Mario Alberto Cabrera Mendoza, coordinador General de Seguimiento Gubernamental, fue llamado a comparecer ante Sindicatura Municipal el viernes 4 de mayo, como seguimiento a la investigación de un presunto fraude por 752 mil pesos, cometido contra el Ayuntamiento de Ensenada.
Esa cantidad fue depositada a una cuenta, luego que la oficina del presidente municipal, Marco Antonio Novelo Osuna, recibió un presunto correo falso en enero de 2017, donde le indicaban que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ponía a disposición, contenedores con artículos varios -que podían ser utilizados como ayuda social-, valuados en seis millones de pesos.
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De acuerdo a los correos electrónicos en poder de ZETA, se trataba de artículos incautados que fueron almacenados en contenedores de barco, ubicados en Veracruz; por lo que se requirió al gobierno municipal, el pago inmediato de 752 mil pesos por concepto de flete.
Hasta mayo de este año, el contenedor no había llegado a Ensenada, razón por el cual, la Sindicatura Procuradora abrió una investigación y Mario Alberto Cabrera fue llamado a comparecer, ya que indicó la síndico Karina Castrejón Bañuelos, una de sus responsabilidades -como la de todo servidor público- es prevenir que se dé mal uso del erario.
La diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, hizo un posicionamiento en sesión del Congreso del Estado, donde exigió fincar responsabilidades en contra de los funcionarios involucrados, tanto los que solicitaron como los que aprobaron la transferencia presupuestal del Ramo 5, de la Dirección de Desarrollo Social, por 752 mil pesos a la partida “Fletes y Maniobras”, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017.
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Agatón consideró inadmisible que los regidores Orlando Agapito Toscano Montaño y Jorge Camargo Villa, de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, hayan considerado suficiente el simple dicho de dos funcionarios, sin ningún documento o evidencia que respaldara la justificación de transferir esa cantidad para declarar procedente la operación.
Posteriormente citó la solicitud de dos funcionarios municipales, que fue lo único que indujo a los regidores a que emitieran el dictamen de autorización para trasladar un contenedor, con diversos apoyos sociales en especie, para personas de escasos recursos.
Respecto al documento, la legisladora hizo hincapié en que en el texto no se indica la documentación comprobatoria en el expediente correspondiente, sobre dónde se encontraba el contenedor y hacia qué lugar se trasladaría; la cotización del traslado y sobre quién era poseedor o dueño de los diversos apoyos sociales en especie.
La solicitud tampoco indica en cuánto estaban valuados los apoyos y cuántos eran. Cuestionamientos que según la legisladora, debieron haberse formulado y contestado para sustentar la aprobación de dicha transferencia.
Por lo que en un marco de respeto a la autonomía del Municipio y en cumplimiento a la Constitución Local y a la Ley en la materia, mencionó que fiscalizará la aplicación del pago para trasladar un contenedor con apoyos sociales, “esto a efecto de que se finquen las responsabilidades administrativas procedentes conforme a la legislación aplicable en la materia y se ejerciten las acciones que legalmente correspondan, con el objeto de resarcir los daños y perjuicios que en su caso hubieren ocasionado a la Entidad Fiscalizada”, puntualizó.
“Analizaremos la información respectiva en cumplimiento a lo establecido en la ley sobre la materia y en su caso se solicitará la comparecencia de servidores públicos vinculados con los resultados de la fiscalización”, subrayó.
