Carta abierta


 
Cartaz Lunes, 3 Septiembre, 2018 12:00 PM

Sra. Adela Navarro Bello

Co-Directora del Semanario ZETA

Presente.-

Como responsable de la política editorial del Semanario ZETA, en relación a la nota publicada en su portada del número 2317, bajo el título “Más millones por propiedades” y en páginas interiores: “Kiko sigue con sus negocios millonarios; ahora vende propiedades a funcionarios y proveedores”, me permito poner a su consideración lo siguiente:

Primero: Es interés del Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, dejar en claro que sus actividades de bienes raíces son ejecutadas desde hace cuatro décadas por despachos y personas de su confianza, de tal forma que no está en sus funciones cotidianas, dedicarse a vender condominios a funcionarios y exfuncionarios públicos.

Segundo: En el reportaje no se concede oportunidad a ninguna de las personalidades citadas para explicar en tiempo y forma, las operaciones inmobiliarias y en ese contexto, cabe subrayar que lo relacionado a la vialidad que pasa “a un lado” de los condominios citados, fue planeada antes de que el Lic. Vega de Lamadrid fuera gobernador, como también en su momento fueron cabalmente subsanadas observaciones que de otra naturaleza hiciera la Auditoría Superior de la Federación a la empresa constructora.

Señora Navarro Bello: En la actividad periodística, como en cualquiera otra, es preciso documentar pruebas fehacientes cuando se pretende suponer actos ilegales en el quehacer público, además de que existen vías institucionales para que los particulares interesados presenten ante las autoridades, hechos que consideren impropios o ilegales y bajo el debido proceso se llegue a conclusiones legales. Dicho de otra manera, nadie, en el estado de derecho que nos rige, tiene facultades o mérito propio para acusar a alguien públicamente sin aportar pruebas fidedignas.

Finalmente, y con el respeto que merece, le reitero la premisa del Lic. Francisco Vega de Lamadrid, en su calidad de gobernador del Estado, en cuanto a privilegiar y promover en Baja California, el ejercicio del Derecho a la Libertad de Expresión, una garantía constitucional que exige practicarse con respeto a los derechos de toda persona, aunque, claro, sin incurrir en actos violentos o señalamientos infundados.

En Baja California la Libertad de Expresión es real, extraordinariamente tolerante de parte de las autoridades estatales, cuando se ejerce con responsabilidad porque con ello gana la sociedad en su conjunto, pero se revierte el avance cuando se practica de manera dolosa, sobre todo en una de las profesiones más nobles, constructivas y propositivas del quehacer humano: el periodismo.

Sin más por el momento y esperando entendimiento suyo sobre el particular, quedo a sus órdenes.

 

Atentamente

Lic. Raúl Reynoso Nuño

Director General de Comunicación Social

del Gobierno del Estado

 

* * *

 

Respuesta de la Codirección:

 

Licenciado Raúl Reynoso Nuño

Director General de Comunicación Social

del Gobierno del Estado

 

Respondiendo a su carta réplica:

Primero.- Los documentos en el Registro Público de la Propiedad, que avalan la venta de condominios, propiedad del gobernador, a su secretario de Desarrollo Social y a un proveedor, así como al superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, están firmados por Francisco Vega de Lamadrid.

Segundo.- Los documentos registrados ante el Gobierno del Estado son certificaciones de operaciones entre dos ciudadanos, cuyos datos aparecen inscritos y se toman como válidos para cualquier trámite en lo subsecuente; por lo tanto también pueden ser utilizados como pruebas fehacientes de una transacción realizada, para una nota periodística.

Licenciado Raúl Reynoso, en la nota a la que hace alusión, fueron presentadas las pruebas -copias de las operaciones de compra venta- que aparecen, de hecho, usted lo puede consultar también en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California.

En ningún momento, en el reportaje se hizo referencia a que las transacciones entre el gobernador Francisco Vega, su secretario de Desarrollo, un proveedor del Gobierno del Estado y un empleado de la CFE, fuesen actos ilegales. Se consignaron los hechos que, le insisto, están documentados en una dependencia gubernamental de las que usted, como director de Comunicación, tiene conocimiento.

Para concluir, le recuerdo que ZETA es, desde 1980, un Semanario libre, independiente, crítico, de análisis, que hace periodismo de investigación; que a pesar de las amenazas, los atentados y las presiones, continúa 38 años después, ejerciendo la libertad de expresión.

 

Atentamente,

Adela Navarro Bello

César René Blanco Villalón

Responsables de la publicación

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