Los bajacalifornianos, por nuestra condición fronteriza y por nuestro origen migrante, somos muy susceptibles a las condiciones que guardan nuestros connacionales en los Estados Unidos. Nos preocupa que al trabajador migratorio no se le reconozcan sus derechos y que al amparo de campañas xenofóbicas, se busque explicar problemas sociales internos, rechazándolos y maltratándolos. En cualquier parte del mundo, un ser humano tiene derechos fundamentales que gobiernos y ciudadanos deben respetar.
A lo largo de la historia de la relación México-USA, ha habido muchas decisiones unilaterales de los americanos que han fallado, pero han dejado una espina clavada en nuestra amistad. Por ejemplo, en el mes de noviembre de 1994, el electorado californiano aprobó la propuesta 187, que en esencia era un proyecto de reformas y adiciones a diversas disposiciones legales de ese Estado, con el propósito de sancionar algunas conductas relacionadas con el flujo de trabajadores indocumentados. Lo medular de la propuesta fue, por un lado, la prohibición de proporcionar la asistencia médica y educativa a cualquier residente extranjero que no acredite su legal estancia en el Estado de California; y por otro, la obligación de todos los servidores públicos de “cooperar con el Servicio de Inmigración y Naturalización”, denunciando a cualquier persona que “se sospeche que está presente en los Estados Unidos en violación a las leyes federales de migración”. La idea de que el trabajador indocumentado gasta el presupuesto de los servicios sociales de los norteamericanos y que no contribuye a éste, es falsa. Muchos investigadores norteamericanos han llamado la atención sobre el hecho de que la mayoría de los ilegales, pagan su seguro social y sin embargo, por temor, no utilizan este servicio. De hecho, los trabajadores ilegales están subvencionando los servicios médicos y sociales de muchos estadounidenses.
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Como es bien sabido, la propuesta fue aprobada, aunque no entró en vigor por las múltiples resoluciones en las cortes estadounidenses, producto de las impugnaciones que siguieron a su aprobación. Esta reforma legal era un claro ejemplo de cómo el trabajador inmigrante puede ser usado para explicar problemas sociales internos y ser una válvula de escape para evitar las soluciones reales.
Más cercano a nuestro tiempo, el Presidente Trump, primero nos hizo centro de su discurso político, nos acusó de todo lo malo que pasa en ese país; ahora, para justificar sus fracasos de política interna, acusa a los migrantes de ser narcos y delincuentes. Ha propuesto un muro en la frontera que no obtuvo financiamiento oficial. Actualmente quiere ligar la aprobación del Tratado de Libre Comercio, con una nueva política anti migrante.
Hemos dicho que el fenómeno migratorio es histórico y que el comportamiento de las autoridades norteamericanas está determinado por sus necesidades de orden económico y político. La actual situación anti mexicana es generada por la actitud de Trump de culparnos de todos sus males, aunque hay otros factores que los explican: la competencia con China, la falta de guerras regionales y la disminución del presupuesto militar, provocó el regreso a casa de cientos de miles de exsoldados, los cuales llegan en busca de empleo.
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Lo terrible de este escenario es que, con el propósito de distraer la atención del electorado, de un problema grave como lo es la recesión económica y el desempleo, se utilizó (1994) a un fenómeno marginal, como son los gastos de seguridad social y educación, destinados a la comunidad de extranjeros indocumentados y la delincuencia y el aumento del consumo de drogas (2018). Efectivamente hay delincuencia de origen mexicano, por la pobreza, marginación y la falta de integración a la sociedad americana, muchos se vuelven desadaptados y al final llegan a delinquir.
El problema es en realidad el respeto de cualquier trabajador a sus derechos humanos, porque existen muchos empresarios que contratan indocumentados porque les conviene la ilegalidad de sus trabajadores, ya que les facilita abaratar costos al pagar salarios más bajos y no tener la obligación de prestar servicios de seguridad e higiene a buen número de sus empleados. Repetimos, muchos de estos trabajadores pagan impuestos y no reciben a cambio, ninguna prestación.
Para resolver un problema se requiere conceptualizarlo adecuadamente y tener la información precisa. Desgraciadamente, algunos sectores en Estados Unidos alteran las cifras sobre los flujos de trabajadores indocumentados, por ejemplo, contando cada cruce como un trabajador distinto que se traslada “para quedarse permanentemente en los Estados Unidos”. Esta alteración tiene el objeto de crear un enemigo social que no existe.
Amador Rodríguez Lozano, es tijuanense. Ha sido dos veces diputado federal y senador de la República por Baja California; fue también ministro de Justicia en Chiapas. Actualmente es consultor político electoral independiente y vive en Tijuana. Correo:amador_rodriguezlozano@yahoo.com
