Cuando pasaron de 3 mil desapariciones forzadas, dejaron de contar

Foto: Cristian Torres
 
Edición Impresa Lunes, 16 Julio, 2018 01:00 PM

Miguel García Leyva, activista en búsqueda y registro de desaparecidos en Baja California, explica lo complicado que es documentar los casos, de cómo han incrementado y el problema para identificar a los muertos. Cada año, 250 cuerpos son enviados a la fosa común n Mexicali, mientras la PGJE reporta alrededor de 700 personas desaparecidas o no localizadas. Violencia continúa y los casos se van acumulando

Ángel García Sotelo era un taxista de 43 años de edad. Vivía en la Avenida Tehuantepec en la colonia González Ortega, y la mañana del 20 de febrero de 2018, dejó de contestar el teléfono celular, justo después de reportarse con amigo antes de ir a trabajar.

Su pareja sentimental, Carmen Bibier Montoya, no vivía en la misma casa y, aunque se visitaban casi diario, no habían contactado desde el día 19 del mismo mes. Según su testimonio, no había indicios de que Ángel tuviera algún problema.

“No lo noté raro ni nada, lo único es que tenía tiempo que quería sacar a un inquilino de su casa, el cual tenía tiempo que le había dicho que ocupaba la casa y no se salía”, narró la mujer.

Al parecer, desde octubre de 2017 Ángel le había pedido que dejara la casa, pero no había podido obligarlo a salir del domicilio. Fue hasta febrero, cuando García desapareció, que el inquilino finalmente abandonó la vivienda.

Carmen Bibier acudió al domicilio el 23 de febrero para buscar a su pareja, sin embargo, la vivienda se encontraba cerrada. Tampoco estaba el taxi de Ángel, por lo que empezó a preocuparse, incluso uno de sus amigos le marcó para saber si conocía su paradero.

Fue hasta el 24 de febrero que presentó la denuncia como persona desaparecida.

“La Procuraduría nunca acudió a la casa a buscarlo”, refirió Carmen.

En el domicilio de Ángel había dos perros, ella acudía a la casa para alimentarlos pero solo hasta el patio, pues agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) le indicaron que no podía entrar a la casa porque podía contaminar la escena.

El 4 de abril, cuando acudió al domicilio como cada día para alimentar a los perros, se percató que alguien había entrado a robar y, asustada, habló con los agentes, quienes le indicaron llamar al 911.

Elementos de la Policía Municipal acudieron a revisar, pero al no encontrar a nadie en el interior de la vivienda, se retiraron. Carmen decidió quedarse en el domicilio; ahí observó que la tierra del patio se encontraba “diferente”.

Ante el descubrimiento de la mujer, finalmente agentes ministeriales decidieron realizar una búsqueda en el predio. Con la ayuda de un canino, localizaron un cuerpo.

En el Servicio Médico Forense (Semefo) informaron que la causa de muerte fue un golpe contuso en la cabeza, también, que debido al estado de descomposición del cuerpo, no se tomó como válida la identificación y tendrían que esperar a los resultados de las pruebas de ADN.

Foto: Cristian Torres.- Miguel Ángel García Leyva

Desde el 9 de abril, el cuerpo permanece en el Semefo, aún no han llegado los resultados que confirmen la identidad de Ángel García, pero su pareja dijo estar convencida que pertenece a él, ya que reconoció la ropa y media filiación. Incluso se manifestaron el primero de mayo para exigir a la PGJE entregar el cuerpo y poder enterrarlo, además de presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBC), desde donde giraron un oficio que no ha sido respondido por la dependencia estatal.

Las sospechas del asesinato de Ángel recaen en el inquilino aquel que no quería abandonar la propiedad, incluso el 24 de febrero le marcó a Carmen, le dijo que le quería entregar la llave a Ángel pero no lo había podido localizar, y le proporcionó su número telefónico para que lo pudiera contactar, pero al intentar llamarle, ya no contestó.

 

SIGUE LA VIOLENCIA

Para Miguel Ángel García Leyva, representante legal de la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas, el número de desaparecidos es cada vez más difícil de documentar, ya que las autoridades  piden a los familiares no hacer públicos sus casos, sobre todo aquellos relacionados con desapariciones forzadas.

“Las desapariciones forzadas han aumentado en Baja California, no cesan. Cuando vino el flujo de haitianos, documentamos siete casos de personas de origen haitiano, pero ellos venían en una situación muy especial, aparte de que cambiaban sus nombres, no traían identidad porque venían en una búsqueda de asilo político”, expuso.

En su opinión, el mayor incremento en desapariciones, se da en el caso de mujeres, especialmente en Mexicali y Tijuana, aunque prevalece el miedo de los familiares para denunciar oficialmente, y terminan no haciéndolo.

García Leyva informa que al llegar a los 3 mil desaparecidos, dejaron de contar los casos de desapariciones forzadas al considerar que ya era un número desproporcionado, además, la PGJE solo reconoce 28 casos, mientras que tan solo en el periodo de José Guadalupe Osuna Millán en el Gobierno del Estado (2007-2013), se documentaron 600 casos en conjunto con la PGJE, que en ese entonces administraba Rommel Moreno.

Miguel Ángel presentó otros casos que fueron documentados por la asociación, entre ellos el de José Antonio Soto Guerrero, quien acudió a un centro de rehabilitación en Mexicali, reportado desde 2014 según la misma PGJE, y apareció supuestamente en 2017. “Se tiene conocimiento que se encontraba en Nogales, Sonora, en otro centro, posteriormente se le vio en Cananea, pero no se tiene la certeza, hay muchos casos que nos dicen que vieron a la persona y resulta que no”, indicó.

Aparentemente el joven ha cambiado de nombre, aunque no se ha podido confirmar, incluso señalan que cuando se encontraba en Mexicali, era extorsionado por policías municipales, por lo que no descarta que pudiera ser víctima de desaparición forzada.

El representante de la asociación agregó que tuvieron otro caso de un joven desaparecido de un centro de rehabilitación en el Kilómetro 43, donde dos meses después fue localizado muerto. Las fechas coinciden con la desaparición y homicidio de Jesús Francisco Valderrama, caso en el que ocho agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) fueron encontrados culpables.

Otro de los casos documentados por la asociación, es el de Aida Calderón Robles, desaparecida el 8 de noviembre de 2017 de su domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas, con aparentes signos de violencia.

Según una declaración oficial de un pariente de la víctima, de la cual ZETA tiene copia, en la habitación de la cual desapareció la señora se encontraron cinchos de color blanco y cinta adhesiva, la puerta trasera fue violada, por lo que se presume hubo violencia.

Una de las versiones extraoficiales indica que su esposo, Jorge Alberto Contreras Mota, fue ejecutado en 2012, y desde entonces Aida mantenía una disputa con los hermanos de este, Julio y Arturo, por una herencia que se encontraba en litigio, incluso el primero había amenazado de muerte a la propia Aida.

 

HASTA 700 DESAPARECIDOS POR AÑO

Guillermo Antillón Jiménez, encargado de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No Localizadas, aseguró que mensualmente se presentan 50 denuncias sobre personas reportadas como desaparecidas; en lo que va del año se tienen 372 denuncias por localización, de las cuales 308 se han resuelto.

Foto: Cristian Torres.- Manifestacion en la PGJE

En promedio hay de 600 a 700 denuncias anuales de personas no localizadas, y, cuando una persona se localiza muerta, debe esperarse a que las prueba de genética confirme la identidad de la víctima para considerarla como localizada.

En cuanto al perfil de personas que desaparecen, el agente del Ministerio Público argumentó que la mayoría son mujeres jóvenes, adolescentes que se van del núcleo familiar principalmente por rebeldía; otro de los casos es cuando uno de los padres se lleva a los hijos sin informarle a la otra parte.

Asimismo, del  100 por ciento de desapariciones, entre el 3 y 5% pudieran estar relacionados a delincuencia organizada, lo que representa de 10 a 15 casos anuales, sin embargo, cuando desde el primer reporte se tienen datos de que pudieron ser privadas de su libertad, debe atender otra área diferente en la misma PGJE.

Antillón Jiménez mencionó que existe un gran número de personas que se localizan en otros estados del país, principalmente Jalisco Chiapas, Oaxaca, Sonora y Nayarit.

En cuanto al caso del taxista Ángel García Soto, informó que “tentativamente” se encuentra localizado, ya que el cadáver se encontró en su domicilio, pero está pendiente de confirmación por parte de genética. Resultados que suelen tomar de dos a tres meses, pues a pesar de la presunción de homicidio, se debe esperar a su reconocimiento, pero en este caso se tiene una importante línea de investigación.

En el caso de José Antonio Soto Romero, desaparecido en un centro de rehabilitación, explicó que la denuncia tenía cuatro años cuando se interpuso en 2014, sin embargo, se tuvo conocimiento de que la persona pudo estar en Cananea, Sonora, por  lo que se ha solicitado colaboración de las autoridades para la publicación de pesquisas en aquella localidad.

“Podríamos volver a impulsar esa búsqueda, pero como no se tiene información reciente de que la persona hubiera desaparecido en la ciudad, hablando de este asunto de José Antonio Soto Romero, lo que se tenía que hacer aquí en Mexicali se hizo”, justificó el titular de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No Localizadas de la PGJE.

Agregó que la familia no se ha acercado recientemente a las instalaciones de la procuraduría.

Por su parte, el jefe del Semefo en Mexicali, César Raúl González Vaca, señaló que anualmente 250 personas se van a fosa común, sin ser identificados. Aunque todo cadáver enviado tiene una carpeta básica que cuenta con fotografía, huellas y genética para una posible identificación posterior.

Este tipo de archivos se empezaron a elaborar en 2010, por lo que se cuenta con alrededor de 2 mil casos.

La procuradora de Justicia del Estado, Perla Ibarra Leyva, comentó que desde el año pasado, familiares de personas no localizadas solicitaron que la PGJE adquiriera un geo radar, y fue hasta principios de 2018 que se capacitó al personal en su uso, por lo que se tiene operando en la unidad. Otro elemento son los K9, con certificación internacional.

Además, a partir del 16 de enero entró en vigor la Ley Relativa a las Personas Desparecidas, por lo que se trabaja en conjunto con la Secretaria General de Gobierno para cumplir con una serie de lineamientos.

 

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