Se disparan robos con violencia

Foto: Cortesía
 
Edición Impresa Martes, 10 Abril, 2018 12:00 PM

Jóvenes que operaban para diversos cárteles, hoy incursionan en bandas que se dedican al hurto con diferentes armas, desde cuchillos hasta rifles de alto poder. Tal fue el caso de Jorge Alberto Vázquez Márquez, presunto asaltante abatido por agentes en La Paz, tras cometer un atraco en la vía pública y atacar elementos de seguridad a tiros

“Hemos estado encaminando las acciones para tomar las riendas principales en los trabajos de patrullaje y atención a los delitos que afectan a los ciudadanos; disminuyeron los incidentes de alto impacto, hablando de los homicidios, pero hay otras afectaciones. En ese sentido es como están reforzando la (Policía) Federal, Estatal y Ministerial, llenando los huecos de los oficiales que fueron dados de baja; como Ejército seguimos operando en nuestras tareas, pero ellos como autoridad civil son más visibles”, refirió una fuente militar a ZETA.

El hecho fue confirmado por la Policía Ministerial que acudió a un llamado de emergencia en la colonia Ciudad del Cielo, en La Paz, donde Jorge Alberto Vázquez Márquez, de 29 años de edad,  fue abatido a tiros por agentes de seguridad.

El joven murió justo después de asaltar con lujo de violencia a una persona en la vía pública. De hecho, al acudir las unidades de emergencia fueron recibidos a tiros en las calles Isabel la Católica y Norte.

“Fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que debieron repeler la embestida, en la que resultó herido el agresor. Los elementos de la corporación procedieron a solicitar el auxilio de los servicios de emergencia para la atención médica de la persona del sexo masculino, quien, de acuerdo al reporte del nosocomio, falleció más tarde”, reportó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El presunto criminal originario de La Paz contaba con un largo historial delictivo y, aun cuando permanecía operando en las calles de la ciudad, contaba con dos órdenes de aprehensión por asalto a mano armada (robo con violencia) y posesión y tráfico de drogas (narcomenudeo). Los datos fueron recabados a través de Plataforma México y revelados a ZETA.

En la escena el crimen se localizó una pistola tipo escuadra marca Glock 9 milímetros, dos casquillos percutidos y dos más en el cargador del arma, además de un cuchillo.

El aumento de delitos de alto impacto ha orillado a las fuerzas de seguridad a
incrementar los operativos en las calles, el robo con violencia va a la alza en el primer bimestre del 2018

“Parece que se trata de un elemento de los que aún estaban activos en la zona, de esos grupos que se quedaron sin distribución de estupefacientes y se dedican a lacerar a la gente, (el occiso) asaltaba y robaba. Sin una ocupación real a la que atendiera, delinquía para mantener su adicción y ya era buscado”, informó una fuente ministerial.

Los policías acudieron al llamado y solicitaron al asaltante entregarse, pero este solo disparó para resguardarse.

Como este Semanario ha publicado, jóvenes violentos que se encontraban en operaciones para los diversos cárteles, hoy se encuentran operando.

Los antecedentes que mantenía Jorge Alberto lo situaban como un delincuente peligroso, al que ciudadanos denunciaron en reiteradas ocasiones y seguía en las calles.

“Ya eran muchas ocasiones que había sido denunciado, pero no vale la pena porque al otro día ya andaba en la calle de nuevo y solo se burlaba de los que perdíamos nuestras pertenencias, el sistema corrupto que tenemos, solo lo apresaba y dejaba en libertad como sin nada. Sí, impunemente transitaba por las calles y no hacían nada, tuvo que pasar esto para que nos libraran de tanto daño que nos hizo”, denunció Juan Manuel, vecino de Ciudad del Cielo.

Existe un grupo con el cual este joven operaba en la zona, y en los alrededores del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 62 en La Paz, se ha visto y denunciado frecuentemente una persona de aspecto joven a bordo de un vehículo Nissan Sentra de reciente modelo, de color blanco y vidrios polarizados.

“Es un joven delgado, siempre pasa a exceso de velocidad sin importarle, primero, que hay una escuela y, segundo, está Tránsito (Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal) a un cuadra y siempre pasa muy rápido, volando, es delgado y es un carro blanco de reciente modelo, las placas no las tengo porque pasa muy rápido, pero es obvio que es narco y tira droga muy cerca de la escuela; no descarto que a los mismos estudiantes”, denunció don Francisco, quien vive cerca de la institución educativa.

 

Estos claros ejemplos no solo ponen al descubierto que la venta de droga y delitos de alto impacto siguen afectando a la población, sino pareciera que hay oportunidad de que sigan operando con toda tranquilidad.

“Sinceramente creen que porque andan tirando esa droga que tanto envenena a los jóvenes, tienen derecho a maltratar a los ciudadanos, de darse baños de pureza y pasarse la Ley por encima, si así van a comportarse fantoches con la población, pues al menos se van a topar con ciudadanos como nosotros, cansados de la impunidad y con ganas de denunciar, aunque sea a través de ustedes, los medios que hacen llegar esto a las autoridades”, agregó don Francisco.

 

COORDINACIÓN NO ALCANZA A DETENER DELINCUENTES

En 2017 se cometieron 10 mil 797 robos en sus diferentes modalidades, en promedio 900 por mes; en enero de 2018 hubo 919 y 825 en febrero.

Para 2016, el primer bimestre sumó mil 795 robos en diferentes modalidades, con y sin violencia, es decir, las cifras se han mantenido a estos días con una ligera disminución, nada extraordinario a como prometió Daniel de la Rosa Anaya, procurador general de Justicia en el Estado.

Por municipio, la creciente que se ha registrado en el primer bimestre del año en comparación con 2017, destaca principalmente en Los Cabos y Mulegé; en el resto de los municipios se mantiene.

 

Aunque en La Paz se tuvo una ligera disminución, hay un incremento de incidentes con personas armadas que siguen delinquiendo, asaltando a mano armada en la impunidad.

Tienen que ocurrir incidentes extraordinarios para que maleantes sean retirados, como el joven que abrió fuego contra las corporaciones de seguridad y murió tras la réplica de agentes ministeriales.

“Según las autoridades, las cifras se han bajado considerablemente, sin embargo, vemos preocupación en los ciudadanos, cada vez más personas se quejan por haber sufrido de robo en sus viviendas, en su patrimonio, sus vehículos; lo peor de todo es que seguimos contra blancos específicos que siguen operando y han lastimado a muchas familias de La Paz, pero siguen en las calles”, lamentó un agente de la Policía Municipal, adscrito al Mando Mixto.

Durante el primer bimestre en comparación 2017 y 2018, existe una diferencia muy por debajo de las resultados prometidos, apenas bajaron en 73 incidentes, es decir, de los mil 817 robos registrados en los primeros dos meses del año anterior, en el actual han sido mil 744 robos; esto es, la incidencia en robos apenas bajó 4.01%.

En respuesta a los señalamientos de ZETA, el Capitán de Navío Gabriel García Chávez, director de la Policía Ministerial, señaló que la cifra es mayor.

“En los últimos quince días, un 7.5% de disminución en términos generales, porque ustedes saben que hay diferentes tipos de delitos. Robo a casa habitación es el más común, también en las casas de empeño hay relojes, celulares, hay artículos como computadoras, etcétera, que luego los pierden o son robados a la gente que va caminando por la calle”, apuntó.

Recientemente la Policía Ministerial, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina, Policía Municipal y Policía Estatal, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), realizaron operativos en los principales centros donde se concentran los artículos robados: casas de empeño, talleres mecánicos, chatarreras y yonkes. Allí se obtuvo como resultado 27 verificaciones, por lo menos 14 establecimientos recibieron sello de suspensión por violar los derechos del consumidor.

“Las inconsistencias principales que encontramos fue que no se exhiben a la vista de los consumidores los precios y/o tarifas, no entregan notas ni comprobantes de venta, no cuentan con contratos de adhesión aprobado y registrado ante nuestra Procuraduría y carecen de elementos de información”, dijo el encargado de la Profeco, Erick Iván Agúndez Cervantes.

Son más de 210 elementos de fuerzas federales civiles y militares que refuerzan los recorridos en las colonias de San José del Cabo y Cabo San Lucas en Los Cabos

Los operativos se han intensificado en los negocios donde pudieran existir artículos robados, las autoridades están siendo severas con los negocios establecidos, sin embargo, los delincuentes con varias órdenes de aprehensión, siguen en libertad.

“Cuando fueron detenidos por algún delito, las investigaciones no eran suficientes, no hubo pruebas o se levantaron mal los indicios, entonces quedan en libertad y no hay justicia para el ciudadano, es hasta que ya están en libertad cuando se consiguen los laudos, pero ya deben dos o tres más. Exigimos que haya policías más preparados”, externó un experto en delincuencia y miembro del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito.

Para justificar una nueva estrategia, desde la PGJE y diferentes corporaciones, las fuerzas del orden se han puesto a realizar su trabajo: hacer respetar las leyes para preservar el Estado de Derecho.

“Todas las denuncias que se presentan por este tipo de ilícitos están en seguimiento, ha habido detenciones de sujetos señalados no por una; diez, quince personas han sido dañadas en su patrimonio, y ahora están en el Centro de Readaptación Social. Hay que revisar estamos sacando de circulación a sujetos que estaban haciendo situaciones de robos  en las colonias, estamos reforzando la parte jurídica, a fin de que no salgan a la calle a delinquir de nuevo”, justificó Álvaro de la Peña Angulo, vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública.

 

AUTORIDADES EN DEUDA CON CIUDADANOS

“La única forma en que colonos de Ciudad del Cielo, Pedregal del Cortés, La Ladrillera, Esterito, Agustín Olachea y El Esterito pudieron tener de alguna manera justicia, fue por una acción involuntaria de oficiales de la Ministerial, al repeler la agresión eliminaron una de las amenazas; el problema es que detrás  vienen cuatro o cinco que están peleando su lugar. La necesidad de la población es que haya la aplicación de la justicia”, indicó el miembro de Atención a Víctimas del Delito respecto al joven delincuente abatido en La Paz.

Para que haya una verdadera justicia debe existir una verdadera coordinación, la cuestión es que los policías federales no conocen la zona, maleantes o los mandamientos judiciales, para ello está la Ministerial, pero no hay la fuerza suficiente, pues la depuración policial ha limitado la presencia de cuerpos de seguridad.

Para evitar menor presencia de cuerpos de seguridad, se pretende tener mayor coordinación, así lo expresó el Capitán de Navío Gabriel García Chávez, “todo mundo trabajamos en conjunto, cuando se agrega alguien, se agrega al conjunto, no trabajamos por separado y los tres trabajamos bajo el mismo esquema; cada quien trabaja el área que le corresponde, de acuerdo a la legislación, desafortunadamente los tres niveles de gobierno tienen niveles de acuerdo a la delincuencia, y cada quien atiende la parte correspondiente, pero en todos los casos, si la Policía Municipal sabe de algún delito del orden federal, lo canaliza través de los representantes y se atiende el hecho y viceversa”, argumentó.

Aunque ha quedado claro que la mayor fuerza en el combate a la incidencia delictiva, sobre todo delitos de alto impacto, está a cargo de la Federación, al menos así lo han tratado de plantear en pleno proceso electoral.

“No puede ser así, puesto que cada quien tiene sus responsabilidades, un ámbito de competencia y cada quien trabaja en su competencia; los tres niveles trabajan coordinados, si alguien tiene información de algún delito que no le corresponde, se canaliza a la corporación pertinente”, informó García Chávez.

Un ejemplo claro de mayor coordinación es Los Cabos, pues recién se ha puesto en marcha la Operación Blindaje, con  buenos resultados tras la disminución de homicidios dolosos.

Durante el primer trimestre de 2017, Los Cabos registró 116 homicidios dolosos, en el mismo periodo, pero en 2018, la cifra disminuyó a 26, lo que significa una disminución de 77.58%. Solo marzo de 2017 registró 46 homicidios, en esta ocasión fueron cinco, lo que significa la baja del 89.13% en el tercer mes.

En La Paz, pasó de 29 homicidios en el primer trimestre de 2017 a 38 en este año, esto es, aumentó la presencia de homicidios dolosos en un 31%; Comondú pasó de cuatro homicidios en 2017 a cinco en 2018, un aumento del 25%; Loreto, con dos el año pasado y cero actualmente; Mulegé sufrió un aumento del 100%, de tres homicidios dolosos en 2017 a seis en 2018.

“Es clara la presencia de fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno en Los Cabos, pero también hemos sabido integrar a los oficiales municipales para que mejoren y optimicen los recorridos en las colonias, aun cuando hemos tenido bajas importantes por la depuración policial. Esperamos que así como han bajado los homicidios, podamos tener mayor seguridad para los cabeños”, refirió Alberto González, secretario general de Los Cabos.

Para disminuir la presencia de otros delitos que siguen afectando a la población, desde el Grupo de Coordinación de Seguridad Pública de Baja California Sur, se han establecido nuevas estrategias para contener otra clase de delitos, para que a la par se bajen los índices de homicidio, pero también, no se disparen los robos en sus diferentes modalidades, extorsiones y violaciones; y sobre todo, inhibir el secuestro.

“Se está incrementando la operatividad, se dio una baja en las corporaciones policiacas, de diferentes personas que salieron de las corporaciones, obviamente esto disminuyó la vigilancia de las patrullas en las calles, sin embargo, ya con la llegada de los nuevos mandos a las corporaciones del Estado y municipios, nos está ayudando, coadyuvando de la mejor manera el Ejército y la Marina, así como la Policía Federal”, reconoció Álvaro de la Peña Angulo, secretario general de Gobierno.

Asimismo, indicó que es urgente la presencia policial para que no se sienta un ambiente de ingobernabilidad, pues aunque haya bajas importantes en las corporaciones de seguridad, es vital que la población siga contando con gente uniformada con capacidad de atender los problemas que se presentan en las calles.

En la actualidad, las colonias de los cinco municipios siguen adoleciendo  el robo a casa habitación, de vehículo, a negocio, y ante todo, prevalecen los robos con violencia.

“Estamos realizando estrategias de mayor vigilancia con instituciones federales que nos están apoyando,  la gente está coadyuvando en esta parte del autocuidado, del vecino vigilante, son temas en que los ciudadanos también tenemos que entrarle, no es un trabajo únicamente de la patrulla de la Policía; es un trabajo de todos, y el llamado que estamos haciendo es que realmente nos juntemos sociedad y gobierno para hacer un tema de cuidado”, convocó el vocero del Grupo de Coordinación.

 

REFUERZAN SEGURIDAD ANTE DELITOS

“Con la finalidad de trabajar de una manera más coordinada y estructurada, encaminado  a reducir y evitar los índices delictivos de Los Cabos, principalmente los de alto impacto; tales como delitos contra la salud, secuestro, homicidios dolosos por arma de fuego, extorsión, trata de personas, se creó el área de Mesas de Coordinación en Seguridad Pública”, expresó la Secretaría General de Los Cabos.

La creciente de otros delitos como robo a casa habitación, robo con violencia, a vehículo y negocio, es ahora prioritaria, al bajar los homicidios dolosos; para ello primero se debe contar con una Policía confiable y libre de nexos con la delincuencia organizada.

Desde 2016, Los Cabos inició con un proyecto de depuración policial, en 2016, 48 elementos fueron notificados por reprobar los Exámenes de Control y Confianza, 44 de ellos fueron dados de baja y cuatro más siguieron procesos administrativos.

“Para 2017, 92 elementos fueron notificados por no aprobar Control y Confianza, 53 fueron dados de baja y 39 siguen en proceso administrativo, en total tenemos 97 elementos dados de baja durante la XII Administración Municipal”, informó la Secretaría General.

Actualmente la Policía cabeña cuenta con  494 elementos, 375 del área preventiva y 119 de Tránsito y Vialidad; para los operativos se han dispuesto 33 unidades tipo patrulla en San José del Cabo, diez de estas, comisionadas a fuerzas civiles y militares de la Federación.

En Cabo San Lucas, son 26 patrullas, siete más en las delegaciones municipales de Miraflores, Santiago y La Ribera. Adicionalmente, 33 unidades de Tránsito y Vialidad en San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Al haber sido Los Cabos el municipio más violento durante 2017, las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno han establecido especial cuidado en la zona sur de BCS. Por día se asignaron:

En cuanto a giros negros, se revisa a personas en bares del municipio, aportando la Municipal dos unidades y ocho elementos; Marina participa con una unidad y once agentes; Sedena, con una unidad y once elementos. Asimismo, dos vehículos de Policía Federal y diez  elementos.Con el despliegue de fuerzas federales, se han redoblado las tareas de vigilancia en cada una de las colonias, por día, más de 212 elementos federales resguardan Los Cabos con apoyo de agentes municipales. Además, se implementan operativos conjuntos como el de barrido, que consiste en entrar en bloques de 16 unidades: cuatro de la Policía Municipal, cuatro de Marina, cuatro de Sedena y cuatro de la Federal en una misma colonia, tomando diez calles, una por unidad, e instalar filtros de revisión.

Los operativos nocturnos se llevan a cabo en colonias de mayor incidencia delictiva, con alcoholímetros y apoyo en eventos masivos, así como operativos especiales en temporada de spring break.

En La Paz, donde la delincuencia tiene una creciente importante, sobre todo los delitos con violencia, es sabido que los operativos son muy parecidos y que la depuración policial de los últimos seis meses comprende la baja de 164 elementos que no aprobaron los parámetros de Control y Confianza.

 

SIGUE LA DESCONFIANZA

El nivel de desconfianza en los cuerpos se seguridad es evidente, no ante lo que ocurre ahora, sino por lo que se dejó de hacer por muchos años; si la medición se hiciera en estos días, la encuesta de rendimiento de los cuerpos de seguridad sería mejor, no óptima, pero sí con mayor rendimiento.

La cifra de homicidios, la razón más preocupante para los sudcalifornianos, ha bajado en comparación al año pasado, en 2017 se registraron 154 homicidios dolosos en el primer trimestre del año, en ese mismo periodo, pero en 2018, fue de 75 homicidios (reducción aproximada a 52%).

Pero las encuestas reflejan no lo que ocurre actualmente, sino el resultado de años, gobiernos y administraciones que dejaron de lado el tema de la seguridad y hoy la tachan de corrupta, y así lo hacen porque es de la única manera que conocen a los policías.

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, los temas principales son: servicios públicos básicos, servicios de demanda y, desde luego, corrupción y seguridad pública.

De entrada, en servicios públicos en general, el 80% de los ciudadanos considera que hay buen servicio y atención en servicios públicos, pero lo preocupante es que la mitad de la población encuestada, considera que la Policía en general está dispuesta a ayudar a la población, pero solo la cuarta parte sienten la sensación de seguridad.

Lo mismo sucede en el apartado de la experiencia de la población con los pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos; cada sudcaliforniano realizó en promedio 12 trámites durante 2017, el 74.3%  lo hizo directamente en oficinas de los tres niveles de gobierno.

Lamentablemente los malos resultados fueron directamente a la atención de las corporaciones de seguridad y atención de llamadas de emergencia. La peor atención recibida durante 2017 fue el contacto con autoridades de seguridad pública, el nivel de satisfacción de la población apenas alcanzó el 37.2%.

La ENCIG 2017 contiene un apartado en el que revela las experiencias con la corrupción y el nivel de confianza en las instituciones. La percepción de la ciudadanía considera como los problemas más importantes:

* Inseguridad y delincuencia, 89.6%

* Corrupción, 56.7%

* Mal desempeño del gobierno en general, 46.4%

Donde más se debe poner atención por parte  las autoridades no solo de seguridad pública, sino de todas las instituciones, es la corrupción, pues más del 89% de los ciudadanos encuestados, consideran  que los actos de corrupción se registran con frecuencia o muy frecuentemente.

En las instituciones donde mayormente se siente desconfianza es en las policías (90.8%), partidos políticos (89.9%) y Gobierno Federal y estatal (84%).

En 2017, más de 22 mil 469 ciudadanos por cada 100 mil habitantes de Baja California Sur tuvieron contacto con algún servidor público corrupto.

Mientras que las instituciones con mayor nivel de confianza, son la familia, de educación, Ejército y Marina

Queda claro que la población requiere de policías y políticos de mayor nivel, que cumplan con sus labores y sin simulaciones, porque el costo es muy alto y pone en riesgo la integridad y libertad de la población, como se ha sentido en los últimos meses en BCS.

Comentarios

comentarios

Notas relacionadas

Tipo de Cambio