Mientras que autoridades penitenciarias extinguieron más de una decena de prisiones en el país durante 2018, la capacidad instalada aumentó y la sobrepoblación global disminuyó. Aún se registran altos índices de sobrepoblación focalizados sobre todo en los estados de México, Durango, Hidalgo y Morelos. Salieron de la lista de los penales más sobrepoblados -Ciudad de México y Sonora-. En Baja California, el Cereso de Tijuana presenta poco más del 20 por ciento de excedente de personas privadas de libertad
Publicidad
Aunque los problemas de autogobierno y -en menor grado- de sobrepoblación continúan en el sistema penitenciario nacional, durante el último semestre, por lo menos 16 prisiones cerraron sus puertas definitivamente en diversas entidades del país, principalmente en Nuevo León, Quintana Roo y Zacatecas.
El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRES), dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), recibió la notificación de los gobiernos estatales sobre el fin del funcionamiento de las referidas cárceles, en su mayoría administradas por autoridades municipales.
Trascendió que la finalización de actividades en las prisiones, se debió a una serie de recomendaciones realizadas por las Comisiones de Derechos Humanos, tanto estatales como la nacional, para tener mejores medidas de seguridad, control y trato digno a las personas privadas de la libertad.
Publicidad
Pese a ello, y aunque el fenómeno va a la baja, todavía se registra sobrepoblación en 114 de un total de 342 centros penitenciarios que quedan en el país, según las estadísticas de la dependencia federal hasta el último día de mayo, cuando se reportó una población penitenciaria global de 203 mil 364 internos internas, 94.7 por ciento del sexo masculino.
Por su parte, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2017, practicado en 198 de los establecimientos por visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que va desfasado un año atrás en su información sobre la capacidad de ocupación de los penales y su población, destaca el excedente de presos en las prisiones, que en gran número, presentan anomalías, falta de autoridad formal y funciones delegadas en los internos.
Entre las insuficiencias detectadas, se encuentran la separación entre procesados y sentenciados, deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios, cocina y comedores; poco personal de seguridad y custodia, hacinamiento, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo. Y como aspecto muy importante, las condiciones de autogobierno o gobierno compartido que privan en estos lugares.
PASAN A LA HISTORIA
A inicios del nuevo milenio, en México llegaron a existir 448 cárceles, y en 2014, casi 260 mil personas privadas de la libertad. En ese entonces, la capacidad para albergar a esa numerosa cantidad de recluidos era de poco más de 197 mil espacios. La sobrepoblación era brutal. Paulatinamente, el número de reclusos ha ido en descenso y las estancias se han incrementado hasta abatir la sobrepoblación global, no así la focalizada en ciertos estados y centros carcelarios.
Las políticas en la materia, que incluyen el cambio de sistema penal y la entrada en vigor de las reformas constitucionales relacionadas con derechos humanos, han motivado el cierre de gran cantidad de penales. Basta con señalar que al concluir 2017 se contaba con 358 establecimientos en los que se disponía de 212 mil 82 espacios para un total de 204 mil 617 privados de libertad.
Al concluir mayo de 2018, el número de prisiones decreció a 342 cárceles tras el cierre de 16 de esos recintos, aunque la capacidad aumentó a 215 mil 377 espacios y la población penitenciaria se redujo a 203 mil 364 prisioneros, por lo que -“en teoría”- ya no existe sobrepoblación, al disponerse de 12 mil 13 “vacantes”.
El 30 de mayo reciente, las autoridades penitenciarias del Gobierno del Estado de Nuevo León informaron a la Secretaría de Gobernación, a través del oficio AAP/NADH/645/2018, del cierre de once cárceles, entre municipales y distritales. Aunque algunas de esas instalaciones ahora serán utilizadas como centros para el cumplimiento de sanciones administrativas.
as prisiones neoleonesas que dejaron de funcionar como tales, son las ubicadas en las localidades de Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Linares, Cadereyta Jiménez, Montemorelos, San Pedro Garza García, Doctor Arroyo, Villaldama, Cerralvo, China y Galeana. En su mayoría, la Comisión de los Derechos Humanos había recomendado su cierre para dignificar las condiciones de las personas encarceladas y se promovió su traslado a centros estatales.
Las autoridades penitenciarias de Quintana Roo no se quedaron atrás y anunciaron medidas para promover mejores prácticas hacia la población privada de libertad. En mayo, fue cerrada en forma definitiva la Cárcel Municipal de Isla Mujeres y sus reclusos fueron enviados a otras prisiones de la entidad. Mientras que, en el Centro de Retención Municipal de Solidaridad (Playa del Carmen), se hicieron adecuaciones para pasar de 376 espacios a 405.
Por su parte, el Gobierno del Estado de Zacatecas también cerró dos penales, tal y como lo publicó en el Periódico Oficial del Estado el 2 de mayo de 2018 y se informó al OADPRES. Las autoridades dieron cuenta de los acuerdos administrativos, por medio de los cuales se decretó la extinción de los establecimientos penitenciarios distritales de Juchipila y Teúl de González Ortega.
SOBREPOBLACIÓN
La entrada en vigor del actual sistema de justicia penal -en su totalidad-, en junio de 2016, ha traído consigo el beneficio de reducir la población en muchos de los centros carcelarios del país, aunque su eficacia para impartir justicia siga quedando en tela de juicio. Las prisiones de Ciudad de México que en el pasado llegaron a albergar a más de 40 mil procesados y sentenciados, hoy están por mitad.
Increíblemente, en esos penales de la Capital del país, el mes de mayo último cerró con una población de 27 mil 243 personas privadas de la libertad, superado en número por los centros carcelarios del Estado de México, donde contrario a la tendencia nacional, cada vez crece el número de internos, que a la fecha suman 27 mil 520, casi 300 más que Ciudad de México.
Además del ex Distrito Federal, salió de la lista de los primeros siete lugares de sobrepoblación penitenciaria el Estado de Sonora, mientras que Durango y Tabasco, ocuparon tan deshonrosos sitios. Nayarit cedió el primer lugar al Estado de México que, en porcentaje, comparando el número de espacios contra la población existente, rebasa por mucho la habitabilidad de sus cárceles. Los estados que se mantienen en la lista, aunque con porcentajes menores que en tiempos recientes son, además de Nayarit, Hidalgo, Jalisco y Morelos.
De los 342 penales del país, la estadística más reciente destaca que en 114 existe sobrepoblación, siendo mayoría el número de privados de la libertad con situación jurídica mixta, o sea, que tienen procesos o condenas por imputárseles la comisión de delitos del fuero común y del fuero federal en 87 establecimientos; mientras que en 27 prisiones hay excedentes de internos acusados exclusivamente por delitos del fuero común.
La CNDH ha establecido que las condiciones de sobrepoblación, y peor aún, de hacinamiento, generan problemas que dificultan el funcionamiento adecuado de los centros penitenciarios, como son la presencia de áreas de privilegios, autogobierno, venta de drogas e introducción de armas y objetos prohibidos. Se alienta la comisión de homicidios, riñas, motines, desórdenes y abusos en general.
Las condiciones de sobrepoblación son aún más graves cuando se presentan en centros de reinserción femenil o mixtos con población femenina, donde en algunos casos las mujeres privadas de libertad conviven con sus hijos menores de tres años de edad. Tan solo en el DNSP 2017, se advirtió de la presencia de 444 niños que vivían en las prisiones mexicanas, hijos de 417 reclusas.
BAJA CALIFORNIA
En los últimos cuatro años, la capacidad ocupacional de los cinco centros penitenciarios de la entidad se mantiene intacta; sin embargo, la población ha disminuido, aunque en dos de las prisiones se mantienen índices de sobrepoblación muy por debajo de los niveles que llegaron a tener.
En ese lapso, el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Mesa en Tijuana, logró disminuir una sobrepoblación de 168.86% -una de las mayores del país-, a solo 20.19%. En el caso del Cereso de Mexicali, no existe información fidedigna, pues desde diciembre de 2013 las autoridades penitenciarias de Baja California reportan los mismos espacios y número de presos, pretextando que “continúan los trabajos de adecuaciones al sistema”, por lo que -desde entonces- se repiten los datos mes a mes.
El penal “El Hongo II” se mantiene subutilizado, con apenas una ocupación del 14.8% de su capacidad total. A poco tiempo de su inauguración, en 2014, tenía una población de 952 internos, mientras que en mayo reciente reportó 682.
