Normalmente en época de campañas electorales, los gobiernos realizaban una serie de obras electoreras. Ya sabe, para dar la impresión de representar gobiernos eficientes, trabajadores, comprometidos y enfocados en subsanar las necesidades de la población. El objetivo siempre fue que los ciudadanos beneficiados con las obras, a su vez próximos electores, votaran por los candidatos del partido en el gobierno para que las obras continuaran.
Pero eso era antes, cuando los gobernantes intentaban gobernar, buscaban salir bien librados entre la opinión pública, ganar elecciones para su partido y utilizar el presupuesto y la inversión pública para llevar agua a su molino.
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En el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto muchas cosas cambiaron. Para empezar se institucionalizó la corrupción y con ello se instauró la impunidad política. Aquellos funcionarios señalados de actos de corrupción, desvío de recursos, licitaciones irregulares, auto compras y exceso de gasto, siguen “sirviendo” desde sus posiciones como si nada hubiese sido denunciado, probado, documentado.
Y eso sucede en cualquier ámbito. Ciertamente la impunidad política no es privativa del Gobierno Federal, pero quienes integran esa entidad, pusieron de moda el término y enseñaron cómo utilizarlo, de tal manera que muchos gobernadores, alcaldes y funcionarios de otros niveles, denunciados en su proporción y región por abusos de poder, actos de corrupción o gobiernos ineficientes, siguen en las nóminas.
El colmo es que esa impunidad los ha llevado a ya ni siquiera preocuparse por las obras electoreras. De hecho pocas destacan en el ámbito local, sean del Gobierno Federal, estatal o municipal. Imagine que el Presidente de la República estará dentro de unos días en Baja California para inaugurar una desaladora que lleva tres años en construcción, y una carretera en un ejido en el Valle. Solo a eso. A una obra que de suyo es polémica, dada la ambición del gobernador Francisco Vega de Lamadrid por endeudar al Estado en la construcción de otra desaladora, pero esa en Rosarito.
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En las ciudades, por ejemplo en Tijuana, destacan sus calles y avenidas sucias. La basura acumulada en la hendidura entre banqueta y calle, los camellones llenos de maleza con desperdicios esparcidos. La entrada a la ciudad, proveniente de San Ysidro, San Diego, o de Rosarito, está tan en el olvido que da pena ajena. Los muros de contención se están cayendo.
La ciudad se ve amarilla de la falta de agua en las plantas ubicadas en espacios públicos. De aquella barredora que en el trienio de Jorge Astiazarán limpiaba la Vía Rápida, la Avenida Internacional, el Periférico, nada se sabe. No hay cuadrillas de personal barriendo calles ni camiones recogiendo basura. Los parques y jardines están abandonados. De hecho no se les da una hermoseada desde que lo hizo Jorge Ramos al final de su administración como alcalde.
Qué decir del Gobierno del Estado. Las obras que interesan a los funcionarios de Vega de Lamadrid son más de corte Asociación Público Privada o licitación, concesión y contrato, que signifiquen el endeudamiento del Estado y el beneficio para compañías privadas, normalmente seleccionadas por funcionarios del primer círculo del mandatario.
Ahora sí que estos gobiernos le apuestan a la desmemoria social, a la campaña de sus candidatos y al manipuleo de programas sociales para ganar la elección, en lugar que los resultados hablen por ellos. Es notoria la ausencia del gobernador. Cada vez menos en actos públicos, lo mismo que el alcalde, quien en lugar de limpiar la ciudad, trabajar por la eficiencia de los servicios básicos, se va de gira a ciudades de Estados Unidos que lejos están de la frontera, y a las cuales va a promocionar una entidad que destaca por su desorden urbano, su suciedad y el caos ante la falta de planeación de las pocas construcciones que hay.
El 1 de julio de 2018 serán las elecciones donde se renovarán la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados en lo que respecta a Baja California (en otros estados habrá elecciones locales), y el próximo 2019, los bajacalifornianos votarán por gobernador, alcaldes, regidores y diputados. Estos tres últimos tendrán la oportunidad, por primera ocasión, de la reelección.
Entre las reformas a la Ley electoral se ha regulado que será opcional si quienes buscan ser electos de nueva cuenta para el mismo cargo, dejan la posición. Es decir, por ejemplo si Juan Manuel Gastélum quiere reelegirse como alcalde, podrá seguir siéndolo mientras hace campaña. Lo mismo los diputados locales. Entonces a lo mejor se concentran en realizar acciones que incidan en la seguridad, el bienestar, la tranquilidad y el desarrollo de los bajacalifornianos, porque ahora no lo están haciendo.
El abandono de los gobiernos federal, estatal y municipal se nota en Baja California. Hay más inseguridad, más sospechas de corrupción. Incrementó la movilización social. Más ejecuciones, más secuestros, más extorsiones. Ni la Procuraduría General de la República se ocupa de combatir el narcotráfico, ni la Procuraduría local el narcomenudeo. Ni el Ayuntamiento, de mantener una ciudad ordenada.
Ahora sí que están faltando al juramento que hicieron, y en plena época electoral, cuando sus gobiernos, sus partidos y sus candidatos están a prueba. Pero a eso lleva la impunidad política, a que hayan acabado, incluso, con las obras electoreras. Uff.
Pero ya viene el primero de julio…
