La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) estableció que no se cometió cohecho, colusión, peculado, y enriquecimiento ilícito, en el arrendamiento de 52 camiones de basura, cuya denuncia fue interpuesta contra el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
Lo anterior, en prejuicio del erario por un monto de cien millones de pesos, informó Carlos Atilano Peña, coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI); quien consideró que dicha resolución “abona a la impunidad y corrupción que se vive a lo largo y ancho del país”.
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Indicó que el fallo no está apegada a derecho, ya que el Ministerio Público no investigó, ni desahogó todas las pruebas que conforman la carpeta del caso. “Estamos seguros que actuó bajo consigna del gobernador y de la procuradora, en perjuicio de los ciudadanos que denunciamos y a favor de las autoridades investigadas”.
Por ello, esta organización impugnará el fallo durante los próximos diez días, con la pretensión de que “un juez de Control examine la integración de la averiguación previa y en dado caso la modifique”, para que de haber delito, se deslinden responsables. De acuerdo con el resultado que se obtenga, se agotarán los recursos en diversas instancias.
Atilano Peña detalló que una las irregularidades en el contrato firmado con la empresa Grupo Turbofin S.A. P.I. de C.V, es que ésta no es propietaria de los vehículos ni está dedicada a cuestiones de transporte de unidades, por lo que se presume la triangulación de recursos.
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“Estamos seguros que muchas de esas unidades no son recientes, son de 2010 y 2012, de fecha anterior al contrato”, aseguró a ZETA, y cuestionó “entonces por qué no se contrataron unidades nuevas”.
