“Cabo 9” y “El Kaibil” se quedan en prisión

Foto: Cortesía.-Reynaldo Solano, "El Cabo 9" / José Ángel Portillo Portillo, "El Kaibil"
 
Edición Impresa Lunes, 13 Agosto, 2018 01:00 PM

Después de años de acumular detenciones y liberaciones, Reynaldo Solano “Cabo 9” y José Ángel Portillo “El Kaibil”, identificados por corporaciones de seguridad pública como miembros del CJNG y CTNJ, respectivamente, fueron detenidos por la Policía Municipal de Tijuana y en ambos casos se les dictó prisión preventiva. Al primero se le investiga por portación de un rifle AR15 y al segundo por homicidio

En 2015, con la llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a Tijuana, autoridades de seguridad pública detectaron la presencia de “Los Cabos”, un grupo armado perteneciente a esta estructura criminal, encargado de ejecutar a rivales y distribuir enervantes.

Los nombres de algunos de sus integrantes fueron revelados a partir de mantas y cartulinas atribuidas al Cártel de Sinaloa, principal rival del CJNG -entonces aliado con algunos miembros del Cártel Arellano Félix (CAF)-; revelaron en su momento, miembros del Grupo Coordinación.

A uno de ellos se le identificó como Reynaldo Solano “Cabo 9”. De ciudadanía estadounidense, había salido de prisión en aquel país apenas el 24 de abril de 2014, después de cumplir una sentencia de tres años por tráfico, distribución y venta de metanfetaminas, según consultó ZETA en bases de datos judiciales de Estados Unidos.

Fue así como en junio de 2016, Reynaldo Solano fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP). Tenía consigo tres armas largas, dos armas cortas, más de 100 cartuchos y diversos cargadores, así como varios envoltorios de cristal, pero no permaneció en prisión.

Después de dos años de detenciones y liberaciones, al hombre de 37 años de edad se le dictó por primera vez, prisión preventiva mientras se le investiga por portación de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

La tarde del 1 de agosto de 2018, la Policía Municipal de Tijuana capturó al “Cabo 9”, quien aparece como líder de una célula del CJNG en organigramas de corporaciones policiacas, en el Fraccionamiento Infonavit Lomas Verdes, donde una patrulla realizaba un recorrido de vigilancia.

Según lo expuesto en audiencia, celebrada el 9 de agosto de 2018, en los juzgados federales de Tijuana, el acusado viajaba en una camioneta Nissan X-Terra negra a exceso de velocidad, por lo que agentes municipales procedieron a intervenirlo, fue entonces que vieron un rifle AR15 calibre .223 en el vehículo, por lo que fue detenido. También le fueron encontrados 28 cartuchos del mismo calibre en el vehículo.

Incluso, en marzo de este año, se le había iniciado un proceso penal por portación de arma de fuego en la Procuraduría General de la República (PGR), bajo la causa penal 89/2018, pero el juez a cargo del caso decidió concederle el privilegio de permanecer en libertad, mientras se le investigaba. Reynaldo no regresó a las audiencias posteriores y ni así, el juzgador giró una orden de aprehensión para que se presentara a enfrentar la justicia.

 

ABOGADO DEL “CABO 9” CON ANTECEDENTES POR FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Tanto en el proceso iniciado en marzo, como en el de agosto, Jorge Antonio Aguayo Domínguez fue contratado como abogado particular de Reynaldo. Al inicio de la audiencia celebrada por la juez Judith Viviana Juárez Vázquez, el defensor anunció que su representado rendiría una declaración en la que no aceptó preguntas de la Fiscalía.

Foto: Cortesía.- Una de las narcomantas contra “Los Cabos” del CJNG

En su narración, Reynaldo aseguró que al momento de su detención, se encontraba con un amigo apodado “El Gato”, quien le consigue autopartes, en el fraccionamiento Lomas Verdes, cuando una oficial les preguntó por un menor extraviado y le pidió a “El Gato”, le permitiera revisar su domicilio, tras no encontrar nada, la policía se retiró.

Minutos después, aseguró el acusado, llegaron dos agentes y uno le dijo: “ya mamaste”, lo ingresaron al domicilio y después lo subieron a una unidad sin ninguna justificación. De acuerdo a su relato, le pusieron una bolsa en la cabeza y lo trasladaron por distintos puntos de la ciudad hasta que lo llevaron a un lugar donde lo fotografiaron con un arma larga.

Después de esta declaración, el abogado procedió a leer una entrevista escrita que dijo, realizó a un hombre identificado como José Ignacio Ramírez, operador de la unidad de Grúas Cajeme, quien remolcó la camioneta donde fueron localizadas las armas.

En su defensa, Aguayo Domínguez explicó que su entrevistado señaló horarios distintos a las marcadas en el informe policial homologado, respecto al momento en el que el carro fue arrastrado.

No obstante, la representante de la Fiscalía señaló varias inconsistencias en la entrevista, como la falta de coincidencia en la firma de la credencial de identificación, presentada por el operador de la grúa, y la que aparecía en una sola hoja de la entrevista.

Al final, la juez resolvió que el solo testimonio de Reynaldo sobre lo que ocurrió en su detención, no era suficiente para considerarse como un dato de prueba, ya que no estaba respaldado por ninguna prueba objetiva; mientras que el chófer de la grúa no había presenciado la detención, por lo que tampoco podía ser considerado testigo, además de que, tanto en el informe policial homologado, como en el inventario del servicio de grúas sobre el arrastre del vehículo, coincidían los horarios señalados.

Por lo que la juez consideró como suficientes, las pruebas aportadas por la Fiscalía para vincular a proceso por portación de arma de fuego exclusiva del Ejército al acusado. Al momento de dictar la medida cautelar, la agente del Ministerio Público federal solicitó se le dictara prisión preventiva.

Explicó que, en el proceso abierto a inicios del año, Reynaldo no regresó a dos audiencias programadas en marzo y mayo, también mencionó la sentencia que purgó en Estados Unidos como prueba de su historial delictivo.

El abogado defensor justificó que su cliente no asistió por problemas de salud y mostró cinco recetas médicas con fechas entre marzo y julio, como justificación. Por su parte, el acusado relató que había padecido de bronconeumonía durante estos meses, también aseguró que no pudo recibir la llamada de teléfono de su abogado para notificarle las fechas de la audiencia porque había cambiado de número y después, añadió, que no tenía los recursos suficientes para cubrir sus honorarios.

Ninguna de las explicaciones fue validada por la juez Juárez Vázquez. En primer lugar, le explicó que requeriría de un certificado médico para justificar su inasistencia y en todo caso, debió haberlo explicado en su momento y no meses después. Por otra parte, le explicó que, a falta de dinero para cubrir los honorarios de su abogado, el juzgado le habría asignado un defensor público.

Por estos motivos, la juez de control federal determinó que Reynaldo permanezca en prisión por lo menos durante dos meses, hasta la siguiente audiencia. En este periodo, la Fiscalía deberá reunir más pruebas para respaldar su investigación, pero también el acusado tendrá derecho a solicitar su libertad.

Acerca del abogado Jorge Antonio Aguayo Domínguez, egresado de la UABC en 2013, figura una detención en octubre de 2012 por agentes municipales por falsificación de documentos.

El joven, de entonces 23 años, era prestador de servicio en el Ministerio Público, pero se presentó como abogado en la Comandancia Regional Sur “Margarito Saldaña” de la Policía Municipal, para pedir la liberación de Benito Contreras Trejo, quien había sido detenido cuando intentó recuperar su vehículo remolcado con un documento apócrifo.

Foto: Cortesía.- El rifle AR15 con el que detuvieron al “Cabo 9”

El documento decía haber sido expedido por un agente del Ministerio Público -en donde el abogado prestaba sus servicios-, pero cuando la Policía Municipal verificó la información con la Procuraduría, ésta les notificó que el oficio era falso.

A Aguayo Domínguez se le abrió una averiguación previa por el delito de falsificación de documentos, ya que admitió haber sido él quien había obtenido el documento para su amigo, informó la Policía Municipal en aquel entonces.

 

“EL KAIBIL” CAE POR HOMICIDIO

El 1 de febrero de 2018, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de la Policía Municipal de Playas de Rosarito, capturaron a José Ángel Portillo Portillo “El Kaibil”, apodo que hace referencia al grupo élite del Ejército de Guatemala y le viene de su nacionalidad guatemalteca.

En esa ocasión, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que Portillo Portillo estaba “ubicado como uno de los objetivos criminales prioritarios por su presunta colaboración con el Cártel de Tijuana Nueva Generación y posible colaboración en homicidios y privaciones de la libertad de integrantes de grupos contrarios”.

A “El Kaibil” se le atribuía el liderazgo de una célula delictiva dedicada a ejecuciones en las colonias Santa Fe y Campos, en Playas de Rosarito.

Policías municipales y estatales dieron con él cuando viajaba a exceso de velocidad a bordo de un vehículo en la colonia Constitución.

Los oficiales le marcaron el alto, pero Portillo Portillo aceleró la marcha para darse a la fuga. Tras una persecución que terminó en la colonia Rancho Chula Vista y en la que “El Kaibil” intentó huir a pie después de bajarse del vehículo, fue capturado.

Pese a que contaba con una orden de aprehensión por el delito de robo equiparado y fue turnado al Ministerio Público, el hombre de 34 años volvió a las calles.

Transcurrieron ocho meses y de nuevo fue detenido el 1 de agosto, esta vez en Tijuana, pero no se le buscaba por robo, sino por homicidio calificado con ventaja, delito que ya había cometido la primera vez que se le arrestó.

Tras cumplimentarse la orden de aprehensión con la que contaba y en el juzgado se calificara de legal su detención; el 1 de agosto, vestido con uniforme penitenciario color anaranjado, se presentó ante el juez Francisco Alberto Molina Hernández.

En su resolución, el juzgador explicó que encontró elementos suficientes en la carpeta de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para presumir que “El Kaibil” cometió el homicidio.

Según los hechos expuestos por el Ministerio Público, compuestos principalmente por cuatro entrevistas a testigos que presenciaron el homicidio de Vicente Ramos Ontiveros, apodado “El Pacho”, se pudo reconstruir el crimen cometido el 14 de noviembre de 2017.

Ese día, a las 10:30 de la noche, en la calle Salvador Díaz Mirón de la colonia Vista Alamar, en Tijuana, Ramos Ontiveros se encontraba limpiando un terreno a bordo de un camión de volteo tipo dúmper, cuando se presentaron sus asesinos.

“El Kaibil”, junto a otros hombres apodados “El Casper” y “El Junior”, participó en el crimen al dispararle en dos ocasiones en la cabeza a “El Pacho”. A decir de uno de los cómplices del homicidio, Portillo Portillo decidió asesinar al joven de 21 años de edad porque éste se dedicaba a robar.

Cuatro meses antes, explicó otro de los testigos, “El Pacho” y sus hermanos habían sido golpeados por el mismo motivo.

Peritos de la Procuraduría, quienes procesaron la escena del crimen, localizaron dos casquillos calibre .40 que coincidían con los proyectiles encontrados en el cuerpo de la víctima.

Al dar a conocer su resolución, el juez Molina Hernández explicó que el homicidio fue cometido con ventaja porque la víctima estaba desarmada y sin posibilidad de defensa, así como el hecho de que los participantes de la agresión eran dos.

Por este motivo, le dictó prisión preventiva de cuatro meses a “El Kaibil”, plazo en que la Procuraduría deberá concluir el plazo de investigación que dará paso a la etapa intermedia del proceso penal.

Además de sus antecedentes por delitos del orden federal y robo equiparado, el 10 de octubre de 2017, “El Kaibil” cuenta con antecedentes por posesión de arma de fuego y algunas faltas administrativas.

 

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