En forma oficiosa y sin sustento legal, el alcalde Juan Manuel Gastélum realizó una triangulación de 4.3 millones de pesos para “ayudar” a los residentes del selecto asentamiento privado; por esa acción fue denunciado ante la Sindicatura Procuradora, instancia a la que se demandó sancionar a los servidores públicos involucrados, obligándolos a la devolución del dinero entregado de forma irregular y a transparentar la asignación de los recursos de orden social
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Puerta de Hierro es un conjunto habitacional inscrito como fraccionamiento que, sin cumplir con las obligaciones de este régimen, ha operado con las prerrogativas de un asentamiento residencial privado, irregularidad que oficialmente le ha sido consentida.
Su exclusividad la ha mantenido acaparando la calzada principal que debiera estar abierta al público, al ser entregada en “donación” al gobierno del Estado en 1994. Esa cesión incluyó glorieta, camellones y un lote de una superficie de mil 715 metros cuadrados, destinado para área verde, equipamiento urbano del que públicamente no se dispone. Las autoridades, lejos de solventar esa omisión, la han permitido.
Pero Juan Manuel Gastélum Buenrostro fue más allá al disponer de cuatro millones 360 mil 828 pesos, de la partida destinada para poyo a organizaciones sociales, para entregarlos, sin mediar la aprobación del Cabildo de Tijuana, como ha sido una constante en su administración, a la Asociación de Colonos de Puerta de Hierro de Tijuana A.C., complejo residencial habitado por funcionarios, jueces y empresarios.
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Con ello incumplió con la Norma Técnica 31, relativa al gasto social, “acción que debe ser sancionada”, expuso el regidor Manuel Rodríguez Monárrez, quien el jueves 2 de agosto presentó formal denuncia en Sindicatura Procuradora, exigiendo a su titular, Ana Marcela Guzmán Valverde, aplicar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California contra del alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro y tres funcionarios de su gobierno.
En la denuncia pidió a Guzmán Valverde, dar vista a la Auditoría Superior del Estado de Baja California para que esta instancia proceda en consecuencia.
A la Síndico Procuradora también le requirió cumplir con su obligación de exigir la devolución de ese recurso entregado en forma irregular para ser canalizado a ciudadanos que realmente demuestren necesidad económica, como los vecinos de Lomas del Rubí y/o la colonia Reforma, quienes perdieron su patrimonio a causa de colapsos de tierra.
Fotos: Cortesía.-Ni vecinos, ni autoridades responsabilizaron al desarrollador
SOLICITUD RECHAZADA
El proyecto de obra para reparar el colapso de un pluvial ubicado en Puerta de Hierro no se generó en 2017, como lo indicó en su carta dirigida “a la ciudadanía en general” y entregada a ZETA por el comité de vecinos de ese conjunto residencial.
Utilizar recurso público para rehabilitar la infraestructura de desagüe, instalada en un fraccionamiento privado, fue un plan concebido desde la administración de Carlos Bustamante Anchondo, introducido como proyecto público por Esteban Yee, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) y residente de Puerta de Hierro.
El proyecto, tasado en 27 millones 432 mil 193 pesos, fue heredado al gobierno de Jorge Astiazarán Orcí, al ser incluida una de sus tres etapas en el programa de obra prioritaria de infraestructura pluvial de 2014, requiriéndose la ejecución de una de sus tres etapas por un monto de seis millones 422 mil 231 pesos.
Al analizar las acciones enlistadas, las autoridades del XXI Ayuntamiento determinaron que reparar el tubo conductor del pluvial que atraviesa el citado complejo residencial, además que oneroso, carecía de factibilidad legal; por su carácter de privado, rehabilitar el tramo ahí ubicado del drenaje pluvial correspondía al desarrollador reponerlo y/o a los vecinos sufragar su costo.
EL FAVORITISMO DE “EL PATAS”
Al arribo del XXII Ayuntamiento y agudizado el daño del pluvial con un colapso que causó un socavón en la Avenida Puerta de Hierro, principal vialidad del conjunto residencial, como si se tratase de una colonia popular, los vecinos solicitaron la asistencia social para repararlo.
Su insistencia tuvo éxito con el alcalde en turno, que lejos de orientarlos a demandar a Inmuebles y Desarrollos Peninsulares, desarrollador del fraccionamiento y/o a su apoderado legal, Alejandro de la Vega Valladolid, para obligarlo a reparar el daño registrado en el ducto pluvial, de inmediato palomeó sufragar el costo del proyecto.
A sabiendas que no podía realizar una obra pública en un fraccionamiento privado, lo cual hubiera implicado el tener que licitar la acción, optó por triangular la entrega de los más de 4.3 millones a través de la partida creada para asistir asociaciones.
El monto lo dividió en cuatro aportaciones a nombre de la Asociación de Colonos de Puerta de Hierro de Tijuana A.C., organismo privado presidido por Alfonso Martínez Romo, quien a su vez lo entregó a Construcciones Los Potros, S.A. de C.V., empresa que se encargó de ejecutar la obra.
La reparación del pluvial en Puerta de Hierro no fue la única obra que esta firma, representada por Nicolás Medina Rodríguez, realizó en 2017 con recurso público; ese año, el gobierno de Gastélum le entregó en asignación directa, la realización de al menos una obra social con recursos del Ramo 33, pero el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid le asignó obra a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue) y de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt).
LA ILEGALIDAD
Disponer de la partida destinada a ciudadanos o asociaciones con fines no lucrativo para favorecer a la Asociación de Colonos de Puerta de Hierro de Tijuana A.C., constituye un acto ilegal, de acuerdo a la Norma Técnica Número 31 que regula los gastos de orden social.
“Si lo usaron para obra pública, como algunos vecinos han manifestado, pues incurrieron en una doble ilegalidad, porque además de incumplir con la Norma Técnica, están triangulando recursos, cosa que la Norma Técnica no permite. Además, las obras públicas tienen que salir a través de las partidas de Obras Públicas Municipales, siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley, asignándose éstas por adjudicación o licitación, lo que tampoco fue el caso”.
El edil anotó que la Norma citada contempla una excepción en la entrega de recursos, mediante una declaratoria de emergencia por parte de la Presidencia Municipal, que en todo caso, la obra habría tenido que ser asignada en forma directa por el municipio, lo que no aconteció, puesto que el monto se entregó en efectivo a favor de los colonos de Puerta de Hierro, quienes a su vez eligieron al desarrollador del proyecto, en lugar de ser estos los que entregaran su aportación al Ayuntamiento.
Para el regidor Manuel Rodríguez Monárrez, podría tratarse de “la posible comisión del delito de enriquecimiento ilegítimo, ello al presentarse un menoscabo al erario público de este Ayuntamiento en beneficio del fraccionador de dicha colonia, quien omitió el mantenimiento correspondiente a sus vialidades”.
En la irregularidad se encuentran implicados tanto el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, como Zabel Arturo Solís Ruiz, secretario particular del presidente municipal, encargado de la gestión de dichos apoyos; Ricardo Chavarría Morales, tesorero municipal; y Marisa Cruz Lozano, directora de Egresos de la Tesorería Municipal. Los dos últimos por liberar el recurso.
El monto que Juan Manuel Gastélum Buenrostro entregó a Puerta de Hierro corresponde a la tercera parte del presupuesto de la Unidad Administrativa de Presidencia Municipal, bajo su cargo directo y que durante 2017 dispuso de 12 millones de pesos que dispersó en apoyos a 39 asociaciones civiles.
La mitad de la partida fue acaparada por Puerta de Hierro y Free Bullying A.C., organismo representado por Antonio García Pérez, quien fuera suspendido por irregularidades electorales, detectadas durante el conteo de voto de los comicios de 2016, cuando él fungía como presidente de la Junta Distrital Electoral número 11; durante el periodo de García Pérez, como funcionario electoral, Zabel Arturo Solís Ruíz, quien coordina la entrega de la ayuda social de Presidencia Municipal, fungía como representante del Partido Acción Nacional (PAN), también en el Distrito 11.
La aportación entregada a García Pérez fue de dos millones de pesos.
El 50% del presupuesto restante se dividió en 36 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), cuya mayoría obtuvo como apoyo, cantidades menores de cinco mil y 10 mil pesos.
Precisamente fue el rechazo a la solicitud de una asociación civil dedicada a la lucha contra la diabetes lo que puso en evidencia, el manejo discrecional que “El Patas” diera ese gasto social y la distinción que su gobierno hace en la atención de los ciudadanos.
Vía transparencia, el representante del organismo al que se le negó el apoyo en 2017, con el argumento de que “el recurso de apoyo estaba agotado”, obtuvo el listado de las asociaciones civiles asistidas con recurso público y el monto que les fue entregado a cada una.
ALCALDE SIN ARGUMENTOS
El presidente municipal de Tijuana acusó a Manuel Rodríguez Monárrez de actuar con “mala leche” al exponer públicamente la entrega de un apoyo social a los vecinos de Puerta de Hierro, asignación en la que, sostuvo, “no hay favoritismo”.
Sin elementos para sustentarlo, el alcalde mantuvo que la asignación de ese apoyo “sí es legal, no hay nada que discutir, eso no se trata de inmoralidad, ¿es legal? Sí es legal, ¿se destinó el recurso válidamente a una organización civil? Sí”.
En todo el señalamiento expuesto por Gastélum, en ningún momento ofreció argumentos que validaran legalmente su afirmación.
Ricardo Chavarría Morales, tesorero municipal, indicó que el recurso cuestionado salió del apoyo a organizaciones sociales, partida distinta a la de orden social “que es a la que hace referencia el regidor, son cosas distintas, de orden social está dirigida a sectores de escasos recursos y la otra a instituciones privadas.
De acuerdo a la Norma, son las instituciones que desarrollan actividades sociales, deportivas, culturales, de beneficencia o sanitarias sin fines de lucro para la continuación de su labor social, las que pueden recibir esa ayuda, rubro en el que no encuadra la Asociación de colonos de Puerta de Hierro.
FAVORITISMO GUBERNAMENTAL
Desde su conformación en 1993, el selecto complejo desarrollado por Inmuebles y Desarrollos Peninsulares S. de R.L. de C.V., empresa cuyo apoderado es Alejandro de la Vega Valladolid, registró irregularidades.
Inscrito como fraccionamiento y no bajo el régimen de condominios, en teoría el desarrollador cumplió con la Ley y el Reglamento de Fraccionamientos del Estado de Baja California, al donar tres superficies de terreno divididas en 31 lotes, correspondiente al 10 por ciento de su superficie total, la cual consta de 191 mil 435 metros cuadrados.
En el contrato de donación, asentado en el Registro Público de la Propiedad (RPP), en 1994, se inscribió como disposición especial, “también es parte la presente donación la glorieta y camellones jardinados de la calzada Puerta de Hierro”; superficie que también fue destinada por el desarrollador “para equipamiento urbano recreativo (área verde)”, infraestructura que, de acuerdo a la reglamentación, no debe ser consignada para tal fin.
De esta manera, Inmuebles y Desarrollos Peninsulares S. de R.L. de C.V. evitó entregar terreno de área verde.
No solo eso, en 2003 rectificó “un error involuntario” en la inscripción de dos de los tres lotes cedidos al gobierno de Estado: El terreno 2 al 26, de la manzana dos, y del uno al siete, de la manzana 12.
Según el fraccionador, el gobierno del Estado le concedió “ejecutar obra de utilidad pública y beneficio colectivo por el valor comercial de los terrenos citados en la declaración”. No determinó el valor comercial de terreno recuperado, tipo de obras supuestamente ejecutada ni lo invertido en éstas.
El lote uno de la manzana uno -único dejado en donación al gobierno-, la glorieta de acceso al fraccionamiento, camellón jardinado de la calzada Puerta de Hierro, así como el total de las vías públicas y callejón de servicios, no han sido utilizados como la infraestructura urbana pública que es; desde la creación del conjunto habitacional y hasta la fecha, continúan siendo de uso exclusivo de los residentes del fraccionamiento.
