Cada diputado de Baja California cuesta a los ciudadanos, de pura dieta, 84 mil 289 pesos al mes, sin contar gasolina, comidas, pasajes y otras privilegios que les da el honorable Congreso del Estado.
Les alcanza para traer chofer, asistentes y hasta para pagar su compañía en varios de los casos. Además manejan en la opacidad, otras jugosas bolsas de dinero: 200 mil pesos para “gestión social”, que es un monto otorgado mensualmente a cada legislador que lo usa -en el mejor de los casos- para repartir dádivas o regalitos y fotografiarse para la vanidad o la promoción personal; en otros simplemente sirve para engordar la billetera personal, pues es dinero que termina sin ser comprobado. Igualmente, cada uno recibe entre 150 y 200 mil pesos para “realizar trabajos” de la comisión que preside.
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Sin embargo, para algunos diputados, vivir del puesto público no es suficiente e invierten su diputación en el proceso electoral.
Carlos Torres
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El caso más descarado es el de Edgar Benjamín Gómez Macías, de extracción priista y oriundo de Tecate. El diputado, desde hace algunas semanas, fue nombrado como coordinador general de la campaña al Senado de Alejandro Arregui Ibarra, quien dejó tirada su responsabilidad en el Congreso para irse de candidato.
El detalle es que Benjamín no quiso soltar la ubre gubernamental para cumplir con sus tareas de partido.
Por eso, cuando el miércoles 25, Alejandro Arregui y Juanita Pérez, su fórmula en la candidatura, despotricaron en un mensaje contra los “malos representantes” y la “alarmante corrupción”, además de prometer “cárcel” a “los delincuentes y corruptos”, parecían un chiste.
Arregui, Juanita y Benjamín, deben saberse de memoria, el Artículo 100 de la Constitución de Baja California. Pero aquí lo pueden repasar: “Los servidores públicos tienen en todo tiempo, la obligación de aplicar con imparcialidad, los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.
Pero el PRI no tiene el monopolio del uso de recursos públicos para sus fines políticos. En el otro partido, Carlos Torres también empeña su figura para quehaceres electorales y hace lo mismo Claudia Agatón, del Partido del Trabajo, quien es la sombra de su pareja, el candidato de Morena a la diputación por el Distrito 3, en Ensenada.
Ninguno de los arriba mencionados tuvieron la bondad de suspender, aunque sea temporalmente, sus regalías del Poder Legislativo en tiempo de campañas. Ni solicitaron licencia, ni dejaron de cobrar el tiempo que le dedican a coordinar campañas políticas.
