Conflicto político

Foto: Archivo/Jaime Bonilla
 
Opinionez Lunes, 13 Agosto, 2018 12:00 PM

La política puede ser definida desde diversos ángulos, como ciencia o como el arte del buen gobierno; también puede definirse como el instrumento para el ejercicio del poder en un Estado. El uso social de este término se ha trastocado y en ocasiones se califica como político a una persona que es hábil para entablar relaciones humanas y acceder a un cargo público.

Podemos decir que la política es un instrumento que sirve para acceder al poder sin llegar al uso de la fuerza. La política tiene que ver mucho con la ideología y está creada para evitar el choque de intereses, producto de la vida comunitaria. El político es el hombre o mujer conocedor del acto de gobernar, capaz de resolver problemas colectivos y encabezar las aspiraciones de una sociedad determinada.

En Baja California, es público el desencuentro soterrado entre dos líderes de diversas fracciones partidistas, una representada por el Gobernador Constitucional del Estado (PAN) y otra por el senador electo de la República, Jaime Bonilla Valdez (Morena), y a su vez, próximo coordinador de delegaciones federales. Este último ha emitido duras críticas al Ejecutivo Estatal, que van más allá del choque que produce el encuentro en la vida pública de las diversas ideologías (acusa al gobernador Francisco Vega de Lamadrid de graves conductas, algunas incluso catalogadas como delictuosas y de las cuales desconocemos la existencia o no de medios probatorios), y la verdad, la sociedad está cansada de las expresiones, que por su violencia, producen intranquilidad en la sociedad.

Se considera que la división política es natural, producto de la diversidad de ideologías partidistas y de las aspiraciones individuales y colectivas diversas. Debe respetarse la libertad de expresión, aunque la crítica esté enderezada hacia altos funcionarios.

Estamos de acuerdo en la presencia de la polémica y el debate en la vida cívica del Estado, que algunas veces se convierte en denuncias o simplemente desahogos, fruto de las pasiones partidistas, pero éstas deben darse siguiendo los cánones del estado de derecho y evitando hasta donde sea posible, el generar intranquilidad en la población, preferentemente empleando las vías del acuerdo y la concertación, siempre que sea posible, como corresponde a una sociedad democrática, y no vaya contra el orden jurídico constitucional, porque violencia engendra más violencia.

Recordemos que la criminalidad organizada aprovecha las debilidades del sistema democrático para introducirse en los ámbitos del poder, incluyendo el ejercicio de la función pública.

Nota: No es necesario acudir al lenguaje ríspido para hacer denuncias públicas; investigar, perseguir hechos ilícitos, se hace acatando reglas, de lo contrario se rompe el orden jurídico. Los funcionarios públicos, gobernadores y senadores, están obligados a mantener un ambiente de tranquilidad pública y redimir sus controversias por la vía del acuerdo y la concertación política, siempre y cuando no exista una disposición jurídica en contrario, todo con el fin de hacer más llevadera la vida de una sociedad, harta de contemplar acciones que producen violencia verbal y que a nada conducen.

 

Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC.

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