Secuestradores aterrorizan: “… le vamos a empezar a mandar dedos a su casa”

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Reportajez Lunes, 7 Mayo, 2018 12:00 PM

El dueño de un restaurante de tacos, el hijo de un  tortillero, la esposa de un minero, el hijo de un empresario de licores, familiares con antecedentes delictivos, ha sido el perfil de algunas de las víctimas de secuestro en Baja California. La autoridad informó a los empresarios que los secuestradores son parte de un crimen organizado, pero no cárteles 

Le apuntaron con un arma larga y después de incapacitarlo con una pistola de choques eléctricos, se llevaron al joven de un concurrido negocio en el Bulevar Agua Caliente, el 23 de abril en Tijuana. La madre se vio obligada a negociar con los secuestradores y pagó el rescate antes que las autoridades encontraran al muchacho.

La mujer fue advertida: “Los tenían ubicados”. Además, los criminales le dieron detalles para probar la amenaza:

“Escúcheme, tiene dos pinches horas para deshacerse del gobierno”.

“No te hagas pendeja, yo sé todo”.

“Parece que no quieren a su hijo”.

“Voy a ir a tirar a su pinche chamaco en  la casa”.

“Otra pendejada más y le vamos a empezar a mandar dedos a su casa”.

Al joven lo lastimaban para que gritara mientras lo contactaban por teléfono con su familia, ello fue parte de la serie de amenazas que la madre se vio obligada a enfrentar, en el caso más reciente de secuestro ocurrido en Tijuana que concluyó con la captura “en flagrancia” de dos hombres. De acuerdo al Informe Policiaco Homologado (IPH) de la Policía Ministerial, ambos fueron identificados como “cuidadores” de la víctima, y vinculados a proceso el miércoles 2 de mayo.

Pero otros casos no han sido exitosos.

Era el hijo de un yonkero. Un mes atrás un grupo de hombres se lo llevó contra su voluntad del negocio ubicado en Simón Bolívar e Insurgentes, pidieron dinero para regresarlo con vida a su familia. Negociaron por dos semanas y de repente no hubo más comunicación, días después el muchacho fue encontrado asesinado.

“Era un tema del papá”, justificaron las autoridades que apoyaron a la familia. Ampliaron: “Quienes se dedican al secuestro no ganan nada con matar a su víctima si no han recibido el dinero”, como sucedió en este caso, aseguraron los funcionarios de seguridad.

Este es uno de los secuestros de los que tuvo conocimiento el Grupo Coordinación, pero que no se encuentra contabilizado entre los ocho mencionados por la procuradora Perla del Socorro Ibarra -con cuatro víctimas rescatadas- e incluidos en la estadística estatal entre enero y abril de 2018. El detalle: la familia no tuvo la confianza para denunciar ante las autoridades.

Este caso tampoco es parte de las 14 privaciones contabilizadas entre enero y abril, esas que de acuerdo al subprocurador de Zona de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Jorge Álvarez, incluyen personas o familiares de las mismas, con antecedentes de narcomenudeo y delitos contra la salud, y que asegura, suman apenas el 12.28 por ciento de las 114 denuncias recibidas por ese delito.

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Para las autoridades, en otro extremo están los que llaman “secuestros, secuestros”.

Ella es una mujer de origen coreano, su esposo un minero con recursos y negocios en San Antonio de Las Minas. El 20 de abril, Eduardo Jiménez, José Hernández, Jesús Ramos y Desiré Espinoza, los cuatro a bordo de un automóvil sedán gris y usando una pistola calibre 40, privaron de la libertad a la fémina en la calle Ciclón en la delegación Playas de Tijuana sección Costa de Oro, en el segundo acceso.

Huyeron y en el camino le preguntaron a la dama por sus bienes y los de su esposo, advirtiendo de la petición de un rescate. Tras una persecución, policías municipales los interceptaron. Los captores fueron apresados y la víctima liberada en la colonia San Ángel, Delegación San Antonio de los Buenos.

Aunque los delincuentes no llegaron a pedir dinero como rescate, en la PGJE acreditaron la intención de hacerlo y, debido al perfil de la mujer, fue tipificado “…este es secuestro”. A diferencia del “levantón”, donde se llevan gente para cobrarles deudas de drogas u otros delitos.

Así es como filtra la fiscalía a las víctimas, el problema es que a pesar de ser enterados de la comisión de otros delitos al investigar los secuestros, las autoridades optan por resolver lo local y no investigar el resto.

 

EX SOCIO 

Lo primero que encontraron las autoridades tras el secuestro del  muchacho en el negocio Licodega el 23 de abril -rescatado el día 26-, fue que Salvador Parra, el padre  de la víctima, internado en un centro de rehabilitación por temas de alcohol, tenía antecedentes por delitos en Estados Unidos.

En Tijuana había sido detenido -y liberado- en  diciembre de 1997 como parte de un operativo realizado por soldados y policías federales, tras catear 50 lujosas residencias en los cinco municipios de Baja California, que de acuerdo a la versión del narcotraficante Arturo Eng Guerrero, estaban ligadas a las actividades ilícitas del Cártel Arellano Félix (CAF).

“Pero eso fue hace 21 años, quedó en libertad y no se encontraron actividades delictivas recientes”, arguyeron las autoridades.

Versiones extraoficiales proporcionadas a ZETA refieren que previo a sus actuales negocios lícitos de importación y venta de licores, el padre de la víctima tuvo alianzas  con delincuentes para traficar licor. Entonces su socio era un  sujeto identificado solo con el apellido de Martínez, quien estuvo preso en Estados Unidos. De acuerdo a la visión de este hombre, parte de esos recursos se usaron para fundar los negocios lícitos -de los que él quedó fuera- en los que Parra tiene un nuevo socio, eran de él y se los deben.

Respecto a la supuesta deuda, lo que aparece en el expediente oficial salió de la declaración de la víctima, quien explicó que mientras lo maniataban, los secuestradores le decían que el socio de su papá -Emmanuel Quezada-, su compadre, le debe dos millones de dólares y que como socio, Parra tiene que responder por ello; el muchacho dijo desconocer a quién se referían.

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Al final, el joven fue privado de la libertad, amenazado y maltratado física y psicológicamente, los secuestradores pidieron un millón de dólares para liberarlo, después 2 millones, y terminaron recibiendo una parte de lo que requerían.

Durante la audiencia de control de detención realizada tras la captura en flagrancia de José Manuel Camacho Vizcarra y Julio Arturo Martínez Corrales, quienes a decir de los agentes cuidaban a la víctima en la casa de seguridad con el número 20851 de la calle San Juan del fraccionamiento Otay Magisterial, en el acta de inspección de esa escena  los investigadores indicaron que encontraron un mensaje instruyendo “…en caso de necesitar comida para ustedes o el amarrado llamar a Daniel Martínez ‘El Jou’ o ‘You’”.

En la audiencia de vinculación, el Ministerio Público aseguró que Arturo Martínez, capturado mientras estaba a un lado de la víctima maniatada con cinta gris en ojos, pies y manos, había confesado el secuestro e implicado a Camacho, sin embargo, mientras la agente del Ministerio Público refería los cargos, él negaba contantemente con la cabeza, y al ser vinculado se dirigió a la juez: “Quiero hablar, es que mintieron, me dijeron que no tenía que decir nada…”, fueron sus palabras antes de ser reconvenido por la juzgadora para que hablara con su abogado.

La próxima audiencia fue pactada para el 3 de septiembre de 2018, para dar tiempo al Ministerio Público de buscar antecedentes, huellas  y socios de los detenidos para la comisión de este secuestro.

 

CARGAMENTO PERDIDO

Entre secuestro y “levantón”, la PGJE trabajó el caso del hijo del dueño de una tortillería en Montes Olímpicos, donde fueron detenidos Vicente Ontiveros, Adrián Domínguez, Eusebio Gutiérrez, Arturo García y Alfredo Lara, pasada la 1:30 pm del 17 de abril , minutos después de haberse llevado a la fuerza al joven que fue rescatado casi de manera inmediata.

Mientras huían, los hombres le preguntaban a la víctima de las propiedades que podría tener su familia para responder por su vida.

Oficialmente los detenidos no aceptaron declarar, sin embargo, de manera no oficial, autoridades del Grupo Coordinación  detallaron que se trataba del cobro de una cuantiosa deuda.

Explicaron que el padre del muchacho perdió un cargamento de enervantes en Los Ángeles, California, que ya le habían cobrado varias veces – el 4 de abril le dispararon-, pero argumentaba que él no tenía dinero ni droga, y por eso su cobrador había ordenado el secuestro para que el padre pagara el rescate. Las autoridades conocen esta versión, y para nada quedó consignado en el expediente del caso.

 

“ENTRE ELLOS”

“Para efectos de las consecuencias y determinar qué tan peligrosos es vivir en una ciudad equis, decimos ‘oye, se tuvo veinte secuestros’, y la respuesta es ‘fueron seis y 14 privaciones’”, comentó Mario Escobedo Carignan, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tijuana, al referirse al informe que recibieron los empresarios.

“Como que decir privación no es tanta bronca, volvemos a lo mismo criticable por parte de la sociedad y del gobierno, de ‘se están matando entre ellos’. Una privación es, ‘se están levantando entre ellos, se debían una lana y se la cobraron.’, pero es un tema como el de la marihuana, que no hace daño, pero empiezas con la marihuana y ¿en qué terminas?”, planteó, para continuar:

“Los que se dedican a privar de la libertad ven que está fácil llevarse a los rivales y agarran a otro igual, la diferencia es que ese otro no le debe dinero a nadie, ni es delincuente”.

 

 VERSIÓN OFICIAL: CRIMEN ORGANIZADO, NO CÁRTELES 

“El tema del secuestro está en la mente y antes no lo traíamos, pero no vemos que el ambiente de inseguridad este afectando la actividad comercial”, argumentó Escobedo.

“Entiendo que la diferencia de lo que hoy se pudiera estar presentando en estos casos… no sé si decir aislados, porque son seis, es que no son por cárteles, sino que es por gente que busca dinero rápido, no hay una organización como antes, que secuestraban a alguien y se lo vendían  a otra banda  que tenía mayor nivel que ellos, eso antes era común, pero es un tema que ya está en la agenda, que lo trae la Procuraduría porque se han dado nuevos casos; algunas privaciones pudieran ser secuestros o simplemente para continuar inhibiendo”, enfatizó el empresario.

“Oficialmente no traemos incremento en secuestro, solo en privaciones, el Estado tiene entre 40 y 45 por mes. Las privaciones de marzo 2017  a marzo 2018 suben 18%, si analizamos el comportamiento de los delitos en el Estado y en Tijuana, te vas  a dar cuenta que en la mayoría hay un avance, por marginal que sea, salvo homicidios y narcomenudeo, ¿nos estamos agarrando de ahí para no apretar tanto?, tengo mis dudas”, comentó, para rematar:

“Estamos esperando que las nuevas  estrategias empiecen a dar resultados”.

 

ESTADÍSTICAS

De acuerdo a los números dados por las autoridades a los empresarios, en enero se denunciaron dos secuestros, uno en Tijuana y otro en Mexicali; en febrero solo se denunció uno en Tijuana y en marzo uno en Tijuana y otro en Ensenada.

Compararon el primer trimestre de 2018, con cinco secuestros, contra los seis registrados en 2016 y los seis que se presentaron en 2017  en el mismo periodo; reportaron una reducción del 17%.

Pero en abril de 2017 por ejemplo, no hubo ninguna denuncia por este delito, mientras este año van tres, y el yonkero que no se denunció.

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Para calmar a los empresarios les recordaron que en el primer trimestre de 2008 se habían denunciado 32 secuestros, lo que no mencionaron fue que en aquel momento las privaciones-levantones no se excluían, las denuncias se contabilizaban juntas.

Respecto a las privaciones que de acuerdo al subprocurador en Tijuana registra 114 denuncias recibidas, de las cuales solo 14 están relacionadas con “levantones”, también están los informes de la Policía Municipal de Tijuana, que reportó haber realizado 35 IPH por privaciones de la libertad en los primeros cuatro meses de 2018: siete en enero, con seis detenidos; nueve en febrero, con dos aprehendidos; once en marzo sin detenidos; y ocho en abril, con 18 detenidos.

Sin embargo, para tener una idea de los resultados vale revisar y comparar, porque en abril, de los ocho informes municipales,  la PGJE en Tijuana solo encontró elementos para judicializar dos por secuestro -en ambos casos los detenidos están vinculados a proceso- y analizar cuatro de las denuncias por “levantones”.

De esos expedientes de privaciones:

* En el 16083, judicializaron a Eduardo Montoya, quien está en prisión preventiva.

* En el 17924 judicializaron, pero tres hombres fueron liberados al declararse ilegal la detención, porque no hubo flagrancia.

* 18303, tres detenidos fueron dejados en libertad porque la víctima no los reconoció.

* 18763, mujer dejada en libertad porque la víctima no la reconoció.

  

ABRIL, TENDENCIA A LA ALZA EN SECUESTRO

Al preguntarle al presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) de Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla, cuál era su lectura de los cuatro secuestros conocidos públicamente en abril -muchos en un corto periodo-, respondió:

“Sí muestra una tendencia definitivamente, ya hace algún tiempo nosotros declaramos que si las cosas seguían como estaban, lo que seguían eran los secuestros, era como un déjà vu”.

La delincuencia se siente tan impune en el actuar que eventualmente le empieza a subir el perfil  al delito y eso es lo que parece que está sucediendo, “aquí hay un cruce de cables, los números fríos según las autoridades son ocho secuestros, seis de ellos en Tijuana en lo que va del año, a estas fechas el año pasado llevábamos tres o cuatro, entonces sí, realmente se ha dobleteado.

“Después de ahí vienen las famosas privaciones ilegales de la libertad, supimos del secuestro de un yonquero y luego finalmente lo que dice la autoridad es que había manejos raros en el asunto. El asunto del tortillero de igual manera, ¿de qué manera podemos nosotros filtrar si verdaderamente son secuestros o privaciones de la libertad? La verdad no tenemos el conocimiento, tenemos que confiar en lo que nos dice la autoridad, los números que ellos manejan son los que estoy mencionando”, expuso Hernández Niebla.

“Los seis secuestrados genuinos que la autoridad nos dice que sí es crimen organizado, claramente con una estructura armada, organizada que básicamente nos está pegando, estamos investigando al respecto, pero todavía no estamos en la posición de actuar, pero sí nos hablan de estructuras criminales sustentadas y organizadas”, agregó.

 

DENUNCIA INMEDIATA

El secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Marco Sotomayor, aseguró que el promedio de privaciones y secuestros se ha mantenido a la baja y en promedio, “lo que hizo más ruido en abril fue que hubo  más asegurados, luego el video de un secuestro anduvo circulando, eso te pega en la percepción, pero las estadística son similares”.

Y el común denominador en los casos con detenido, “tiene que ver con el tiempo que tarden en llamar para denunciar, en estos dos casos hubo llamadas inmediatas al 911 y se pudo reaccionar porque teníamos unidades relativamente cerca, se pudo identificar a los vehículos”.

Y amplió:

“Para robos con violencia,  homicidios y privaciones tenemos un operativo que desplegamos, pero si la llamada la hacen cinco minutos después, ya se evadieron, tiene que ser inmediata, ese es factor determinante.

“Otras son situaciones al azar, si en ese momento tenemos una unidad cerca hay más posibilidades de poderlos intervenir. No se trata de que en unos se responden rápido y otros no, en uno se es eficaz y en otro no, tiene que ver con el tiempo en el que informan y cómo están desplegadas en ese momento las unidades”, admitió el funcionario.

 

MENSAJES EN REDES, BOLETINES Y COMUNICADOS

La semana pasada, a través de redes sociales circularon dos mensajes en los que se advertía que los policías andaban secuestrando en las calles de la ciudad, de manera inmediata el Gobierno del Estado emitió un boletín negando y fue respaldado por otro comunicado del CCSP.

“Hay una tendencia, y la tendencia genera esta paranoia que traemos ahorita en la ciudad.

No estamos diciendo ‘no hay secuestros, no hay extorsiones’, sino que estos mensajes que se están distribuyendo en las redes no son necesariamente la realidad”, enfatizó Juan Manuel Hernández.

“Nos dice gente con la que hemos platicado, sí existen los secuestros y les decimos, díganme dónde están para poderlos sustentar, y nos responden que no tienen confianza en la autoridad; les decimos, vengan con el Consejo Ciudadano, a mí me ha tocado involucrarme con mucho gusto, nosotros hacemos la conexión ante la autoridad y estamos acompañándolos en todo el proceso” concluyó el titular del CCSP, invitando a las familias de las víctimas a acercarse al organismo.

 


 

Suman 952 homicidios dolosos en BC; abril, el más violento del año en Tijuana

Entre los hechos dolosos registrados durante los últimos siete días en Tijuana, destaca el hallazgo de dos cabezas humanas cercenadas, un hombre descuartizado dentro de una hielera, el ataque de un ministerial adscrito a la Unidad de Robos -a quien meses atrás ya habían amenazado a través de un narcomensaje dejado sobre el Corredor 2000 en 2017-, así como el crimen de una mujer, convirtiéndola en la víctima 70 en lo que va del año.

En 2018 suman 952 homicidios dolosos en el Estado, con Tijuana a la cabeza, con 767 hechos.  Hasta ahora, abril ha sido el mes más violento en el año, con 207 crímenes.

La mañana del miércoles 2 de mayo, el agente ministerial Alfredo Pérez Obispo, de 37 años de edad, fue atacado a tiros cuando iba a bordo de un vehículo oficial en la colonia Ampliación Guaycura. Recibió impactos en hombros y un rozón en la cabeza, pero alcanzó a repeler la agresión, lesionando al menos a una persona, de acuerdo a rastros de sangre encontrados en una camioneta tipo Suburban color oscuro, con placas de California que fue abandonada con armas largas en su interior sobre el Bulevar Insurgentes, a la altura de la colonia Los Álamos. Hasta el momento el agente se reporta fuera de peligro y los presuntos criminales no han sido localizados.

La lista de homicidios de la última semana es como sigue:

Sábado 28 de abril. Un masculino de entre 30 y 35 años fue ejecutado Valle Dorado. Dos hombres, uno de ellos identificado como Omar Lisandro Jiménez Meza, de 33 años, fueron asesinados a tiros  en Fovissste. Vanderley Ataliva Comandari Montiel, de 43 años, fue privado de la vida por arma de fuego en la colonia Guerrero.

Domingo 29. Un hombre de alrededor de 40 años fue ejecutado en el Hotel Niza. Un masculino fue acribillado en una vivienda  en la colonia Alfonso Ballesteros. Una cabeza cercenada, correspondiente a un sujeto de entre 30 y 35 años, fue localizada en un bolso en la Zona Centro.  En Los Lobos, un sujeto desconocido fue atacado a balazos, hiriéndolo de muerte.

Lunes 30.  Maynor Hilarión López López, de 25 años, fue privada de la vida a balazos en Las Torres parte alta. La cabeza cercenada de un masculino de entre 20 y 25 años fue localizada en Lomas de San Martín, sobre el resto humano una leyenda: “ASÍ VAN A QUEDAR RATAS ATTE CTNG”.

Martes 1 de mayo. Alberto Camacho, de 42 años, falleció en la Clínica 1 del IMSS luego de recibir un tiro en el tórax el 27 de abril. Una mujer, de entre 45 y 50 años, fue ejecutada a balazos en la Zona Norte. Los restos humanos de un masculino fueron localizados en el interior de una hielera en la colonia Guerrero.

Miércoles 2. Con lesiones punzocortantes fue localizado el cadáver de un masculino de entre 30 y 35 años en la colonia Margarita Morán. En estado de putrefacción fue localizado el cadáver de una persona con lesiones por disparo por arma de fuego en Jardín Dorado. Envuelto en una bolsa de plástico color negra sobre el Bulevar 2000, fue hallado el cuerpo de un sujeto de entre 25 y 30 años. En el negocio Autopartes Usadas Titán, en la colonia Guanajuato, Jorge Luis Enguiadanes González, de 47 años, fue ejecutado a tiros. Los presuntos responsables huyeron en un vehículo color verde. En Valle Verde, Erick Espinosa, de 37 años, fue asesinado a bordo de su vehículo compacto color plata. Los criminales huyeron en un auto color blanco. José de Jesús Tadeo Sedano, de 25 años, fue asesinado a tiros en la colonia Simón Bolívar. Mientras que en el Hospital General, Jesús Castro López, de 24 años, murió por las lesiones de bala.

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