Derecho de los trabajadores, obligación incumplida

Fotos: Enrique Botello
 
Edición Impresa Lunes, 22 Octubre, 2018 01:00 PM

Debido al incumplimiento de la obligación por parte del Ayuntamiento de Ensenada, familiares de trabajadores, jubilados y pensionados fallecidos han empezado a promover amparos para que se les cubran millonarias cantidades por el pago del seguro de vida

Familiares del Capitán de Bomberos Rubén Marín López, fallecido el 1 de octubre de 2015 y despedido con honores el 3 de octubre del mismo año, obtuvieron un amparo por parte del Juzgado Séptimo de Distrito, que obliga al Ayuntamiento a responder por el impago del seguro de vida correspondiente.

Al encontrarse en etapa de ejecución, existen apercibimientos de multa a los titulares de las autoridades responsables, además de caer en desacato si se incumple con la totalidad de la sentencia, lo que puede culminar en inhabilitación, suspensión y sujeción a un proceso penal mediante un procedimiento de inejecución de sentencia de amparo.

Tres años después del fallecimiento del bombero y rescatista en activo, a causa de insuficiencia renal, sus familiares decidieron promover el juicio 321/2018 bajo la asesoría del licenciado Sergio Franco. Aseguran que el Ayuntamiento no respondió a sus solicitudes y el Sindicato de Burócratas no apoyó su causa, bajo el argumento de haber terminado la relación a causa del deceso.

Una primera petición por escrito de los quejosos fue presentada el 21 de julio de 2017, sin embargo, el gobierno municipal no dio la fecha en que se realizaría el pago del seguro de vida; al tiempo se decidieron por acudir a Mexicali y solicitar la protección federal.

El viernes 5 de octubre de 2018, la tesorera Guadalupe Méndez Maldonado envió a la oficial mayor, Mónica Vargas Núñez, el oficio TM/3651/10/2018, en el que le recuerda la existencia del requerimiento 14850/2018, donde el Juzgado Séptimo solicita fecha en que se realizará el pago del seguro de vida del extinto Capitán Marín.

Méndez Maldonado plantea a la oficial mayor que al revisar el Presupuesto de Egresos 2018, no se encuentra presupuestado el importe del pago al quejoso, “… en consecuencia y dada la importancia del asunto que nos ocupa, al encontrarse en etapa de ejecución con apercibimiento de multa y demás sanciones, me permito solicitarle de la manera más atenta gire las instrucciones pertinentes a quien corresponda para realizar los trámites administrativos correspondientes, con la finalidad de contar con la información financiera completa dentro del Presupuesto de Egresos de la Oficialía Mayor 2018, así como las negociaciones y/o convenios celebrados con el beneficiario para estar en posibilidad programar el pago a informar a la autoridad”.

En otro escrito dirigido al Juzgado Séptimo de Distrito, la tesorera solicita ampliar “… el plazo para poder dar cumplimiento en su totalidad a lo establecido”, ya que las acciones requeridas implican de la movilización y coordinación interna por parte de las autoridades administrativas, lo cual consiste en gestiones y planeaciones que requieren tiempo para cumplir con lo indicado.

Con fecha 9 de octubre, el Juzgado Séptimo otorga a Tesorería una prórroga, por única ocasión, de diez días hábiles contados a partir de la notificación para que cumpla con la sentencia.

Por cuestiones de seguridad, los familiares del Capitán Rubén Marín solicitaron omitir sus nombres y el monto que les adeuda el Ayuntamiento.

 

ORDENA JUZGADO PAGAR SEGURO DE VIDA A DEUDOS

Los seguros de vida para los trabajadores de base jubilados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), así como los de pensión humanitaria, están contemplados en las cláusulas 43 y 44 de las Condiciones Generales de Trabajo firmadas entre el Sindicato de Burócratas y el Ayuntamiento.

La Cláusula 43 establece que el Ayuntamiento cuenta con un plan de previsión social en beneficio al trabajador, con un seguro de vida por el equivalente a 65 meses de sueldo íntegro, extensivo para empleados de base, jubilados por el Issstecali y de pensión humanitaria.

Por su parte, la Cláusula 44 indica que el Ayuntamiento contratará a su costa, una póliza de seguro de vida para cada miembro de organización sindical, con las siguientes coberturas: muerte natural, 79 mil 214 pesos; muerte accidental, 158 mil 408 pesos; muerte colectiva, 237 mil 612 pesos; pérdidas orgánicas, 79 mil 204 pesos.

María de los Ángeles Ávalos Gamboa, presidenta de Jubilados y Pensionados del Sindicato de Burócratas, recordó que éste es un problema heredado de la administración de Gilberto Hirata Chico, específicamente en los años 2015 y 2016, cuando no se contrataron los seguros de vida.

Ávalos Gamboa sostuvo que en 2017, ya en el trienio de Marco Antonio Novelo Osuna, tampoco se pagó la póliza, sin embargo, una búsqueda en Transparencia arrojó un fallo a favor de Aseguradora Patrimonial Vida, por 11 millones 71 mil 537 pesos con 44 centavos, aunque el contrato no fue ubicado.

En agosto de este año, la agrupación pidió vía Transparencia, copia del contrato de seguros de vida de 2018. La oficial mayor contestó que “se le informa que se encuentran en los últimos procedimientos, para poder hacerle llegar una copia”, situación que los jubilados y pensionados asumen como inexistencia de la póliza.

 

HIRATA Y NOVELO LES DIERON LA ESPALDA

“Gelus”, como se le conoce a María de los Ángeles entre los burócratas, declaró a ZETA que los jubilados y pensionados comenzaron las gestiones en la administración de Hirata, sin obtener respuesta.

En enero de 2017 se entrevistaron con el alcalde Novelo, quien reconoció el adeudo y se comprometió a pagarlo; para tal efecto comisionó a la entonces oficial mayor, Amalia Vizcarra Berumen,

Dos meses después, siguieron las reuniones con la tesorera municipal y el secretario general del Sindicato, Jacinto Alcalá; según Ávalos, el alcalde les propuso pagar en abonos los seguros de los fallecidos en 2015; los de  2016 los absorbería la institución bancaria Banorte.

Las negociaciones continuaron entre diversos funcionarios y Mónica Vargas Núñez, tras la renuncia de Amalia Vizcarra a finales de mayo del año pasado.

Los jubilados y pensionados presentaron dos opciones: que en el Presupuesto de Egresos 2018 se considerara una partida para hacer el pago de los adeudos; o a partir de enero del presente año se pagara un seguro por catorcena o mes.

Al no haber acuerdo, las reuniones siguieron con el coordinador de gabinete, tesorera, secretario fedatario, oficial mayor, con la advertencia de que el alcalde tenía la última palabra.

Los meses transcurrieron, y a las audiencias ya no acudía el primer edil, por lo que tomaron otras medidas como la del 1 de junio, cuando familiares de los deudos encararon a Novelo antes de la ceremonia cívica por el Día de la Marina, en Ventana al Mar.

El presidente municipal escuchó los reclamos, les prometió volver al finalizar el evento y lo hizo, pero cuando los jubilados y pensionados ya se habían retirado, ante el fuerte sol y calor.

“Llevamos más de un año y ocho meses dando vueltas con el alcalde, pidiéndole que tenga consideración y pague, pero es una persona muy informal, no tiene palabra y menos humanidad con esas personas”, sentenció Ávalos Gamboa.

 

21 BENEFICIARIOS

Desde 2015, 21 beneficiarios, entre viudas e hijos, esperan el pago de los seguros, como el de Ramón Crespo Silva, Bardomiano Zamora López, Antonio Herrera Gutiérrez, Jesús José Amarillas Gil, José María Tavera Rojas y Nelson Pedrín Vega.

A los deudos de Crespo Silva se les adeuda un millón 815 mil 358 pesos; por Zamora López, la deuda es de un millón 071 mil 092 pesos; y en el caso de Herrera Gutiérrez, de un millón 445 mil 069 pesos.

La familia de Amarillas debe recibir 996 mil 587 pesos, mientras que los deudos de Tavera Rojas y Pedrín Vega, percibirían un millón 926 mil 758 pesos.

Apenas el martes 16 de octubre llegó un nuevo caso al Jurídico del Ayuntamiento, el de Ignacio Arteaga Aguirre, cuyos familiares exigen respuesta del gobierno municipal.

 

JUZGADO SÓLO NOS PIDE CONTESTAR: BURNS

Pese a que en los diversos oficios de funcionarios municipales se hace alusión a la programación del pago de la deuda, Tomás Burns, director jurídico del Ayuntamiento, comentó que se trata de un amparo cuya consecuencia es la respuesta, “no precisamente dar lo que te piden”. En otras palabras, amplió, el amparo sólo tiene el efecto de obligar a dar una respuesta por escrito al quejoso, atendiendo el derecho de petición.

El amparo otorgado a los deudos del Capitán Marín fue promovido en términos del Artículo 8 constitucional, que a la letra dice: “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”.

El funcionario municipal reconoció que en el mismo sentido va el amparo de los familiares de Ignacio Arteaga Aguirre, y aclaró, la sentencia que recaiga puede tener dos escenarios: que se conteste, o que se obligue a contestar.

Cuestionado respecto a lo que los deudos solicitan respuesta, Burns expuso que el reconocimiento como beneficiarios y dar seguimiento para proceder con el pago, aunque ese ya es tema de Oficialía Mayor y Tesorería.

A través de Comunicación Social del Ayuntamiento, se solicitó entrevista con la titular de Oficialía Mayor para conocer la respuesta que se emitirá, pero hasta el cierre de esta edición de ZETA, no se emitió un posicionamiento.

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