El día 2 de mayo del presente año se publicó en algunos medios de la región, una carta abierta dirigida a la sociedad bajacaliforniana, documento que, por su importancia, extraña que no haya sido comentada de manera preferente por la totalidad de medios que circulan en la entidad. Podemos afirmar que este documento pasó casi desapercibido por parte de legisladores, peritos y académicos en materia de justicia penal y por todos aquellos que estamos preocupados por el crecimiento de la inseguridad pública que se vive en la localidad, causando temor en la población y afectando seriamente al desarrollo económico, político y social de la comunidad bajacaliforniana.
1. Coincidimos con el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, en el sentido de que es necesario legislar para modificar penalidades y calificación de gravedad de algunos delitos, como la portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, aclarando que esto último debe darse en un proceso de revisión total del sistema penal vigente, con objeto de medir aciertos y desaciertos, como la ha propuesto el suscrito desde el año 2008 a la fecha.
Publicidad
2. La delincuencia organizada que asuma diversas modalidades, como delitos contra la administración pública, debe ser combatida con procedimientos especiales, encaminados a evitar su crecimiento, gracias a la impunidad y corrupción que hasta hoy han venido gozando.
Tiene razón el maestro en Derecho Penal, Cuauhtémoc Castilla, cuando afirma la necesidad de crear sistemas procesales de excepción que frenen el hipergarantismo que hoy padecemos, aunque ello implique una reforma de fondo a la Constitución Política.
El enfrentamiento con delincuentes que poseen capitales de millones de dólares resulta desigual, inequitativo e injusto para la sociedad y particularmente para los encargados de mantener el orden y la seguridad, y se convierte en un propiciador de la impunidad y la corrupción. En este momento no puede ser enfrentado si no buscamos los mecanismos para combatir a la criminalidad con estrategias democráticas y apegadas a derecho, si al mismo tiempo que protegemos las garantías fundamentales, no buscamos instrumentos modernos que frenen una delincuencia que goza de las facilidades que trae consigo la posesión de tecnología de alta calidad, biotecnología, ingeniería financiera, electrónica, etc.
Publicidad
III. En síntesis, necesitamos revisar no solo el Código Penal, sino todo el sistema penal, incluyendo los órganos de combate a la impunidad y la corrupción. Esto implica que los partidos políticos dejen de privilegiar sus intereses para dar inicio a una lucha contra un enemigo al que las barreras jurídico-constitucionales no han podido detener.
P.D. 1. La penología moderna afirma que es desacertado tratar como iguales a delincuentes comunes con delincuentes millonarios, para estos últimos, los métodos clásicos de reinserción social resultan inoperantes.
P.D. 2. La lucha por un nuevo sistema penal debe encabezarla por mandato constitucional (Artículo 49, Fracc. II), el gobernador del Estado, y debe incluir una procuración de justicia autónoma e independiente, ajena a las variables políticas.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC.
