Sexenio letal: 84 periodistas asesinados

Foto: Tomada de Internet.- José Guadalupe Chan Dzib, reportero del semanario digital “Playa News aquí y ahora”
 
Edición Impresa Lunes, 6 Agosto, 2018 01:00 PM

La cifra de homicidios de periodistas durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto ya rebasa por uno los 83 registrados con Felipe Calderón. Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa y Tabasco son los lugares más peligrosos para el oficio. En los homicidios de Miroslava Breach y Javier Valdez hay detenidos, pero también ejecutores acribillados en extrañas circunstancias

El último, es el sexenio más terrible y letal para el ejercicio del periodismo en México. Así lo indican las cifras y los hechos. La muerte violenta de 84 comunicadores, la mayoría de ellos identificados como periodistas profesionales y otro buen número de periodistas ciudadanos, sitúa al país como uno de los más peligrosos del mundo, donde se vulnera con reiterada frecuencia el derecho a la libertad de expresión y a la vida.

A México no se le compara en este rubro con países de su región geográfica o del continente, ni con naciones en paz, como se supone que lo es, sino con países en guerra.

Para ejemplo, la referencia de Reporteros sin Fronteras (RSF) lo deja muy claro. Durante 2017 mataron a 65 periodistas en el mundo; 12 hechos ocurrieron en Siria, once en este país, nueve en Afganistán, ocho en Irak y cuatro en Filipinas.

Foto: Tomada de Internet.- El periodista Carlos Domínguez, columnista político de El Horizonte de Matamoros

En lo que va de 2018, la situación pinta peor: 50 personas relacionadas con los medios de comunicación han sido privados de la vida en el planeta. En México y Afganistán han matado a once, respectivamente, siete en Siria y cinco en Yemen.

Los números de periodistas asesinados en México varían de acuerdo a las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones y fundaciones, autoridades y recuentos de los propios comunicadores que recaban y clasifican la información bajo la obvia pregunta de “¿Quién es periodista?” y, de acuerdo a su criterio, forman las listas.

Lejos de la realidad quedan las estadísticas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que solo investiga los homicidios e ilícitos en general contra periodistas, cuando se trata de averiguaciones previas o carpetas de investigación que se encuentran en el fuero federal, que por cierto, son las menos.

De acuerdo con un recuento de la Unidad de Datos de SinEmbargo, durante el sexenio del Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2013), en México fueron asesinados 83 comunicadores. Y en el periodo de Enrique Peña Nieto ya se rebasó con un homicidio más, el triste récord anterior.

A unas cuantas horas de ser relevada como embajadora de Estados Unidos en México y en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa -3 de mayo de 2018-, Roberta Jacobson expresó sus condolencias por todos los homicidios de comunicadores en este país: “Me duele en lo más profundo que hayamos perdido a tantos, a manos de aquellos que creen que mataban la verdad asesinando periodistas, hago votos porque todos y cada uno de los casos de agresión sean investigados y castigados hasta sus últimas consecuencias”.

Su sentimiento como el de tantos deudos y periodistas que viven amenazados, es solo eso, porque aunque se ha expresado a manera de reclamo, las autoridades mexicanas parecen hacer oídos sordos a la demanda de justicia.

 

TERRITORIOS DE RIESGO

Durante casi seis años, a partir del primero de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de México hasta la fecha, 84 comunicadores que laboraban en diarios, semanarios, revistas, portales electrónicos, radio y televisión, fueron privados de la vida en forma violenta. En diez de los casos, se trata de valientes mujeres.

Oaxaca ha sido la entidad más mortífera para los periodistas con 13 casos. Le sigue Veracruz, donde el cambio de gobernador no frenó los ataques y once trabajadores de medios de comunicación fueron aniquilados. Tamaulipas continúa con su cuota sangrienta y siete reporteros también hallaron la muerte. Chihuahua, Sinaloa y Tabasco sufrieron el embate de los silenciadores de voces críticas con seis asesinados en cada entidad.

Foto: Tomada de Internet.- Pamela Montenegro del Real, bloguera conocida en redes sociales como “Nana Pelucas”

Los demás ajusticiamientos, en su mayoría relacionados con la función social que desarrollaban las víctimas, ocurrieron en Guerrero,  con cinco comunicadores muertos; Coahuila con cuatro; Ciudad de México, Michoacán y Puebla, con tres periodistas ejecutados cada uno.

En Baja California, Nayarit, Nuevo León y Quintana Roo se contabilizan dos ejecuciones en cada Estado; y en Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Sonora   , Tlaxcala y Zacatecas, también ha habido homicidios contra miembros de la prensa.

Lamentablemente las dificultades no terminaron con la muerte del o la periodista. Muchas de las represalias por parte de los autores o familiares de quienes puedan estar encarcelados por estos casos, se trasladan a los deudos, como ocurrió con la familia del reportero Gregorio Jiménez, asesinado en febrero de 2014 en Coatzacoalcos, Veracruz. Parientes de los homicidas intentaron incendiar la casa de la viuda de “Goyo” y sus hijos en enero de 2018.

Muchas de las víctimas estaban amenazadas, y criminales a las órdenes del crimen organizado, de políticos ofendidos por la crítica u otros que se sintieron afectados por los comunicadores, cumplieron su ultimátum. Hoy muchas y muchos periodistas se encuentran bajo amenaza, entre ellos los bajacalifornianos Dora Elena Cortés, Said Betanzos y Odilón García, para quienes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó -a las autoridades- medidas cautelares para evitar daños irreparables al derecho a la vida y a su integridad personal.

En diversas fechas, la propia CNDH ha urgido a los gobiernos de los distintos niveles asumir una política pública para la defensa de los periodistas. El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, ha sostenido que se debe fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mediante una mejor articulación con los gobiernos.

 

DURANTE 2018

En los primeros siete meses completos del año fueron asesinados once periodistas. La fatídica cuenta inició el 6 de enero, con la muerte del editor de El Universal, José Gerardo Martínez Arriaga, de 35 años de edad, quien se encontraba comprando juguetes de madrugada en un tianguis de la delegación Coyoacán en Ciudad de México y fue agredido a balazos en un supuesto intento de robo. El editor llegó herido a un hospital, donde falleció en el quirófano.

Foto: Tomada de Internet.- El periodista Leobardo Vázquez Atzin

El 13 de enero, el periodista Carlos Domínguez Rodríguez fue asesinado a puñaladas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando se hallaba con su hija. Ex colaborador de El Diario de esa ciudad, escribía una columna política a través de redes sociales. Dos sujetos lo interceptaron en la Zona Centro y le hirieron con un puñal en 21 ocasiones. Fue velado en Acapulco y semanas después se detuvo a cinco sospechosos por el crimen.

En la colonia Lomas de la Amistad, en Tijuana, la noche del 13 de febrero fue localizado sin vida el periodista Pedro Damián Gómez Bonifaz, director del portal Panorama Político. Tenía varios días de fallecido. El 21 de marzo fue victimado el periodista Leobardo Vázquez Atzin, en el municipio de Gutiérrez-Zamora, Veracruz, donde atendía un puesto de tacos en su casa. Cubría la fuente policiaca. De sus asesinos poco se supo.

El 15 de mayo, tres sujetos balearon al conductor de radio Juan Carlos Huerta Gutiérrez en su domicilio en Villahermosa, Tabasco. El 24 del mismo mes, Alicia Díaz González, de 52 años, periodista de El Financiero en Monterrey, fue encontrada muerta con huellas de golpes dentro de su hogar. Se descartó el robo y las líneas de investigación se encaminaron a un homicidio ordenado por su ex pareja sentimental. A la fecha hay dos sujetos imputados por el crimen.

La muerte regresó a Tamaulipas, pero a Ciudad Victoria, donde el 29 de mayo fue localizado sin vida el periodista Héctor González Antonio, quien horas antes fue reportado como desaparecido. El cadáver del corresponsal del diario Excélsior y otros medios locales, presentaba golpes.

El 2 de junio fue asesinada a tiros en Juchitán, Oaxaca, la fotógrafa y reportera María del Sol Cruz Jarquín, hija de la periodista Soledad Jarquín. La joven fue atacada junto con militantes del Partido Revolucionario Institucional que realizaban campaña. El día 30, en el bar La Baticueva de Carrillo Puerto, Quintana Roo, un desconocido mató a balazos al periodista José Guadalupe Chan Dzib.

El 10 de julio, autoridades de Ciudad de México conocieron del incendio en una vivienda en Iztapalapa, donde falleció un hombre. La necropsia reveló que fue asesinado. El 23 de julio fue identificado como el periodista y locutor Luis Pérez García, de 80 años, director de la revista Encuesta de Hoy.

Durante un tiroteo registrado a las afueras del bar Arre en Solidaridad, Quintana Roo, murió el periodista Rubén Pat Cauich, director de Semanario Playa News, quien meses antes fue amenazado por WhatsApp y por policías municipales que lo detuvieron arbitrariamente en 2017. Tanto su caso, como el de Guadalupe Chan Dzib, fueron atraídos por la Procuraduría General de la República.

 

CASOS EMBLEMÁTICOS

Todas las muertes de periodistas son lamentables para su familia y para el gremio, pero sin duda hubo algunos casos emblemáticos como los homicidios del fotorreportero veracruzano Rubén Manuel Espinosa Becerril y de los periodistas Miroslava Breach Velducea y Javier Valdez Cárdenas. En el primero de los asuntos aún se desconoce un móvil certero, mientras que en los otros dos, actuaron células del crimen organizado.

Foto: Tomada de Internet.- El periodista y director de 620 AM Sin Reservas, Juan Carlos Huerta

Rubén Espinosa fue asesinado el 31 de julio de 2017 dentro de un departamento en la colonia Narvarte junto con otras cuatro personas. Su caso se convirtió en estandarte en redes sociales. A un año de distancia del crimen, nada se conoce de las pesquisas. En la fecha del aniversario, familiares de las cinco víctimas denunciaron que las investigaciones han sido obstaculizadas y que las autoridades aseguran “ya no hay nada por investigar”.

El gobierno de Ciudad de México, omiso en su labor de procurar justicia, criminalizó desde un inicio a los fallecidos. Además de la Capital del país, hubo una marcha en Veracruz, donde parientes y amigos del reportero gráfico lanzaron consignas para exigir justicia.

En los casos de Miroslava, corresponsal de La Jornada y asesinada a balazos el 23 de marzo de 2017 frente a su domicilio en la colonia Granjas en Chihuahua, y de Javier Valdez, editor de Semanario RioDoce, ejecutado cerca del periódico el 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa, las autoridades han detenido a algunos de los presuntos homicidas, pero otros misteriosamente fueron asesinados.

A la valiente reportera la mataron por denunciar en una nota que el entonces candidato a la presidencia municipal de Chínipas, Chihuahua, Juan Miguel Salazar, es sobrino del encarcelado líder del Cártel Gente Nueva, Adán Salazar Zamorano, y admitir ante un intermediario que ella misma era la fuente de la información. “Yo sí tengo ovarios, por eso firmo mis notas”, habría dicho la corresponsal de La Jornada.

Actualmente está preso y sometido a proceso penal Juan Carlos Moreno Ochoa “El Larry”, detenido el 24 de diciembre último en Sonora y señalado como uno de los autores del homicidio de Miroslava, cuyo juicio fue atraído por el Poder Judicial Federal. Otro de los matarifes que participó en el crimen, Ramón Andrés Zavala, fue asesinado el 19 de septiembre del año pasado.

En cambio, a Javier Valdez le truncaron la vida por una publicación que no agradó al presunto narcotraficante Dámaso López Núñez “El Licenciado” y a su hijo Dámaso López Serrano “El Mini Lic”. El ex jefe de seguridad del Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande y compadre de Joaquín “El Chapo” Guzmán” ordenó matar al periodista. Una pistola plateada con cachas blancas que tenían la imagen del “Mini Lic” fue el pago por el homicidio.

Están en prisión por estos hechos Heriberto Picos Barraza “El Koala” y su primo Juan Francisco Picos Barrueta “El Quillo”. Mientras que un tercer participante en la ejecución, Luis Ildefonso Sánchez Romero “El Diablo”, curiosamente también murió incinerado dentro de un automotor junto con uno de sus parientes en San Luis Río Colorado, Sonora, en febrero de este año.

De los pocos casos en los que se ha hecho justicia parcialmente, en marzo de 2018, fueron sentenciados a 25 años de prisión dos ex policías municipales de Medellín, Veracruz, que participaron en el homicidio del periodista Moisés Sánchez Cerezo, perpetrado el 2 de enero de 2015. El autor intelectual del crimen, el entonces presidente municipal Omar Cruz Reyes, continúa prófugo de la justicia.

 

OPINIÓN PERIODÍSTICA

Jesús Lemus Barajas, corresponsal de Reporte Índigo y escritor de libros sobre el crimen organizado, refiere que el aumento en el asesinato de periodistas se debe a la impunidad que se genera a partir de la falta de investigaciones reales y a la colusión de agentes del Estado con células del crimen organizado. Sin embargo, “esos delincuentes operan al servicio de empresas transnacionales, como las mineras, las de proyectos extractivos, de fracking y del petróleo, de gas, por supuesto, de proyectos hidroeléctricos, de mega proyectos turísticos y de proyectos de infraestructura carretera”.

Para el reportero, no cualquier delincuente o narcotraficante mata a comunicadores, sino que se trata de células que participan para caciques o empresas que se ven afectadas en sus intereses económicos, no en vano la mayoría de las víctimas han sido periodistas ambientales o periodistas ciudadanos.

Foto: Tomada de Internet.-Periodistas Rubén Pat Cahuich

En estos casos, Lemus estima: “También los periodistas tenemos algo de responsabilidad, porque llegamos a cometer el error de que transgredimos muy frecuentemente una delgada línea que separa al periodismo del activismo social, y hay momentos, como es el caso del recientemente asesinado periodista de Ciudad de México, Luis Pérez García, que era locutor, pero también era activista social.

“O el caso de este compañero periodista que mataron a principios de año en Gutiérrez Zamora, Veracruz, Leobardo Vázquez Atzin, que también era un activista. Entonces, encabezaba causas sociales y ejercía el periodismo. Y eso, de alguna forma, pone en mucho riesgo a los comunicadores”, refirió el entrevistado.

En diversos casos, las autoridades criminalizan a las víctimas, como ha ocurrido con aquellos que son asesinados cuando combinan el periodismo con oficios como taxista, taquero o litigante. También se criminaliza por el sitio del crimen “como el caso del compañero Guadalupe Chan de Quintana Roo, al que se le quiere denostar porque estaba dentro de un bar”.

Lemus Barajas agregó que los periodistas “pisamos terrenos muy escabrosos, muy difíciles, muy pantanosos. No es posible que nos puedan matar frente a una plaza pública o frente a una presidencia municipal. Todos andamos en situaciones de riesgo. Por ejemplo, en mi caso, cuando estaba haciendo un trabajo de investigación se me detuvo y señaló de ser narcotraficante. Se me denostó también. Eso fue en mi caso, pero hay muchos otros de reporteros que son asesinados en condiciones terribles”.

Por último, calificó de muy sospechoso el hecho que en los asuntos de Mirolsava Breach y Javier Valdez existan detenidos por matar a los comunicadores, pero también algunos de los ejecutores fueron asesinados en circunstancias muy extrañas. “Hay muchos autores materiales de los homicidios de periodistas que luego aparecen asesinados. Como también el caso de los asesinos de reporteros en Veracruz, que estando presos provocaron un motín, porque precisamente a ellos los iban a matar para silenciarlos”.

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