En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la Arquidiócesis de Tijuana enfrenta una disputa laboral con un ex trabajador que asegura haber laborado durante quince años para esa jurisdicción eclesiástica, y haber sido despedido “injustificadamente”.
Mientras en la Iglesia informan que el ex trabajador, José Lino Sierra Arias, decidió dejar su trabajo, incluso con la intención de acudir a los Tribunales laborales, como sucede hoy día. Extraoficialmente también informaron que tras auditorías internas detectaron irregularidades en el trabajo de Sierra, pero que éstas no fueron denunciadas ni oficial, ni oportunamente.
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Ahora, Sierra Arias demanda el pago del finiquito que por ley le corresponde y que, sostiene, las autoridades de la Arquidiócesis le han negado.
Leonel Eduardo García, abogado defensor de Sierra, detalló que fue el 22 de septiembre de 2017, cuando su cliente fue despedido después de 15 años de laborar en la parroquia Iglesia de Guadalupe, donde se dedicaba a la venta de nichos mortuorios. La terminación de la relación laboral, consideró el abogado, derivó de los cambios que a su llegada hizo el Arzobispo Francisco Moreno Barrón.
Debido a que “no le pagaron los últimos días trabajados, ni las prestaciones que le corresponden por ley”, el 16 de octubre de 2017 presentaron la demanda por despido injustificado ante Conciliación y Arbitraje, en contra de la Parroquia Iglesia de Guadalupe, el Arzobispo y los padres Jesús Cárdenas Núñez y Luis Orozco, personas a las que el denunciante rendía cuentas directamente.
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Sierra exige la reinstalación en el trabajo, 397 mil 683 pesos, por concepto de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones con prima proporcional, pago por incumplimiento del contrato de trabajo e indemnización, además de la prima de antigüedad.
“NO FUE DESPEDIDO, DECIDIÓ RETIRARSE DE SU TRABAJO”
En la Arquidiócesis señalan que las cosas no se dieron como Sierra lo manifiesta, que “nunca se le despidió, sino que por cuenta propia decidió abandonar la institución, incluso antes del supuesto despido, para irse ‘a los tribunales laborales’”, sostuvo el padre Jesús Cárdenas, actual párroco de la Iglesia de Guadalupe.
Efectivamente, dijo, el señor Sierra Arias llevaba desde el 20 de octubre del 2003 laborando en la cobranza, dentro de la parroquia, hasta que el 27 de julio de 2017 presentó directamente una carta en la que le expuso que no podía estar trabajando ahí y que mejor se iría a los tribunales laborales para llevar su caso.
A decir del párroco, Sierra Arias tomó esa decisión dos días después de que la Arquidiócesis le realizara una auditoria, debido a que el ingreso por la venta de unas criptas, no correspondía al precio estipulado; no obstante a que por ello la iglesia no inició un proceso en su contra, por ello, dos días después presentó su carta y ya no regresó a laborar jamás, añadió.
El sacerdote aseguró que la Iglesia tiene abierta la posibilidad de un diálogo “para llegar a un arreglo mediante la palabra y la razón”, lo cual -dijo- se ha intentado hacer en dos ocasiones, pero el agraviado no se ha presentado a las citas a las que ha sido convocado.
DENUNCIARÁN A JUNTA DE CONCILIACIÓN
Jesús Germán Vejar Chapa, otro de los abogados del agraviado, agregó que a la primera audiencia del juicio solamente acudieron los padres Jesús Cárdenas Núñez y Luis Orozco, no así el Arzobispo, quien posteriormente interpuso un incidente de nulidad de actuaciones, argumentando no haber sido notificado correctamente.
Pero el documento de ese recurso legal lo presentó con dos fechas distintas, una de las cuales lo invalidaba automáticamente, al sobrepasar el término de tres días para dar respuesta al requerimiento que recibió el 12 de marzo de 2018. Pero en las tres primeras hojas del incidente de nulidad, el sello de recibido señala la fecha del 16 de marzo, con horario de las 15:40 horas, fecha en la que ya quedaba inválido, pero en las consecuentes hojas se plasmó la fecha del día 15 de marzo, lo que la defensa de José Lino Sierra calificó como “alarmante”, al considerar que la alteración se hizo “para efectos de que la Arquidiócesis manipule estar en tiempo de presentar su incidente”.
Aseguran que en los próximos días presentarán una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de la propia Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la Arquidiócesis y quien resulte responsable, debido a que en esta situación “podrían presentarse los delitos de tráfico de influencias y el de fraude procesal”.
ALTERACIÓN DE FECHAS, ERROR EN EL SELLO
Del señalamiento de la supuesta alteración de documentos por contar con sellos de dos fechas distintas, el párroco Jesús Cárdenas aclaró que la Arquidiócesis no ha sido notificada.
Francisco Landagaray Macías, secretario general de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, aseguró que la alteración en los documentos, remarcada por la defensa del denunciante, no existe. Aunque las primeras hojas están selladas con dos fechas distintas, en el libro de registro de Gobierno no hay ningún error y está registrado el documento con la fecha del día 15 de marzo y “todo está bien”, resaltó.
Agregó que “en lo económico” ya revisaron el expediente y “está en su fecha y hora como debe de estar”; sin embargo, recalcó que hay un procedimiento a seguir en el que el actuario tendrá que ir a hacer una inspección, tal como lo solicitó la parte demandante, pero que en cuanto al error en los sellos, se debe a que “son muy viejos y a veces hasta solitos se mueven las fechas o a veces no imprimen bien un número”.
