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jueves, febrero 22, 2024
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Gubernatura de dos o cinco años en disyuntiva

Miembros de Colegio de Abogados Emilio Rabasa presentaron un proyecto para revertir el modelo corto de gobierno estatal resguardado por un artículo transitorio constitucional. Mientras que el diputado local de Morena, Víctor Morán, defiende la propuesta, otras voces al interior del Congreso y en el IEE dan por hecho que no va a prosperar

Miembros del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” solicitaron a la XXII Legislatura una iniciativa de decreto para efectos de revertir el formato de gubernatura de dos años contemplado para implementarse con las elecciones de 2019.


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De acuerdo con el documento de solicitud dirigido a la presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Rocío López Gorosave, los profesionistas colegiados proponen erogar un artículo adicionado a la Constitución Política del Estado de Baja California en 2014, el cual establece que el gobernador electo en 2019 concluya funciones el 31 de octubre de 2021 con el objeto de que ese mismo año la elección de mandatario estatal concurra con el proceso electoral federal.

En entrevista con ZOOM POLÍTICO, Jorge Escárcega Germán, presidente de la barra de abogados, refirió que la idea no es “modificar o ampliar los periodos (gubernativos), sino que se respeten los anteriores, con la idea de (obtener) un ahorro para los bajacalifornianos”. Según calculó, en Baja California los próximos comicios implicarán un gasto de mil millones de pesos. En ese sentido detalló: “si sacamos un promedio de votantes arriba de dos millones y medio, 2 millones 650 o algo así, son los que aparecen, a 430 o 450 pesos por voto, sacamos esa cifra enorme”.

Estimó que la misma cantidad pudiera usarse para atender otras cuestiones, como los altos índices delictivos que prevalecen en la entidad: “Consideramos varias razones por las cuales no resulta próspera la idea (de destinar presupuesto para una gubernatura de dos años), en las condiciones que se encuentra el Estado de Baja California y más que nada apostando al gran tema que tenemos ahorita como lo es la inseguridad”.


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En opinión del entrevistado, las gubernaturas bianuales no vienen a sacar adelante a las entidades en sus respectivos ámbitos. “Ya tenemos el caso por ejemplo de Veracruz”, donde bajo ese modelo aún gobierna Miguel Ángel Yunes Linares, tratándose de una administración durante la cual “no pasó absolutamente nada, derroche de dinero y pues nada nos llevó a un resultado concreto”, sostuvo.

Foto: Ramónn T. Blanco Villalón.- Licenciado Jorge Escárcega propone restablecer periodo gubernativo convencional.

Gustavo Alemán Salazar, secretario del Colegio, asumió que el presupuesto elevado no es el único inconveniente a propósito de ese patrón de gobierno, pues también hay que tomar en cuenta “la planeación, y la planeación requiere tiempo e implica una ejecución”.

 

NI BONILLA NI HANK CON INTERESES O INJERENCIA

Jorge Escárcega negó que el proyecto que impulsa “en lo personal y en representación del Colegio de Abogados ‘Emilio Rabasa’, AC” responda a intereses achacables a institutos políticos: “Se nos ha querido atribuir la paternidad o la autoría de la propuesta a diversos partidos políticos”. Sobre ésta aseguró que emergió en el seno de ese cuerpo colegiado y que fue avalada por la licenciada María Adolfina Escobar López, delegada de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam).

En cuanto al supuesto involucramiento de personajes como Jaime Bonilla o Jorge Hank, descartó que figuren detrás del planteamiento. Manifestó que los únicos actores políticos a quienes ha sido expuesto con la idea de legislar al respecto, son los diputados locales Víctor Morán, de Movimiento de Regeneración Nacional, y Bernardo Padilla, del Partido Revolucionario Institucional.

En lo referente a Morán Hernández, quien en su momento reconoció querer contender para gobernador de BC en 2019, el entrevistado refirió no tener conocimiento de esa proyección personal y que el acercamiento con el de diputado local se procuró aprovechando que también forma parte de la barra de abogados.

Por lo que respecta al legislador federal de Morena y al ex presidente municipal priista, quienes según información periodística figuran como aspirantes a buscar la gubernatura en 2021, Escárcega reconoció estar al tanto de que se les vincula con la concepción de reajustar el siguiente periodo gubernativo.

“Se nos dijo que atrás de esto estaba respaldándolo algún personaje que pudiera ser hoy por hoy el senador Bonilla”, enunció a propósito y aclaró: “para bien o para mal, el senador Bonilla no nos conoce”, de la misma manera que según dijo, él tampoco mantiene trato con el congresista. Agregó que, hasta donde se pudo enterar, Bonilla se desligó del asunto y atribuyó que en dado caso el presunto apoyo o interés pudiera provenir “de parte Hank Rhon”. Sobre esa presunción, Escárcega igualmente aseveró: “me decían que si soy de su equipo y yo tengo referencia que (Jorge Hank) es un excelente patrón, pero yo no trabajo con él ni para él”.

A decir del litigante, ni Jaime Bonilla ni Jorge Hank pretenden adelantar la gubernatura de casi 6 años para que empezase a correr desde 2019 en vez de 2021 (año en que iniciaría el primero de noviembre para concluir el 31 de agosto de 2027).

Manifestó que la idea en cuestión no tiene un trasfondo en términos políticos. Indicó que simplemente posee “fondo político”, consistente en “hacer un mejor gobierno con unas mejores expectativas en base a los plazos para llegar a gobernar el Estado de Baja California”.

 

ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO

Acerca del procedimiento a seguir, en aras de que la iniciativa de decreto prospere, Jorge Escárcega mencionó que estriba en abstenerse de aplicar el Artículo “Octavo Transitorio del 44 de la Constitución Política del Estado de Baja California”, referente al “periodo de desempeño de dos años”, a iniciar el primero de noviembre de 2019.

Aclaró que para ello no sería preciso someterla a consideración de una mayoría absoluta: el Congreso y a su vez tres de los ayuntamientos de BC, “estamos hablando de mayoría simple, es decir, con (el aval de) trece diputados el ‘transitorio’ pudiera ser abrogado”.

Por otro lado, el presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, Clemente Ramos Mendoza, señaló que en términos jurídicos resulta improcedente modificar el periodo administrativo de dos años, en vista de que el proceso electoral 2018-2019 ya está transcurriendo desde el 9 de septiembre, encontrándose actualmente en fase de preparación.

 

Posibilidades nulas: diputados

La propuesta de dar marcha atrás al formato de gobierno bianual fue canalizada a Oficialía de partes del Congreso local por el licenciado Jorge Escárcega Germán en compañía del diputado Víctor Morán. A fin de someterse a análisis, el documento respectivo, fechado y recibido el 25 de septiembre, habría de remitirse a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por el legislador panista Andrés de la Rosa Anaya.

Foto: Archivo.- Legisladores Víctor Morán, de Morena (izq.); Luis Moreno, de Transformemos (der. De espaldas).

Sobre la factibilidad del proyecto, Morán Hernández refirió a ZOOM POLÍTICO que es legal derogar el artículo transitorio relativo a la gubernatura dos años. Argumentó que se trata de una estipulación incluida en la Constitución “y no es una ley electoral”. Para impulsar esa derogación, consideró que requiere haber “voluntad de los partidos” así como una labor de socialización la cual permita “ver qué piensan los ciudadanos”.

Por lo que concierne al tema de sus aspiraciones políticas, aseguró: “ahorita me estoy dedicando cien por ciento a mi diputación; y en su momento ya tomaría alguna decisión”.

De acuerdo con el diputado Bernardo Padilla Muñoz, quien preside la comisión de Reforma del Estado, existen condicionantes para reformar la ley en aras de restablecer el formato convencional de gobierno, aunque en términos formales no se prevé que ese ajuste vaya a proceder, toda vez que durante los trabajos de actualización de la Reforma de 2014 no se abordó el asunto.

Según expresó el legislador priista: “Ninguna fuerza política, incluyendo Morena, ni algún otro partido tocó el tema. Se platicó de las generalidades de los temas que estaban pendientes, que era el protocolo de la reelección, las licencias, adecuaciones propias al instituto estatal electoral, se llegó a tocar también el tema de la elección directa de síndicos y regidores, muchísimos temas y nunca se entró a fondo en el tema del proceso del cambio del término vigencia de la gubernatura”.

Tomando en cuenta este antecedente, opinó: “yo creo que mi compañero Andrés de la Rosa ya dio su criterio, en la no procedencia de esta posibilidad”.

Por otro lado, el entrevistado aclaró que para hacer una reforma constitucional “se necesitan dos terceras partes del congreso del estado (17 legisladores a favor) y tres quintos de los municipios”.

El diputado local Luis Moreno Hernández, a pregunta expresa mencionó estar “en contra de esta idea”, la cual describió como “una medida absolutamente política”. Explicó que “no obedece a criterios de una mejora financiera, democrática” y que en todo caso se cifra en el objetivo de favorecer a alguien.

A su modo de ver, resulta “sospechoso” que el planteamiento surja “de manera tan tardía”. Si se trata de ahorrar recursos, detalló, “por qué se hace hasta ahora que ya inició el proceso electoral”.

El miembro del partido Transformemos, además se incluyó entre “las personas que creen que (la iniciativa) es inviable” en términos jurídicos.

Como muestra de ello, se cuenta con “el ante penúltimo párrafo del artículo 105 constitucional, que dice con toda claridad que antes de que inicie el proceso electoral, por lo menos 90 días antes no pueden haber modificaciones legales fundamentales en materia electoral”, remató.

Autor(a)

Eduardo Andrade Uribe
Eduardo Andrade Uribe
Licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México; con certificado de terminación de la maestría en Cultura Escrita otorgado por el Centro de Estudios Sor Juana. Activo en semanario ZETA dese 2005.
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