Sistema penal (Primera parte)

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Opinionez Lunes, 28 Mayo, 2018 12:00 PM

El día 18 de mayo del presente año, se publicó en los medios de la localidad, la aprobación de la reforma de diversos artículos del Código Penal que se basa fundamentalmente en un aumento de pena de diversos preceptos del reglamento que rige en el Estado, en materia de justicia criminal.

Sin dejar de reconocer el esfuerzo desplegado por lo señores legisladores locales, vale la pena hacer algunos comentarios que a mi juicio, pueden contribuir a mejorar la prevención, persecución, procuración, juzgamiento y sanción de los delitos, que entre paréntesis se han desbordado y creado una psicosis de inseguridad y de hartazgo en la población de nuestro Estado.

I. No es suficiente con aumentar penas para detener la escala de delitos; se deben aplicar medidas políticas conjuntas de prevención para detener el avance de la criminalidad, basadas estas medidas preventivas en la teoría de los controles sociales, esto es que no es suficiente elevar penas en las leyes penales, sino ponemos en vigencia los controles sociales informales y dejamos que el Sistema de Justicia Penal Formal: policías, ministerios públicos, jueces, magistrados, prisiones, etc., actúen cuando ya no existe otra opción. Debemos de partir de la idea que la violencia del Estado por sí misma es ineficaz en el mantenimiento del orden y la seguridad de una comunidad.

La tarea del control social debe empezar en la integración de la familia, debe actuar como difusor de los valores fundamentales que deben regir en la localidad.

Una sociedad permisiva, pragmática, basada en la filosofía del tener, sin valores, es incapaz de mantener el orden y la seguridad en un marco de democracia y de tutela de los derechos humanos. Si a la familia desintegrada agregamos las adicciones a las drogas y la venta inagotable de alcohol que hacen de los jóvenes probables víctimas del vicio, que no reconocen la autoridad paternal, menos la autoridad gubernamental, estaremos entendiendo la magnitud del problema que desemboca en la anarquía, narcomenudeo, robos y hasta homicidios.

II. La educación.- A lo largo del Estado, maestros de los diversos niveles escolares, desde el jardín de niños hasta de las universidades, hacen un esfuerzo para transmitir el conocimiento, que choca con el flagelo de las adicciones, la ausencia y la falta de expectativas de trabajo y estudio.

Son las educadoras las que inician al infante, que luego será un adulto, en el ejercicio de las primeras normas y que dependiendo de la fortaleza de las convicciones en él depositadas, será su calidad como ciudadano. De ahí la importancia que tienen en la formación de los niños, el ejemplo de los maestros. No es la disciplina férrea, sino el amor con que es tratado en los primeros años de formación, niños y niñas, futuros ciudadanos.

III. Las iglesias también deben aportar un caudal axiológico en el combate a la inseguridad, dentro de una sociedad con escaso aporte valorativo. Aquí también es fundamental el ejemplo que con su actuar proporcionan a la comunidad, sacerdotes, pastores, ministros, etc. Por ejemplo, en las prisiones es determinante el esfuerzo que realizan a favor de la reinserción social, los grupos denominados “pastoral penitenciaria”.

IV. Para generar un ambiente de paz, tranquilidad y seguridad, es menester un reparto justo de la riqueza que permita al ciudadano satisfacer sus necesidades con dignidad y decoro. Y así podemos seguir ejemplificando para demostrar la importancia de los factores sociales, cuya participación en el combate al delito es determinante, tal como lo es la vigencia de una legislación eficiente, clara, con un método y una filosofía perfectamente definida.

P.D. Falta legislar en materia de delitos contra la dignidad humana. Falta legislar estableciendo la autonomía e independencia del Ministerio Público. Falta operar jurídicamente para evitar que los derechos humanos se conviertan en un escudo para los delincuentes. Falta legislar para suprimir las normas penales que contribuyen a la impunidad y la corrupción, principalmente en cuanto a las conductas arbitrarias de servidores públicos que realizan negociaciones ilícitas y abusos de poder. Falta prever qué sucederá si con el aumento de penas, será imposible jurídicamente llegar a los acuerdos reparatorios y con ellos a obtener la libertad del delincuente que saturará la vía del juicio oral.

Solución, convocar los señores diputados en conjunto con el gobernador del Estado, una revisión de esta problemática que puede llegar a incurrir en producir resultados contrarios a los propuestos.

 

Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC.

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