De acuerdo al SESNSP, en Baja California Sur se cometieron 13 mil 555 delitos en siete meses de 2018, es decir, 64 crímenes al día. “Entendemos y debemos sobre todo atender, las denuncias que también los ciudadanos no presentan, lo de la cifra negra”, reconoce el procurador estatal
Publicidad
“Se nos están viniendo encima los delitos, necesitamos la intervención de la ciudadanía en la denuncia, por lo menos la denuncia anónima, ya que los delincuentes se están valiendo de que la población no denuncia y se están saliendo con la suya, datos de cifra negra son los que nos preocupan, un delincuente suelto va a provocar tres delitos más, por lo menos, ya serían cuatro familias hablando de inseguridad y eso nos va a llevar a que una colonia se sienta insegura”, expresó a ZETA un experto en seguridad pública y miembro del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública en Baja California Sur.
Los delitos de alto impacto siguen al acecho en la entidad, pues aunque haya reducción de homicidios dolosos, los ciudadanos siguen siendo víctimas del delito.
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se cometieron 13 mil 555 delitos en siete meses de 2018, es decir, 64 crímenes por día, lo que significa que por cada hora se denunciaron 2.5 hechos delincuenciales, según los resultados obtenidos.
Publicidad
En el mismo periodo de siete meses, pero de 2017, la cantidad fue mayor, con 14 mil 236 delitos denunciados, lo cual implica una reducción del 4.78 por ciento de un año a otro.
“En el caso de los delitos de alto impacto, particularmente hablando del aspecto de homicidios, se trae una reducción, comparando los últimos siete meses del año pasado con los primeros siete de este año, de un 76% de disminución de homicidios dolosos en todo el Estado; si nos vamos a cómo ha estado la incidencia de robos en su diversas modalidades, de robo de vehículo, robo casa habitación, robo a comercio, robo con violencia, hay una disminución del 6%”, comentó Daniel de la Rosa Anaya, procurador general de Justicia del Estado.
Policías de diferentes corporaciones están paralizados ante ola de delitos, no hay detenidos, si hay detenciones las carpetas están mal organizadas, delincuentes siguen en las calles ante omisiones
“En el caso particular del robo, esa disminución del 6% en los delitos en general en el Estado, en el comparativo también de enero a julio contra enero a julio de este año, hay un 5% de disminución de los indicadores delictivos, así es como andamos en este momento en el diagnóstico delictivo en la entidad”, celebró.
Pese a los índices positivos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), más del 80% de las denuncias no llegan al Ministerio Público.
De la Rosa mencionó que no se puede dar por hecho que la baja de incidentes en cuanto a denuncias, es un indicador que los delitos siguen a la baja, por lo contrario, “se debe apostar a esos ciudadanos no llegan a denunciar por temor”.
Y ahondó:
“Son las denuncias que nos han presentado, pero también entendemos y debemos sobre todo atender las denuncias que los ciudadanos no presentan, es decir, lo de la cifra negra, entonces por un solo robo que haya, hay una percepción de inseguridad y ahí se tiene que trabajar por parte nuestra, la autoridad, para resolver todo ese tipo de casos”.
Ante los sucesos violentos en todos los municipios de BCS durante 2018, el gobernador Carlos Mendoza Davis ha solicitado la intervención de instituciones de los tres niveles de gobierno, con el fin de que regrese la tranquilidad a los sudcalifornianos.
“Seguimos trabajando de la mano instancias estatales y federales para seguir conservando la calma en Baja California Sur”, argumentó.
ÍNDICES DELICTIVOS A LA BAJA
Según los archivos del SESNSP, en Baja California Sur existe una disminución de apenas 6.4% en cuanto a robos, comparando los primeros siete meses de 2017 con 2018; sin embargo, Comondú, tuvo un ligero incremento en el presente periodo.
“Los delitos que más aquejan a la ciudadanía en general, en la sociedad general, son los robos, obviamente el 45% de toda la incidencia delictiva en el año. El 45% corresponde a robos en sus diversas modalidades, y donde se ha venido también acercando mucho la confianza a la gente y de las exigencias legítima que se resuelvan sus casos, que son de otros años, ha sido particularmente en homicidios y privaciones de la libertad”, refirió el procurador De la Rosa.
Arturo Rubio Ruiz, representante legal del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito
En lo concerniente a homicidios dolosos, la institución marca que de enero a julio de 2017 se cometieron 268, contra 115 en el año en curso, lo que significa que la reducción fue del 57% y no 76%, como ha dado a conocer la PGJE.
ZETA revisó los datos de la Incidencia de Delitos del Fuero Común, que desglosa a los cinco municipios. La Paz y Los Cabos están en la mira de delincuentes, pero Mulegé tuvo un incremento del 300% en homicidios dolosos, pasando de cuatro en 2017 a doce en 2018.
Daniel de la Rosa Anaya confirmó que se trabaja de manera coordinada con instituciones civiles y militares, a fin que se dé trámite a cada una de las denuncias, y como se ha venido presentando recientemente, las desapariciones violentas o “levantones”, por lo que pidió a la población confiar en la institución que él dirige.
“Una vez que se presente esa llamada, se formaliza la denuncia ante el agente del Ministerio Público de cualquiera de los centros de Justicia que tenemos en el Estado, es importante precisar la media filiación, fotografías de todos los datos que identifiquen particularmente a la persona. Posteriormente se activa todo el protocolo de investigación, por parte de la agencia de investigación estatal en la labor de campo y de la Dirección de Servicios Periciales en lo que se va encontrando de hallazgos, para el caso de personas fallecidas”, exhortó Daniel de la Rosa Anaya.
“Recomendamos siempre que la denuncia sea inmediata, máxime cuando se tienen datos de que es una desaparición forzada, alguna privación violenta, tiene que ser en forma inmediata, por eso las recomendaciones son hablar inmediatamente al 911, cuando son personas no localizadas, que se fue por su cuenta, que fue a otra ciudad, a otra entidad federativa; y tenemos también el servicio y la obligación de buscarlas. Les pedimos es que vengan a presentar la denuncia formal aquí en el Ministerio Público para que se inicie el proceso de búsqueda de la persona, el objetivo fundamental que es lograr la localización”, reiteró el funcionario estatal.
URGEN MEDIDAS CONTRA DELINCUENTES
“No puede ser, es lo mismo de siempre, te roban y ahí andan de nuevo robando. ¿De qué sirve que hagan tanta faramalla, que los presenten como detenidos, que los trasladen a México, sí ahí vienen de regreso y hasta libres y quieren que los denuncies? ¿Para qué, para que cuando los encuentres en la calle te chinguen y te amenacen? No, señor, prefiero o chingármelo primero, o quedarme callado”, es el sentir general de los ciudadanos ante la justicia en Baja California Sur.
Al mediodía del martes 21 de agosto, en las calles Ignacio Allende entre Guillermo Prieto y Aquiles Serdán de la colonia Centro, un hombre fue sorprendido caminando sobre techos. Momentos antes, ciudadanos lo habían visto introducirse a domicilios, pero al llegar la Policía Municipal no le encontraron pertenencia alguna, solo fue puesto a disposición. Sin embargo, la detención no fue reportada por la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz.
Ante la falta de vigilancia, el pasado 5 de agosto vecinos del Pedregal del Cortés en el muniicpio de La Paz
“Desde prácticamente finales de enero, se implementó una unidad investigadora de medidas cautelares y mandamientos judiciales para tener un control estricto de todos los mandamientos judiciales y la cumplimentación que se tiene que hacer de los mismos, para, sobre todo, llevar ante la autoridad judicial a aquellos que han cometido algún hecho delictivo con algún mandamiento judicial”, detalló Daniel de la Rosa en entrevista con ZETA.
Precisamente como lo ha denunciado este medio, existe la facilidad de delinquir ante una autoridad omisa, ya que el 81.1% de los delitos no se denuncian.
Además, el Índice Global de Impunidad publicado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), estima que en cuanto a “encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas iniciadas”, BCS bajó de 170.1 a 35.45, que equivale a una disminución de casi 80% de la acción penal en contra de homicidas.
Según De la Rosa, las medidas cautelares se están activando para “evitar lo que también la sociedad ha demandado a la puerta giratoria en la reincidencia, hoy estamos solicitando prácticamente el 90% de todas las prisiones preventivas que se realizaron los dos años anteriores, se han realizado en seis meses; eso habla de que se están quedando detenidos los delincuentes.
“La otra parte fundamental es la aplicación de medidas cautelares distintas, cuando no se requiere una prisión preventiva, que estamos hablando de algún evento de daño propiedad ajena o daño culposo, algún aspecto de fraude, de abuso de confianza; en este sentido lo que se está priorizando es por parte la autoridad judicial, alguna medida cautelar distinta, la prisión preventiva, algunas de ellas inclusive son de trabajo en favor de la comunidad.
“Del trabajo que se está desarrollando en la resolución de los casos, sobre todo para garantizar la disminución de ese tipo de indicadores delictivos, la semana pasada los operadores dieron la información en el caso de Los Cabos, también se dio que acontecieron eventos de un robo a una inmobiliaria, ya también con personas detenidas, todos los responsables ahí están detenidos, se recuperó prácticamente más del 90% de lo robado; hubo otro incidente de la Marina, una riña, también están judicializados, y un incidente de un intento de robo con un arma de fuego, la investigación va muy avanzada”, remató el servidor público.
CERRAR FILAS AL ROBO
En La Paz y Los Cabos, la incidencia del delito de robo en sus diferentes modalidades se mantiene, “prácticamente no pasa nada y no se puede cantar victoria, hay una tendencia, quizá, pero no es aceptable. Necesitamos que la autoridad ponga orden, tanto la persecutora como la preventiva, en la operación de las casas que reciben empeños”, expresó a ZETA Arturo Rubio Ruiz, representante legal del Consejo Ciudadanos de Atención a Víctimas del Delito.
Citó que una casa de empeño adquiere mercancía robada y la transforma en algo legal al venderla a un ciudadano, lo cual a grandes rasgos podría sugerir una operación de “lavado de dinero”.
“El problema es que las autoridades encargadas de prevenir y perseguir los delitos no han hecho una adecuada supervisión de las casas de empeño, los robos se van a acabar cuando el ‘ratero’ deje de tener dónde vender, dónde convertir en dinero lo que robó. La comercialización de objetos robados es la principal fuente de ingresos de los ladrones, si cierras el circuito de compraventa de objetos robados, se queda sin aliciente el ratero, porque qué va a hacer con los objetos que se robe: al no poderlos comercializar, y más si tomas en cuenta que hay registros de sujetos que empeñan tres o cuatro veces por semana en la misma casa de empeño”, reflexionó Rubio.
Daniel de la Rosa Anaya, Procurador General de Justicia en el Estado aseguró que los robos en sus diferentes modalidades
Legisladores, regidores y gobernantes, se han hecho de la vista gorda, ya que es muy sencillo establecer los candados para evitar el robo, pero falta sensibilidad política y ganas de hacer las cosas bien, por ello son omisos al generar estrategias de lucha contra el robo.
El Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito propone que los ladrones queden plenamente identificados cuando lleven prendas robadas a empeñar.
“La deficiente identificación de quién va a empeñar un objeto, propicia que se empeñen objetos de procedencia ilícita y nunca se puede identificar a quien fue a empeñar. Proponemos un registro como el que hay en las empresas u oficinas de gobierno, en las que te identificas con foto y con huella digital, yo voy a empeñar un objeto, que me tomen una foto y que me tomen la huella, y así la autoridad va a tener una identificación efectiva de quien empeña”, afirmó Arturo Rubio.
Otra de las limitantes, y que casualmente se le ha pasado a toda autoridad, es que la entrega de recursos se hace al momento, no hay un tiempo de espera para la transacción, menos aún a través de transferencias bancarias o en cheque, todo es casi al instante y sin huella.
“De cierta cantidad para arriba, que no se pague en efectivo, porque eso también se presta mucho, no solo el comercio de cosas robadas, sino al lavado de dinero, de 2 mil (pesos) para arriba, que se pague con cheque o con depósito efectivo, si te dedicas a cuestiones lícitas y la Ley te obliga a que después de cierta cantidad, hacer todas las operaciones transparentes, con mayor razón se debe exigir esa transparencia a las casas de empeño, y más cuando se sabe que reciben pertenencias de procedencia ilícita”, sugirió el representante legal de la asociación civil..
A razón que los ciudadanos pueden ser acusados de lavado de dinero por transacciones irregulares, las casas de empeño y sobre todo los dueños, deberían ser sancionados por lavado de dinero al recibir productos robados y convertirlos en productos legales al momento de consumar la venta, al no exigir documentación que compruebe la legal procedencia de tales artículos.
“La Ley de lavado de dinero, si haces un movimiento con cierta cantidad de dinero, presume que ese dinero es de procedencia ilícita, esa misma presunción debiera aplicarse y decirle al de la casa de empeño: ‘Si recibiste esta televisión y no te aseguraste de que el origen fuera lícito, estás cometiendo un delito de receptación de productos ilícitos’. A nosotros para devolvernos los artículos robados nos piden documentos y no es así con el delincuente y al comprador enriquecido con la compra de lo robado”, finalizó Rubio Ruiz.
EMPRESARIOS PIDEN CESE AL FUEGO
“Efectivamente ha habido una disminución abismal de lo que veníamos experimentando en esta ciudad, el mayor peligro para un destino turístico es la inseguridad, si no tienes seguridad, no puedes traer visitantes nacionales o extranjeros a tu destino”, señaló Agustín Olachea Nogueda, presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas (EMPRHOTUR) La Paz.
Además, cuando el turista sale de la zona de confort, es decir, la zona turística, malecón y centro, es cuando surgen los robos, asaltos y malos ratos, lo que se traduce en una mala imagen, por ello EMPRHOTUR La Paz lanzó una petición: que los ciudadanos y el destino estén en paz.
“Ya vivimos la experiencia, ya sabemos qué se siente, antes éramos muy ajenos a ese tipo de situaciones, pasaba en otras ciudades del país, en otras regiones y decíamos ‘aquí en La Paz nunca’, bueno, ya nos pasó, no debemos caer otra vez en ello, para ello hago una petición a las autoridades competentes, que no detengan las acciones de prevención y la estrategia que tienen para contener”, apuntó Olachea Nogueda.
Aunque la zona hotelera y turística no ha sido afectada recientemente con asaltos como en Los Cabos, La Paz está a la expectativa, pues en cualquier momento, de no haber regulación, la incidencia delictiva podría detonar.
“Tenemos un serio problema en ese tipo de delitos, aunque no te afecta directamente, porque es bastante pacífico nuestro malecón, el centro, no ha habido denuncias de robos o en nuestro lugar turístico, pero el personal que trabaja en los hoteles, en las empresas que dan los servicios turísticos, sí salen afectados; entonces esa persona que trabaja y se esfuerza durante una jornada laboral de ocho a diez horas, con mucho esfuerzo, que llegue a su casa y le hayan robado sus cosas, nos afecta en la parte turística, porque es nuestro personal, es el trabajador que está esforzando y necesitamos que las autoridades hagan lo propio para que esto no se dé”, concluyó el dirigente del ramo hotelero.
