El cuestionado proyecto C5I, cuyo costo alcanza los 800 millones de pesos a pagarse en 10 años, volvió a caer en manos de la empresa Seguritech Privada S.A. de C.V., misma que ha sido relacionada con empresarios y políticos priistas del Estado de México.
El acta de fallo con número LPI-OM-SSP-001-2018, disponible en la página de internet del gobierno del Estado, señala que el pasado 28 de junio se consideró a Seguritech Privada S.A de C.V., como la única que presentó una propuesta solvente.
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Y es que su competidora, llamada Interconecta S.A. de C.V., fue desechada en última instancia por un argumento que, según el diputado Jorge Núñez Lozano, es poco creíble, toda vez que el documento remarca que “el representante legal no cuenta con las facultades para comprometerse en nombre de la empresa”. Es decir, que la persona que enviaron a representar a dicho negocio, no tiene las facultades para tomar decisiones a nombre del negocio.
En una conferencia realizada la mañana del jueves 12 de julio, en el Congreso del Estado, el diputado del Partido Estatal de Baja California (PEBC) y Mario Favela, dirigente estatal del partido, denunciaron que el nuevo fallo tiene algunas irregularidades, como el que no se le dio aviso al Poder Legislativo hasta cuatro días después de iniciarse el proceso de licitación, cuando tendrían que haberlo hecho antes, al tratarse de un contrato plurianual.
Núñez Lozano aseveró que cuando el Congreso avaló el C5I, en octubre del año pasado, “hicimos un esfuerzo para que se incluyeran reservas y se involucrara la comunidad, al CCSP -Consejo Ciudadano de Seguridad Pública-, y que garantizáramos del contrato multianual que fuera eficiente, por eso se incluyeron reservas donde se involucra al Congreso”.
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La prioridad, anotó, era ciudadanizar el tema para determinar la viabilidad de un proyecto como éste, sobre todo porque en entidades como Guanajuato y el Estado de México, su aplicación ha representado costos millonarios que no han generado resultados en el combate a la delincuencia.
“En octubre, evidentemente esto no ocurrió, pues en realidad nadie se enteró del proceso de licitación que tuvo inicio el 28 de mayo y que finalizó con el fallo exactamente un mes después, sin la presencia de un testigo social y sin darle parte al Poder Legislativo o algún sector ciudadano que evaluara el proyecto. Incluso hablé con Juan Manuel Hernández Niebla -presidente del CCSP-, no está enterado que ya se licitó”.
Y agregó, “nosotros, el 28 de junio nos enteramos y les pedimos toda la información en el caso y no nos han dado ninguna información. Por eso haremos un posicionamiento en tribuna para que ahora sea el Congreso que solicite información sobre todo el proceso”; entonces, dijo, tomarán la decisión si emprenderán acciones legales contra el Poder Ejecutivo para anular el fallo y próximo contrato.
Por su parte, Mario Favela, dirigente estatal del PEBC, reclamó que al parecer el gobierno del Estado tiene intereses económicos o busca beneficios personales por encima del bien común, lo que resulta evidente ante la negativa de ciudadanizar temas tan delicados.
La empresa Seguritech Privada ha sido señalada por diversos sectores sociales por ser favorecida por el Gobierno Federal y algunos estatales, los cuales han instalado sistemas de videovigilancia a precios cuestionables, según comentó el mismo Núñez Lozano.
Entre los contratos destacados se encuentra el que firmó con el Estado de México, cuyo gobierno pagó la cantidad de seis mil 376 millones 773 mil 27 pesos, de los cuales ya cubrió una parte importante pese a que existieron importantes retrasos en la instalación del equipo.
Cabe recordar que el proyecto de C5I que pretende instalar un sistema de videovigilancia de última generación en toda la entidad, además de una serie de programas adyacentes, fue propuesto por el Poder Ejecutivo como un proyecto APP, pero tras una serie de complicaciones tuvo que reestructurarse y se determinó un contrato plurianual, el cual fue avalado por el Congreso del Estado de mayoría panista, en una sesión cubierta por protestas de integrantes de Mexicali Resiste y otros colectivos, quienes rechazan el proyecto al considerarlo un desfalco a las arcas estatales.
