El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien estuvo en Tijuana el 17 de agosto acompañado del comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, prácticamente vino a decir a los empresarios y representantes de organismos involucrados en el tema de seguridad, que el Gobierno Federal hará en tres meses, lo que no hizo por Baja California en casi seis años.
Lo cual, por cierto, luce material, judicial y económicamente, poco probable. Sobre todo si se toma en cuenta que aseguró resultados inmediatos, y ya ha pasado una semana del cortísimo plazo que tiene para atender los mentados compromisos, y no ha pasado absolutamente nada. De hecho, consultados los representantes empresariales, expusieron que decidieron darle quince días de plazo antes de empezar con los reclamos.
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Todavía más grave resulta que al hacer un breve resumen de las declaraciones hechas por el gobernador, el secretario de Gobernación y los personajes adinerados que representaron el sentir ciudadano ante el funcionario de alta jerarquía en la reunión privada, se puede apreciar que no dijo, que no ofreció nada, que no haya hecho su antecesor, Miguel Ángel Osorio Chong, quien en julio de 2017 llegó, prometió y no regresó, hasta junio de 2018, cuando vino ya sin cargo en plena campaña política a decir que el Estado había politizado la seguridad, echándole toda la culpa a la Federación y no asumiendo que tienen un destrozo en Baja California.
Lo que sí destacaron los asistentes a la reunión, fue que contrario a Osorio, quien siempre se comportó altanero y a la defensiva, Navarrete fue político, receptivo. Escuchó, aguantó y presentó planteamientos. Pero al final las propuestas fueron las mismas, inmersas en un compromiso “cantinflesco” porque habló de resultados inmediatos, pero no dio plazos.
Como en 2017, cuando aseguraron que trabajarían en la captura de objetivos prioritarios, ahora hablaron de trabajar coordinados, con información de inteligencia y captura de cabezas delictivas: “… nos vamos a reunir con los gobernadores estatales y PGR, para analizar exactamente los blancos específicos de otros estados y que se sepan buscados, y cómo podemos empezar a trabajar en la detención de estas personas”.
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Se trata de hombres y algunas mujeres que llevan no menos diez años traficando, matando y ordenando asesinatos, y los representantes del Estado siguen, tristemente, anunciando que están definiendo estrategias.
De igual manera, hablaron de asignar más elementos de la Gendarmería, cuya presencia en mayor o menor número, poco o nada han rendido en la entidad.
Caso similar al ofrecimiento de más policías federales, cuyo representante en el grupo operativo de coordinación, recientemente se quejó “por los horarios”, después que fueron obligados a participar en un operativo conjunto organizado por el Estado, para reducir la incidencia de homicidio el cual inició la segunda semana de agosto. El federal reclamó que ellos comen de dos a cuatro de la tarde y, cuando hay operativos a esa hora ellos no pueden participar, y no van enviar a los pocos policías que asignan.
En cuanto a las promesas de Navarrete de “revisar a los cuerpos policiacos, en las delegaciones federales” y lo de “intensificar las aduanas para evitar el ingreso de vehículos y armas”, son dos compromisos hechos por el Presidente Enrique Peña Nieto desde principios del sexenio, pero que siguen sin tener resultados en este Estado norteño.
Acaso habría esperanzas en lo dicho por el secretario de Gobernación cuando habló de iniciar acciones para una aplicación más efectiva del Nuevo Sistema de Justicia Penal, para “buscar que los delincuentes se queden en prisión”. Pero de nuevo, sería esperar que en poco más de 90 días mejoren las capacidades y disminuyan los índices de corrupción en policías y procuradurías, que logren acuerdos con el Poder Judicial o con los legisladores, para atender un problema que se agudizó hace dos años en el país, a partir del 18 de junio de 2016, con la aplicación generalizada del sistema acusatorio y el cambio en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva.
Al final, la novedad planteada por el funcionario federal fue cuando admitió en voz alta que existe la necesidad de “mejores niveles de coordinación con PGR para tener órdenes de aprehensión de gente que no está aquí en el Estado, pero es la generadora de violencia en el Estado”, aunque este reconocimiento resulta francamente tardío e inútil, especialmente cuando la Procuraduría General de la República no tiene expedientes, y menos órdenes de aprehensión contra de los cabecillas de los cárteles.
Entonces, de nuevo, como ha sido a lo largo del presente sexenio, solo queda esperar, pero con menos expectativas, dado lo acotado del tiempo ante la inminente salida de Enrique Peña Nieto como titular del Gobierno Federal.
