Este viernes 17 de agosto, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) deberá responder por los 85 millones de pesos que la Comisión Nacional del Agua entregó al gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, para programas de saneamiento del sistema de aguas negras y que a la fecha, no se han aplicado del todo, por lo que existe el riesgo de verse obligado a devolverlos a la Federación.
José Alejandro Cervantes Beltrán, director de Conagua en Baja California, dijo que el organismo federal, a través del programa Proagua, otorga subsidios para apoyar con infraestructura y programas de saneamiento a los organismos operadores.
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En este 2018, para ese rubro se designaron 85 millones de pesos para ser invertidos en Baja California, fundamentalmente para el saneamiento del Río Tijuana, con 50 millones de pesos aportados entre Conagua, la Cespt y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés).
El programa de saneamiento, explicó, incluye la reparación del colector Poniente, en el cual se trabaja en varios frentes para rehabilitarlo, porque está roto en diferentes puntos, generando una descarga importante de aguas negras al Río Tijuana -entre 100 y 200 litros por segundo-, descarga que sí está controlada “relativamente”, pero que no debería existir.
También se incluyó el instalar equipo de respaldo que opere con diésel en las subestaciones eléctricas de las plantas de bombeo de las instalaciones en donde se da tratamiento a las aguas residuales, para evitar que dejen de operar cuando se interrumpe el suministro de energía eléctrica.
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La aportación de recurso para esta acción se hizo un compromiso de contrapartes, “en el caso de Conagua se radicó el dinero en la Secretaría de Administración y Finanzas. El Estado es quien licita las obras, contrata y ejerce el recurso”, dijo Cervantes Beltrán.
En el caso del recurso etiquetado para el saneamiento del Río Tijuana, su aplicación “va retrasada”, por lo que se este viernes, las autoridades de Conagua se reunirán con las de Cespt para que éstos últimos expliquen cuál es el problema financiero que ha derivado la demora en el programa, por el cual se firmó un compromiso en mayo pasado.
Indicó que de la posibilidad de que Cespt regrese el recurso por no estar en condiciones de ejercerlo, indicó que oficialmente el organismo operador no ha informado nada.
Germán Lizola Márquez, director de Cespt aclaró que el programa de saneamiento es de un monto de 82 millones de pesos, de los cuales, 39.8 millones de pesos fueron aportados por Conagua y 42.5 por Cespt.
Reconoció que la paraestatal, ésta tendrá que devolver al organismo federal, 15 millones de los 39.8 que entregó para el programa de saneamiento, debido a que las obras no quedarían concluidas en el tiempo determinado para ser ejecutadas por los tiempos de entrega del proveedor -30 semanas-, desfasamiento que obliga a Cespt a no ejercer el recurso.
Manuel Becerra Lizardi, vicepresidente Nacional del Sector Agua de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), reprobó la casi nula aplicación del presupuesto destinado al programa de saneamiento de aguas negras y que está poniendo en riesgo la cancelación del programa Proagua.
“Es poca la inversión que se hace para la cantidad que se requiere para resolver el grave problema, y que no se aproveche es inadmisible”, asentó.
CONAGUA LEVANTÓ CLAUSURA A MUNICIPIO
El director de Conagua en Baja California informó que la mañana del miércoles 15 de agosto se levantó la clausura en la obras de instalación de drenaje pluvial que suspendió el 30 de mayo de 2018, al incumplir el municipio con la norma técnica y no contar con los permisos correspondientes.
El proyecto de rehabilitación del sistema pluvial de la ciudad en cinco puntos, lo inició el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, el 7 de mayo, rompiendo el bordo de la canalización del Río Tijuana en tres puntos.
La acción la hizo sin presentar proyecto de construcción para que los especialistas de ingeniería hidráulica de Conagua pudieran evaluar si era compatible con el régimen del flujo del Río y sin haber solicitado los permisos de la dependencia federal para invadir con la obra la canalización, la cual es área federal.
Desde la clausura a la fecha, el XXII Ayuntamiento de Tijuana se ocupó en solventar la omisión, realizando los cambios que el proyecto requirió para que la tubería de los pluviales desembocara el flujo de agua pluvial en la canalización.
Hasta que cumplió con la normatividad, se le otorgaron los permisos y se levantó la clausura, expuso el director de Conagua.
A la fecha solo resta determinar el monto de la multa que ameritó la pifia en la que incurrió la autoridad municipal, para lo cual, el funcionario precisó que se determinó un plazo de 90 días, partiendo de la fecha en la que se les levantó la clausura.
