PGR no investiga lavado

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Edición Impresa Lunes, 11 Junio, 2018 01:00 PM

La Procuraduría General de la República redujo sus investigaciones de lavado de dinero en Baja California, de 58 en 2012, a 12 en 2017. De las 167 carpetas abiertas en los últimos ocho años, solo 23 fueron consignadas de acuerdo a los registros. La fiscalía federal y la Unidad de Investigación Financiera no impactan las redes financieras de los cárteles, que lavan más de 17 mil millones de dólares producto de actividades del crimen organizado. Se dedican a la caza de “pequeños lavadólares” detenidos con cientos de miles de billetes verdes en los retenes, aeropuertos y garita. El Ejército aseguró poco más de un millón en los primeros cuatro meses de 2018

Rubén Jesús Rivera vivía en Estados Unidos. Sus registros indican que es de oficio mecánico y tiene un hijo con el mismo nombre que es estudiante; el padre es propietario de un vehículo Nissan Sentra blanco, placas 6EQY504, en el cual decidió cruzar la madrugada del jueves 31 de mayo por la aduana conocida como El Chaparral, hacia Tijuana.

Le tocó revisión y las autoridades aduanales, acompañadas por elementos del Ejército, localizaron en la cajuela del auto 170 mil 264 dólares cuya procedencia el hombre no pudo justificar. El asunto se documentó y se entregó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde ejercieron facultad de atracción y será investigado por las áreas centrales como presunto delito de lavado de dinero.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) admite estimaciones de lavado de dinero de alrededor de 10 mil millones de dólares al año. Basados en la Evaluación Nacional del Análisis de Riesgo y la incidencia de los delitos relacionados con el lavado, especialistas hablan de 60 mil millones de dólares anuales, de estos, una tercera parte, entre 17 mil o 18 mil millones, serían por delitos contra la salud.

Conforme a datos proporcionados a finales de mayo por el Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE), entre enero y abril de 2018 solo habían iniciado dos averiguaciones previas por presuntos “delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, y lo hicieron a través de las áreas centrales.

De acuerdo a las mismas estadísticas oficiales, la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Baja California inició 12 carpetas por el mencionado delito en 2017 y once entre enero y abril de 2018; en 2016 abrieron apenas cuatro averiguaciones y tres carpetas por lavado.

Pero las cifras SIIE evidencian que la reducción de las investigaciones por los delitos del blanqueo, se han reducido al mínimo a lo largo de todo el sexenio, como si la actividad de los narcotraficantes no existiera. En 2012, la delegación inició 57 averiguaciones y consignó nueve; en 2013 inició 48 y consignó cinco; en 2014 inició 18 y consignó cinco; y en 2015 inició 15 y consignó tres. De ahí bajó a cero.

Del blanqueo de dinero, los informes del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se limitan a enumerar los aseguramientos de personas que detienen con apenas cientos de miles de dólares en aeropuertos, garitas y  retenes del país. Dinero que muchas veces ni siquiera se queda en manos de las autoridades.

 

LOS OCHOA

El viernes 1 de junio, la Policía Estatal Preventiva (PEP) informó que en la colonia Aeropuerto aprehendieron a cuatros sujetos que circulaban a bordo de un Ford Taurus modelo 2007, en revisión precautoria detectaron que estaban en posesión de tres armas cortas calibres 380, 9 milímetros y una 45, además de un arma larga calibre 5.5, diez cargadores, 154 cartuchos y 105 mil 718 dólares en efectivo.

Entre los detenidos estaba Julián Vázquez, ex militar retirado registrado como escolta y el único con permiso para portar arma, de las cuales traían cuatro. Félix López se estaba desempeñando como chofer y los hermanos Ochoa Leal. Sergio Moisés demostró, con un acta constitutiva, ser propietario de una empresa, así que les devolvieron el dinero y quedaron libres de cargos.

“No es delito circular por México con importantes cantidades de dinero y eso lo tienen que entender las corporaciones operativas”, refirieron desde la instancia federal, en tanto que de las armas explicaron que solo esperaban la corroboración de los permisos para saber cómo proceder.

Registros públicos indican que los Ochoa son propietarios de dos empresas, una dedicada a actividades comerciales relacionadas con el tomate Saladette, incluida la exportación, con dirección en el Estado de Jalisco, de donde son nativos. Y otra comercializadora de productos lácteos, con tres ubicaciones, una con dirección en Jalisco, otra en la colonia Guaycura de Tijuana -registrada desde 2007- y, según algunos documentos oficiales, la tercera con dirección en San Ysidro, California, la cual no fue ubicada.

De los cuatro detenidos, solo el más joven, Álvaro, tiene antecedentes delictivos en Estados Unidos, fue capturado en la Garita de San Ysidro por narcotráfico; había sido sorprendido en posesión de 25 kilos de marihuana, sin embargo, no fue acusado ni juzgado.

Tras la detención del 1 de junio, las autoridades realizaron una revisión superficial de bases de datos en las que únicamente encontraron que algunos integrantes de la mencionada familia, al tramitar documentos oficiales han proporcionado información donde sus nombres, fechas de nacimiento y direcciones tienen pequeños cambios.

Conforme al último informe de la Federación, en nueve meses, entre septiembre de 2016 y julio de 2017, el gobierno mexicano aseguró 543.2 millones de pesos y 11.4 millones de dólares, pero no existen datos de cuánto de este dinero regresó.

 

UN MILLÓN DE DÓLARES EN CUATRO MESES

Entre enero y mayo, el Ejército Mexicano reportó 14 operativos con aseguramientos de dinero: cinco en enero, tres en febrero, ninguno en el período marzo-abril y seis en mayo. Del total, siete operativos fueron en la Garita El Chaparral en Tijuana, otro en la Garita de Mexicali, mientras que el total de lo asegurado fue de un millón 091 mil 400 dólares y 188 mil 190 pesos.

Pero la PGR no ha informado cuantos de estos recursos fueron regresados a quienes hayan “comprobado” la procedencia lícita, y cuantos quedaron incautados mientras procede el juicio.

 

17 MIL O 18 MIL MDD LAVADOS AL AÑO POR DELITOS CONTRA LA SALUD

En entrevista con ZETA, Jorge Alberto Lara Rivera, presidente de la consultora Buró de Seguridad y Legalidad Financiera, habló respecto las estimaciones económicas en lavado de dinero.

“Hay una disputa entre especialistas en cuanto a la cifra probable de cantidades que fluyen por recursos ilícitos, Hacienda en el mejor de los casos ha admitido hasta 10 mil millones de dólares anuales, haciendo estimaciones de la incidencia delictiva que precede al lavado de dinero, que son delitos contra la salud, evasión fiscal y delitos patrimoniales, entre los que por cierto no se contemplan los delitos de corrupción y sus efectos, los montos ascienden a 60 mil millones de dólares. Incluso algunos analistas manejan el estándar de 50 mil millones de dólares anuales porque la consultora StratFor -empresa privada estadounidense especializada en servicios de inteligencia-  hace cuatro años llegó a estimar 40 mil millones de dólares anuales. Al final las estimaciones son discrecionales, pero podemos partir de estas cifras”, apuntó.

“De esos 60 mil millones una tercera parte, alrededor de 17 mil o 18 mil millones, serían por delitos contra la salud, lo cual de alguna manera también es consecuente con las cifras que se calculan en nivel hemisférico en lo que se quedan en Estados Unidos, aproximadamente con el 75% del recurso; hablo del recurso producto de la venta de droga que se queda allá, luego ellos ya deciden lo que hacen, lo persiguen, lo aseguran, lo decomisan”.

Foto: Cortesía- “Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP”

Lara Rivera consideró que las cantidades deben ser mayores: “Esta cifra habría que revisarla porque en los últimos dos años el tema de tráfico de fentanilo, opioides, heroína y amapola se ha disparado mucho, entonces seguramente ni siquiera hemos llegado a los estimados de lo que esto ha significado, porque hay que hacer los consolidados en el reporte mundial de drogas y los reportes de Estados Unidos. La otra tercera parte corresponde a delitos de evasión fiscal, prácticamente equivalente a la cifra de tráfico de drogas. Y la otra por otros delitos patrimoniales, e insisto: no se incluye corrupción”.

Cifras similares a las mencionadas por el consultado, fueron publicadas en noviembre por la empresa Reuters en una nota periodística de “reporte clasificado” versión no pública de la Evaluación Nacional de Riesgo, en la que el gobierno mexicano “estimó que el narcotráfico, los delitos fiscales y otros crímenes generan al menos 1.13 billones de pesos cada año, unos 58 mil 500 millones de dólares”.

Información que, detallaron, “la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Banco de México, identificados como contribuyentes al reporte”, se negaron a confirmar.

En la versión pública de la Evaluación Nacional de Riesgo se habla de grandes, enormes cantidades y un alto riesgo, pero no exhiben cifras, lo mismo en el reporte del Grupo de Acción Financiera (GAFI)- Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Grafilat), considera a México entre los primeros tres países con riesgo de lavado.

“ESTAMOS HACIENDO TODO MAL”

“No hay una persecución sistemática bien coordinada y eficaz de los temas de lavado de dinero y los procesos de recuperación de activos”, espetó el presidente del Buró de Seguridad y Legalidad Financiera.

“En 2017 -por transparencia- mandamos preguntar a cuánto ascendían los recursos del Cártel de Sinaloa en el trienio 13-16 y me respondieron que eran tres millones y medio de pesos”.

¿Lo que le habían quitado?, cuestionó ZETA.

“No, lo que le habían detectado. Y los importantes lavadores que se han detenido, han sido por petición del gobierno de Estados Unidos y con información de ellos, como el caso del ‘Rey Midas’ que lo capturaron en Mérida.

“El otro tema es que muchos de los asuntos que se están llevando a Estados Unidos no nos están significando como país que nos estén compartiendo los decomisos, los bienes, las cuentas; los inmuebles se los está quedando todos Estados Unidos. El caso paradigmático es ‘El Chapo’ Guzmán, le están reclamando entre tres cortes 18 mil millones de dólares, y México no está pidiendo nada de eso, por ejemplo.

“Mi observación general es que estamos haciendo todo mal porque estamos persiguiendo lavado de dinero en minúscula escala, todos los delitos tienen una incidencia que debe medirse con cifras oficiales, para mi este tema tiene que tomar en cuenta no el número de casos, sino las cantidades involucradas” refirió el analista.

“Hay aseguramientos de dinero, y eventualmente de algunos abandonos, el problema de los aseguramientos no necesariamente significa que el Estado se quede con el recurso. Además, no hay estadísticas de decomisos, de extinciones de dominio o son muy pobres. El problema es ese: si vemos los compilados de los informes de gobierno, presumen los aseguramientos que además son muy bajos, estamos hablando en el mejor de los casos de alrededor de 25 millones de dólares en un año. Son más o menos semejante 2015-2016, todavía no entregan 2017”, complementó.

 

USO POLÍTICO DE MECANISMO CONTRA LAVADO

“La Unidad de Investigación Financiera creada para combatir el lavado de dinero solo adquiere notoriedad cuando se trata de asuntos políticos”, enfatizó Lara Rivera.

“Los mega casos desafortunadamente no son de crimen organizado, son los de Elba Esther Gordillo, el caso Duarte, que a regañadientes la PGR tuvo que judicializar, Padrés, a quien ya absolvieron en un caso de 8 millones y queda pendiente otro más.

“O cuando acusaron a Ricardo Anaya, bueno, ni acusando, sugirieron lavado y lo tambalearon políticamente. También lo hicieron con Josefina Vázquez Mota, ¿para qué? para que al final le dijeran ‘tú no estás investigada’, pero la descarrilaron de la elección México, con información de la Unidad de Investigación Financiera.

“Pero casos importantes que le peguen a algún banco, alguna institución financiera que involucren actos ejecutivos y miembros del crimen organizado, la verdad no se han judicializado”, dijo.

 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA NO RINDE CUENTAS

El tipo penal de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita está considerado en el Artículo 400 bis del Código Penal Federal, y explica que cuando el lavado de dinero se dé a través de instituciones financieras, la SHCP vigila mediante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y forzosamente tendrá que hacer la denuncia para que PGR pueda investigar; si la unidad no denuncia, la fiscalía no investiga.

La UIF inició operaciones en 2004: “Tienen mucha facilidad para detectar posibles casos de lavado, posibles porque se requiere contar con información, pero el Talón de Aquiles de todo esto es que esta facultad la han entendido y aplicado de manera discrecional”.

La excusa dada a los analistas ha sido: “Si se denuncia un caso de lavado de dinero a través de un banco y esto le genera al banco tener que cerrar, pérdidas y sanciones administrativas, quienes pagarían los costos serían los ahorradores, entonces esta medida se hace para proteger al sistema financiero y tiene razonabilidad; el problema es que se abusa de ella” argumentó Lara Rivera.

El problema es que la principal vía para el de lavado de dinero es el sistema financiero, seguidos de las Casas de Bolsa y bancos regionales, y los dos instrumentos clásicos para esta actividad ilícita: las empresas fantasma y los prestanombres, en un segundo piso, la compraventa de vehículos, joyas e inmuebles.

El abogado especialista en lavado de dinero aseguró que una parte importante del problema es que se la ha permitido a la UIF navegar bajo el radar, nadie le pide cuentas, ni diputados, ni senadores. Durante mucho tiempo el titular fue Alberto Bazbaz, una persona muy allegada al Presidente Enrique Peña Nieto, que no mostró voluntad de cumplir con su tarea -317 denuncias contra lavado de dinero en cuatro años- y “desde enero de 2018 que renunció el amigo del Presidente, no se sabe quién está a cargo y nadie ha preguntado”.

En este esquema, el Buró de Seguridad y Legalidad Financiera presentó a los legisladores en el Congreso de la Unión varias propuestas:

*Rendición de cuentas a la UIF, agregados estadísticos, cuántos probables casos de lavado de dinero se han detectado y revisarlos contra las estadísticas de delitos financieros de narcotráfico, y cuántos está denunciando

* Que el titular de la UIF  no sea nombrado por el Presidente, que sea un empleado superior de Hacienda para que sea designado en el Congreso

* Que la facultad de denunciar de la UIF no sea discrecional

* Inclusión la Policía Federal en la investigación y combate al blanqueo de dinero para que se investigue en conjunto el tráfico y el blanqueo

* Una reforma constitucional para hacer homogénea la Ley Nacional Anti Lavado

* La inclusión del delito de lavado-operación de recursos de procedencia ilícita en los códigos penales de los estados, “porque en México hemos tenido una política de no seguir los casos a nivel estatal”.

“La diferencia, la razón de que en México la violencia esté exacerbada, la diferencia de México con Italia, Chicago, Nueva York, Florida, incluso Colombia, es que en esos lugares están combatiendo el lavado de dinero, están impactando las capacidades económicas de los grupos de la delincuencia organizada. En México, ¿dónde está la vertiente de lavado de dinero?”, concluyó Lara.

 

EVALUACIÓN GAFI

En su reciente evaluación del trabajo que hace México respecto a este delito,  Grupo de Acción Financiera, que dicta los estándares globales anti lavado, presentó un extenso informe en el que básicamente anota:

* El lavado de dinero no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva

* No se persigue el decomiso del producto y de los instrumentos del delito en forma sistemática como un objetivo de las políticas

* Las autoridades no están utilizando las medidas cautelares a su disposición en forma apropiada y oportuna, excepto por el uso de la lista de personas bloqueadas

* No se decomisa en forma adecuada el efectivo sospechoso y falsamente declarado

* Hay importantes mecanismos para detección de riesgos, sin embargo, habitualmente la inteligencia financiera no conduce al inicio de investigaciones.

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