La Procuraduría General de Justicia del Estado abrió investigaciones contra 148 mujeres por el delito de aborto en los últimos tres años. Sin importar que estos se den de manera natural o no, los casos se investigan por igual, lo que para la maestra Angélica Medina, del colectivo Centinelas, es ejemplo de la criminalización de la mujer. De manera paralela, el abandono de bebés no deseados en hospitales ha crecido considerablemente, reportando casi 200 solo entre 2017 y 2018, según cifras oficiales de DIF Estatal
Emily Judith Cervantes, es una joven de 26 años de edad recluida en el Centro de Reinserción Social de Mexicali, acusada del delito de homicidio agravado en razón de parentesco consanguíneo, luego que el 18 de agosto presuntamente asesinara a su hijo Kelvin Omael Cervantes, de apenas 4 años, a quien le propinó 45 lesiones. El hecho fue narrado por once testigos que forman parte de la carpeta de investigación.
Publicidad
Así como este, otros dos casos de bebés asesinados por sus progenitores se registraron solo en 2018, aunado a un par de incidentes donde madres abandonaron sus productos en la vía pública, sugiriendo que existen problemas no atendidos ni visibles para la autoridad.
“Estas tragedias no ocurrirían si hubiera políticas públicas en este tema”, es la respuesta simple de la maestra Angélica Medina, integrante de Centinelas, agrupación feminista que impulsa y brinda asesoría a mujeres que requieren orientación ante un embarazo no deseado.
Al hablar de este tema resulta imposible no mencionar los casos de Paulina y Leslie, dos mujeres que fueron víctimas de la autoridad por negarse a ser madres en una etapa temprana. Leslie incluso tuvo una sentencia de más de 20 años por homicidio, aunque al final logró salir de manera anticipada tras ganar un enfrentamiento legal.
Publicidad
Partiendo de esa premisa y argumentando que muchas mujeres son obligadas a tener hijos por la presión social, la también activista afirmó que es necesario subir el tema a la agenda pública para dar solución a un problema del que nadie quiere hablar.
Pese a que en Baja California se protege la vida desde la concepción, en los últimos dos años ha ocupado el segundo lugar en denuncias por aborto a nivel nacional, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo superado por Ciudad de México.
De manera paralela, el clima de adicciones y embarazos tanto adolescentes como no deseados -donde Baja California también ocupa los primeros lugares- ha incrementado el abandono de infantes en hospitales de la entidad, por lo que se requiere una intervención urgente de las autoridades para procurar mecanismos que reduzcan esta problemática, desde la educación sexual, hasta abrir el debate sobre el aborto, consideró Medina.
Infortunadamente, existen pocos datos locales sobre las incidencias de la interrupción del embarazo, pues tanto autoridades como académicos no han tomado el tema como prioritario.
PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN CRIMINALIZA A LA MUJER: CENTINELAS
El coordinador de la Unidad Investigadora de Delitos contra las Personas y su Integridad, Daniel González Guerra, comentó que en sus dos años al frente del área no se ha judicializado a ninguna mujer por el delito de aborto en Mexicali, que cabe señalar, alcanzaría hasta cinco años de prisión.
En épocas recientes, sólo el caso de una mujer de 23 años de edad en Ensenada fue llevado a los tribunales en Baja California, la cual fue descubierta al detectarle residuos de Misoprostol –un medicamento para úlceras que además provoca la expulsión del producto- en la cavidad vaginal. Según Angélica Medina, esta es una práctica común en las mujeres que pretenden interrumpir su embarazo.
Foto: Eduardo Villa.- Daniel Gonzalez Guerra, Coordinador De La Unidad De Delitos contra las personas y la libertad
Sin embargo, Daniel González reconoció que como parte de un protocolo para proteger la vida desde la concepción, los hospitales y clínicas interponen denuncias contra las mujeres que perdieron el producto, sin importar que la interrupción se diera de manera natural o no.
Cuando se confirma que el caso pasó a ser un tema accidental, la fiscalía desecha la acusación contra la mujer, pero esta se archiva.
Para Angélica Medina, esto es un claro ejemplo de la criminalización de la mujer, pues automáticamente se vuelve sospechosa de un delito, incluso antes de tener algún indicio que sugiera un aborto inducido.
Por su parte, González Guerra aseveró que en 2018 han recibido 27 denuncias por aborto en Mexicali, de las cuales 18 son provenientes de hospitales, el resto son atenciones que paramédicos realizan en viviendas o la vía pública, donde también se inician averiguaciones.
Entre 2017 y 2018, en la Capital del Estado se abrieron carpetas de investigación para atender el abandono de tres productos, cuyos restos fueron localizados en basureros y en la vía pública.
Uno de ellos ocurrió la noche del 7 de febrero de 2017, cuando residentes de la colonia Industrial reportaron que al interior de una bolsa de plástico fue hallado el cuerpo de un producto de 40 semanas de gestación. Se trataba de una niña que pereció por una malformación.
Caso similar ocurrió en mayo de este año, cuando pepenadores localizaron un feto de 25 semanas entre la basura del Centro de Transferencia de la colonia Xochimilco, mientras buscaban objetos de valor.
Un tercer incidente se suscitó en junio. Residentes de la colonia Villa Verde, al Oriente de la ciudad, denunciaron a una mujer que abandonó una bolsa de plástico con un bebé recién nacido; según informó el Servicio Médico Forense, el producto respiró, pero falleció a causa de una malformación en el estómago, por lo que era prácticamente imposible que pudiera sobrevivir.
En el último caso se identificó a la madre como una conocida adicta de la comunidad, por lo que -al igual que en los otros dos casos- se abrió una carpeta de investigación para llevar a cabo un proceso judicial en contra de los responsables.
NO SE SOLICITAN ABORTOS LEGALES: PGJE
Pese a que las leyes vigentes permiten bajo ciertas condiciones el aborto no punible, en los últimos dos años no se ha realizado solicitud alguna, según comentó el funcionario de la PGJE, quien agregó que solo en una ocasión pidieron una evaluación en el Hospital General, para que una mujer interrumpiera su embarazo ante un inminente riesgo de morir.
Después de un intenso análisis entre médicos y especialistas, se decidió continuar con el procedimiento y tanto la madre como el niño salvaron la vida.
Esto resulta extraño, dado que Baja California es una de las cinco entidades donde más denuncias por violación se interponen. De hecho, según las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, durante 2017 se registraron 667 violaciones denunciadas, y la conducta en el presente año mantiene la misma tendencia, pues de enero a julio se documentaron 390 casos.
Cabe señalar que datos compartidos por la académica Mónica Ayala Mira y la psicóloga Angélica Medina, estiman que alrededor del 90 por ciento de los casos no se denuncia ante las autoridades. Llama la atención que pese a los datos no exista registro alguno de solicitudes de aborto no punible.
La conducta es similar a nivel nacional. Según un informe del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), que evaluó las cifras de violaciones sexuales desde 2009 a 2016, se reportaron 70 mil 630 denuncias por violación ante las procuradurías locales. En ese mismo periodo solo se solicitaron 61 procedimientos abortivos por víctimas de este tipo de agresiones.
La activista de Centinelas explica que las mujeres no confían en la autoridad y prefieren recurrir a métodos caseros -algunos peligrosos-, o bien, cruzar la frontera e interrumpir el embarazo bajo los cuidados en una clínica particular en California.
Agregó que no existen investigaciones recientes sobre cuántas personas cruzan la frontera para practicarse un aborto, pero aseveró que solo tienen acceso las mujeres cuya condición económica es favorable.
El resto utiliza ganchos, cuchillos y otros artefactos, o bien, consumen pastillas de Misoprostol, medicamento que no es detectable cuando se consume vía oral, o bien, se argumenta desconocimiento de sus efectos ante los médicos.
Medina afirma que diariamente recibe casos de mujeres que piden información sobre el aborto, por lo que desde hace dos meses trabajan en una base de datos que pretende dar un panorama general sobre la práctica de la interrupción del embarazo en Mexicali.
Angelica medina, integrante de las centinelas
ZETA solicitó tanto al Servicio Médico Forense como al Instituto de Servicios de Salud información sobre interrupciones inducidas por parte de mujeres, pero ambas responsabilizaron a la otra dependencia de contener esas cifras. Mientras tanto, la PGJE estableció que desde hace varios años no detectan casos intencionales.
AUMENTA INGRESO DE BEBÉS PROVENIENTES DE HOSPITALES DE BC: DIF
Un problema creciente en los hospitales y clínicas de la entidad es el abandono o el ingreso de infantes por madres que no están en condiciones de atender a sus hijos, ya sea por propia voluntad, desconocimiento o casos severos de adicciones.
Según la procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, Consuelo Luna Pineda, durante 2017 y 2018 se han registrado 190 ingresos de menores provenientes de hospitales públicos por los motivos arriba mencionados, la mayoría de mujeres con problemas de adicción, mismos que son detectados porque el bebé presenta síndrome de abstinencia; la madre está intoxicada al momento de la atención, o debido a que se brindan los primeros auxilios en un “picadero” o inmueble en condiciones desfavorables.
Mexicali y Tijuana encabezan la lista de municipios donde se registra con mayor frecuencia estas prácticas, en la que alrededor del 30% de los infantes termina en los albergues de DIF Estatal o en alguna casa hogar, debido a la saturación de trabajo que se presenta cada determinado tiempo.
Luna Pineda aseveró que se tiene un protocolo de atención inmediata en estos casos donde se coordinan con clínicas y hospitales, para así prepararse y atender a los menores recién nacidos de la forma que requieren, ya que la mayoría presentan severos problemas de salud.
“Hemos tenido un aumento en los últimos años, también ha sido por la coordinación con los hospitales para saber qué hacer por incidentes que se han presentado donde entregan a los menores y a los días regresa el menor con algún problema grave de salud, porque no lo cuidaron bien”.
La procuradora de la Defensa del Menor declaró que algunas veces han sido sobrepasados por la demanda de neonatos, pero se apoyan con casas hogar para poder dar atención a todos los casos.
Mientras que Angélica Medina, de Celestinas, consideró que esta práctica que realizan los hospitales y DIF Estatal, eventualmente será sobrepasada, pues no existe una política pública tangible que pretenda evitar los orígenes del problema y no las consecuencias.
Agregó que es una forma disfrazada de obligar a las mujeres a dar a luz sin la necesidad de abortarlos como una alternativa, cuando la realidad es que hay mujeres que no desean someterse a todo el proceso de embarazo.
“Es como tapar un hoyo haciendo otro hoyo”, comparó la activista, quien dijo si bien el aborto es una solución, existen otras que tampoco están siendo impulsadas con seriedad, como la educación sexual, que no se basa simplemente en el coito, sino en la planificación familiar y otros importantes factores que ayudan a mujeres y hombres a tomar mejores decisiones.
