Tribunal de Justicia, al borde de la crisis

Fotos: Eduardo Villa
 
Edición Impresa Lunes, 7 Mayo, 2018 12:00 PM

Por lo menos nueve recursos de amparo afectan directamente la operación del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que debido a pugnas de poder, está al borde de una crisis, según lo dicho por el abogado Juan Manuel Molina. Mientras continúan los conflictos, el Poder Judicial sufre la falta de un magistrado numerario, otro supernumerario, tiene una sala desintegrada y no ha habido nombramiento interino en mínimo dos Juzgados; escenario que genera severas afectaciones que parecen no tener pronta solución

Desde la solicitud de licencia de la magistrada Perla del Socorro Ibarra, para ocupar el puesto de procuradora, la situación del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) se ha ido complicando. La muerte del magistrado Marco Antonio López Magaña, la enfermedad de Olimpia Ángeles Chacón y la inhabilitación de Carlos Cataño, agravaron la problemática y formaron una bola de nieve capitalizada por grupos políticos al interior del Poder Judicial que, comentó el abogado Juan Manuel Molina, se encuentra al borde de una crisis.

Actualmente existen nueve amparos interpuestos por aspirantes, magistrados y jueces, unos para suspender de manera indefinida los procesos de selección, otros para evitar la remoción del cargo y uno más para evitar reducir el salario de una magistrada que ya tiene más de un año fuera del puesto por enfermedad.

Mientras se “destraban” estos asuntos, la impartición de justicia se ve afectada, máxime cuando existen casos como la desintegración de la Cuarta Sala en materia penal, y con ello se impide audiencia de entre 40 o 50 casos al mes, donde se debate la libertad o confirmación de sentencia de personas.

 

LOS AMPAROS

Los recursos de amparo que enfrenta el Poder Judicial del Estado impiden su funcionamiento regular, lo que ha generado retrasos en temas importantes, además de incertidumbre sobre las decisiones que se toman tanto en el Consejo de la Judicatura como en el propio TSJE.

El titular del área jurídica del Poder Judicial, Jesús Ariel Durán, identificó ocho amparos que se involucran directamente en el funcionamiento, los cuales pueden dividirse en dos, seis de ellos contra procesos de selección de magistrados y los otros dos por el retiro al cumplir 70 años, estos últimos interpuestos por Raúl González Arias y Félix Herrera; el primero los cumplió en enero, mientras que el segundo los alcanzaría en agosto próximo.

Sin embargo, el consejero Salvador Avelar agregó otro amparo, interpuesto por la magistrada Olimpia Ángeles Chacón. El motivo del recurso fue evitar que el Consejo de la Judicatura reduzca su salario, debido a que tiene más de un año sin presentarse por incapacidad. Esto viene contemplado en la Ley, pero no se ha ejecutado.

El ex diputado Juan Manuel Molina expuso que esto es una injusticia para los trabajadores del Poder Judicial, pues algunos son retirados de su cargo por pasar un año con incapacidad, pero no tienen las mismas consideraciones, ya que su nivel jerárquico es distinto; actualmente se paga un doble sueldo, pues la plaza de Chacón está ocupada por el supernumerario Fausto López Meza y no hay argumento legal que lo sustente.

Dos amparos más se interpusieron por los jueces Lourdes Molina Morales y Gustavo Villarespe Muñoz, con números de expediente 600/2017, 237/2017 y 614/2017, y otro por parte del magistrado supernumerario Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez, con número 698/2017, los cuales se inconformaron por el proceso de selección; unos por haber sido “mal evaluados” y retirados de la contienda, otro por no estar de acuerdo con la calificación final.

En todos los casos, se otorgó la suspensión definitiva para impedir la selección de magistrados en los espacios vacantes de Carlos Cataño -por inhabilitación- y Raúl González Arias -por edad-. Otros aspirantes interpusieron recursos, pero desistieron al poco tiempo.

En marzo de este año, el Congreso -según informaron diputados- solicitó “levantar” la suspensión definitiva para realizar el nombramiento de algún espacio vacante, específicamente el de González Arias, y pese a la inconformidad de algunos aspirantes que lo consideraban una violación a la suspensión, los legisladores designaron a Gustavo Medina Contreras, entonces magistrado supernumerario.

Ligado a este nombramiento se encuentra el amparo del propio magistrado Raúl González Arias, quien fue retirado del cargo por mandamiento del Consejo de la Judicatura al cumplir los 70 años de edad, como lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial y la propia Constitución.

El titular del jurídico del poder judicial, Jesús Ariel Durán

Antes de dejar su puesto en enero, González Arias se inconformó ante un Juzgado federal y aunque en primera instancia se le rechazó la suspensión provisional y definitiva, a través del Tribunal Colegiado se le dio la razón. Sin embargo, falta resolver el fondo del asunto, lo que podría durar varios años.

Según Jesús Ariel Durán, el proceso de selección para sustituir al magistrado Félix Herrera cuenta con un recurso promovido por el mismo afectado, el cual tiene las mismas características que el interpuesto por González Arias, por lo que no se descartaría una situación similar pese a que existe una jurisprudencia que les impediría otorgar suspensión. Molina también se inconformó contra la convocatoria.

Además de estos, existen otros tres amparos en contra del proceso de selección del Juzgado Primero Civil, por parte de la interina del Juzgado Sexto, Sonia de la O Alcalá; la subjefa de Sección, Blanca Delia Zafra Silva; y la secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero, Erika Michelle Segura.

 

LA “CAJA DE PANDORA” SE ABRIÓ CON VÁSQUEZ

Para el ex diputado Juan Manuel Molina, todo este embrollo fue originado por el entonces magistrado presidente, Jorge Armando Vásquez, quien por preservar el poder, realizó diversas acciones que envolvieron al Poder Judicial en una dinámica perjudicial, lo que se está pagando ahora.

Entre ellas destaca “trabar” el proceso de selección de magistrado para ocupar la vacante del difunto Marco Antonio López Magaña, con la intención de beneficiar a personas allegadas. Esto lo hizo a través de amparos por parte de los aspirantes, motivados directamente por el entonces presidente del Tribunal; del proceso resultó airosa la hoy magistrada Columba Amador Guillén, quien no pertenece a su grupo político.

Esto abrió la posibilidad de que cualquier persona, por el motivo que desee, interponga un recurso de amparo que puede suspender el proceso legislativo de selección, y con ello, mermar el funcionamiento del sistema; ha ocurrido en varias ocasiones y parece que continuará así.

Para el consejero Salvador Avelar, algunos amparos interpuestos no tienen razón de ser y señaló directamente al magistrado Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez, cuyos recursos son “reprochables”, ya que su intención es entorpecer los procesos públicos.

“El amparo es un mecanismo de defensa a quien se le violenten derecho, aspirar a ser magistrado y decir que su calificación es de 8 a 8.5, no es derecho humano”, reclamó el funcionario, quien agregó que la designación de magistrados no está directamente relacionada con la evaluación, ya que la decisión final es de diputados que ponderan otros factores.

“El Congreso no está obligado a designar al de mejor promedio, sino a buscar quién es la más adecuada, el Congreso designa lo que es mejor para el Estado, los exámenes, solo dan un parámetro mínimo aprobatorio, el que tiene 8 es suficiente para ser magistrado”.

Contrario a ello, los amparos interpuestos por la jueza Lourdes Molina, quien fue retirada de la contienda al no obtener la calificación requerida para pertenecer a la terna, consideró que cuentan con elementos para ser sometidos a una revisión, ya que podría identificarse un agravio a su persona en la designación.

En la opinión de Molina, la verdadera intención de algunos aspirantes es simplemente complicar el desarrollo del Poder Judicial, y del mismo modo, acusó a Fernández Ruiz de Chávez de mantener su amparo con la intención de continuar como magistrado a través de su cargo como supernumerario, el cual podría extenderse hasta cuatro o cinco años, pues hay abogados que hábilmente saben alargar procesos judiciales.

“Es una silla que vale 105 mil pesos mensuales”, comentó el ex legislador, y complementó, existe obligación por parte del Congreso para meter en cintura al Poder Judicial, pero debido a las pugnas internas, ha descuidado ciertos aspectos de la procuración de justicia.

 

LOS PROBLEMAS CONTINUARON CON ORTIZ

El primer conflicto generado desde que Salvador Ortiz Morales ocupó el cargo, fue la remoción del entonces magistrado Raúl González Arias y su relevo por el entonces magistrado supernumerario, Gustavo Medina Contreras.

En su momento la jueza Lourdes Molina mostró su inconformidad al considerar una violación a la suspensión definitiva otorgada por un Juzgado federal, pues la designación estaba “congelada” hasta que no se resolviera el tema de fondo.

Argumentando autorización por parte del Juzgado federal, el Congreso llevó a cabo el proceso de selección que, según Jesús Ariel Durán, se apegó a los criterios de la Corte, donde se establece que ante la situación atípica de que no hubiera magistrados supernumerarios para cubrir las vacantes, el bien común estaría por encima del particular, por lo que se permitiría realizar la designación.

Para empeorar el panorama, diputados eligieron a Gustavo Medina, un allegado a la procuradora, quien cubría su ausencia. El problema fue que al elegir a un supernumerario que ya fungía como magistrado, solo cambió de adscripción, por lo que las ausencias continuaron

A poco más de un mes de la designación de Medina Contreras, un Tribunal Colegiado otorgó la suspensión definitiva a Raúl González Arias, quien confirmó, podría volver al Tribunal en cuestión de días.

La información cayó como bomba al interior del Poder Judicial, donde aún no reciben el documento que oficialice el regreso de González Arias pero, de acuerdo con el abogado Juan Manuel Molina, dejaría sin efecto la designación realizada por el Congreso, en caso de que se mantuviera el mismo sentido de la resolución.

En entrevista, González Arias aceptó que su intención no es generar un conflicto, pues estos se han venido dando a lo largo de los últimos años; su inconformidad es genuina y está valiéndose de hechos constitucionales.

Aunque no quiso hablar sobre la suspensión definitiva, ya que aún no tiene le documento en mano, reiteró que sus argumentos son la no retroactividad de una Ley que consideró en su perjuicio.

Otra situación que generó inconformidad fue el intento de cambiar de adscripción al magistrado Víctor Fernández Ruiz de Chávez, actualmente en la Quinta Sala, con el objetivo de seleccionar a un nuevo magistrado numerario en ese puesto, lo cual generó la molestia del hoy magistrado, quien se enfrascó en una batalla argumentativa con varios de sus compañeros, ya que sostiene un juicio de amparo que impide realizar una nueva selección hasta que no se resuelva el fondo del asunto.

Al final, no se dio la readscripción y permanecen con 16 magistrados, por lo que el movimiento estratégico para solucionar dejó las cosas prácticamente igual, dado que los dos magistrados supernumerarios se encuentran en funciones desde hace varios años.

 

SOLUCIONES

Para la jueza Lourdes Molina existe un gran problema tanto en el proceso de selección como en la designación de magistrados, los cuales están sujetos a influencia e intervenciones políticas. Por ello, considera que la designación debería correr por cuenta de un órgano colegiado independiente, conformado por expertos, académicos, integrantes de los poderes, asociaciones civiles, entre otros grupos, con el objetivo de retirar la mano política del Poder Judicial.

Aunque no han establecido mecanismos específicos, estimó necesario que tanto el Poder Ejecutivo como Legislativo, saquen las manos del Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura.

La funcionaria criticó que un consejero será designado directamente por la oficina de enfrente, lo que atenta con la autonomía. Además, consideró que existen malos procesos de evaluación para ocupar los cargos.

Otra propuesta fue una iniciativa que ya se encuentra en análisis en el Congreso del Estado, donde se contempla la selección de 17 magistrados supernumerarios, para cuando se den situaciones como la actual, el Poder Judicial pueda seguir funcionando de manera regular.

“Alguien pudo pensar hace años que no nos iba a pasar, pero tenemos todas las hipótesis, un inhabilitado, un fallecido, una enferma y uno que se separó por la edad, y en los cuatro supuestos provocó internamente”, detalló.

A esto se agregaría que una magistrada permanece bajo licencia sin goce de sueldo por tres años, cuyo regreso facilitaría la situación en que se encuentra el Poder Judicial

Salvador Avelar aseveró que otro de los mecanismos para reducir la cantidad de amparos, tal y como es una designación especializada dependiendo de la adscripción que se encuentra pendiente a cubrir.

Específicamente quiere decir que si existe un espacio para magistrado civil, las evaluaciones tengan un tinte civilista, pues no se está tomando precisamente a los mejores, sino a los que tuvieron una mejor evaluación en un examen.

Como medida correctiva, pretende interponer inconformidades formales contra jueces o aspirantes que hayan utilizado el amparo para conseguir tiempo y no como una medida genuina para la defensa de su derecho.

Por su parte, Juan Manuel Molina cree que todo se debe a una falta de voluntad política, ya que tanto el Poder Ejecutivo como Legislativo, “se quedan observando” los conflictos internos del Poder Judicial.

“A como va esto, no lo van a resolver hasta la Legislatura 23”, sentenció el abogado y político mexicalense.

 

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