El empresario tijuanense Gerardo Álvarez Jiménez, también encargado del hotel Coahuila y gasolineras, es acusado por su madre de haberla mantenido en cautiverio para obtener sus acciones empresariales, así como por sus primos y socios, por robo y administración fraudulenta al intentar apoderarse de los negocios de la familia
El administrador del bar Adelita, gasolineras y plazas comerciales, Gerardo Álvarez Jiménez, enfrenta una denuncia, levantada por su propia madre, por el delito de secuestro, al haberla mantenido en cautiverio hasta obtener un poder con el que se adueñó de acciones de la empresa de la familia, así como otra denuncia por robo y administración fraudulenta respecto a la misma compañía, pero interpuesta por sus primos y socios.
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Los hechos que se denuncian ocurrieron a los días que su padre, Juan Daniel Álvarez Gutiérrez, falleciera en septiembre de 2017. En 1983, el señor Álvarez Gutiérrez fundó la empresa Rigeisa de Tijuana junto a su cuñado, Juvenal Jiménez Loza, hermano de su esposa, María Guadalupe Jiménez Loza, como socios mayoritarios.
La empresa inició con un capital de 6 millones de pesos, unos 6 mil pesos actuales, pero hoy se cotiza en millones de dólares. Esta compañía es propietaria de los negocios Adelita Bar, Hotel Coahuila y La Valentina Bar, los tres ubicados en la Zona Norte de Tijuana, siendo Adelita uno de los centros nocturnos dedicados a espectáculos nudistas más populares y redituables en esta zona de tolerancia.
Durante años, los cuñados manejaron juntos sus negocios y en 2008 se convirtieron en socios igualitarios, cada uno 50 por ciento de las acciones.
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Desde hace poco más de una década, Gerardo Álvarez Jiménez, hijo mayor de Juan Daniel Álvarez Gutiérrez, se encargó de la administración de estos giros, mientras que Álvarez Gutiérrez residía en Aguascalientes con su esposa María Guadalupe Jiménez Loza y viajaba frecuentemente a Tijuana para supervisar sus empresas.
Foto: Cortesía.- La casa donde la señora María Guadalupe fue retenida contra su voluntad, según la denuncia penal
Sin embargo, a inicios de 2017, el señor Álvarez Gutiérrez cayó enfermo y se mudó de manera permanente a San Diego, California, donde se sometía a tratamientos experimentales.
Cuando parecía mejorar, sufrió un derrame cerebral que acabó con su vida el 9 de septiembre de 2017. “Sabíamos que estaba enfermo, pero nunca nos dijo la gravedad”, comenta su hijo Ricardo Álvarez Jiménez en entrevista.
La muerte de Álvarez Gutiérrez coincidió con el tiempo que su esposa permaneció en terapia intensiva en un hospital de Aguascalientes, a raíz de una cirugía.
Desde 2004, doña María Guadalupe padece diabetes, lo cual la ha dejado sin visibilidad en un ojo y con vista disminuida en el otro. Además, se le han diagnosticado otros padecimientos como depresión e insuficiencia cardiaca por arterosclerosis.
Por estos motivos, su familia decidió no darle a conocer la noticia del fallecimiento de su esposo hasta que lograra su recuperación.
No obstante, según una denuncia interpuesta en la Fiscalía General de Aguascalientes, la muerte de quien fuera su marido durante 50 años fue el pretexto con el que tres de sus hijos la llevaron hasta Tijuana, donde, entre amenazas, firmó un poder para ceder sus acciones a su hijo mayor, Gerardo Álvarez Jiménez.
“LES DIJE QUE ME TENÍAN SECUESTRADA, PERO LES RIO RISA”
Según la denuncia interpuesta el 15 de diciembre de 2017 en la Fiscalía General de Aguascalientes, la señora María Guadalupe Jiménez Loza fue privada de su libertad “con fines de otorgar poderes, firma de documentos y otros”.
Dada de alta tras su cirugía y ya en casa, la señora Jiménez Loza recibió una invitación por parte de María de Jesús Luna, su comadre y una de sus mejoras amigas, para desayunar en casa de esta el domingo 8 de octubre.
Su hijo Ricardo, quien la cuidaba después de la intervención quirúrgica, comenta que le pareció una buena idea que su madre saliera de casa y conviviera con sus amigas. Al día siguiente, la hija de la señora María de Jesús Luna pasó por la señora Jiménez Loza y su enfermera personal, según consta en la acusación.
En casa de su amiga se encontraban sus hijas María Isabel y Juana María del Carmen Álvarez Jiménez. Al terminar el desayuno y cuando la señora Jiménez Loza se retiraba, una de sus hijas la alcanzó para decirle “Córrale que mi papá está muy grave y se está muriendo, nos vamos a Tijuana”, establece la denuncia.
En realidad, el esposo de doña Jiménez Loza había fallecido un mes antes.
La señora plasmó su sentir en el documento penal, “entré en shock y en medio de la confusión y prisa, pedí pasar a mi casa por ropa y cosas personales para el viaje”, pero sus hijas no se lo permitieron.
En el vehículo de su hija María Isabel, narra la mujer, viajaron también su hija Juana María del Carmen, la hermana de su comadre y su enfermera. Llegaron al Aeropuerto de Guadalajara, donde abordaron un avión con Tijuana como destino.
Una vez en el avión, la mujer notó que sus acompañantes, incluida su enfermera, sí llevaban maletas y comenzó a sospechar por qué no le habían permitido llamar a su hijo Ricardo para avisarle del viaje.
Al llegar a Tijuana, las recogió el chofer de su hijo José Gerardo Álvarez Jiménez y las llevó a casa de Jorge Ramón Álvarez Gutiérrez, hermano de su esposo, a pesar de que María Guadalupe pidió la trasladaran al departamento de su marido. Ahí permaneció dos días en cautiverio, según consta en la querella.
“No me dejaban salir ni al baño sola, toda la noche me la pasé vigilada… me tenían bien cuidada en una casa de seguridad, lo que me desconcertaba, no podía creer de lo que estaba siendo objeto por mis propios hijos, amigas y enfermera, tenerme privada de mi libertad personal”, cita la denuncia.
Además, la señora María Guadalupe declaró que la enfermera le dio a tomar una pastilla blanca, la cual no coincidía con sus medicamentos y que la dejó sedada.
Al día siguiente, el lunes 9 de octubre por la tarde, sus dos hijas y su hijo Gerardo le comunicaron que su esposo había fallecido.
“La noticia me afectó, lo que agravó mi estado de salud y emocional, pero a la vez me molestó porque bien podrían habérmelo dicho en mi casa de Aguascalientes y no era necesario traerme a Tijuana de esa forma, arriesgando mi vida al estarme recuperando de la operación de vesícula y con debilidad física”, narró la mujer en su denuncia de hechos.
Cuando les insistió en que le permitieran regresar a Aguascalientes, “mis hijos me indican que para poderme regresar tendría que firmar algunos documentos a favor de mi hijo José Gerardo Álvarez Jiménez, caso contrario, nunca me regresarían, amenazándome con llevarme a Las Vegas, Nevada”. Su esposo contaba con un departamento en esa ciudad.
La víctima continúa su narración en la denuncia: “Les manifesté que eso era un secuestro, retenerme a cambio de algo, pero les dio risa”.
El martes 10 de octubre, doña María Guadalupe fue trasladada a casa de su hijo Gerardo Álvarez Jiménez, ubicada dentro del exclusivo fraccionamiento Puerta de Hierro.
Dentro de la residencia, “ya se encontraba una persona que se ostentó como Notario Público Número 4, Eduardo Manuel Navarro Vallejo García Travesí”.
En su relato, la madre de Gerardo Álvarez Jiménez recuerda: “Firmé contra mi consentimiento y a cambio de que me liberaran para regresar a esta ciudad, desconociendo qué fue lo que firmé en ese momento. El notario no me leyó los documentos o libros dados, ni me pidió documento para identificarme”.
Horas más tarde, recuerda la mujer, regresó el mismo notario con más documentos y se repitió la dinámica.
Días después, María Guadalupe se enteraría de que había firmado su propio testamento y un poder en el que ella entregaba el 25% de sus acciones de Rigeisa de Tijuana (que le correspondían tras la muerte de su esposo) a su hijo Gerardo Álvarez Jiménez. Este porcentaje de las acciones le correspondía a la mujer tras la muerte de su esposo.
Al día siguiente de la firma, miércoles 11 de octubre y casi un mes después del fallecimiento del señor Juan Daniel Álvarez Gutiérrez, se celebró una misa en su nombre, a la cual acudió su hijo Ricardo Álvarez Jiménez y, el jueves 12 de octubre, este regresó con su madre a Aguascalientes.
En entrevista con ZETA, Ricardo Álvarez Jiménez refirió que le pareció sospechoso que el cuerpo de su padre fuera entregado 22 días después de su fallecimiento. A pesar de que no fue invitado por sus hermanos, se enteró por medio de un tío y acudió a la misa.
De manera adicional a la denuncia penal por secuestro, se anexa una por robo, ya que de la caja fuerte de la señora María Guadalupe en casa de Aguascalientes, a cuya clave tenían acceso sus hijos, fueron sustraídos 2 millones de pesos en dinero, joyas y facturas de tres vehículos Toyota Corolla 2018, una camioneta Toyota Land Cruiser 2007 y una camioneta Toyota 4Runner 2003 que además fueron retirados de la residencia.
También se llevaron sus documentos personales, como credencial de elector y pasaporte, al igual que objetos personales de ella y de su esposo. La señora María Guadalupe señala como responsables en la denuncia, a sus hijos Gerardo, María Isabel y Juana María del Carmen.
Mientras que por el delito de secuestro, no solamente se encuentran acusados sus hijos, también su enfermera de nombre Sandra y el esposo de ella, Francisco Brizuela Rincón quien trabajaba en la misma empresa que prestaba servicios de enfermería, así como el notario Eduardo Manuel Navarro Vallejo García Travesí, entre otros.
Como parte de la carpeta de investigación que se integra en la fiscalía, los hermanos Gerardo, María Isabel y Juana María del Carmen han aportado su declaración en la que aseguran que su madre, a pesar de su edad y estado de salud, se trasladó a Tijuana por sus propios medios.
CON AYUDA DE UN NOTARIO EN OAXACA, GERARDO ÁLVAREZ PASA SUS ACCIONES A SU HIJO
Tras enterarse de lo que había firmado, la señora María Guadalupe Jiménez Loza acudió ante la Notaría 35 de Aguascalientes, encabezada por Fernando Quezada Leos, para revocar los poderes otorgados a favor de su hijo Gerardo Álvarez Jiménez, según consta en el documento protocolizado el 19 de octubre de 2017.
La medida fue notificada por el notario Fernando Quezada Leos, al notario Eduardo Manuel Navarro Vallejo García Travesí en Tijuana, quien había dado fe a los poderes entregados.
Ricardo Álvarez Jiménez indicó que a los días de esta notificación, su hermano Gerardo acudió a Oaxaca para realizar una cesión. El 25% de las acciones de las que se había apoderado fueron transferidas al hijo de Gerardo, Luis Daniel Álvarez Ramírez.
Así quedó asentado en la Notaría Pública Número 106, con el titular Alejandro José Vidaña Luna. Cosolapa, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, el 26 de octubre de 2017. El documento protocoliza un contrato de cesión de derecho de acciones de José Gerardo Álvarez Jiménez, a Luis Daniel Álvarez Ramírez, celebrado en Tijuana.
La cesión fue valuada en 431 mil 500 pesos, cada acción con valor de mil pesos, muy por debajo de su valor real y, para darle validez, se hace referencia al documento que acredita a Gerardo Álvarez Jiménez “en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de dominio limitado por la señora María Guadalupe Jiménez Loza” respecto a la empresa Rigeisa de Tijuana.
Se trata del documento notariado por días antes por Navarro Vallejo García Travesí, antes que la señora María Guadalupe revocara.
El mismo notario denunciado por la viuda, se encargó de protocolizar el testamento del señor Juan Daniel Álvarez Gutiérrez, el cual recayó en el Juzgado Cuarto de lo Civil, dentro del expediente 1615/2017.
Y es que en su testamento, el señor Álvarez Gutiérrez estableció que tras su muerte, el 50% de sus acciones de Rigeisa de Tijuana quedarían repartidas de la siguiente manera: 25% para su esposa, 8% para su hijo Gerardo, 8% para su hija María Isabel y otro 8 % para Juana María del Carmen.
“Con el 25% de mi mamá y administrando el 16% de mis hermanas, Gerardo se convertía en el socio igualitario a mi tío (Juvenal Jiménez Loza)”, acusó Ricardo Álvarez Jiménez.
EL INTENTO POR APODERARSE DE LOS NEGOCIOS
Si bien, Gerardo Álvarez Jiménez es reconocido en el círculo empresarial como el encargado del bar Adelita, él solo actuaba como administrador y trabajaba para su padre, el copropietario junto a su tío Juvenal Jiménez Loza.
A su vez, al señor Jiménez Loza, sus hijos Damián y Ashley Jiménez Álvarez lo auxilian en la administración de estos negocios, quienes levantaron una denuncia contra Gerardo Álvarez Jiménez, su primo, por el delito de administración fraudulenta y robo.
Así como Juvenal Jiménez Loza y Juan Daniel Álvarez Gutiérrez formaron juntos la empresa Rigeisa de Tijuana, también crearon tres operadoras de sus negocios: Adtsa, Tijsa y Rabad, que administran el bar Adelita, el Hotel Coahuila y La Valentina Bar, respectivamente.
Según consta en la carpeta de investigación con Número Único de Caso 0204-2018-04139 que se integra en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Baja California, el 13 de diciembre de 2017, Gerardo Álvarez Jiménez llegó al bar Adelita y despidió al gerente para declararse ante los empleados como administrador único y ordenó retirar el dinero de las cajas registradoras. Luego hizo lo mismo en Hotel Coahuila y en La Valentina Bar, así como en las oficinas contables de las negociaciones que se ubica sobre la Calle Segunda, donde exigió le entregaran los tokens bancarios de todas las empresas.
Para ello, según consta en la denuncia, se hizo acompañar de un actuario, quien dio validez a un poder que nombraba a Gerardo Álvarez Jiménez como administrador único de Adtsa, Tijsa y Rabad.
Entrevistado por este Semanario, Damián Jiménez Álvarez declaró que meses antes había sido notificado que su primo obtuvo un poder que lo nombraba administrador único de las tres operadoras, por lo que él y su hermano hicieron una revocación de poder.
Esta acción quedó protocolizada el 11 de octubre de 2017 ante el notario Gabriel Moreno Mafud, por lo que los hermanos Jiménez Álvarez interpusieron denuncias penales por las atribuciones que su primo Gerardo Álvarez Jiménez tomó al margen de su personalidad jurídica.
Tras conocer que su tía María Guadalupe había denunciado también a Gerardo Álvarez Jiménez por apoderarse de sus acciones, Damián comprendió que su primo estaba intentando quedarse a cargo de todas las empresas.
Mientras que Ricardo Álvarez añadió que desde la muerte de su padre, su hermano Gerardo “tampoco ha entregado cuentas del resto de los negocios, hay cuatro gasolineras y un centro comercial en Otay, tenía que entregarle cuentas a mi mamá y no ha reportado nada”.
Las empresas a las que hace referencia son Servicio Ravello, que opera cuatro gasolineras y desde hace años disputa en tribunales la apertura de una estación de servicio en Calle Cuarta de la Zona Centro, frente a una escuela primaria; así como a la plaza comercial San Miguel, ubicada en Otay, ambas administradas por Gerardo Álvarez Jiménez.
