La amenaza

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Edición Impresa Lunes, 16 Julio, 2018 01:27 PM

Una mente criminal, aunque no necesariamente del crimen organizado, envió al secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Sosa Olachea, lo que a simple vista eran dos granadas de fragmentación, pero que al análisis de ojos expertos, resultaron manipuladas. Ninguna de las dos tenía la capacidad para explotar. En el dron donde colgaron los artefactos apócrifos, iba también un mensaje e imágenes de la familia del funcionario. Aunque Sosa asume se trata de una amenaza de los cárteles de la droga, la PEP que él coordina manipuló la evidencia, afectando la investigación

 

Gerardo Sosa Olachea dice que nunca, desde que tomó posesión como secretario de Seguridad Pública del Estado de Baja California, lo habían amenazado.

El 10 de julio de 2018, sin más preámbulo y utilizando un dron, alguien sobrevoló el espacio aéreo de la residencia de Sosa en Tecate, e hizo descender el artefacto ahí mismo. Pegadas iban las que parecían ser dos granadas de fragmentación. Aunque inicialmente lo consideró un atentado, el caso terminó en una amenaza. En el dron había un mensaje con imágenes de cercanos al funcionario estatal.

Quienes llevaron a cabo la hazaña de descender un dron en la casa de Sosa, quizá sabían que su acto no tendría consecuencias. Ni tratándose de uno de los suyos, en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) que titula, han realizado un trabajo pericial eficiente para dar con los responsables. De hecho, del Gobierno del Estado  ni siquiera emitió un posicionamiento público al respecto.

A lo más que llegaron fue a un boletín enviado desde la SSPE, donde Sosa Olachea reitera: “No se bajará la guardia y redoblaremos esfuerzos coordinados con los tres niveles de gobierno para capturar a los delincuentes que intentan actuar por encima de la Ley y afectar la tranquilidad de las comunidades”.

En el ámbito judicial, abogados consultados por ZETA informaron que en el remoto caso que los autores materiales e intelectuales sean encontrados y detenidos, solo podrían ser acusados de tres delitos “no graves”: posesión de armas, portación de armas y amenazas. Por ello quedarían libres y en el mejor de los casos, “bajo proceso”.

En estas condiciones, para algunos de los integrantes del Grupo Coordinación, este operativo criminal resultó extraño. Primero porque Sosa ha dicho una y otra vez que no perseguirá a los narcotraficantes ni a los líderes de cárteles; y segundo, porque en fechas recientes la SSPE no ha reportado ningún decomiso o captura destacada, o de cantidad que despierte el ánimo de venganza por parte de narcotraficantes o criminales organizados.

 

LAS HIPÓTESIS

Aunque las líneas de investigación son pocas, porque tanto el secretario como la Policía Estatal Preventiva (PEP), que son los primeros respondientes, parecen haberse esforzado en aportar la menor cantidad de elementos posibles a la carpeta de investigación, las hipótesis respecto a quiénes y por qué habrían lanzado la amenaza al secretario son variadas:

Policías estatales preventivos sirviendo al narco. A través de mantas y denuncias anónimas enviadas a las corporaciones y medios de comunicación, se ha acusado a elementos de la SSPE de participar en robos de droga, privaciones de la libertad contra delincuentes de un cártel para entregarlos a otro, incluso de asesinar para los mafiosos. La advertencia en este caso para Sosa sería para que controlara a su personal. Incluso, policías podrían haber participado en el operativo criminal, para amedrentar a su superior.

Criminales de Tecate. En el municipio gobernado por Nereida Fuentes, el crimen organizado y el narcotráfico han asentado sus reales. Cometen ilícitos que van desde el tráfico de personas y de droga, la siembra y producción de sustancias ilícitas, y el narcomenudeo, lo cual resulta en asesinatos e inseguridad en el Pueblo Mágico.

Ningún mando superior de seguridad había residido en Tecate. Generalmente el procurador o el secretario de Seguridad, vivían en Mexicali o Tijuana. Sosa Olachea es el primero en residir de tiempo completo en ese municipio, por lo cual la advertencia habría sido para promover su salida de Tecate. Lo cual se sabe ya ha iniciado, por lo menos en lo que respecta a la familia.

Alejado el secretario de Seguridad de la zona, habría menos vigilancia para la comisión de delitos.

3.- Decomisos y combate activo a huachicoleros. Aun cuando de acuerdo a los Informes Policiales Homologados (IPH) remitidos a la Procuraduría General de la República (PGR) en el decomiso de combustible y el combate a huachicoleros, los operativos han sido promovidos y encabezados por el Ejército Mexicano destacado en la zona, y que Tecate ha sido epicentro de este ilícito, entrevistado por ZETA la mañana de los hechos, Sosa Olachea expuso como principal razón para el ataque en su contra, los resultados en aseguramientos y decomisos de la PEP, por lo menos los oficiales, aunque no necesariamente sean realizados por esa corporación.

4.- Narcomenudistas. El 5 de julio, en uno de los puentes de Tecate, criminales colgaron una narcomanta reclamando la destrucción de un laboratorio en Cerro Azul, ocurrido en la última semana de marzo; como parte de ese operativo fueron detenidos Jonathan “N” y Germán “N”.

En el texto, los delincuentes culpaban del operativo al comandante de la Policía, Edgar Ramos, a quien un día antes -4 de julio- intentaron matar a balazos.

Sin embargo, la propia SSPE se encargó de informar hace tres meses que el aseguramiento reclamado en la manta fue encabezado por la PEP, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De hecho, Sosa reiteró a este Semanario que habían participado en por lo menos la destrucción de dos laboratorios, lo cual podría ser el origen de la amenaza.

Días después, el 11 de julio y en un boletín oficial, informó que desde su llegada entre octubre de 2017 y junio de 2018, su corporación ha detenido a mil 197 personas y desarticulado 66 bandas; también han asegurado 18 toneladas y 711 kilos de diversas drogas, 289 armas y 5 mil 878 cartuchos; localizaron un narco túnel y destruyeron nueve plantíos de marihuana, además de tres narcolaboratorios.

5.- Cárteles de la droga. De hecho son los primeros sospechosos de Sosa Olachea de manejar a remoto el dron y dejar las dos granadas en su patio. En entrevista, prefirió omitir el nombre del cártel, del cual dijo, “tengo mis sospechas”, para “no alertarlos de que ya los estoy investigando”. En Baja California tres son los cárteles de la droga que pelean por el territorio: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa y Cártel Arellano Félix (CAF). Sin embargo, también lo ha dicho el secretario: no persigue a ninguno.

 

SOSA RESPONSABILIZA A NARCOTRAFICANTES
Entrevistado por ZETA vía telefónica el día de los hechos, Gerardo Sosa Olachea comentó que estaba a punto de subir a su automóvil para acudir a una reunión en Tijuana con la cónsul de Estados Unidos, Sue Saarnio, cuando un dron con dos granadas cayó en su patio.

Detalló que el aparato sería revisado por la Policía Cibernética de la SSPE ,en un intento por conocer el origen del mismo y la ruta que siguió hasta llegar al espacio aéreo de su casa.  Las granadas habían sido entregadas a elementos de la Sedena para su análisis.

El resto de las autoridades consultadas por ZETA, también responsabilizaron a los miembros del crimen organizado. Aunque suponen que los perpetradores ocupan un nivel bajo en el organigrama.

Investigadores reiteraron que en Tecate solo existe una célula criminal “en control, pero se han pasado de un cártel a otro según les convenga, actualmente están con el Cártel Jalisco”.

De acuerdo a información de las áreas de inteligencia de los grupos coordinados,

En Tijuana, 8 policías municipales

asesinados en 19 meses

La noche del 9 de julio, el oficial Edgar Ríos Verdugo se convirtió en el policía municipal número 8 en ser asesinado en los 19 meses que han transcurrido del trienio del alcalde Juan Manuel Gastélum en Tijuana.

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Lo mataron cuando estaba de vacaciones, mientras atendía una tienda de abarrotes de su propiedad en  las calles 16 de Septiembre y 5 de Mayo, Colonia 10 de Mayo, en la delegación Mesa de Otay.

En el local tenía un mini-casino y la ubicación estaba detectada por áreas de inteligencia del Grupo Coordinación como punto de venta de drogas. “De hecho ya se habían hecho capturas recientes, pero no sabíamos que el negocio era de un policía”, explicó un agente activo.

Alrededor de las 10:30 pm del lunes, tres hombres llegaron a los abarrotes y reclamaron al policía y a otros cuatro presentes “dónde están los globos” nombre con que identifican las dosis de “cristal”.

Después empezaron a gritar y a disparar, tres hombres quedaron muertos en la escena. Uno fue el agente Ríos, quien de acuerdo a declaraciones del secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Sotomayor, “a la fecha Verdugo no contaba con antecedentes negativos”. Otro de los fallecidos fue Luis Fernando Campos Ruiz, con antecedentes por robo y lesiones en 2013. Del tercero no proporcionaron información.

Como parte del operativo para encontrar a los matones, la Policía Municipal reportó la captura de un presunto responsable, José Francisco Calderón Alvarado, de 34 años de edad, quien cuenta con antecedentes delictivos, una orden de aprehensión cumplida por portación de arma en 2004, otra similar en 2011; una averiguación previa por tentativa de robo en 2004, robo con violencia en 2011 y robo con violencia a transporte público en el mismo año.  Los primeros indicios y testimonios revelan que los atacantes viven y delinquen habitualmente en la delegación Los Pinos.

En lo que va de la presente administración municipal en Tijuana, las estadísticas muestran que ocho policías han sido asesinados, cinco en servicio y tres fuera de servicio.

Desde la primera semana de julio, ZETA solicitó a la secretaria de seguridad las cifras de policías asesinados, la petición se atendió el día 12 con información errónea.

El documento se lee que en el año 2017, 21 uniformados locales fueron asesinados: cinco en servicio y 16 fuera de servicio. Mientras que en 2018 el registro indicaba, cuatro policías victimados, todos fuera de servicio. Pero contrario a lo informado inicialmente, esta semana corrigieron y detallaron que estas cifras se refieren a todos los policías muertos por diferentes causas, de los cuales ocho corresponden a ejecuciones en ataques criminales.

el control delictivo de ese municipio lo tiene desde el punto de vista operativo Alfonso Trapero y lo ejecuta a través de los hermanos Giovani e Isaac Ortiz, quienes tienen bajo su control tres células identificadas como Los Enfermos, Los Hemanos Valdez y La Bondad.

 

IMÁGENES DE LA FAMILIA

La advertencia llegó por aire, y aterrizó en el patio de su casa, la Quinta María Luisa, en la colonia Los Laureles, ubicación conocida por la comunidad tecatense.

Los delincuentes enviaron al domicilio del funcionario un dron negro equipado con cámara de video y sonido, con seis motores y coloridas hélices (dos rojas, dos verdes). Le ataron con cinta adhesiva gris dos granadas de ornato, y hoja o cartulinas con fotos de mujeres de su familia, imágenes que las damas han publicado en sus cuentas de Facebook, y que meses atrás se hicieron públicas a través de un narcoblog.

La existencia de este material fue excluido de los reportes oficiales, sin embargo, fue confirmada por autoridades que intervinieron en el operativo.

La versión oficial documentada, indica que un policía estatal que cumple funciones de seguridad en la casa del secretario hizo la llamada de denuncia a las 7:40am del 10 de julio; quienes respondieron fueron otros elementos de la PEP, corporación que depende de la SSPE encabezada por Sosa.

Tardaron diez minutos en llegar, a las 7:50 am informaron por la frecuencia del C4, que en el patio localizaron el aparato con dos granadas de fragmentación verdes y solicitaron la presencia de elementos de la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar).

Luego, a través del IPH reportaron que un elemento de la Sedena desactivó las granadas de mano que les informó eran modelo M67 y MKII, aunque no informan dónde lo hicieron.

Más adelante refieren que peritos y policías ministeriales de la PGJE llegaron la escena- el patio dela casa de Sosa-, pero no reportaron haber ejecutado algún procedimiento.

Del “levantamiento” de las granadas por parte de los soldados, se dio “después” de las actividades antes mencionadas.

Aunque la PEP no tiene ni formación, ni capacidades periciales o ministeriales, el IPH señala que ellos se hicieron cargo del “levantamiento” del dron.

De hecho, el aparato y “posibles mensajes”, así como el material con las imágenes de la familia del secretario, “fue reservado por la PEP”, de acuerdo a versiones de las corporaciones que participaron en el aseguramiento y revisión de la escena del crimen.

Homicidios y cabecillas del narco,  impunes

Respecto a la violencia que prevalece en Tijuana, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor, reconoció que durante su gestión, no ha podido resolver lo relacionado con homicidios, en gran parte debido a “la ausencia del combate a las cabezas que controlan los tres grupos criminales que tienen presencia en Baja California”, ya que desde el Gobierno Federal no se ha instrumentado una estrategia para atacar a esos cabecillas que tienen que ver con los cárteles Arellano Félix, De Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Argumentó que se trata de “una falta del Gobierno de la República”, aunque también reconoció que el Ejército ha sido el “principal aliado” de la Policía de Tijuana, ya que los han apoyado en las operaciones que llevan a cabo.

“Es gracias a eso que también no hemos tenido más eventos en los que desafortunadamente pierda la vida un compañero policía, y si no fuera por el Ejército, estos resultados que estamos presentando no serían posibles; sin embargo, hablo más a nivel nacional, de una estrategia que desafortunadamente no se ha dado. Tampoco se trata de culpar a otros gobiernos, tampoco nos vamos a detener a pensar en ello, porque estamos trabajando en lo que nos corresponde como Policía de Tijuana”, justificó.

En cuanto a los resultados, señaló que los delitos del fuero común que registraron reducción entre enero y mayo de 2018, fueron robo a casa habitación (36% por ciento), seguido por una baja del 18% en robo a comercio y robo de vehículo, y -16% en robo con violencia.

Entre otras acciones, Sotomayor destacó la detención de 185 homicidas, el decomiso de mil 430 armas de fuego, el arresto de mil 048 personas en posesión de armamento y el aseguramiento de seis toneladas 808 kilogramos y 15 mil 633 envoltorios con marihuana.

Además de 218 kilogramos y 87 mil 291 dosis de la droga conocida como “cristal”, 21 kilos y 356 envoltorios con cocaína, once kilos y 9 mil 597 dosis de heroína, y la captura de 4 mil 445 personas por delitos contra la salud.

LAS GRANADAS NUNCA IBAN A EXPLOTAR

De acuerdo al protocolo, ante la visualización de las granadas el primer respondiente debe acordonar la escena y llamar inmediatamente a la Sedena, pues son los únicos facultados para emitir un dictamen a través de sus peritos en materiales de guerra, y para desarmar los artefactos. No existe plazo, pero el Ejército tarda de 24 horas a una semana en entregar los dictámenes.

En cuanto a la peligrosidad de los artefactos, ZETA fue informado que una de las “granadas” había sido manipulada, que no estallaría, había sido vaciada y tenía el seguro puesto, envuelta en cinta; la otra era un cascajo de manufactura china, un artefacto “inerte” utilizado en prácticas de adiestramiento que tiene el peso real de una granada, pero sin carga explosiva.

Respecto a las características de la granada manipulada -sin posibilidad de estallar-, refirieron que era la M-KII, la cual tiene un radio de acción de 10 metros, hasta después de 25 metros deja de causar daños. Pero el perpetrador debe estar en el lugar para quitarle la espoleta y activarla.

“Por eso tratar de configurar el delito de atentado resultaría muy difícil, en casos como este se habla de `delitos imposibles’, porque la vida del secretario o de los ocupantes de la casa no estuvo en peligro por las granadas”, comentó un abogado.

Además, la carpeta que integra la Procuraduría General de la República tiene pocas posibilidades de avanzar, debido a que las autoridades que intervinieron en el operativo manipularon los elementos de prueba. La SSPE retuvo los mensajes visuales y escritos encontrados en la escena, y dejaron que la PEP realizara trabajos de investigación que le están reservado al Ministerio Público.

Como no trabajaron conforme a los protocolos y tardaron en ponerse de acuerdo, pasaron alrededor de 36 horas, entre el momento en que la amenaza se denunció y el tiempo en que el informe se remitió a la fiscalía federal.

Atacan a balazos a otro agente en Ensenada

Pasadas las siete de la mañana dl jueves 12 de julio, el policía ministerial Raimundo Muñoz Villalobos fue baleado en más de diez ocasiones, cuando salía de su domicilio en calles Francisco Ulloa y Diamante del fraccionamiento Buenaventura en Ensenada.

La zona fue acordonada una cuadra a la redonda, por las calles San Marcos, San Telmo y Francisco Ulloa, mientras que por lo menos cuatro agentes municipales y cinco ministeriales se encontraban fuertemente armados. En la escena del crimen, los peritos marcaron 29 evidencias, y testigos aseguraron haber escuchado unas veinte detonaciones.

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De acuerdo con testigos, los agresores fueron tres hombres que viajaban a bordo de un pick-up color blanco, al parecer de reciente modelo. La unidad Ford F-150 fue localizada por las autoridades luego que los matones la abandonaron en el entronque de las calles 16 de Septiembre y Pípila.

Al cierre de edición, el oficial conocido como “El Rayo”, adscrito al Grupo de Investigación de Unidades Foráneas, se debatía entre la vida y la muerte en la clínica del ISSSTECALI. El personal médico que lo recibió, informó que Muñoz presentaba lesiones en costado izquierdo y tenía problemas respiratorios, por lo que podría tener lesión en pulmones.

Ante la posibilidad de un segundo ataque, un centenar de agentes ministeriales junto con Policía Municipal y Ejército Mexicano, custodian todo el perímetro del hospital.

Los ataques contra policías no cesan en Ensenada. Apenas el 1 de junio, el jefe del Área Técnica e Investigaciones en Ensenada, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Francisco Ibarra González, de 38 años de edad, fue ultimado a balazos fuera de su domicilio en el fraccionamiento de interés social Villas del Real VI, al sur de la ciudad, cerca del Ex Ejido Chapultepec. En esa ocasión tampoco hubo detenidos.

Como tampoco han capturado a los responsables de haber disparado en contra del comandante de la estación Oriente, Pablo Granados González, el 29 de abril de 2018. También lo balearon fuera de su domicilio en la colonia Benito Juárez, cuando se dirigía a su jornada laboral. Sigue hospitalizado.

Semana sangrienta en Tijuana; 93 crímenes durante julio

 En los últimos siete días, 65 personas fueron privadas de la vida en hechos distintos en Tijuana, convirtiéndose en uno de los inicios de mes más sangrientos. En el transcurso de 2018, la estadística se engrosa a mil 277 homicidios dolosos. El narcomenudeo sigue figurando entre las principales causas de muerte violenta.

Aquí la relación de homicidios del viernes 6 al jueves 12 de julio.

Viernes 6. En Nuevo Milenio, un masculino fue asesinado de un tiro. En la colonia Obrera segunda sección, Roberto Alvarado López, de 23 años de edad,  recibió un balazo en la cabeza. En el Hospital General falleció Javier Pastor del Río Vázquez, previamente herido en la Obrera. En la Clínica 1 del IMSS falleció Miguel Ángel Roblero Cifuentes, baleado en tórax y extremidades inferiores. Entre  Lomas del Mar y Real del Mar, se localizó un vehículo calcinado y a un costado el cadáver de un hombre de entre 35 y 40 años. Una cabeza humana fue hallada en la canalización cerca del Hospital General. En el Ejido Francisco Villa fue acribillado Jorge Mauricio Ortiz Herrera, de 30 años. En el Ejido Rojo Gómez, Juan Noel Fonseca Panduro, de 45 años, recibió un tiro en el rostro. Y en un comercio de la Zona Norte, en la cajuela de un automóvil Nissan Altima de color blanco, con placas del Estado de Massachusetts, Estados Unidos, fue encontrado otro cadáver.

Sábado 7. En Baja Maq, en El Águila fue asesinada una mujer de un tiro en la nariz.  El cadáver de un masculino, de entre 40 y 45 años, fue hallado en el Ejido Matamoros. En la canalización, a la altura del puente “Abelardo L. Rodríguez”, se encontró el cuerpo de un masculino de entre 45 y 50 años. En un domicilio en Granjas Familiares fue asesinado con arma prohibida Plácido Rivera Toral, de 47 años. En un baldío localizado a la altura de la Pista Autódromo, se dio el hallazgo de un masculino de entre 35 y 40 años, sin vida. Miguel Ángel Rosas Ramírez, de 17 años, fue lesionado por arma de fuego y posteriormente murió en la Clínica 1 del IMSS. En Guaycura fue ubicado el cadáver de un masculino de entre 40 y 45 años. Mientras que en Patria Nueva fue privado de la vida otro hombre.

Domingo 8. En Cumbres del Rubí, un sujeto fue asesinado de un tiro en pectoral. En la colonia Unión, un hombre fue encontrado sin vida. En una casa abandonada en Mariano Matamoros se localizó un cadáver putrefacto. En el fraccionamiento Sonora fue abandonado un taxi libre con dos cadáveres que oscilaban entre 50 y 55 años. Yanira Esther Fonseca Mendoza “Yenni Tirada”, de 36 años,  fue asesinada de un disparo en la cabeza en la colonia Nueva Esperanza.

Lunes 9. Una mujer fue asesinada en el Ejido Matamoros. En Villa del Prado II fue localizado el cuerpo putrefacto de un masculino. En  Mariano Matamoros, una pareja fue atacada a balazos cuando iban a bordo de un taxi libre. Sergio Delgado Franco, de 48 años, fue asesinado a tiros en Infonavit Presidentes.  Yami González Sosa, de 40 años, fue ultimado en Paseo de la Montaña. Y un cadáver envuelto en plástico fue dejado en el fraccionamiento Soler.

Martes 10. En el Ejido Ojo de Agua fueron localizados dos cuerpos maniatados, envueltos en cobijas. Candelario Altamirano, de 47 años y Luis Fernando Camacho Ruiz, fallecieron en el Hospital General tras balas recibidas. En Campestre Murúa, David Josué Martínez Ocaño fue ultimado mientras circulaba en una motocicleta. En Mineral de Santa Fe, fue abandonada una caja con el cuerpo de un varón de entre 30 y 35 años. Otro varón fue asesinado en Villas de Baja California y, en Terrazas del  Valle, uno más fue acribillado. En Lázaro Cárdenas fue encontrado muerto un joven de alrededor de 25 años.

Miércoles 11. En Villa del Álamo fue encontrada una maleta con un cadáver en su interior. En la Miramar se localizó el cuerpo de un masculino, al parecer estrangulado, en tanto que Juan Carlos García Segundo fue asesinado en la 3 de Octubre.

Jueves 12. En Barcelona Residencial fue hallado un cuerpo de entre 40 y 45 años, con lesiones en cabeza y manos. En la Chilpancingo mataron a un masculino de entre 40 y 45 años. En la Cuauhtémoc, un desconocido fue encontrado muerto con heridas en el rostro. En una tienda de abarrotes en la Zona Norte fue asesinado un hombre y, en el Módulo 4 de Otay, se registró un doble homicidio.

Hasta el cierre de esta edición, jueves 12 de julio, Baja California contabiliza mil 568 ejecuciones a lo largo del año.

Aparece empresario privado de la libertad

H. Ávila es un varón de 38 años de edad, integrante de una familia que transporta, exporta, importa y vende frutas, con oficinas en el Mercado Hidalgo de Tijuana; fue privado de la libertad la mañana del miércoles 11 de julio, en medio de un aparatoso operativo criminal, y un día después, se presentó en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para pedir que le entregaran su visa para cruzar a Estados Unidos. Testigos del delito informaron que por lo menos diez hombres a bordo de una van blanca y una vagoneta verde, participaron en la privación ejecutada en la colonia Pórticos de San Antonio en Tijuana. Explicaron que mientras la víctima circulaba por la Avenida Estrella del Pacífico lo atacaron a balazos, lo persiguieron y provocaron que se volcara, para después sacarlos con violencia del auto siniestrado y llevárselo. Como respuesta a la denuncia hecha
por uno de los testigos del hecho, la Policía encontró la camioneta blanca en el estacionamiento de Plaza San Antonio, sobre Bulevar El Rosario, y buscaron sin éxito el auto verde que se había internado en Pórticos. Pasado el mediodía del jueves 12 de julio, la víctima, acompañado de un abogado, se presentó en la fiscalía estatal, con la intención de recuperar sus pertenencias que se habían quedado en el auto del que lo sacaron por la fuerza, y que la PGJE había recogido. Los investigadores lo entrevistaron por el delito cometido en su contra, pero no estuvo dispuesto a cooperar, pese a que el auto en el que lo atacaron estaba registrado a nombre de uno de sus familiares. Dijo desconocer quién era el propietario, ni cómo ni cuándo lo liberaron; solo supone que los delincuentes que lo atacaron, “se equivocaron”.

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