El año más violento

Fotos: Cortesía
 
Edición Impresa Lunes, 24 Septiembre, 2018 01:00 PM

En Tijuana los sicarios siguen batiendo récords. La ciudad ocupa el segundo lugar en homicidios dolosos entre mil 800 municipios de México y el número de ejecuciones creció un 103 por ciento en comparación con el trienio anterior. Los cárteles Jalisco, Arellano y de Sinaloa pelean por el control del territorio, mientras el Grupo Coordinación inició cuatro acciones que redujeron “levemente” la incidencia mortal en los últimos dos meses; sin embargo, la noche del 19 de septiembre fue asesinada la víctima número mil 782, lo que clasificó a 2018 como el año más violento en la historia del municipio fronterizo y de Baja California

El cuerpo estaba envuelto en una cobija café oscuro. Sobre ésta, otra manta, roja. Los pies, atados con un cordón naranja, sobresalían en uno de los extremos de otra tela blanca que le echaron encima. El hallazgo fue denunciado a las 8:30 pm sobre la Rampa Flamingos en la colonia Herradura de la vigilada Delegación Sánchez Taboada. Fue el ejecutado mil 782 en Tijuana.

Con ese asesinato, ocurrido el 19 de septiembre, se superaron los mil 781 registrados durante 2017 en la ciudad. Una cifra insólita que rebasa cualquiera que se haya presentado desde 2006, cuando se contabilizaron 314 muertos de manera violenta en el año.

El hombre asesinado y aún no identificado, tendría entre 30 y 35 años de edad. Medía aproximadamente 1.65 metros y su complexión era regular. Vestía camisa azul a cuadros tipo polo, pantalón de mezclilla, calcetines negros. Físicamente golpeado en cara, cabeza, cuello. Un disparo en el abdomen.

De no identificarse el cuerpo, será uno más de los cientos que terminan en la fosa común. Si familiares acuden en su búsqueda, su caso podría encuadrarse en el 91 por ciento que no son resueltos en Baja California.

La jornada homicida que dejó la pugna interna del Cártel Arellano Félix (CAF) y el reingreso del Cártel de Sinaloa padecidas en el sexenio de José Guadalupe Osuna Millán (2007-2013), que resultó en el registro de 3 mil 038 homicidios en la ciudad fronteriza, ha sido superada en el sexenio de Francisco Vega de Lamadrid. En cinco años se reconocen 5 mil 706 ejecuciones en Tijuana.

No hay amenazas en la corporación: PGJE

Corrían los primeros 15 minutos del jueves 20 de septiembre, cuando cuatro hombres a bordo de una camioneta arribaron a las instalaciones de la Unidad de Homicidios y la de Búsqueda de Personas No Localizadas en Zona Río y dispararon en 21 ocasiones contra el edificio.

Doce casquillos calibre .40 y nueve calibre .223 utilizadas por el fusil AR-15 fueron recolectados por agentes periciales. Daños en la infraestructura y algunos vidrios rotos, fue el saldo del ataque que duró entre cinco y seis segundos.

Una fuente confió a ZETA que a través de las cámaras de seguridad se pudo observar que alrededor de las 12:15 am, tres unidades, un sedán color blanco, una camioneta Ford Expedition color guinda y una vagoneta tipo Aeroestar o Windstar color gris, pasaron frente a las instalaciones.

Los dos primeros vehículos siguieron su rumbo y dieron vuelta en la calle Diego Rivera, y frente al edificio por la Vía Rápida Poniente, permaneció la vagoneta,  de la cual descendieron dos hombres y otros dos permanecieron dentro; los cuatro comenzaron a disparar contra el inmueble por algunos segundos para luego huir por la misma Vía Rápida.

Tras la agresión, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) emitió un comunicado señalando que ya investiga el ataque, por lo que ya inició la carpeta de investigación de los hechos para ubicar y dar con los responsables de la ofensiva, en la que no hubo personas lesionadas, sólo daños materiales.

“Se trabaja con peritos expertos y agentes ministeriales de campo para fortalecer la investigación, la cual se recibe como una amenaza a la paz y tranquilidad de los tijuanenses, y por el resultado del trabajo de la PGJE para combatir la criminalidad en el Estado, y en Tijuana en particular”, refiere la información.

Por su parte, el subprocurador de Zona Tijuana, Jorge Álvarez, descartó que en la Unidad de Homicidios hubiera alguna amenaza.

Tratándose de administraciones municipales, el resultado no es positivo para las autoridades panistas. Durante el trienio de Jorge Astiazarán Orcí, se contabilizaron mil 891 asesinatos dolosos, mientras en la inacabada administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, ya van 3 mil 847 ejecuciones. El incremento ha sido del 103%.

“Hay partes de México que están comenzando a parecer un estado fallido”, declaró en 2012 la ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice. Seis años después, la frase sigue vigente en Baja California, ante la pérdida del control territorial por parte del Estado. Del monopolio del uso de la fuerza que tienen los criminales ante  la discapacidad de la autoridad para combatir, frenar el avance y crecimiento económico de los cárteles de la droga y neutralizar a los líderes de células, desde otros estados dirigen a sangre y plomo en Baja California.

Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), pronunció al respecto: “No hay mucha novedad, no se ve un cambio de estrategia ni en la entidad, ni en la ciudad, ni en el país, no se ve ningún esfuerzo por hacer algo nuevo. Dan muchas explicaciones, unos dicen que se está descomponiendo porque entró Jalisco, otros que el recrudecimiento de la violencia viene de los amarres de algunos funcionarios con los delincuentes; pero lo que llama la atención es que el alcalde -maravilloso- todo el tiempo que le preguntan de los muertos y la inseguridad, no sabe, ‘no es el momento, ahorita no’, pero no ha habido una respuesta clara de qué está pasando.

“Tampoco el gobernador Francisco Vega sale a levantar la voz, a poner su capital político para que la Federación sea copartícipe, y la Federación sigue con lo mismo, el supuesto Operativo Titán, pero evidentemente no están teniendo resultados, porque mes con mes se rompen récords”, subrayó.

 

EL PERFIL DE LAS EJECUCIONES

La muerte invadió calles, cerros y laderas en nueve de las once delegaciones de Tijuana. En un desafío mortal de los operadores de los cárteles de Sinaloa, CAF y Jalisco Nueva Generación (CNJG) -de acuerdo a información de homicidas detenidos-, mandan matar a vendedores y consumidores de droga en los cientos de puntos de venta de narcóticos, sólo como “medida de terror” para obligar al resto de los narcomenudistas a vender enervantes para su respectiva célula. Además, en “tienditas”, también están volviendo “comunes” los ataques armados y en talleres mecánicos relacionados con cruces de droga en dobles fondos.

El año 2017 tenía el mayor registro de muertes dolosas y, aunque las estadísticas difieren, (Procuraduría General de Justicia del Estado cerró con mil 749 ejecuciones, Secretaría de Seguridad Pública del Estado con mil 871 asesinatos), cualquiera que sea la cifra, fue superada en menos de nueve meses transcurridos de 2018.

Considerando los mil 749 ejecutados reportados por la procuraduría estatal en 2017, este año fueron rebasados el viernes 14 de septiembre, mientras los mil 781 dela Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) fueron superados la noche del miércoles 18 de septiembre.

La vida no tiene precio, pero en los cárteles de la droga, acabar con una les sale en nada. De acuerdo a declaraciones de homicidas detenidos, “ Sinaloa paga 5 mil pesos, Jalisco 2 mil pesos, pero a veces droga, a veces 500 pesos, a veces hay deudas y se cambian por asesinatos”.

La “contratación” de asesinos amateur ha dejado cientos de personas heridas. Los homicidas refieren que ante los “errores”, ahora los líderes de célula “no pagan a menos que se muestre una foto del muerto, y verifican que sea el que andaban buscando”.

La violencia en la región está evidenciada también por los números del Secretariado Ejecutivo Nacional publicados hasta julio de 2018. En los comparativos con otros mil 800 municipios, Tijuana es la segunda ciudad con más homicidios dolosos (en 2017 ocupó el lugar 17) y es el tercer lugar en homicidios por arma de fuego (posición 9 en 2017).

Estas cifras, analizadas por el ONC, muestran cómo de un promedio de 51 asesinatos al mes que se registraban en Tijuana en 2015, cuando se admitió la presencia de los tres cárteles, la cifra fue en ascenso y en 2018 el promedio es de 183 ejecuciones al mes; mientras las autoridades continúan justificando la matanza con un “pleito por las calles”.

Respecto a los autores intelectuales y a veces materiales, policías y fiscalías, identifican a los mandos medios de Sinaloa, Tijuana Nueva Generación (CTNG) y CAF. En cuanto a los más activos, los nombres se repiten: Edgar Alejandro Herrera Pardo “El Cabo 8” (CJNG); Luis Arturo Jain Peña “El Arcángel”;  Iván Leonardo Peña Peralta “El Turbo” y Francisco Rabadán “El Aguacate”, pero estos se mencionan sólo en las “declaraciones informales”. Ninguno de los detenidos se atreve a hacer señalamientos oficiales en expedientes.  Lo mismo sucede con los heridos, “no son capaces de denunciar al narcomenudista que conocen y les acaba de disparar de frente, menos a uno de los jefes, lo que hacen usualmente es vengarse”, comentó un investigador.

 

DEJARON CRECER AL CJNG, EMPISTOLADOS LIBERADOS SIN CONTROL

“De lo que hemos visto y nos explican todas las corporaciones, el incremento -de muertos-  se está teniendo desde que entra el CJNG por la plaza que tenían controlada el Cártel de Sinaloa y los Arellano, eran dos y desde entonces son tres en pugna”, expuso el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla.

Pero eso ya sucedía en 2015 ¿qué les dicen del motivo de que el número de homicidios siga incrementando?

“La expansión de los cárteles. Los dejaron crecer a todos, sobre todo al CJNG, se ha ido emancipando y, en la medida que esto sucede, se recrudece la violencia.

“También el tema de las armas. En 2015, el 58% de estos homicidios se cometían con arma de fuego, y ahora es el 71%. Cuando son detenidas en posesión de arma, estas personas quedan libres bajo proceso y les aplican alguna medida cautelar, el problema es que en lo federal, la Unidad de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (Umecas) en Baja California sólo cuenta con una persona, que ni auto tiene para notificar y dar seguimiento a ese 68% de gente liberada bajo caución -información que les proporcionó la autoridad-, que no regresa  cumplir las medidas cautelares y, como no se acredita el incumplimiento, no se puede concretar la solicitud de una prisión preventiva”, detalló el consejero.

“Además, el 60% de los muertos no son de aquí, y de nuevo, por lo que nos han informado, entiendo un recrudecimiento del pleito con gente de afuera. Los homicidios están muy localizados en tres o cuatro delegaciones, en una gráfica que vimos con el subprocurador (Jorge) Álvarez, van relacionados a las ‘tienditas’ -de droga- y  los muertos, la geolocalización de la incidencia está relacionada. Y ahí es donde está aumentando la presencia de los grupos coordinados para inhibir”, remató.

TAMBIÉN LA REORGANZACIÓN DE SINALOA

“Lo que se está viendo es que Sinaloa agarra un poquito más de fuerza y como que se está reestructurando y se están poniendo de acuerdo entre las celulitas que estaba cada quien cuidando su colonia  para hacer más fuerte y sacar a Jalisco, que tampoco está dispuesto a perder la fuerza que tiene”, detalló un investigador del Grupo Coordinación, y como ejemplo, refirió el regreso de la violencia a la delegación Sánchez Taboada, primer espacio de control criminal del CJNG.

“En las entrevistas informales -los homicidas y narcomenudistas detenidos- , ellos manifiestan que no saben cómo salirse de ahí -del grupo criminal-, que hay mucha presión, y saben que están a días de morirse y ya no saben cómo zafarse. Es muy común que lleguen y les den uno de esos telefonitos baratos y lo tienen que contestar, porque si no contestan, van por ellos, los sacan de sus casas, los agarran a tablazos  y tienen que seguir trabajando, y es un terror”, manifestó.

 

LA AUSENCIA DE CABECILLAS

Jorge Álvarez, subprocurador de Zona Tijuana, atribuye el recrudecimiento de la violencia a la ausencia de los líderes de las células en la entidad, “no hay cabeza y menos control sobre el tema, su lucha por permanecer es en base al miedo y terror que puedan infundir entre ellos mismos. Hoy trabajan para uno, vienen, lo espantan y venden para el otro bando, si no entienden, les disparan, los amarran, los matan y, al día siguiente, ponen a otro.

“Y es la misma lucha, aunque a un nivel muy bajo, por ese mercado cautivo en el vicioso de colonia, son peleas por calles, puntos de venta, de colonias sin ningún sentido, porque si lo estuvieran viendo como negocio, no es congruente lo que hacen”, agregó al funcionario.

“Siempre se ha tenido la apreciación de que la droga significa poder y riqueza, pero si ves el perfil de los muertos, no son ni ricos, ni poderosos”.

¿Cómo combatirán a los mandos medios, a los que ordenan las muertes?

“Tenemos que buscar la forma, utilizar el tema de la asociación delictuosa, que es la reforma que tuvimos hace unos meses. Y tratar de buscar el testigo colaborador, pero es el tema más complejo, sobre todo en el perfil de los homicidas”.

 

No hay amenazas en la corporación: PGJE

Corrían los primeros 15 minutos del jueves 20 de septiembre, cuando cuatro hombres a bordo de una camioneta arribaron a las instalaciones de la Unidad de Homicidios y la de Búsqueda de Personas No Localizadas en Zona Río y dispararon en 21 ocasiones contra el edificio.

Doce casquillos calibre .40 y nueve calibre .223 utilizadas por el fusil AR-15 fueron recolectados por agentes periciales. Daños en la infraestructura y algunos vidrios rotos, fue el saldo del ataque que duró entre cinco y seis segundos.

Una fuente confió a ZETA que a través de las cámaras de seguridad se pudo observar que alrededor de las 12:15 am, tres unidades, un sedán color blanco, una camioneta Ford Expedition color guinda y una vagoneta tipo Aeroestar o Windstar color gris, pasaron frente a las instalaciones.

Los dos primeros vehículos siguieron su rumbo y dieron vuelta en la calle Diego Rivera, y frente al edificio por la Vía Rápida Poniente, permaneció la vagoneta,  de la cual descendieron dos hombres y otros dos permanecieron dentro; los cuatro comenzaron a disparar contra el inmueble por algunos segundos para luego huir por la misma Vía Rápida.

Tras la agresión, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) emitió un comunicado señalando que ya investiga el ataque, por lo que ya inició la carpeta de investigación de los hechos para ubicar y dar con los responsables de la ofensiva, en la que no hubo personas lesionadas, sólo daños materiales.

“Se trabaja con peritos expertos y agentes ministeriales de campo para fortalecer la investigación, la cual se recibe como una amenaza a la paz y tranquilidad de los tijuanenses, y por el resultado del trabajo de la PGJE para combatir la criminalidad en el Estado, y en Tijuana en particular”, refiere la información.

Por su parte, el subprocurador de Zona Tijuana, Jorge Álvarez, descartó que en la Unidad de Homicidios hubiera alguna amenaza.

99 DETENIDOS EN FLAGRANCIA Y 182 ÓRDENES DE APREHENSIÓN

Entre el 1 de enero y el 17 de septiembre de 2018, con más de mil 781 víctimas de homicidio, la Policía Municipal ha detenido y la Procuraduría General del Estado (PGJE) consignado, a 94 presuntos homicidas en flagrancia: 91 han sido hombres, una mujer y dos menores de edad. Además, la fiscalía ha obtenido 182 órdenes de aprehensión a partir de investigaciones del Grupo Homicidios, pendientes de ejecutar.

Desde el Grupo Coordinación se implementaron cuatro acciones en 2018:

  1. Traslado del área de Homicidios a la Subprocuraduría de Zona, lo cual sucedió en abril. Durante mayo se dio el período de reajuste y la designación de nuevo coordinador. A partir de junio empezaron a trabajar sólo como agencia investigadora, las detenciones y consignaciones pasaron a otra unidad de la zona. De enero a abril, previo al cambio, Homicidios estuvo judicializando un promedio de 10 carpetas con 15 órdenes de aprehensión por mes. Una vez liberada, sólo como área de Investigación, entre junio y agosto, duplicaron el trabajo y judicializaron un promedio de 20 carpetas con 27 órdenes de aprehensión por mes.
  2. Operativo coordinado para inhibir homicidios y capturar sicarios, iniciado el 9 de agosto. Ejército y Marina apoyaron patrullaje en zona de mayor conflicto, se concentraron Cerro Colorado, Presa y Presa Rural, el “efecto cucaracha” provocó que los homicidios se recrudecieran en otras cuatro delegaciones que no tenían el operativo de sobrevigilancia.
  3. Con la llegada de 130 elementos de Gendarmería y apoyo de la Policía Federal, se reforzó el operativo, extendieron la sobrevigilancia a las otras zonas afectadas como el Centro de la ciudad y las delegaciones Sánchez Taboada, Los Pinos y San Antonio de los Buenos.

Los grupos trabajan con una lista de 50 objetivos prioritarios, son matones ligados a alguna de las células delictivas, con orden de aprehensión en su contra por homicidio. Un mes después, de este listado, ocho sicarios han sido detenidos.

  1. Traslado de narcomenudeo a Subprocuraduría de Zona Tijuana y acuerdo con Poder Judicial, a partir del 13 de septiembre, en esa fecha el área de combate a la venta de droga al menudeo contaba con 302 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.

En ese punto, además de realizar un mapeo para cruzar la información de narcomenudeo, con lesiones y homicidios, van “cerrar pinza” con estrategia jurídica.

“Un narcomenudista menos en la calle, es un muerto menos, o una persona menos matando”, dijo el subprocurador Álvarez.

Antes de explicar que le corresponderá aplicar un cambio a la forma de trabajo que tenía narcomenudeo con el Poder Judicial, quienes por la carga que representan estos detenidos habían acordado que por procedimiento al ser capturados fueran liberados por la PGJE en 48 horas, para después citarlos a la audiencia de imputación e imposición de medidas cautelares, la mayoría de las veces, no cumplían, sin tener consecuencias.

Ahora van a trabajar flagrancia con reincidencia, en lugar de citación. Los jueces convinieron con el Ministerio Público, consignar con detenido. “Vamos a revisar los más de 300 expedientes y las nuevas capturas para separar vendedores de consumidores, vamos a mandar calidad, no cantidad. La idea es mandar a los narcomenudistas detenidos en flagrancia que tengan dos o tres capturas previas, para justificar la solicitud de prisión preventiva, y que vayan directo a la cárcel”, explicó Álvarez.

Esta semana se dio el primer resultado de este nuevo acuerdo.

La incidencia de homicidio que se mantuvo en ascenso constante de febrero a julio, fue levemente contenida en los últimos dos meses. Bajó de 252 muertes violentas en julio a 210 en agosto. Y esperan otra pequeña reducción en septiembre, “las proyecciones son que el mes podría cerrar con 200 muertes violentas, de todos los meses, ya tuve por fin una baja, aunque eran muchos, pero bueno, ¿por qué digo yo que sí tuvo que ver el tema del operativo? Porque donde pegamos era donde había más homicidios y fue donde me bajaron: Presa, Presa Rural, Cerro Colorado; hubo la baja sustancial el mes pasado, pero se nos empezaron a despuntar otras áreas, por eso ahora el operativo se amplió”, concluyó el subprocurador de Zona Tijuana.

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