El diputado Miguel Osuna Millán señaló que mientras no se compruebe el destino de dos créditos de los que el Gobierno del Estado dispuso en 2015 y 2016 en la categoría de deuda pública, no podrá hacer otra petición de crédito.
Sobre el préstamo de 2015, mencionó que ascendió a mil 300 millones de pesos, de los cuales la administración encabezada por Francisco Vega de Lamadrid sólo ha dado constancia de haber utilizado 583.7 millones de pesos. En tanto que en lo referente a 2016, según dijo el legislador local, el gobierno solicitó 400 millones de pesos, cuyo destino no se ha comprobado.
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En caso de requerirse adquirir más deuda pública, primeramente se tiene que constatar que tales créditos fueron utilizados en su totalidad y específicamente en inversión productiva.
“En el congreso lo que estamos haciendo es que estamos a la espera de que se nos presente la cuenta pública para hacer un estudio, hacer un análisis a fondo de cómo viene”, expuso en lo referente a financiamiento crediticio solicitado por la administración estatal.
Mencionó que el “registro de la deuda de Baja California en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vía la baja en la calificación crediticia de (la Institución Calificadora de Valores) Moodys”, equivale a un rango de semáforo en amarillo, lo que en dado caso sólo permitirá disponer del “5% de ingresos correspondientes al monto de la libre disposición de recursos”, fondos que no provienen de ramos etiquetados, como el Ramo 33.
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Alertó que si en la escala de calificación crediticia, el semáforo se mueve a rojo, “obviamente se imposibilita la capacidad de contratación de más deuda para el futuro”, en el sentido de lo cual explicó que “Baja California como sociedad, se podría cerrar una puerta para el desarrollo porque la deuda pública es para fomentar el desarrollo”, así como para “generar inversión productiva, oportunidades de empleo, oportunidades de generación de riqueza”.
