Lo que afecta a Sosa

Foto: Ramón T. Blanco Villalón
 
Para Empezar Lunes, 4 Junio, 2018 12:00 PM

“El mundo se ha endurecido y pienso que el periodismo habrá de endurecerse

para mantenerse fiel a la realidad, su espejo insobornable”.-

Julio Scherer García, mayo de 2002, previo a recibir

el Premio Nacional de Periodismo

Si el secretario de Seguridad Pública de Baja California, licenciado y notario público Gerardo Sosa Olachea, cree que la labor de la prensa respecto a la función pública que él desempeña es publicar boletines y dar a conocer lo que dice en sus conferencias, está equivocado. Eso es apenas una parte del trabajo de los medios de comunicación cuya responsabilidad social es recoger, analizar, investigar y dar a conocer los hechos de interés público.

El 24 de mayo, el  funcionario aseguró ante los integrantes de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO), que lo que afecta en materia de percepción de inseguridad es la prensa, porque a los medios les interesan más los homicidios que los logros, y los periodistas tienen la tendencia de “hacer lo chiquito, más grande”. Incluso afirmó que por eso ya no habla con los reporteros.

En sus palabras, el abogado parece no dimensionar que si los gobiernos intentan minimizar la importancia de los cadáveres acumulados, a la prensa le corresponde como mínimo voltear hacia las cientos de hombres y mujeres asesinados violentamente, en un país en el que ni el gobierno tiene permitido matar. Y que en la gama delictiva, al intentar analizar el fenómeno de la inseguridad, las muertes violentas se convierten en la incidencia criminal que la autoridad tiene menos oportunidad de ocultar y maquillar, porque está ocurriendo en las calles a la vista de todos.

Más extraño es que esa concepción negativa respecto a la labor de la prensa local es nueva para el licenciado Sosa, quien en su funciones de notario, dos veces presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tecate, titular en el mismo municipio del Consejo Ciudadano de Seguridad, inclusive como subprocurador de zona en el mismo territorio, donde se caracterizó por buenos resultados, tuvo una buena relación con la prensa.

Esta actitud la estrenó con el tan ansiado cargo de secretario de Seguridad Pública del Estado para el que fue nombrado en octubre de 2017 y que le habían prometido desde el 1 de noviembre de 2013 y tardaron tres años en dárselo.

Cuando la Secretaría, a su cargo que antes trabajaba con el Grupo Coordinación para capturar en flagrancia delictiva a los líderes de los cárteles que están generando la violencia local, bajo su dirección decidió limitarse a identificarlos, a decomisarles cargamentos y a capturarlos cuando exista una orden y se los pida la fiscalía, como si la Procuraduría General de Justicia del Estado no tuviera esa obligación y su Dirección de Aprehensiones.

“No estamos directamente involucrados en andar buscando para combatirlos”, declararía a ZETA al tomar posesión, como también refirió que no se comprometió ni a reducir la incidencia en homicidios, ni a disminuir la células de narcomenudistas. Adelantó que su gestión se caracterizaría por las campañas de prevención, por sus reuniones con organismos no gubernamentales para involucrar a la sociedad civil en el combate a la inseguridad, y, de acuerdo los comunicados de la Secretaría, en eso se ha concentrado la agenda del titular de Seguridad Pública en Baja California, a la que contrario a lo que asegura, sí se le da seguimiento.

“Agentes de la PEP atrapan a sicario”, “Impulsa SSPE acciones para prevenir el delito”, “Arrestan a presunto integrante del CTNG”, “Sosa, nula ayuda federal en lucha contra el crimen organizado”, “SSPE no ha bajado la guardia, dice Sosa”, “Atrapan a hombre armado en La Gloria”, todas son cabezas de algunas de las notas publicadas esta semana de la Secretaría que él encabeza.

En un día normal y solo en Tijuana, los medios de comunicación reciben un promedio de 12 comunicados de las corporaciones de seguridad, como ejemplo, el martes 29 de mayo, fueron tres de la Procuraduría General de la República, tres de la fiscalía estatal, cuatro de la Policía Municipal y tres de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Un alto porcentaje es publicado, algunos incluso firmados como si fueran notas de reporteros, se incluyen, sea por la importancia del tema, porque los reporteros cumplen una cuota de notas, o porque el gobierno y algunos medios tienen convenios que obligan a la publicación de boletines.

Quien tiene acceso a internet o a una hemeroteca, como el secretario, lo puede revisar: la realidad es que la mayoría de los comunicados oficiales encuentra espacio en la prensa.

Y contario a lo expuesto por Sosa Olachea, también se ha dado difusión al discurso de las autoridades: “Se están matando entre ellos”, “El 80 por ciento de los homicidios son entre narcomenudistas” o “Las ejecuciones son pleitos por la venta de droga en esquina”. Porque es lo que han repetido como excusa desde 2008, ante la falta de efectividad para combatir la incidencia en homicidios que en el actual sexenio ha crecido en 312%.

Si el secretario desea que se hablen cosas importantes de él, debe hacer cosas importantes. Si quiere que la prensa deje de referir homicidios, debe hacer lo que le corresponde para reducir la incidencia. Las ejecuciones no se están inventando, se están describiendo, en el mejor de los casos, analizando. Después de todo, para disminuir la comisión de ese delito, él como secretario de Seguridad está en una posición privilegiada para contribuir a ello. Todos los residentes de Baja California, incluidos los periodistas, disfrutarían de vivir en un Estado más seguro.

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