Fugitivos de riesgo recalan en Tijuana

Foto: Cortesía.-Alan Machain / Enzo Escalante / Daniel Curtis Campos
 
Edición Impresa Lunes, 17 Septiembre, 2018 01:00 PM

Pese a que la gran mayoría de los prófugos extranjeros que se refugian en Tijuana son buscados por el delito de violación a la libertad condicional, es de considerarse que en la ciudad se ha detenido a personas que han cometido delitos como delincuencia y agresión sexual a menores, secuestro, tráfico de personas y asesinatos. Detenciones que, de acuerdo a las estadísticas, han ido incrementando ligeramente, ante las facilidades que encuentran en el cruce hacia este territorio y por la sencilla forma de pasar desapercibidos en la ciudad

 

Alan Machain, ciudadano estadunidense de 35 años de edad que formaba parte de la pandilla Compton Barrio 70, fue detenido en Tijuana el 21 de junio de 2017, por elementos de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Desde 2008, el Departamento de Policía de Los Ángeles, California, lo buscaba por haber cometido homicidio contra César Valenzuela, un joven plomero que había sido contratado a principios de octubre de ese año para realizar algunos arreglos en un domicilio que Machain habitaba en Silverlake, en el Condado de Los Ángeles.

Informes del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) refieren que el 8 de octubre de 2008, Valenzuela fue reportado como desaparecido por sus familiares y, cinco días después -13 de octubre-, la Policía encontró su cuerpo en el hogar donde estaba laborando; le habían disparado mientras trabajaba en el baño y uno de sus brazos había sido cercenado en varios trozos.

Luego del asesinato, Machain salió del domicilio, usó las tarjetas de César en varios cajeros y tiendas departamentales -elementos que validaron su responsabilidad- y salió del país hacia el lado mexicano para refugiarse en León, Guanajuato, donde estuvo durante cinco años.

Posteriormente regresó a la frontera norte para refugiarse en Tijuana, donde estuvo radicando otro par de años en diversas colonias, hasta que fue detenido por autoridades municipales en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM).

El caso de Machain es uno de los 195 fugitivos de la Ley que han sido detenidos por dicha corporación en lo que va de la presente administración municipal de Tijuana -diciembre de 2016 a agosto de 2018-, luego que aquí se refugiaban clandestinamente, los cuales se suman a los 16 que han sido detenidos por la Policía Estatal Preventiva (PEP) en lo que va del año -de enero a julio 27-.

La mayoría ostentan cargos por violación a la libertad condicional -92 casos-, robo, asalto a mano armada, robo de vehículo, posesión de drogas, violencia doméstica o amenazas, aunque también los hay por delitos mayores como importación de drogas, delincuencia y agresión sexual, secuestro, tráfico de personas y homicidio.

Fugitivos que ven en Tijuana, y en Baja California en general, un lugar accesible para refugiarse gracias a las facilidades que hay al momento del cruce hacia este territorio, las bondades que brinda la ciudad para “camuflarse” entre la gama de personas que aquí habitan y principalmente por la cercanía que brinda la ciudad a quienes cometen delitos en el Estado de California.

 

SITUACIÓN DE CONSIDERACIÓN

Para especialistas en la materia consultados por ZETA, quienes prefirieron omitir sus nombres, ésta es una situación “de consideración”, a la que todas las corporaciones e instituciones correspondientes deben prestar la atención oportuna, principalmente porque los fugitivos implican un riesgo para la propia ciudadanía, en el entendido que “aquí puedan replicar sus fechorías”.

Foto: Alan García Loza.- Archivos del Área de Integración de la SSPM donde se identificaron a algunos de los detenidos de mayor peligrosidad.

No solamente por los que llegan del país vecino para refugiarse en la ciudad, sino por los que llegan del interior del país, quienes incluso suelen inmiscuirse o ser cooptados por grupos del crimen organizado que operan en la ciudad,  incluso de países centroamericanos bajo la “excusa” de solicitar asilo, o que se inmiscuyen en las caravanas migrantes. Como lo hizo saber el coordinador de la Unidad de Inteligencia de la SSPM, debido a que en ese sector también han identificado algunos prófugos.

“Es sabido que quien comete un delito tiene una probabilidad mayor de que lo vuelva a cometer, y en el caso de los homicidas, secuestradores o agresores sexuales, es para tenerse en cuenta, de ahí la importancia de la coordinación que se ejerza entre las autoridades de ambos países”, señaló uno de los especialistas.

Para las instituciones de seguridad, el medir el nivel o rango de peligrosidad de una persona es complicado porque en el contexto de que los delitos se generan en otros países no es medible y cada uno de los casos tiene diferentes características.

Sin embargo, consideran que puede delimitarse en un rango “medio-alto”, ya que cualquier persona que ha cometido un delito por sí mismo ya conlleva una conducta antisocial, y en su caso hay quienes están “desalineados” mentalmente, pero en la mayoría de los casos se trata de personas que “nunca van a dudar de poder actuar aquí o allá en contra de una persona”.

Es el caso de Alan Machain, quien no se contuvo solamente de disparar a su víctima, sino que “no tuvo piedad” para cortar en trozos uno de sus brazos “sin aparente razón alguna”, por su rango de peligrosidad incluso fue condenado a cadena perpetua en Los Ángeles, debido al daño que provocó y por todo el tiempo que duró como fugitivo.

 

Foto: Cortesía.- José Vázquez Brito

CASOS RELEVANTES

Además de este caso, la SSPM tiene registrados cuatro más de fugitivos que fueron detenidos y que por su rango de peligrosidad, de acuerdo al delito cometido, han significado logros importantes para la corporación y para la ciudad misma, debido a que “se sacaron de circulación”.

Enzo Escalante es uno de ellos, quien era buscado por el delito de homicidio y solicitado por el sherifato de Los Ángeles; su alerta se dio el 8 de noviembre de 2016 y fue detenido el 12 de enero de 2017.

Daniel Curtis Campos era buscado por abuso sexual de menores por el sherifato de San Diego, su alerta salió el 15 de febrero de 2017 y se le detuvo el 4 de mayo del mismo año.

José Vázquez Brito era buscado por intento de homicidio por la Corte Superior del Condado de California, su alerta se dio el 14 de abril de 2014 y fue detenido hasta el 13 de junio de 2018, luego que se hiciera pasar por su hermano gemelo.

El caso más reciente de relevancia es el de Timotheuse Berry, quien era buscado por posesión de explosivos y de armas por el Departamento de Correcciones de Sacramento, su alerta se dio el 8 de febrero de 2018 y fue detenido el 1 de septiembre.

Las autoridades no precisaron los sitios exactos donde fueron detenidas estas personas, sin embargo, compartieron que en todos los casos registrados, los fugitivos se han refugiado principalmente en lugares como Zona Centro, colonia Libertad, Sánchez Taboada, San Antonio de los Buenos y Playas de Tijuana.

 

MAYOR COORDINACIÓN, MAYOR EFECTIVIDAD

Una de las problemáticas que aquejaba a las autoridades en este rubro, era que anteriormente “no había mucha coordinación” con sus similares estadounidenses, lo cual generaba que fuera todavía más fácil para los fugitivos el refugiarse en esta ciudad, además que propiciaba que no hubiera estrategia para su localización y detención.

Sin embargo, desde que el problema que “se aboca y atañe” a ambos lados de la frontera, se ha propiciado “una mejor coordinación y por ende una mayor efectividad”, como bien señalaron los entrevistados.

Foto: Cortesía.- Timotheuse Berry

Autoridades coinciden que el trabajo colaborativo ha sido muy eficiente en ese sentido, en gran parte gracias a la participación y al papel que funge el INM en este sentido, quienes a final de cuentas llevan la batuta para las cuestiones de deportación y entrega a las autoridades del país vecino.

En el caso de la Policía Municipal, el coordinador de Inteligencia expuso que ante la falta de agentes federales, a dicha corporación le piden apoyo para fortalecer la situación y es así como participan en la seguridad o en los operativos de detención.

En el caso de las alertas que emiten las autoridades de Estados Unidos, son dos: una que se genera por medio de una orden de aprehensión o una libertad condicional, o en su caso la Alerta Amber, mediante las procuradurías de ambos países, así es como se genera un enlace entre todas las instituciones, como las secretarías de Seguridad Pública Municipal y Estatal; Procuraduría General de Justicia del Estado, Procuraduría general de la República e INM.

Primero se hace la estrategia de rastreo mediante la información que se comparte, se mete un boletín informativo y cada una de las instituciones se enfoca en la investigación; una vez que se gira orden de aprehensión por parte de la autoridad norteamericana, las corporaciones se juntan y se trabaja directamente con el Instituto Nacional de Migración para la deportación y entrega.

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