Pese a que las cifras de migración irregular de México y Centroamérica hacia Estados Unidos han disminuido, migrar sigue siendo una opción para quienes enfrentan condiciones de violencia, narcotráfico y crisis económica. Se van con todo, menores de edad, los más vulnerados. Cifras oficiales destacan que en Baja California se atiende en promedio a mil 600 menores cada año, tendencia que va a la alza y cada vez con mayor presencia de mujeres. Asociaciones internacionales buscan frenar esta migración con proyectos de protección y sustentabilidad
David Grijalba tiene 13 años y es originario de Guatemala. A su corta edad ya sabe lo que significa perder a un padre por la ola de violencia que azota su país, y además, hacerse responsable de su familia. Es el mayor de cinco hermanos, anuncia con orgullo, sin embargo, con la mirada clavada al piso, dice que no puede “dar más información” porque teme que algo, incluso a miles de kilómetros de distancia de su antiguo hogar, pueda ocurrirle a él o a su familia.
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El pequeño David es uno de los 50 menores extranjeros que llegaron junto con sus padres o hermanos a Tijuana el martes 24 de abril para solicitar asilo político a Estados Unidos, como parte de la “Caravana Migrante” que desde hace más de un mes salió desde Tapachula, Chiapas, en largas caminatas, en el tren conocido como “La Bestia” y en camiones que rentan en el último tramo para resguardar a las madres, hijos y mujeres embarazadas.
La violencia pandilleril, el narcotráfico, la constante y latente crisis económica, además de la represión política en países como Honduras, Guatemala y El Salvador, son factores que los han orillado a abandonar sus actividades y hogares para emprender un largo y sinuoso camino por territorio mexicano hasta llegar a Mexicali o Tijuana, donde tienen que sortear las arbitrariedades migratorias, la delincuencia organizada y las condiciones climatológicas.
A pesar que estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM) señalan que la migración irregular de México y Centroamérica hacia Estados Unidos ha venido disminuyendo, para las madres y los menores esta sigue siendo una opción para encontrar asilo político en el país vecino, con la creencia que de esta manera tendrán más posibilidades de lograrlo.
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A Tijuana, en 2016 llegaron alrededor de 3 mil menores debido al flujo migratorio de haitianos, todos ellos acompañados por sus padres (de acuerdo información del INM). Aparte, la cifra oficial es que en Baja California se atienden anualmente un promedio de mil 600 niñas, niños y adolescentes, considerando los connacionales que han sido deportados y los extranjeros no acompañados.
Un diagnóstico realizado por la organización ChildFund en 2017, arrojó que un 14 por ciento de menores dijo no sentirse seguros en sus comunidades y el 45% considera que tendrían un futuro mejor si viviera en otro país, lo cual les ha motivado a trabajar en un proyecto a nivel internacional para prevenir la migración irregular, proponiendo alternativas sustentables, programas de protección y generando oportunidades de crecimiento.
VIOLENCIA, CRISIS ECONÓMICA Y REPRESIÓN
Tras los comicios de noviembre de 2017 en Honduras, donde Juan Orlando Hernández fue electo Presidente, las manifestaciones por considerar el proceso un “fraude” han sido constantes, lo que ha derivado en actos de represión contra opositores e inestabilidad política que también ha generado violencia. Estas acciones, dijo Flipe, uno de los coordinadores de la Caravana Migrante, ha orillando a familias hondureñas a dejar sus hogares para emigrar hacia otros rumbos, situación político-social que desde hace años se vive también en El Salvador y Guatemala, explicó.
Foto: Jorge Dueñe.- Madres llegaron con sus hijos con la idea de que con ellos les será más fácil obtener el asilo.
La familia de Byron Armando, de 15 años, decidió emprender el éxodo debido a la violencia que ejercen “Las Maras” en Honduras. Amenazaron de muerte a uno de sus familiares y no les quedó otra opción que huir. Además, consideran al Presidente de su país (Juan Orlando Hernández Alvarado) “demasiado corrupto”, ya que no ha generado trabajo para las personas.
Anthony Alexander Suazo (11 años) salió del mismo país con su mamá, una hermana y su padrastro, cuando iban a matar a su hermano de 23 años, el primero en emprender la huida en mayo de 2017, cuando comenzaron las amenazas.
También hondureña, Rachel García (9 años) viaja con su mamá y dos hermanas. Ellas migraron porque “hay mucha delincuencia por las pandillas” y les daba miedo vivir allá solas, sin garantías, tampoco de parte de un gobierno al que acusan de reprimir a los que no están de acuerdo con su elección.
CARAVANA MIGRANTE, UNA FORMA DE BLINDAR LOS DESPLAZAMIENTOS
Este año, la caravana reunió a más de mil 100 personas debido a la confianza que les generó viajar juntos y en equipo, así lo hizo saber Felipe, uno de los coordinadores, sobre todo porque así no le tuvieron que pagar “miles de pesos” a un “coyote” para emprender el viaje, y porque esto les brindaba la garantía de que “no se iban a morir en el camino”.
Para los artistas y activistas Pablo Allison y Alfredo Gutiérrez, quienes realizaron el trayecto con la caravana a través de “La Bestia”, esto significó un voto de confianza entre las personas y las familias para que llevaran también a sus niños -en un principio eran alrededor de 300-, porque a final de cuentas la caravana blinda de cualquier situación a los que la integran, debido a que están en el ojo del mundo.
Sin embargo, consideran que aun así hay retos que la gente y los niños tienen que sortear, como las redadas que personal del INM realiza en las madrugadas, cuando todos están dormidos, además las amenazas –en menor medida- por la presencia de grupos armados o del narcotráfico y, sobre todo, las condiciones climáticas e inhumanas que se viven a bordo del tren, donde pasan fríos, calores, resequedad y el riesgo latente de caer del vehículo y perder una extremidad o la vida.
EXISTE LA IDEA DE QUE CON NIÑOS LES DARÁN EL ASILO
César Palencia, director de Atención al Migrante Municipal, señaló que año tras año han venido observando que estos flujos migratorios de niños no acompañados o de madres con hijos que han estado llegando a Tijuana han sido constantes; las personas solicitantes de asilo político creen que cuando traen niños es más fácil que se los puedan otorgar.
Sin embargo, no siempre es así, porque como señalan también en el INM, se necesita validar que realmente vienen de vivir en situaciones y condiciones en las que se está expuesta su vida, de lo contrario les pueden negar esa solicitud y es cuando son retornados a sus países.
REFORMA A LA LEY IMPIDE SER PRISIONEROS EN ESTACIONES DEL INM
Para el caso de los niños no acompañados, la reforma que se hizo a los artículos 29 y 112 de la Ley de Migración el 9 de noviembre de 2017, establece que los niños, niñas y adolescentes migrantes que viajan sin compañía ya no tendrán que ser retenidos en los centros de detención del INM, y su custodia corresponde a los sistemas estatales DIF.
En Baja California existen dos módulos en los que se implementa un programa de atención que gira en dos vertientes, la primera de ellas para los connacionales repatriados por haber cruzado la frontera sin acompañamiento, y la segunda para extranjeros que intentan cruzar a Estados Unidos de forma solitaria, así lo hizo saber a ZETA la procuradora para la Defensa de los Menores y la Familia, Consuelo Luna Pineda.
En ambos casos la dependencia brinda todas las garantías para que los menores puedan reencontrarse con sus familiares o, en su caso, para un eficaz retorno asistido del menor con sus familiares adultos, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad.
En el INM, en 2018 han atendido a 753 menores connacionales en calidad de deportados, en 2017 fueron mil 659 y en 2016, mil 744; en cuanto a menores extranjeros, en cuatro meses del presente año solamente han atendido a 19 que iban en tránsito, en 2017 fueron 73 y en 2016, 82.
Foto: Alejandro Gutiérrez.- Alrededor de mil 600 niños no acompañados son atendidos anualmente por el DIF Estatal.
Asimismo, la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene un registro oficial de 12 menores, esta cifra es solamente de los que fueron presentados ante la autoridad migratoria por su situación irregular; en 2017 fueron 120, en 2016 fueron 295 y en 2015 un total de 117, números que se complementan con los registros que tienen constantemente los albergues y refugios de toda la ciudad, los cuales pueden variar de acuerdo a la época y los flujos que se presentan.
EN BUSCA DE UN FUTURO MEJOR
Los cuatro niños antes mencionados, además de Kevin Mauricio, de 12 años y también originario de Honduras, manifestaron a ZETA que luego de todo lo que les ha tocado vivir y sortear, lo único que quieren es “una mejor vida” y “lograr un futuro mejor”. Todos coincidieron en que esperan les den el asilo para lograrlo.
Además, tienen la esperanza de continuar con sus estudios, llegar a la universidad; aunque no saben cómo es exactamente Estados Unidos, dicen sentir confianza que allá serán bien recibidos; los niños coinciden en que no les gustaría regresar a sus países porque no se sienten seguros.
FUNDACIONES Y GOBIERNOS APUESTAN POR LA RETENCIÓN DE NIÑOS EN SUS COMUNIDADES
Un diagnóstico inicial que realizó ChildFund México en 2017 y dado a conocer a principios de 2018, arrojó que el 45% de niñas, niños y jóvenes encuestados considera que “tendría un futuro mejor si viviera en otro país”, un 50% dijo que conoce a alguien que ha migrado de manera irregular y considera que por esta razón “la vida de esas personas será mejor”, y un 14% reportó “no sentirse seguro en su comunidad”.
El reporte agrega que niñas, niños y jóvenes son particularmente vulnerables, sobre todo en las zonas rurales o semiurbanas que carecen de servicios e infraestructura; muestra de ello es que el 22% opinó que sus derechos “no son respetados por su comunidad”, el 42% dijo haber recibido “algún tipo de medida correctiva violenta en su hogar”, y el 45% refirió “nunca haber recibido información sobre los riesgos de la migración irregular”.
Cifras “todas alarmantes y que llaman la atención”, por lo cual esta fundación se empeñó en echar a andar un proyecto en conjunto con la Embajada de Canadá, gobiernos locales y líderes comunitarios en estados como Oaxaca e Hidalgo en México, y en países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que representan alta expulsión y retorno de migrantes.
El proyecto denominado “CONFÍO: Prevención de la Migración Irregular de la Niñez en México y Centro América” se ejecuta desde hace un año y está con miras a realizarse por tres años más, con el objetivo de crear alternativas sustentables en las comunidades, ambientes de protección y oportunidades de crecimiento que faciliten la permanencia en su lugar de origen a 56 mil niñas, niños y jóvenes mexicanos y sus familias, así como a 238 mil en los otros países.
