Honestidad, eficiencia y justicia es clamor ciudadano ante el gobierno de Baja California. Y para muestra un botón.
Hay miles de familias vulnerables e indefensas, que se les cobra demasiado, conformando un robo y esto se calla por una cadena de complicidades cuyo silencio es bien pagado, desde los medios chayoteros.
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Se plantea la municipalización de la Comisión Estatal de Servicios Públicos. A esta demanda de que se cumpla con el Artículo 115 Constitucional, que delega en las alcaldías, esta misión de servicio. Pero se debe limpiar la administración, analizar los múltiples problemas de corrupción y uso faccioso de esa dependencia, desde partido en el gobierno sea cual fuera.
Políticos influyentes como José Guadalupe Osuna Millán, Jorge Ramos Hernández, entre otros, han pasado por esa paraestatal, sin abrir la información al público de una dependencia que no sirve como debiera a la comunidad, ni es de la comunidad, ni para la comunidad. Es, eso sí, una fuente de negocios personales para enriquecerse y, por tanto, la misión de fondo de la CESPT se abandona criminalmente.
Y este error fundamental debe subrayarse, la CESPT se ha privatizado por el PAN y en el pasado por el PRI. Es un negocio personal de los funcionarios y su misión se traiciona.
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El costo social es que no se plantea el futuro de la población y su desarrollo económico sustentable, el uso inteligente del sistema hídrico que requiere profesionalismo, ética y un esfuerzo técnico y de inversiones que reclama una región desértica; donde el agua es un bien muy escaso y pésimamente administrado hasta hoy.
Una clase gobernante visionaria con alguna inteligencia, debería haber convertido la aridez, a través de un sistemas de riego por goteo, en bosques que provocan lluvias, o inyectando las aguas tratadas a los acuíferos y mil proyectos más de equilibrio armónico con la naturaleza.
Pero no. Ante la opacidad del gobierno y sus empresas y proyectos, la desaladora no tiene argumento alguno de ser realmente necesaria, porque hasta ahora, esa desaladora es un negocio más, obsceno y grosero de “Kiko” Vega y su gabinete.
Cuestionó la negligencia criminal de tres décadas de gobierno panista para invertir en sistemas modernos de riego en el Valle de Mexicali, ahorrando el 66% del caudal de agua en BC y cuyo consumo significa el 92% de la totalidad de tres mil 034 millones de metros cúbicos anuales.
Desinformación institucionalizada de los grados de ineficiencia y deshonestidad e impertinencia en el manejo de los recursos de ciudadanos que de buena fe pagamos este servicio, con abusos y oscuridad en los cobros. ¿Cómo se incrementa o se negocian descuentos de la CESPT a sus clientes consentidos? Todo un gran tema de investigación de los diputados.
No conoce el costo real de los proyectos, la pulcritud de sus manejos, el monto de la nómina y las escalas de salarios máximos y mínimos devengados, sus bonos extraordinarios de los altos mandos. Las fugas financieras por las mochadas, comisiones a directivos en los contratos que vienen a ser del 10% al 25% del monto, vicios que refundó Jorge Ramos Hernández como director.
Cuántos aviadores, o una nómina de personal inflado que crea tensiones al interior con trabajadores inconformes que se dan cuenta de los privilegios que agravian a la comunidad.
Trabajadores de la CESPT revelaron de grandes consumidores que no pagan la factura del agua, que instalan medidores a modo o que los reinstalan al revés para evadir el pago. ¿Es el Congreso o Auditoria del Estado el encargado de corregir esto y se ven lentos o en contubernio?
No lo sabemos, pero debíamos de conocer investigando esas movidas en fraccionamientos, campos de golf y grandes consumidores que les cobran nada o muy poco o si en verdad pagan el agua. ¿Por qué no obligarlo a reciclar? ¿Paga la Cervecería Tecate, Coca Cola, grandes fraccionamientos, hoteles, albercas y balnearios?
Las mismas estaciones de gasolina al probablemente adulterar los combustibles y las pasteurizadoras de lácteos. ¿Salubridad las controla e informa? ¿Cómo se explica que a Constellations Brands, “Kiko” le instala un acueducto de 500 millones de pesos con cargo al erario? Y el derroche impune de agua en la agricultura.
Como se previene, se legisla en torno a sancionar a funcionarios protectores de empresas extranjeras o nacionales que se roban el agua.
“Los fajos de billetes son primero”, dice Kiko.
M.C. Héctor Ramón González Cuéllar es Académico del Instituto Tecnológico de Tijuana.
Correo electrónico: profe.hector.itt@gmail.com
