Esta mañana los presidentes de Coparmex y los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública en Baja California anunciaron la interposición de un amparo para eliminar el contrato entregado a la empresa Seguritech Privada S.A. de C.V., para el desarrollo del centro de seguridad C5i, por casi 800 millones de pesos que se firmó con el Gobierno de Baja California.
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Fotos: Jorge Dueñes/ Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del CCSP
“Hacemos esta protesta legal porque vemos muchas irregularidades… no podemos invertir más de 700 millones de pesos en un posible elefante blanco, con un gobernador que le falta un año de funciones. Están jugando con el dinero de todos los contribuyentes”, señaló Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja california (CCSP).
En conferencia de prensa realizada esta mañana, los empresarios denunciaron una serie de irregularidades que presenta el contrato que tiene una vigencia de 10 años, y comprometería a las siguientes administraciones estatales con pagos mensuales de 19 millones de pesos, el primero de ellos sería efectivo en octubre próximo.
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Por este motivo, explicó el presidente del CCSP estatal, un grupo de empresarios presentaron un amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito en el que se solicita la nulificación de este contrato.
Esto a raíz de una serie de irregularidades en la transacción después de que el diputado del Partido de Baja California (PBC), Jorge Eugenio Núñez les hiciera ver.
Entre éstas está la falta transparencia en la licitación, ya que no se convocó a de la sociedad civil como testigos del proceso; una inversión que registra sobreprecios en la infraestructura, que además resulta escasa; personal insuficiente y sin capacitación, así como las seis denuncias interpuestas contra la empresa ganadora, Seguritech, en el Congreso de la Unión por incumplimiento de contratos en otras entidades como Guanajuato.
Además, el presidente de Coparmex Mexicali, Rodrigo Llantada Ávila, informó que se presentará entre hoy y mañana una denuncia ante la Contraloría del Estado bajo los lineamientos del Sistema Estatal Anticorrupción, que permite a cualquier particular denunciar un acto de gobierno cuando existe indicios de corrupción.
Sobre el amparo, Hernández Niebla informó que las partes señaladas fueron citadas en audiencia en octubre próximo, para poder exhibir las irregularidades encontradas.
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