Pese a que existen tratados y leyes internacionales que establecen la obligatoriedad de ofrecer refugio a los migrantes, las autoridades mexicanas ejecutan una política migratoria violatoria de derechos humanos, especialmente contra los ciudadanos centroamericanos, para evitarle el “trabajo sucio” a Estados Unidos, aseguró David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana.
Durante la conferencia “Movilidad y Derechos Humanos en la globalización”, que impartió el 25 de mayo en las instalaciones de la Universidad, resaltó que el principal objetivo de la política migratoria de México es “detener y deportar inmediatamente” a los migrantes centroamericanos que entren al país antes de que alcancen la frontera con Estados Unidos.
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Cifras obtenidas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), indican que en el primer trimestre de 2018, México ha deportado a 25 mil 569 ciudadanos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua; 25% más que el mismo periodo de 2017.
Mientras que de las 14 mil 596 solicitudes de refugio que recibió la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en 2017; ocho mil 418 fueron de centroamericanos y de estos solo 958 obtuvieron protección del Gobierno Mexicano; en tanto que en 2016 solicitaron ocho mil 129 y se otorgaron dos mil 814; y en 2015 se dieron 882 de tres mil 166 solicitudes.
De acuerdo con el académico, éste fue el trasfondo del Tratado de Libre Comercio del Triángulo del Norte de Centroamérica, firmado con Honduras, El Salvador y Guatemala, con el que Estados Unidos y Canadá asignaron a México, el trabajo de funcionar como una “frontera vertical” que impida de manera permanente, que los migrantes extranjeros alcancen el norte del país.
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“Por eso, la molestia tan fuerte y flagrante del gobierno de Estados Unidos con la caravana de hondureños (Caravana Migrante) que llegó hace apenas un mes, porque no cumplimos con nuestra parte del control de la migración”, explicó, razón por la que el gobierno mexicano ofreció a los integrantes del llamado “Viacrucis Migrante”, visas de trabajo, visas temporales y los dispersó a otros estados para desviarlos de su objetivo de llegar hasta las entidades fronterizas.
El rector de la Universidad Iberoamericana señaló, aunque no estén plasmadas en instrumentos o leyes, hay políticas migratorias establecidas en México para la detención y deportación inmediata con poca o nula oferta de refugio, cuando tendrían que hacerla en automático; además que tienen la política de devolverlos a sus países, de detener el flujo migratorio hacia Estados Unidos y de llevar adelante una política regional migratoria o antimigratoria, acordada con los Estados Unidos. “Es decir, se ha regionalizado la definición de las políticas migratorias de México, ya no se establecen soberanamente, sino en acuerdo de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, particularmente”, dijo.
En marzo, un grupo de más de mil 500 migrantes centroamericanos de la décima “Caravana Migrante” partió de Tapachula, Chiapas en busca refugio en Estados Unidos, diciéndose desplazados en zonas de violencia, crisis política, humanitaria o económica, lo que provocó la molestia y exigencia del presidente estadunidense Donald Trump para que México detuviera al grupo.
Irineo Mujica, coordinador de la asociación Pueblos Sin Fronteras y de la caravana, en su camino al norte, señaló que autoridades mexicanas los detuvieron en varias ocasiones -en Oaxaca y Veracruz- e instaron a sus integrantes a abandonar el viaje o dirigirse a otros estados, incluso les dieron permisos de estancia temporal, lo que provocó que más de mil personas desistieron del objetivo original y solo alrededor de 300 llegaron hasta Hermosillo, Mexicali y Tijuana, donde se entregaron a las autoridades migratorias estadounidenses para iniciar el proceso de solicitud de refugio.
