenciado Ricardo Sánchez Reyes Retana, quien solicitó al juez de distrito se realizara un procedimiento de juicio abreviado para el que fuera gobernador de Veracruz del 1 de diciembre del 2010 al 12 de octubre del 2016, se mostró insatisfecho con el veredicto y adelantó que impugnará la resolución en busca de una reducción de la pena. Por lo pronto, esta sanción podría facilitar la libertad de su cliente en un plazo de tres años.

La modificación del delito de delincuencia organizada por el de asociación delictuosa que hizo la PGR en su pliego acusatorio fue clave para que el ex mandatario no recibiese una penalidad mayor, pues el último de los delitos mencionados no es considerado como grave, ni amerita prisión preventiva oficiosa, como tampoco lo es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Duarte podría en algún momento de su condena solicitar el beneficio de la libertad bajo caución y vigilancia electrónica, aunque por el momento se encuentra bajo la medida de prisión preventiva justificada.

Javier Duarte de Ochoa es actualmente procesado también en el fuero común, en dos juzgados penales del estado de Veracruz donde enfrenta causas criminales por su presunta participación en delitos como peculado, entre otros, pendientes de sentencia. Además, se le investiga en esa entidad por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada, un asunto en el que 19 personas desaparecieron y cuyos cuerpos fueron localizados en la barranca de La Aurora, en enero de 2016.

Por si fuera poco, autoridades estatales y federales investigan la presunta adquisición de bienes muebles e inmuebles que el político mexicano habría realizado a través de prestanombres en los Estados Unidos, concretamente en Nueva York, donde se asegura que Alfonso Ortega, persona de su confianza, compró tiempos compartidos, un condominio y hasta un yate. Antes, la PGR reveló que en Suiza averiguaba sobre transacciones financieras efectuadas por el grupo criminal que presuntamente encabeza Duarte, a través de la triangulación de recursos en empresas fantasma, pero de ello ya no se ha dicho nada.

Tras conocerse el fallo judicial, el titular de Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Electorales de la PGR, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, aseguró que a pesar de que el juez dictó una pena de nueve años de prisión en contra del ex gobernador de Veracruz, la investigación sigue abierta:

“Esta carpeta de investigación continúa abierta por lo que hace a otros probables responsables, tenemos diversas carpetas de investigación y averiguaciones previas abiertas y en investigación y en curso en contra de funcionarios que colaboraron en la administración de Javier, del ex gobernador del estado de Veracruz, y debo de señalar que incluso en contra de ellos ya tenemos órdenes de aprehensión, o sea, la investigación continúa”, detalló Muñoz.

El fiscal explicó que el juzgador consideró que el inculpado ha garantizado la reparación del daño, dado que se le han asegurado 41 propiedades, además de otro aseguramiento de dinero por aproximadamente 440 millones de pesos, que ya fue devuelto a las arcas del estado de Veracruz.

Por su parte, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, advirtió que en esa entidad le esperan otros años en prisión a su antecesor, Javier Duarte.  Yunes consideró que el priísta reconoció su historial delictivo, al aceptar su culpabilidad en las investigaciones federales abiertas en su contra, e informó que a nivel local enfrentará acusaciones por desaparición forzada de personas.

El gobernador veracruzano en funciones, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), expresó su molestia por la sentencia y multa impuestas a Duarte, pues las calificó de mínimas comparadas con el desfalco millonario que realizó el político en los años que estuvo al frente del Poder Ejecutivo local.

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