Iba mucho de por medio. Tanto así: los abogados contratados por mi amigo, cobraban mínimo 450 dólares la hora. Pero a ésos les recomendaron en el consulado mexicano en San Diego, California. Al apalabrarse con ellos, mi camarada debió entregar pruebas. Nada de palabras. Los abogados se lo dijeron claro: de otra forma, no harían nada. Ya con tales comprobantes, comisionaron a su detective. Lo mandaron a verificar. Desde domicilios, nombres, depósitos bancarios, recibos y, para no seguirle, hasta pagos de impuestos. En algunos casos, no necesitaron al detective. Bastó un telefonazo o carta. Luego los señores abogados empezaron a trabajar en equipo. Nada de uno solo dedicado al asunto. Por ello, en grupo consultaron largamente su bien nutrida biblioteca. Recurrieron a revisar los casos parecidos y juzgados. Armaron argumentos siempre basados en hechos. Entonces se presentaron a la Corte. No fue como en México. Acá basta una simple declaración en la prensa o ante los abogados para iniciar un juicio. Allí está el pleito de los “tocayos” Ramos y Hank. A veces cuando llega al Ministerio Público, si se trata de presentar el caso allí, no hay quien vaya a fondo en la averiguación. Y más burocratismo que en obediencia a la rectitud, turnan el caso al juez que quieren o les importa poco quien sea. Se desarrolla un gran papeleo. Espectaculares apariciones para la televisión y fotógrafos de diarios o revistas. En ocasiones, el demandante publica grandes desplegados en la prensa. Sus abogados buscan periodistas para resaltar aquella denuncia. Casi al mismo tiempo, responde el demandado. Utiliza la misma vía. Declaraciones a telediarios, radiodiarios o periódicos. Se vuelca la pasión o alguna de las dos partes gratifica a reporteros o dueños de medios. Todo depende: mucho ruido o silencio. De cualquier forma, viene la presión contra jueces. El asunto se alarga. Basta una sentencia para llegar al amparo y, si no están contentos con el resultado de este recurso, le siguen. Brincan de un tribunal a otro. Desde el fuero estatal al federal. Convierten aquello en interminable. Hay casos clarísimos. Los demandantes o demandados llevan años promoviendo amparos y eso retarda la sentencia definitiva. El papeleo es enorme. Los gastos entre los actos crecen. Se pierde tiempo y dinero en procuradurías y tribunales.
Nada de eso hay en Estados Unidos. El enorme papeleo no se acumula en los juzgados. Existe, pero es herramienta de abogados acusador y defensor. Deben presentarla al juzgador plenamente comprobada. Sin presunciones. Pero primero se reúnen en privado, demandante, demandado y defensores. Con asistencia de un representante de la Corte transcribiendo todo. Son juntas llamadas “deposiciones”, en algún lugar fijado por acuerdo entre las partes. Normalmente, la oficina de cierto abogado. El asunto se trata con toda civilidad. Presentan pruebas. Discuten. No está permitido grabar ni videograbar. Tampoco asistencia de periodistas. Prácticamente, es una operación para “quitarle toda la paja” al proceso. Dejárselo limpiecito y claro al juez si solamente él presidirá la Corte y, en su caso, al jurado. Pero también permite una posibilidad: que actores y abogados lleguen a un arreglo, bajo el supuesto de alguien solicitando indemnización de un millón de dólares. Pueden acordar 500 mil o 700 mil y se termina el asunto. En tal caso, representante de la Corte informará al juez de tal acuerdo. Lo mismo deberán hacer las partes. Formalizar y terminar el asunto. Adiós gastadera de dinero en abogados, juzgados y tiempo. Por eso existen dos cosas importantes en Estados Unidos: pruebas no torcidas y abogados tan capaces como caros.
Publicidad
A propósito: jueves y viernes sucedió algo singular en el Distrito Federal. Concurso Nacional de Juicios Orales. Participaron estudiantes de leyes, representando a varias universidades. Hubo 13 equipos defensores y otros tantos de fiscalía. Me sorprendió la no presencia de bajacalifornianos. Todo organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Irma Ramírez y Rosaura Chinchilla, juezas oficiales en Costa Rica y Texas, presidieron los procesos. También Antonio Franulic Cetinic, de Chile; Horscht Schönbohm, de Alemania y el norteamericano Joseph Caldwell. Según la crónica de Reforma, se planteó un caso de asesinato. Fueron incluidos todos los elementos. Tanto así, que contrataron 78 actores profesionales como protagonistas del caso. Un supuesto crimen. El acusado de matar a su esposa, defendiéndose con su abogado. Joven actor protagonizó al vendedor del arma con que asesinaron a la mujer. Norma González fingió ser administradora de una pensión donde vivía el presunto asesino. Previamente, les indicaron cómo debían actuar para colocar en problemas a fiscales y defensores. Una actriz lloró, asegurando que el acusado estuvo en su casa la noche del crimen.
El “juicio” duró dos días. En el primero, la calificación por puntos en el terreno de la defensa distinguió a la UNAM. Luego al Centro Internacional de Estudios, Centro de Estudios Profesionales de Chiapas, Universidad Insurgentes, Del Tepeyac y Anáhuac Sur del DF. Y como fiscalía, a la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, Del Norte y Tecnológico de Monterrey, UAM e Iberoamericana del DF y Monterrey, Nuevo León. Tras la segunda y última ronda, los ganadores del concurso fueron Autónoma de Ciudad Juárez en fiscalía, y de Chiapas en defensa. A ellos se les premió con un viaje a Washington y Santiago de Chile, para observar verdaderos juicios orales. La opinión de los jueces extranjeros fue notable: “He visto muchos simulacros, pero la calidad de las presentaciones que vi aquí son mejores que muchas a las que he asistido en Estados Unidos”. Otra opinión: “Han demostrado un gran esfuerzo, una enorme preocupación y se reflejó en sus alegatos”. Otro dijo: “Si hay personas que les den capacitación y apoyo, por supuesto que podrían comenzar con los juicios orales en México”. Por último: “Yo no veo ningún obstáculo, solo el proceso legislativo para sacar la reforma. La calidad profesional de estos muchachos aventaja mucho a profesionales que conozco”.
Publicidad
Leyendo estas crónicas, recordé a un amigo abogado. Cierta ocasión, me comentó desilusionado. “No sé para qué estudié tanto”. Refirió triste cómo de nada le servían sus alegatos y promociones en los juzgados. “Todo se mueve con dinero”. Recordé muchos casos donde los agentes de la Policía comisionados a un asesinato o robo, recibían su “gratificación”. Otros pidiendo “para la gasolina” y así no detener a quien tenía encima orden de aprehensión. A veces a los agentes del Ministerio Público o secretarios, actuarios y hasta jueces. No hay secreto: favoritismos en tribunales de alto rango. Es una costumbre. Ley no escrita.
Por eso me imagino. Si los juicios orales se establecieran en Baja California con sentencia definitiva, se terminaría esa industria de la “mordida” y mal litigio. No se podrían ofrecer en pleno juicio unos billetes al juez, menos a los jurados. Sería muy descarado cuando las pruebas llegaran torcidas. Actas alteradas. Esconder testigos. No cumplir con las órdenes de aprehensión. Con el sueldo que tienen en el Poder Judicial, muchos renunciarían. Hoy la paga es utilizada para sus chicles. Como las meseras de restaurantes. No les interesa el sueldo, pero sí las propinas. Se acabarían los abogados llamados “huizacheros” y resaltarían los despachos corporativos. Cobro caro con resultados rápidos. Conocedores de la ley al centavo. Capaces de resaltar la defensa o acusación a palabras. Alejados de “machotes” y engorrosos recursos, acusaciones y demás.
Si se quiere, se puede empezar con juicios orales en delitos menores. Fijar tiempos para tratar asuntos más graves. Emparejado, la gran reforma judicial que tanto nos hace falta y es tarea de los diputados locales. Desgraciadamente, los hechos empujan al pesimismo. No hay abogados a quienes les convenga. Tampoco funcionarios. Y lo más importante: existe ausencia de capacidad entre nuestros legisladores para dar a Baja California la modernidad judicial. Pero pueden lograrlo si se asesoran con abogados de prestigio. Alejados de siglas políticas. No estar pensando en brincar de la legislatura a otra chamba. Ni de ayudarle a su partido para perjudicar al de enfrente. O dejarse de “chanchullos” para “torear” órdenes de aprehensión. Como se dice: el buen juez por su casa empieza. Es momento para nuestros diputados, de justificar el gran pago que reciben y enseñarnos su capacidad.
Tomado de la colección Dobleplana de Jesús Blancornelas, publicado el 22 de abril de 2005.
