Estado, responsable de derrumbes

Fotos: Ramón T. Blanco Villalón
 
Edición Impresa Lunes, 23 Julio, 2018 01:00 PM

Debido a que a través de los años se han autorizado los asentamientos irregulares y permitido la urbanización en zonas de riesgo, directores de Protección Civil Municipal y Estatal, así como especialistas en geotécnica, coinciden que el Estado es el principal responsable de los derrumbes que se han venido presentando, y que estos no son consecuencia de las lluvias. Urgen a regular y generar un reglamento que prohíba la edificación de vivienda en estas zonas y que no se apruebe seguir agregando infraestructura donde ya habitan personas. De lo contrario, advierten, podría ser fatal en un tiempo no muy lejano

 

Para las autoridades de Protección Civil Municipal y Estatal, y especialistas en ingeniería estructuralista y geotécnica consultados por ZETA, el principal responsable que en Tijuana se estén presentando derrumbes, es el Estado. Reiteran: los movimientos de tierra no son causados por lluvias o cuestiones geológicas.

Impulsados por motivos políticos, fines lucrativos, acuerdos entre involucrados o irresponsabilidad de las partes, a través de los años y diversas administraciones estatales, han permitido la regularización y urbanización de predios inhabitables. Particularmente los que se ubican en laderas y taludes, zonas consideradas de alto riesgo por la condición del terreno irregular y sísmico. Ahí la intervención del ser humano al excavar para brindar los servicios básicos, construir casas y la deficiente planeación urbana, potencializan el riesgo.

Eso fue lo que sucedió el sábado 14 de julio en la calle Literatos de la colonia Reforma en la delegación Sánchez Taboada, cuando se colapsaron nueve casas y 24 están en riesgo de ser sepultadas.

En esa zona, aseguraron los expertos, se presentarán más derrumbes, pues ni ahora ni hace 40 años, cuando se asentaron, existían las garantías para la urbanización en esos terrenos.

En riesgo de colapsar también se encuentran otras lomas de Tijuana ubicadas en los siguientes puntos:

* Playas de Tijuana

* La Presa

* Libramiento Poniente

* Gran Tenochtitlán

* Aguaje de la Tuna

* Lomas Taurinas

* Los Cañones El Salado, Guadalajara, Las Palmeras, Pastejé, K, Johnson, entre otros.

Por ello, para los expertos de Protección Civil, el Estado debe empezar a reglamentar en conjunto con el Municipio, mediante una moratoria con reglas que impidan regularizar asentamientos en laderas y la ampliación de obras en terrenos y casas donde ya existe un riesgo latente.

 

65 PERSONAS AFECTADAS EN LA COLONIA REFORMA

El viernes 13 de julio, alrededor del mediodía, vecinos de la calle Literatos de la colonia Reforma escucharon ruidos y sintieron movimientos de tierra. De inmediato salieron a la calle para ver qué era lo que estaba pasando y descubrieron que algunas de las casas comenzaron a presentar cuarteaduras.

A las cuatro de la tarde la situación empeoró y comenzaron a desalojar rápidamente cada una de las viviendas. Personal de Protección Civil arribó al sitio y etiquetó nueve casas en rojo ante el peligro latente de colapso. Con la ayuda de los demás habitantes, las familias afectadas –34 adultos y 31 menores de edad- lograron salir y sacar sus pertenencias.

Marcelo, uno de los vecinos que ayudó en el desalojo, detalló que para el sábado 14 de julio por la tarde, las nueve casas que habían sido etiquetadas en rojo colapsaron y generaron grandes cuarteaduras en la parte inferior de la ladera, donde otras 24 viviendas quedaron en riesgo de ser sepultadas.

A mitad de la calle se generó un socavón que vecinos atribuyen a una fuga de agua que durante mucho tiempo hubo en el lugar, la cual fue reparada por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), aunque para ellos el daño “ya había sido inminente”.

Rito Portugal, director de Protección Civil Municipal, informó que los movimientos de tierra se habían presentado 15 días antes del derrumbe, sin embargo, los vecinos no lo habían informado “por temor” a que los desalojaran.

 

CEDHBC abrió expediente y exige medidas cautelares al Ayuntamiento

El viernes 13 de julio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) abrió el expediente 702/18, en el que se exige al alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, aplicar medidas cautelares para los afectados.

En el expediente se pide que “gire instrucciones a fin de que se implementen las acciones necesarias para salvaguardar la vida, integridad y seguridad personal de los afectados, la propiedad privada, la infraestructura, el equipamiento urbano, ante la posibilidad de un desastre producido por causas de origen natural o humano”.

Asimismo, dictar “… sus amables instrucciones para que se revisen, inspeccionen y valoren los riesgos y daños, a fin de que se aprueben todas las medidas necesarias para disminuir el impacto, incluida la reubicación de personas y el retorno de las condiciones de seguridad”.

 

EN INCREMENTO LOS DERRUMBES EN LA CIUDAD

Antonio Rosquillas, director de Protección Civil Estatal, señaló que de 20 años a la fecha los derrumbes en la ciudad han incrementado -alrededor de 80 durante este periodo- y ven “un problema preocupante” vinculado a que la lluvia no ha sido factor para que se presenten, como se había observado en otras temporadas.

Atribuye las catástrofes a una situación de invasión y urbanización de laderas y taludes, donde se ha roto el equilibrio natural que tenían y se ha potencializado el riesgo que por la misma fuerza de gravedad, “se rompa y se caiga”.

Como en la colonia Reforma, donde las casas estaban pegadas al ras del talud y en un suelo “muy débil y poco compacto”, el cual colapsó debido al peso de las construcciones.

Especialistas coinciden que uno de los problemas que ha detonado los derrumbes, son los asentamientos irregulares, las invasiones de predios no aptos para el desarrollo urbano y que posteriormente son regularizados por el gobierno.

Es así como consideran “responsable” de la situación al propio Estado, al brindar servicios a sabiendas que eran terrenos inhabitables o de alto riesgo para los habitantes, además, no realizaron una supervisión posterior, lo cual le finca doble responsabilidad junto con la que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) del Municipio.

 

CINCO DERRUMBES EN LO QUE VA DE LA ADMINISTRACIÓN DE “EL PATAS”

El primero fue en enero de 2017 en Camino Verde. Una ladera se deslizó paulatinamente hasta generar el daño; el segundo en febrero del mismo año y en Valle Sur, donde 18 casas que “habían sido muy bien construidas” se vinieron abajo por “fallas” en el terreno; el tercero en diciembre, en la colonia Anexa del Río, donde se afectaron nueve viviendas debido a un hundimiento de tierra.

El cuarto, durante 2018 en Lomas del Rubí, donde se presentaron movimientos de tierra inicialmente el 19 de enero, pero hasta el 2 de febrero colapsó una parte y, el 19 de abril, se vino abajo otra, quedando 161 casas dañadas; el quinto y más reciente, el de la colonia Reforma.

Todos, ejemplos para Rito Portugal de “cómo en algunas partes el terreno se mueve de forma muy rápida y en otras de manera muy pausada, en unos son derrumbes y en otros hundimientos”, derivado de los diferentes tipos de terrenos que tiene la ciudad y que se ven más vulnerados en unas partes que en otras.

 

URGENTE, UNA MORATORIA PARA PROHIBIR LA URBANIZACIÓN EN LADERAS

Considerando que estos derrumbes seguirán presentándose y cada vez de forma más recurrente, Rito Portugal y Antonio Rosquillas concluyen que es urgente que el Estado y el Municipio planteen medidas para el ordenamiento territorial y autorización de asentamientos humanos, porque son los que directamente tienen que velar por la seguridad de los ciudadanos.

A estas alturas, opinan, ya debería existir una moratoria en la que se estipule que no se deben autorizar asentamientos en ninguna ladera de la zona urbana de Tijuana, independientemente que se genere protesta social o inconformidad de los desarrolladores.

Aunado a que el Municipio debe  regular los asentamientos que ya existen en estas laderas, especialmente aquellas detectadas como críticas.

Por lo pronto, desde Protección Civil pidieron tanto a la CESPT como a la Comisión Federal de Electricidad, consultarles antes de autorizar la solicitud de un servicio. De lo contrario, como resaltó Antonio Rosquillas, “si no se empieza por estas casas, y si se llegara a presentar un terremoto de gran magnitud en estas circunstancias, el resultado podría ser fatal”.

 

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