“… debemos tener un sustento tributario que sea justo, y que personas como yo, que nos hemos beneficiado de las oportunidades ofrecidas por la sociedad, deban pagar un poco más para asegurarnos que niños de otros menos afortunados puedan también tener esas oportunidades”.- Barack Obama durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada el 29 de junio de 2016 en Ottawa, Canadá
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La relación del gobernador Francisco Vega de la Madrid y de los alcaldes de Ensenada y Tijuana, Marco Antonio Novelo Osuna y Juan Manuel Gastélum Buenrostro, con los hombres del dinero en Baja California, se ha caracterizado por una serie de altas y bajas.
Hoy los empresarios reclaman a la autoridad, publican un desplegado o un espectacular exigiendo seguridad, alto a la impunidad, respeto al Estado de Derecho, y al día siguiente los citan, se reúnen, platican y todos tan felices, hasta que algo sucede y el ciclo se repite. Como un mal noviazgo.
Aunque es cierto que en esta relación es común que representantes del Poder Ejecutivo sean los que constantemente incumplan con sus obligaciones, con sus responsabilidades, y abusen del poder tratando de obtener ganancias, también es real que algunos de los adinerados aprovechan y utilizan como pretexto la conocida corrupción gubernamental, el despilfarro y los abusos que cometen los funcionarios, para ellos buscar la forma de evadir sus responsabilidades civiles, sociales y fiscales. El ejemplo más palpable, por reciente, es el trámite judicial que hacen para que les devuelvan el importe que pagaron por el Impuesto Predial, el cual realizan ante la autoridad municipal.
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Como ejemplo, el Ayuntamiento de Tijuana debió regresar 8.5 millones de pesos en 2017, y 4.4 millones entre enero y marzo de 2018, a un promedio de 100 contribuyentes. Y como no es una práctica nueva, al final de la gestión del ex alcalde Jorge Astiazarán, en 2016, devolvió 10.6 millones de pesos a 54 contribuyentes particulares y 36 empresas.
Esto lo pueden llevar a cabo los empresarios que tienen dinero para pagar un abogado, y lo hacen desde 2008, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Ley de Ingresos para el Municipio de Tijuana viola el principio de equidad tributaria al emplear diferentes valores a predios con o sin construcción. Situación que por cierto, en diez años no ha sido modificada por ninguno de los cabildos, pese a los efectos adversos.
Mientras el ciudadano común paga su Impuesto Predial, obvio de acuerdo a sus posibilidades y riquezas, o pobrezas, los que pagan y después piden que se les regrese el 70 por ciento -porque es la manera de cumplir legalmente- son ex funcionarios, ex empresarios del año, dueños de plazas comerciales, maquiladoras, parque industriales, reconocidos constructores y representantes de empresas inmobiliarias.
Surgen nombres conocidos y respetados en la sociedad como Pablo Rafael Carrillo Barrón, Mauricio Fernández Margain, Salomón Cohen, Guillermo Díaz, Jorge Reyes López María Luisa Lutteroth Lomelí, Erick Mugerdich, miembros de familias como Chalita, Fimbres Romano, Guakil y Álvarez Casal. Todos y todas, personas de trabajo que han sido favorecidos, que han recibido y siguen recibiendo mucho de la ciudad y de sus habitantes.
Apenas el 13 de abril, en Tijuana, en un foro precisamente patrocinado por empresarios, titulado “Si fueras Gobernador ¿qué harías para resolver la actual crisis de inseguridad y violencia en Baja California?”, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juan Marcos Gutiérrez González, pidió a los asistentes abrir su mente a la posibilidad de que los importes del Predial se actualizara para tener y sostener policías de calidad como la que requiere el Estado, sus municipios, y brindar la seguridad que tanto reclaman.
Sin considerar que la propuesta del magistrado Gutiérrez es algo ideal, el hecho es que el Impuesto Predial se requiere para satisfacer las necesidades de servicios de la ciudadanía, y si los hombres del dinero y del poder consideran que los políticos están haciendo mal uso de ese recurso, tienen la suficiente fuerza y representatividad para combatir a los gobiernos ineficaces y corruptos.
Pero en lugar de trabajar por mejores leyes fiscales y un gravamen que no viole la equidad, deciden cómo los funcionarios corruptos que tanto critican, interpretan o adecuan las leyes a sus necesidades, a través de procedimientos legales pero sin ética social, para que la ciudad les regrese el dinero que pagaron.
