Solo diez averiguaciones previas y dos carpetas de investigación por el delito de “Introducción clandestina de armas”, se han iniciado en Baja California en seis años. El delito de tráfico de armamento no se persigue, a pesar que el Estado asegura actualmente un promedio de 150 pistolas y rifles al mes, y el 70 por ciento de estos ingresó de manera ilegal procedentes de Estados Unidos. El 75% de los mil 137 homicidios ejecutados este año en BC, se han cometido con estas armas, lo mismo que los secuestros. De los detenidos en posesión de armas que son liberados “…es muy claro que van a salir a seguir matando”, asegura el presidente del CCSPE
De acuerdo a estadísticas, el 80 por ciento de las pistolas y rifles que se aseguran en Baja California proceden de Estados Unidos. Entre 2017 y 2018, solo las policías locales en los cinco municipios de la entidad, han asegurado más de mil 700 armas: Tijuana con mil 251, Mexicali con 314, Rosarito con 88, Ensenada con 64 y Tecate con once. Más de 600 en lo que va de 2018.
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En contraparte, reportes de la Procuraduría General de la República (PGR) indican que desde 2012 a la fecha, nadie ha sido detenido por tráfico de armamento, el argumento de la autoridad es que tal delito resulta difícil de configurar porque usualmente en la entidad se da el tráfico hormiga.
Lo más cercano son doce averiguaciones previas convertidas en consignaciones por “introducción clandestina de armas”; cuatro fueron en 2012, tres en 2013, otras tres en 2014 y dos en 2017, no más.
Entonces, con aproximadamente mil 200 armas de origen estadounidense detectadas en los recientes 16 meses, solo se han abierto dos carpetas por un delito parecido a tráfico, y debieron iniciarse con relación a las 15 armas cortas, cinco largas, 17 cargadores y 150 cartuchos útiles que el General Enrique Martínez, Comandante de la II Zona Militar, declaró ante la prensa local que la Aduana y el Ejército habían asegurado en los cruces de Mexicali, Tecate y Tijuana, entre enero y noviembre de 2017.
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De acuerdo a informes del Secretariado Ejecutivo Nacional, de 2012 a 2018, Baja California se ha mantenido en los tres primeros lugares en delitos federales cometidos contra la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. En tercer lugar, de 2012 a 2015, con Tamaulipas y Jalisco en primero y segundo lugar, respectivamente.
Pero a partir de 2016, con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), el resto de las entidades redujo el número de operativos y detenciones por portación y posesión de armas, de traer mil 200 o mil 700 averiguaciones, bajaron a 900 carpetas. Como Baja California los mantuvo por encima de los mil expedientes, en los últimos tres años ha mantenido el nada honroso primer lugar.
En 2016, con mil 017 violaciones a la Ley de Armas, BC superó las 990 de Guanajuato, y las 924 de Tamaulipas. En 2017, con mil 189 violaciones, la entidad quedó por encima de las mil 156 de Guanajuato, y las mil 028 de Tamaulipas. Y en los primeros cuatro meses de 2018, las 509 violaciones a la Ley de Armas reportadas por este estado, superan las 404 de Guanajuato y 294 de Tamaulipas.
En ese contexto, las autoridades del Grupo Coordinación, integrado por autoridades de los tres órdenes de gobierno, no han implementado ningún tipo de operativo, o de seguimiento de inteligencia para combatir el tráfico de armas para rastrear a los grupos que están surtiendo a los criminales.
ADUANA Y EL PASO DE ARMAS
“Las armas es un tema de la Aduana claramente, (en marzo) me preguntaron si yo sabía de dónde venían las armas, les dije que no, pero era muy claro que las adunas estaban permeadas por ahí era donde entraba la mayoría, y se ofendió el administrador de la Aduana -Enrique Orantes-, la verdad la declaración no era contra él, me mandó dos, tres mensajeros, de que no le gustaba lo que había dicho y le saqué una nota del director general de Aduanas que había estado una semana antes aquí, donde decía que uno de los principales reto que tenía el SAT era básicamente el contrabando de armas”, dijo Juan Manuel Hernández Niebla, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
Foto: Cortesía
El 2 de marzo de 2018, en la Feria de Competitividad con sede en Tijuana, el administrador general de Aduanas, Francisco Gil Leyva Zambada, declaró ante reporteros que lo cuestionaron por las 200 mil armas que de acuerdo a cifras de investigadores entran al país de manera ilegal, que ese es uno de los desafíos de las aduanas mexicanas. Sin dar números, refirió que ellos investigan y algunos empleados ya han sido sancionados por favorecer este delito; aseguró que ya blindaron la aduana de Nogales, que están trabajando en el blindaje de Laredo y en la frontera con Baja California, mientras trabajan en conjunto con Estados Unidos.
“Los municipios y los estados pueden ayudar en el combate al tráfico de armas con inteligencia en lo local, inteligencia no solo para la reacción o al prevención, para dar seguimiento, identificar la concurrencia y las rutas del delito. El tema es que utilices una inteligencia que te permita combatir más quirúrgicamente, obvio no es un tema sencillo, pero no hay evidencia de que ahorita se esté compartiendo información de inteligencia”, ni entre corporaciones ni entre países, agregó al respecto Francisco Rivas, director de Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
Recalcó la urgencia de reformar las aduanas: “Pasar al personal por los controles de confianza, dotarlas de mayor capacidad y mejorar hasta las cantidades de personal dedicadas a ciertas aduanas, porque la de Tijuana no es la terrible, la terrible es la de Tamaulipas, por ahí entra el 70 por ciento de las armas que ingresan al país.
“Las armas entran por aeropuertos, puertos, cruces fronterizos, enteras o desarmadas, de China están entrando muchas, por la frontera sur. Luego pasan por las carreteras, ¿cuáles carreteras, cuáles son las rutas que siguen las armas y las ciudades?”, planteó.
Sin embargo, por encima de las capacidades y discapacidades del Estado mexicano, Rivas destacó que el próximo Presidente de la República tendrá que aplicar nuevos protocolos para detener el tráfico de armas, “lo que proponemos es un cambio que va de la política, desde lo internacional a lo nacional. Es cierto, es difícil poner sobre la mesa una política de armas con Estados Unidos porque ellos tienen dinero y nosotros no, así resulta difícil, pero tiene que poner en evidencia que la política de drogas está ligada a la política de armas, en la medida que Estados Unidos no admita su corresponsabilidad de no permitir el ingreso a México. Si ellos quieren vender armas en Walmart o en 7-Eleven es su problema, pero deben establecerse protocolos para inhibir que las armas salgan de ese país”, concluyó el director general del ONC.
ARMAS EN SECUESTROS, PRIVACIONES, HOMICIDIOS Y ROBOS
El 18 de mayo fue privado de la libertad un hombre de 67 años, padre de una familia dedicada al ramo de la imprenta, “personas totalmente ajenas a actividades ilícitas”, manifestaron desde el sector empresarial. Al día siguiente, el hijo recibió una llamada donde le solicitaban una cuantiosa suma de dinero para regresarlo con vida. Para proteger a la víctima, el asunto se manejó con hermetismo por la autoridad.
Cinco días después, el miércoles 23 de mayo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) anunció su rescate y la aprehensión de cinco plagiarios en la colonia Zermeño y el aseguramiento de “dos armas largas” y dos autos clonados como de la Policía Ministerial.
El 19 de mayo se reportó el ataque a balazos contra un hombre identificado como promotor de box en el fraccionamiento Del Prado, murió en el hospital tres días después. El 21 de mayo, el policía municipal Álvaro Solís Cárdenas fue atacado a balazos afuera de su casa en el Bulevar Salvatierra, y resultó con heridas leves.
Otra privación se hizo pública el 22 de mayo pero en Rosarito, donde un joven familiar de los dueños de la frutería Serranita fue presuntamente obligado a subir a un auto por hombres armados disfrazados con barbas falsas y, hasta la mañana del jueves 24, de acuerdo a la respuesta oficial desde la PGJE, el asunto seguía atendido por la Subprocuraduría de Rosarito. El Grupo Antisecuestros no había entrado, al no existir solicitud de rescate de parte de los delincuentes.
La mañana del 23 de mayo, la señora Martha Casillas fue víctima de un asalto a cuentahabiente sobre el Bulevar Insurgentes de la delegación Cerro Colorado, los delincuentes se llevaron más de 50 mil pesos a bordo de un Toyota Corolla blanco. Y más tarde, traficantes de droga balearon a policías en inmediaciones de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Valle de las Palmas, mientras huían.
La mañana del 24 de mayo, en la colonia Lomas del Rubí, se denunció una balacera, el reporte indicó que un delincuente de la colonia, apodado “El Chon” -moreno, cabello engomado hacia atrás-, baleó al de nombre Ricardo Fox frente a su casa, y como producto del ataque, Bianca, su hija de 3 años de edad, recibió un tiro en la cabeza y murió en el hospital.
Esto fue parte de la violencia generada por gente armada en esta semana que cierra en Tijuana, con 902 asesinatos, de los cuales 146 han ocurrido en lo que va de mayo.
Conforme a reportes estadísticos de las autoridades, el 75% de los mil 137 homicidios ejecutados en lo que va del año -cierre a las 8:00 am del jueves 24 de mayo-, en Baja California se perpetraron con arma de fuego; de los 50 mil 259 robos denunciados en el Estado durante 2017, el 24% se cometieron con violencia, lo que se traduce en más de 12 mil víctimas asaltadas con algún tipo de arma. Mientras que en los primeros cuatro meses de 2018, los ciudadanos víctimas de robos violentos fueron 3 mil 497.
Durante el sexenio encabezado por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, las ejecuciones crecieron un 312%, de 714 en 2014, a 2 mil 231 en 2017, y los robos violentos incrementaron de 10 mil a 12 mil por año.
Mientras los delitos cometidos con armas de fuego incrementaron, los detenidos por posesión de armas y las consignaciones por ese delito se han mantenido en el mismo nivel en los últimos seis años, con un promedio anual de mil 200 denuncias, de esas, 570 terminan con averiguaciones previas y al final se consignan 440 expedientes o carpetas.
“SI NO DEJAS ESTOS INDIVIDUOS DENTRO, LOS ASESINATOS SE VAN A SEGUIR DANDO”: CCSP
Al interior del Grupo Coordinación, representantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) no han abordado las estrategias para dar seguimiento al tráfico de armas: “Lo que sí hemos hecho es investigar las aprehensiones que han hecho de los delincuentes que los agarran armados hasta los dientes y los dejan ir, y ahí la bolita está entre el Ministerio Público federal y los jueces federales”, expuso el titular, Juan Manuel Hernández Niebla.
Y refirió tres casos recientes que calificó impunes:
* 27 abril. Policía Municipal de Tijuana boletina la captura de once hombres en poder de un arsenal y equipo táctico. Dos quedan presos por tener órdenes de aprehensión pendientes por homicidio, y el resto por no tener antecedentes queda libre bajo proceso.
* 11 de mayo. La Policía de Tijuana anuncia la captura de cinco adultos y un menor de edad en Camino Verde, con dos armas largas, una corta y tres pasamontañas. Todos fueron liberados bajo proceso, pero dos que tenían órdenes pendientes por homicidio fueron recapturados de manera inmediata por la PGJE.
* 19 de mayo. Elementos del Ejército y Policía Federal detienen a un hombre tras una persecución y balacera en San Quintín. Los delincuentes se volcaron y huyeron pie tierra, uno fue localizado entre los matorrales. De acuerdo al Informe Policiaco Homologado, tenía un arma tipo revólver fajada a la cintura, 19 cartuchos útiles calibre .223 en la bolsa frontal del pantalón, y el hombre amarrado de pies y manos fue localizado en la parte de atrás de la camioneta acusó al detenido y otros de haberlo privado de la libertad desde el 14 de mayo. El detenido fue procesado por privación y no por secuestro.
“Hemos tratado de cuestionar al delegado de la PGR- Victorino Porcayo- y se niega a dar información, en el evento donde aprehendieron a los 13 y prácticamente los soltaron a todos, le pedí copia del video para que un abogado penalista lo revisara y viera dónde recaía la responsabilidad, porque si caía en el juez íbamos a presentar una denuncia ante el Contencioso Administrativo en contra del juez, me mandó una carta que él no me podía dar el video, que lo tenía que pedir a la Judicatura Federal, se lo mandé al Consejo, nos respondieron hace un par de días y prácticamente nos remitieron a ITAIP directamente y estamos esperando que ellos nos contesten”, expuso Hernández.
“Independiente del trabajo fuerte o débil que puede hacer un Ministerio Público, yo no puedo entender cómo puede haber un juez federal que tenga el criterio de tener a gentes armadas y dejarlas ir. Así pasó con los 13 (quedaron 11) detenidos con armamento, y los otros cinco de Camino Verde, luego lo del Valle de Guadalupe, cuestionamos otra vez al delegado PGR y dijo no me podía dar información”, agregó.
Al argumento de los jueces de que la Ley dicta que el delito de portación y posesión de armas se puede procesar en libertad, Hernández Niebla argumentó: “La Ley también dice que el juez que está otorgando libertad, si ve que son peligro para la sociedad, los puede dejar dentro.
“Si los dejas fuera, ¿cuándo van a regresar?, y es muy claro que estos cuates son los que están generando los asesinatos. Si los dejan en libertad es muy claro que van a salir a seguir matando, no hay vuelta de hoja: no necesitas ser un erudito en seguridad para darte cuenta que ahí es donde está el punto flojo de lo que está sucediendo aquí. Si no dejas estos individuos adentro, los asesinatos se van a seguir dando”, advirtió.
“O es el Ministerio Público federal el que está fallando, o el juez, o los dos en colusión. Por eso estamos buscando con otros organismos, con instituciones educativas, la manera de establecer un protocolo para dar seguimiento a las audiencias públicas que lleve el fuero común y del federal, para poder emitir reporte de lo que sucede adentro”, concluyó.
TRÁFICO EN SAN DIEGO
Revisando reportes judiciales y periodísticos, el caso más reciente de un grupo delictivo con actividad criminal en Baja California que ha sido detenido y acusado por tráfico de armas, se conoció cuando la Fiscalía del Sur de California, radicada en San Diego, anunció el 28 de febrero de 2018 que tras una investigación de dos años, lograron la captura de 37 miembros de una pandilla ligada al Cártel de Sinaloa, a la que acusó de tráfico de drogas y armas, en la cual dos de sus integrantes destacados mantenían operatividad en Tijuana en el caso criminal 17CR179-JLS. Sin embargo, la actividad criminal del lado mexicano sigue impune.
Entre crímenes, balaceras y ataque a policía, homicidios dolosos llegan a 902 en Tijuan
Cincuenta y tres personas, entre ellas cinco mujeres, fueron asesinadas durante los últimos seis días en Tijuana, cifra que en lo que va de mayo, asciende a 146 víctimas mortales.
En los hechos violentos de la última semana, destaca el ataque a un policía municipal y una familia, en el cual falleció una menor de edad.
Álvaro Solís Cárdenas, policía adscrito a la Delegación San Antonio de los Buenos, fue atacado a tiros cuando salía de su domicilio en la colonia Salvatierra. Debido a la rápida respuesta de sus familiares, el oficial fue llevado a una clínica particular para su atención, donde salió del nosocomio cuatro horas después. De los agresores, hasta el momento prófugos, se sabe que conducían una camioneta Explorer o Blazer de color blanco.
Entre los crímenes más recientes figuran:
Domingo 20 de mayo. Un masculino con heridas por disparo de arma de fuego, falleció en la Cruz Roja. Un cuerpo calcinado fue localizado en la colonia San Luis. Flor María Méndez Díaz, de 28 años de edad, fue asesinada a balazos en la Anexa Loma Dorada. Un desconocido fue hallado muerto en Los Valles. En Hacienda Los Venados, a la altura de Rancho Casián, se localizó el cuerpo putrefacto de un masculino. El cadáver de un hombre de entre 35 y 40 años fue encontrado en la colonia 3 de Octubre. En un predio baldío en Natura, se hallaba el cuerpo sin vida de un masculino de entre 30 y 35 años. A balazos fue asesinado un varón, de entre 35 y 40 años, en La Morita. Mientras que Jorge Alberto Anaya Monteón fue asesinado por arma de fuego en Balcón de las Huertas.
Lunes 21. En la colonia Azcona, un hombre fue encontrado sin vida en la cajuela de un auto marca Ford. En un predio en construcción en Pueblo Bonito, fue encontrado muerto Serafín Pérez Pérez, de 63 años. En el Hospital General fallecieron por lesiones de arma de fuego Juan Ramón Montaño González, de 28 años, e Ilia Xcaret Trejo Camarena, de 21. En la Salvatierra fue asesinado a balazos Jesús González Gutiérrez, de 39 años. José de Jesús Ramos Rodríguez, de 58 años, fue ultimado por arma de fuego en La Morita. Carlos Giovanni Cardozo Sánchez, de 22 años, murió producto de las balas que le propinaron en Camino Verde. Y Joel Hernández Montelongo, de 44 años, murió a tiros en Valle Vista.
Martes 22. Un masculino sin identificar, de entre 35 a 40 años, fue ejecutado en Nueva Aurora. En un camino vecinal por el Rancho Casián, se localizó el cadáver de Miguel de Santiago Pasillas. Frente a una vivienda en el Mariano Matamoros Sur, se encontró el cuerpo sin vida de Sofía Ramírez Espinoza. En el Hospital Del Prado murió Óscar Campillo, de 60 años, quien había sido baleado tres días en El Prado. Un masculino sin identificar, de entre 25 y 30 años, fue ultimado en Valle Verde.
Miércoles 23. En la Clínica 1 del IMSS, Fidel Martínez Fuentes, de 47 años, y Christian Martín López Solís, murieron a causa de tiros Josué Jesús Toribio Guedea, de 26 años, fue asesinado a balazos en El Mirador. Juan Carlos Ramos López fue encontrado muerto y esposado en Burócratas Cuesta Blanca; la víctima recibió disparos de arma de fuego. En Terrazas del Valle fue ejecutado un masculino hasta ahora desconocido y, en El Florido, fue asesinado Juan Carlos Rojo Berrelleza, de 41 años.
Jueves 24. Joaquín Márquez González, de 54 años, fue ultimado a balazos en Jardines del Rubí. En Villas del Sol, un hombre de entre 35 y 40 años fue encontrado muerto. Por arma de fuego y punzocortante, un masculino aún sin identificar murió en Terrazas del Valle. En tanto, en la colonia Los Maestros, el saldo de un ataque armado a un taller de carrocería fue de dos muertos y tres heridos.
De acuerdo a estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la cifra de homicidios hasta el cierre de esta edición, 24 de mayo, llegó a mil 137 casos en Baja California.
