Policías federales y estatales de Chihuahua se disputaron durante la madrugada de este sábado, la custodia de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, a Antonio Enrique Tarín García y a Gerardo Villegas Madriles, los tres con procesos penales abiertos por presuntos delitos de corrupción.
Ayer viernes por la noche, en el momento en que estaban bajo custodia de la PF durante una audiencia, Gerardo Moreno García, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, ordenó al jefe de la corporación en dicha entidad, trasladar al penal ubicado en la capital de la República a los tres implicados en los presuntos desvíos de 250 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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La orden de traslado fue dictada en la causa penal 24/2018 por Moreno García, durante una audiencia celebrada en el reclusorio capitalino, que inició a las 19:00 horas y concluyó a las 21:35 horas, y en la que estuvieron presentes interconectados vía videoconferencia desde una sala del Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, el ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Gutiérrez Gutiérrez, así como Tarín García y a Villegas Madriles, ex directores de Adquisiciones y de Administración de la Secretaría de Hacienda de la entidad, en el gobierno César Horacio Duarte Jáquez.
Los abogados de Tarín García y Villegas Madriles, pidieron al juez federal que, aprovechando que en ese momento sus clientes estaban custodiados por elementos de la PF, ordenara trasladarlos esta misma noche al Reclusorio Norte, al concluir la audiencia.
Los litigantes argumentaron que las autoridades estatales de Chihuahua de forma reiterada han incurrido en actos ilegales y de mala fe para impedir el cambio de penal de sus representados, desacatando una y otra vez las órdenes judiciales y presentando amparos.
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Los defensores de los ex funcionarios mencionaron que la orden que ayer viernes dictó un juez del fuero común para mantener presos a los procesados en el penal estatal fue emitida en una audiencia celebrada contra el consentimiento de los acusados y sin la presencia de sus abogados.
Ayer viernes, la Fiscalía General del Estado informó que el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, Eduardo Alexis Ornelas Pérez, consideró inconveniente el traslado de los imputados al Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, ya que cuentan con otras causas penales por el delito de peculado agravado, e indicó que “existe un impedimento jurídico” para su traslado.
Ornelas Pérez enumeró los procesos locales pendientes que enfrentan cada uno de los sujetos: Alejandro Gutiérrez, causa penal 4094/2017 por el delito de peculado agravado; Antonio Enrique Tarín, causas penales 1260/2017, 2289/2017, 1841/2017 y 2675/2017, por el delito de peculado agravado; y Gerardo Villegas, causas penales 1260/2017, 2299/2017 y 2289/2017 por el delito de peculado agravado.
Asimismo, la Fiscalía estatal confirmó que en la causa atraída por la Federación (24/2018), los imputados recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) estatal, No. 1, en Aquiles Serdán, pueden estar presentes mediante el uso de videoconferencias, “ya que se cuenta con la infraestructura pertinente”.
Ante ello, los abogados de Tarín García y Villegas Madriles pidieron al juez federal autorizar el uso de la fuerza pública para ejecutar el traslado, ante la resistencia de las autoridades chihuahuenses. Sin embargo, Moreno García respondió que este recurso debía analizarlo con mayor detenimiento porque podría derivar en un enfrentamiento entre agentes del orden.
Incluso el juzgador reconoció que en algún momento valoró ordenarle a las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar) llevar a cabo el traslado de los tres acusados, sin embargo, dijo, al final decidió que fuera la PF.
“Ordeno a usted que la PF realice el traslado de los tres gobernados si algún elemento (de alguna autoridad) le lleva un oficio, dígales que los tres deben ser trasladados a este Reclusorio Norte”, le instruyó el juez al jefe de la Policía Federal en Chihuahua, quien estaba junto con los imputados en la videoconferencia.
Ante ello, tanto la Policía Federal y como la Estatal desplegaron operativos con decenas de elementos para disputarse la custodia de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, a Antonio Enrique Tarín García y a Gerardo Villegas Madriles, quienes iban a ser trasladados al aeropuerto de la capital de la entidad y de ahí llevarlo, vía aérea, a la capital del país, para así cumplir con la orden del juez federal.
Sin embargo, los agentes estatales arribaron al sitio a fin de impedir tal traslado, y se apostaron alrededor del edificio judicial a fin de garantizar que Gutiérrez regresara al Centro de Readaptación Social (Cereso) estatal, No. 1, en Aquiles Serdán.
Según lo informaron medios locales, tras casi una hora de tensión entre las dos corporaciones, finalmente un convoy de por lo menos 30 patrullas de la Policía Estatal se llevaron de nueva cuenta a su celda en la prisión local, a los acusados de desviar alrededor de 250 millones de pesos del erario para campañas políticas del PRI, a través de contrataciones de servicios simulados con la Secretaría de Educación del Estado de Chihuahua y empresas facturadoras.
Alejandro Gutiérrez
Gutiérrez Gutiérrez fue detenido en Saltillo, Coahuila, el 20 de diciembre del año pasado. Se encuentra recluido por dos procesos penales de presunto peculado agravado, uno por 250 millones de pesos, 246 de los cuales se triangularon, supuestamente, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacia la administración del ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez.
Todo ello a través de empresas fantasma, y después entregados al PRI para las campañas estatales del 2016, en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. Por esta investigación, Gutiérrez Gutiérrez recibió seis meses de prisión preventiva. Mientras que el segundo proceso es porque una empresa propiedad del también ex senador, supuestamente recibió un millón 740 mil por servicios que nunca prestó, por lo que se le dictó la medida cautelar de un año de prisión preventiva.
El diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje en el que afirmó que Gutiérrez Gutiérrez era un “aliado” del presidente Enrique Peña Nieto. Además, citó documentos a los que tuvo amplio acceso en los que se vincula a Manlio Fabio Beltrones Rivera, ex presidente nacional priista, como la cabeza de un amplio plan para saquear el dinero público y destinarlo a las campañas estatales del PRI en 2016.
Por otra parte, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que a Antonio Enrique Tarín García, “se le acreditó plenamente que a través de servicios no prestados y falsas adquisiciones se cometió el desvío de 120 millones de pesos del erario público”, cuando este era el ex director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, por lo que el 13 de mayo del 2017 fue vinculado a proceso, con una medida cautelar de prisión preventiva.
El gobernador Javier Corral Jurado acusó de forma directa al Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto, de una represión contra su estado, por las investigaciones que lleva a cabo sobre probables delitos de corrupción del ex mandatario estatal, César Horacio Duarte Jáquez, y de posible desvío de recursos al PRI.
El gobernador chihuahuense acusó que el Gobierno de Peña Nieto no quiere detener a César Duarte, pero si detiene los recursos para el estado, ya que hay “una evidente intención” de “estrangular” a Chihuahua, además de que se está utilizando a la SHCP, como “instrumento de control político” contra los mandatarios estatales que investigan hechos de corrupción.
Corral Jurado narró que el pasado 4 de enero sostuvo una reunión con el titular de la SHCP, José Antonio González Anaya, y con otros altos funcionarios de Hacienda Federal, y que en ella se le comunicó que no le serían depositados 900 millones de pesos de participaciones federales que le corresponden a Chihuahua.
“Nos deben 900 millones de pesos, 700 del convenio firmado el 4 de diciembre para el saneamiento financiero, más 120 del programa de saneamiento financiero para enero, más 80 de otros tres convenios”, afirmó Corral Jurado en ese momento.
Sin embargo, el pasado 3 de febrero, se destrabó de forma momentánea el conflicto político, cuando Corral Jurado, y el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, otorgaron una conferencia conjunta, en la que informaron que suscribieron “una serie de acuerdos honorables”.
