Denuncia por encubrimiento y coalición de servidores públicos a la Síndico y tres funcionarios más del gobierno de “El Patas”

Fotos: Cortesía.- Manuel Rodríguez presentó la querella
 
Ezenario Lunes, 30 Abril, 2018 12:00 PM

Por encubrimiento al no investigar la adjudicación directa de un contrato que favoreció a la gestora del cobro del impuesto predial Core, Estrategias y Soluciones S.C., la Síndico Procuradora, Ana Marcela Guzmán Valverde, fue denunciada penalmente por el regidor Manuel Rodríguez Monárrez.

En la querella presentada el lunes 23 de abril de 2018, también incluyó a tres funcionarios del Ayuntamiento de Tijuana “por el delito de coalición de servidores públicos”: la oficial Mayor María de Los Ángeles Olague Contreras; el tesorero Municipal Ricardo Chavarría Morales; y José Lamberto Portillo Saldate, director de Recursos Materiales de Oficialía Mayor.

Si bien, Guzmán Valverde no tuvo participación directa en la asignación del contrato a Core, “sí estaba obligada a vigilar el cumplimiento a la Ley y Reglamentos por parte de todos los servidores públicos que integran la administración pública municipal, acción en la que fue omisa”, asentó el edil.

En lugar de negar el trámite para el pago a la empresa a la que se le asignó la cobranza judicial y extra judicial del citado gravamen, la fiscal municipal autorizó una solicitud de ampliación automática del presupuesto de egresos de este año, por la cantidad de 28.8 millones de pesos para el pago de los servicios prestados por la empresa, “con lo que incurrió en el delito de encubrimiento por favorecimiento”, expuso Rodríguez Monárrez.

Acusó irregularidad en contrato

Los otros funcionarios fueron denunciados por el delito de “coalición de Servidores Públicos”, al suscribir el 31 de mayo de 2017, un contrato de adjudicación directa identificado con el número ADQ-2017-AD-056, para la gestión de cobranza del impuesto predial.

Manuel Rodríguez anotó que de acuerdo al parámetro del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, un convenio de adjudicación directa solo puede suscribirse si el monto no excede el importe de 13 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que da un monto en pesos de un millón 047 mil 800 pesos, muy inferior a los casi 29 millones de pesos pagados a Core por su gestoría.

El edil integrante de la Comisión de Hacienda del Cabildo del XXII Ayuntamiento de Tijuana, precisó que como prestación contractual, la gestora recibe 20% por recuperación extrajudicial y 25% en recuperación judicial, lo que atribuyó como “un daño patrimonial al Ayuntamiento de Tijuana”.

Y explicó, “el tesorero ha informado que cuenta con 56 gestores para la cobranza del impuesto predial a contribuyentes que presentan rezagos en el cumplimiento del pago de dicho gravamen, por lo que el contrato con Core resulta ilegal, al existir duplicidad de funciones”.

Además añadió, Tesorería Municipal cuenta con un Departamento de Recuperación de Créditos Fiscales y un Departamento de Rezagos.

Agregó que la entrega a Core de información confidencial y datos personales pertenecientes a los contribuyentes de la ciudad de Tijuana, “violenta el principio de consentimiento para la transmisión de datos personales”.

Respecto a la denuncia en su contra, la Síndico Procuradora Marcela Guzmán se negó a dar declaración, mientras que el Tesorero Ricardo Chavarría dijo desconocer los términos de la demanda y del proceso de adjudicación a Core, anotó, “es el que está comprendido en el reglamento de adquisición”.

De la duplicidad de funciones que el regidor manifiesta, dijo que “no existe, ya que los ejecutores realizan actividades diferentes y trabajan cuentas distintas”.

Oficial Mayor María de Los Ángeles Olague asentó que la asignación “se apegó al Artículo 34 del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, que en su fracción XIII establece “que cuando se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, cuya difusión pudiera afectar al interés público o compromete información de naturaleza confidencial para el gobierno municipal”, dijeron.

A lo que el regidor Rodríguez Monárrez reviró al referir que la misma ordenanza estipula que ese punto es aplicable cuando “se trate de servicios profesionales especializados y no existan otros con características similares, que en este caso no aplica, muestra de ello es que el propio Ayuntamiento de Tijuana ya ha contratado los servicios de otras empresas para el mismo fin: Allie Alianzas Estratégicas S.A.P.I de C.V., y Collect de México, S.A. de C.V.”.

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