La Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno Federal, aseguró este lunes que la constructora brasileña Odebrecht se negó a confesar los supuestos sobornos que hizo en México, con lo que hubiera conseguido el beneficio de la reducción de sanciones.
La SFP negó, además, que la empresa brasileña tenga “compromiso y disposición de seguir colaborando con las autoridades mexicanas”, ya que no presentó elementos de prueba que permitieran acreditar su confesión o colaboración.
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Asimismo, la contraloría del Gobierno Federal detalló que, en marzo de 2017, la constructora propiedad de Norberto Odebrecht, le presentó un escrito en el que manifestó su intención de colaborar con las autoridades, a efecto de esclarecer los hechos y obtener el beneficio de la reducción de sanciones.
Ante ello, la SFP aseguró que solicitó a Odebrecht presentara y precisara los requisitos legales de su cooperación, así como su confesión de responsabilidad y que aportara elementos de prueba.
Sin embargo, indicó la Función Pública, en abril de 2017 la constructora brasileña solo presentó un escrito “sin aportar elementos de prueba que permitieran acreditar su confesión o colaboración respecto de hechos constitutivos de alguna infracción concreta”.
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La Función Pública le notificó en junio de 2017 que no era procedente su petición de reducción de sanciones, “en virtud de no haber aportado los elementos de prueba suficientes para acreditar la infracción […] por lo que dejó a salvo sus derechos para el momento en que fuera su decisión presentar las pruebas requeridas”.
Posteriormente Odebrecht interpuso un juicio de amparo, mismo que fue declarado improcedente por un juez federal, “quien en sus consideraciones determinó que la empresa solamente había manifestado su intención de colaborar, sin aportar elementos suficientes que permitieran acreditar la confesión de hechos constitutivos de una infracción”.
Según los testimonios de ex directivos de la constructora Odebrecht, dichos ante la Procuraduría de Brasil, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, recibió sobornos por al menos de 10 millones de dólares para asignarle la obra de la Refinería de Tula, Hidalgo, y supuestamente trianguló 5.5 mdd a la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el 2012, lo que el ex funcionario ha negado.
Este lunes, también, una unidad mexicana de la brasileña Odebrecht informó que buscará impugnar las sanciones que le impuso la semana pasada el Gobierno de México, debido a que las considera infundadas e improcedentes.
A través de un comunicado, la firma brasileña expuso que dichas sanciones administrativas son totalmente “infundadas e improcedentes”; además de que “violan los derechos fundamentales y tergiversan los hechos de los contratos celebrados entre Odebrecht México y Pemex Transformación Industrial”.
El Gobierno mexicano prohibió a las diversas dependencias y entidades de la administración pública celebrar contratos con dos unidades de Odebrecht, mismas a las que inhabilitó temporalmente y multó por más de mil millones de pesos, junto con dos de sus representantes legales.
