Sin resolverse denuncias de abuso sexual en kínder María Lavalle, no asisten a clases


 
Ezenario Lunes, 11 Junio, 2018 01:00 PM

A tres semanas de las denuncias formales de abuso sexual contra seis alumnas de cinco y seis años; Uriel Romero, conserje del preescolar María Lavalle Urbina y quién fuera acusado de la agresión, obtuvo un amparo; mientras que la delegada del Sistema Educativo Estatal (SEE) en Playas de Rosarito, Martha Xóchitl López Félix, solo lo suspendió “en tanto se resuelve su situación jurídica”.

Este hecho ha generado incertidumbre entre los padres de familia, optando algunos por no presentar a sus hijos a clases, a un mes de que concluya el actual ciclo escolar.

Romero se encuentra solo suspendido de sus labores como intendente, “ya que se trata de un caso de presunción hasta que se determine lo contrario”, reiteró la funcionaria.

Dijo que personal de DIF Baja California y DIF Playas de Rosarito han visitado el plantel para darle seguimiento al caso, y personal del SEE también ha instado a los padres de los menores a que estos continúen asistiendo al plantel.

Aunque la delegación omitió dar información actualizada sobre la cantidad de niños que acuden a clases después de lo acontecido, la vocera de los padres de familia del kínder, Mercedes Abarca, señaló que algunos alumnos no se han reintegrado a clases, “en uno de los salones, de 23 niños, solo van 15”, dijo. Reconoció que la dirección de la escuela, a cargo de la profesora Karla Angélica Enríquez Carrillo, no ha realizado ninguna reunión con ellos desde que se dieron los hechos; por lo que desconocen las medidas que ejecutará el SEE para atender el problema, incluyendo la asignación de otro intendente.

Por su parte, la subprocuradora de Justicia de Playas de Rosarito, Patricia Ortega Inzunza, comentó que ante el amparo otorgado el 24 de mayo pasado a Uriel Romero, por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales, bajo el expediente 707/2018 o 777/2018, para que éste no sea aprehendido, queda esperar a que se resuelva el juicio, cuya audiencia incidental se programó para el 13 de junio y la constitucional, que había sido programada para el 30 de mayo, se pospuso para el 25 del actual mes.

Aún con la suspensión provisional, el indiciado tiene la obligación de acudir ante el juez de Control cuando se le solicite, así como a exhibir la garantía de 19 mil pesos que se le asignó, pues de incumplir estas disposiciones, la suspensión provisional en contra de su detención quedará anulada; motivo por el cual, la Procuraduría se mantiene atenta al desarrollo de esta parte del proceso, anotó.

“Estamos vertiendo todos los argumentos para que (Uriel Romero) pueda quedarse en prisión preventiva, pero aun en las mejores circunstancias, para el Ministerio Público no puede ser privado de la libertad hasta que no se resuelva lo relativo al juicio de amparo”, admitió.

En ese sentido, Ortega Inzunza exhortó a los padres a denunciar, “porque es la única forma de poder detener a quienes agreden a los niños y los hacen sus víctimas”.

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