Piden apoyo encargados de centros en Tijuana con daños en su infraestructura. Ahora, son usados para captar votos y no reconstruyen el tejido social, señala especialista
Deterioro en infraestructura, vandalismo, pugnas por la administración y poca concurrencia de vecinos, son algunos de los problemas que enfrentan los centros comunitarios en Tijuana, los cuales permanecen en el olvido por parte de las autoridades.
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Información obtenida vía transparencia por ZETA muestra que de las 17 obras autorizadas para 2018 en Tijuana, solamente se efectuará una en el centro comunitario de la colonia Granjas Amparo Sánchez.
De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedesoe), la dependencia invertirá un millón 77 mil 916.89 pesos en la rehabilitación de dicho lugar, con lo que se beneficiarán 156 personas; lo que equivale a ejercer un gasto de 6 mil 909 pesos por cada usuario estimado.
En un recorrido hecho por este Semanario, se constató que el lugar está en malas condiciones, ya que el inmueble consta de dos construcciones separadas entre sí, con techo de lámina, en un predio sin bardas y con piso de tierra.
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Miriam Tavito Rodríguez Villegas, administradora del centro comunitario, señaló que desde 2013, año en que comenzó a dirigirlo, se logró colocar agua y drenaje, servicios de los que carecía el lugar cuando se inauguró en 2006.
El inmueble, que se encuentra muy aislado, no tiene seguridad, los baños no sirven y se filtra agua por el techo; únicamente brinda el servicio de comedor comunitario.
La líder social abundó que al lugar acuden para desayunar y comer alrededor de 70 personas de las colonias Granjas Amparo Sánchez, Niño Artillero, Sánchez Taboada, Reforma y Esperanza; así como trabajadores de la fábrica Tarimas de Baja California.
Hace más de un año, Rodríguez Villegas gestionó, mediante oficios dirigidos al gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, y el entonces titular de Sedesoe, Ricardo Magaña Mosqueda, recursos para el centro comunitario.
Asimismo, refirió que en mes y medio se iniciarán obras para bardear, reparar los techos, mejorar los baños y colocar juegos infantiles, con lo que confió que más personas lo visiten y se incluyan actividades como repostería, elaboración de uñas y cultura de belleza.
No obstante, Miriam pidió más apoyo, “que vean las condiciones en que está el centro comunitario y que está funcionando, porque hay lugares muy bonitos y la gente no va. Y este lugar está muy feo, muy deteriorado, pero aun así la gente asiste. La gente quiere que vengan los apoyos, y que vengan los funcionarios y vean que estamos trabajando”.
CENTRO COMUNITARIO DURÁN, SIN APOYO
Desde hace 18 años, Ana María Hernández Vital es la encargada del Centro Comunitario Durán, ubicado en la delegación Sánchez Taboada. En aquella época el lugar servía como guarida de asaltantes y violadores, no tenía luz ni agua, y nadie se hacía cargo de él, según narró en entrevista.
Por esa razón, ella tramitó el servicio eléctrico, y desde entonces el recibo de luz está a su nombre. A pesar de las condiciones precarias del lugar, en este se ha velado a muchos muertos de la colonia. “Yo les cobro 300 pesos, porque la luz no me la regalan y las propias autoridades han traído cafeteras en algún velorio, pero no aportan nada y no quieren que cobre, pero yo les digo que a mí me cuesta”.
Expuso que siete años atrás, el centro comunitario fue remodelado, sin embargo, debido a la mala calidad del cartón arenado que le pusieron en el techo, cuando llueve, el agua se filtra al interior y se encharca una parte del lugar.
Con el paso del tiempo, Hernández Vital compró sillas para que la poca gente, alrededor de veinte personas que asisten -en su mayoría niños-, tengan dónde sentarse, por lo que se quejó de la falta de apoyo de las autoridades.
“He metido solicitudes al Ayuntamiento y al Estado para que nos den mesas, porque las que funcionan como tal, en realidad son tarimas que ocupo para vender ropa usada afuera del centro”.
Precisó que solo se imparten dos talleres, uno de manualidades, que es gratuito, pero cada aprendiz debe llevar su material, y otro de karate, que cuesta 50 pesos por tres clases a la semana.
Asimismo, denunció que personal de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal (Sedesom) trató de apoderarse del centro: “En mayo de 2017, Verónica Castro, jefa de Desarrollo Social de la delegación, vino a ofrecerme ayuda. Según ella, yo no he tenido apoyos porque ando como los chapulines, brincando de un partido a otro. Yo le contesté que a mí no me paga ningún partido político, ni tengo por qué servirle a nadie, y si a mí nadie me apoya, no puedo dar actividades”.
A decir de Hernández Vital, la funcionaria hizo un comité con su familia, para después pedirle las llaves del centro.
“Ante mi negativa, vino gente de jurídico a amenazarme”, dijo.
Luego de reunirse con el director de Desarrollo Social Municipal, Manuel Figueroa Sandoval, Hernández Vital continuó como encargada del lugar, según lo que ella misma relató.
Consultado, el funcionario expuso que cada año se renuevan los comités que administran los centros comunitarios y que este centro había tenido su propio proceso, pero luego de observar que el terreno pertenece a Promotora de Desarrollo Urbano, SA (Produtsa) y por ende es propiedad del Estado, el procedimiento se suspendió.
“Cuando detectamos que no estaba en el listado de bienes inmuebles del Ayuntamiento, ya no se continuó con lo del cambio de administración”, afirmó.
Con ello, Ana María Hernández Vital administra el lugar, pese a reconocer que una parte de sus vecinos no está a favor de su labor; como Guadalupe García, quien habita la zona desde hace 30 años y comentó que el lugar nunca ha operado porque Hernández Vital se apoderó de él y permanece ahí, pese a que se le ha pedido a la autoridad que se lo quite.
La situación de ese lugar es similar a la del centro comunitario de la colonia Cachanillas, en el que dos grupos de vecinos se disputaron su administración, tal como este Semanario dio cuenta en octubre de 2017.
En aquel entonces, la presidenta del comité directivo anterior, Norma Patricia Aguirre Vázquez, encabezó una protesta denunciando irregularidades en la elección del nuevo comité, integrado por vecinos de las colonias La Esperanza y Latinos, sin que aún quede esclarecida la validez del proceso.
Cabe recordar que ZETA tuvo acceso al acta de conformación del nuevo comité, fechada el 15 de agosto de 2017, en la que aparecen 45 registros de personas que presuntamente habrían estado en la asamblea en la que se eligió el nuevo comité, pero que los vecinos de Cachanillas denunciaron, no forman parte de la comunidad aledaña al centro comunitario; a la fecha, el centro permanece cerrado.
Por lo que, de los 69 centros comunitarios municipales que el secretario de Desarrollo Social de Tijuana, Mario Osuna Jiménez, aseveró que existían, tres no están operando: Tenochtitlán, en Playas de Tijuana; Cachanillas y Tecolote, en Sánchez Taboada.
El de Cachanillas debido a que Protección Civil y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) determinaron que está en peligro de colapsar su estructura, y el de Tecolote, porque se encuentra abandonado y vandalizado desde hace cinco años.
CENTRO COMUNITARIO NUEVO MILENIO, CUATRO AÑOS SIN MANTENIMIENTO
Marcela López, administradora del Centro de Desarrollo Comunitario Nuevo Milenio, ubicado en San Antonio de los Buenos, considera que la preocupación más apremiante son las filtraciones de agua por el suelo y el techo del inmueble.
“Hace un año, con las lluvias, se metió mucha agua en el área de Zumba y por las orillas de todo el centro comunitario, por eso se está cayendo el cemento y se le ven los plásticos de las paredes. Cada vez se cae más el cemento”, detalló.
El sitio no ha recibido mantenimiento desde hace cuatro años, cuando fue inaugurado, y aunque hace semanas ingresó una solicitud en el Ayuntamiento para reparar las filtraciones, no recibió ayuda.
Cada mes, el centro atiende a alrededor de cien personas de las colonias La Villa, Vía Mar, Salvatierra y Divina Providencia. Vecinos que piden información y asisten a alguno de los seis talleres que imparte: Zumba, bachata, corte y confección, enfermería y pintura.
Los cursos, cuyos costos por clase oscilan entre los 15 y 100 pesos, a excepción del de pintura para niños y adolescentes, que es gratuito, sirven para pagar el salario de los profesores y los servicios básicos del establecimiento.
Para Itzamari Yazmín Jiménez, instructora de Zumba y vecina de este centro comunitario, la labor del lugar es indispensable, ya que muchas personas llevan una mala alimentación y hay un severo problema de obesidad.
“La clase que imparto les ayuda a tener acondicionamiento cardiovascular cuando sufren de colesterol alto, hipertensión, diabetes, y cáncer; entonces vienen no solamente por vanidad de estar delgadas, sino por salud, pues también les doy recomendaciones alimenticias”.
Asimismo, opinó que no toda la población de la ciudad quiere recuperar la salud física, pero en algunas zonas, como Vista Encantada, cuyo centro comunitario está en pésimas condiciones, “es el más nuevo, está muy bonito, pero no está bien equipado. A veces no tiene ni papel higiénico, pero la gente acude y llena el salón”.
Finalmente, dijo que si bien, dar clases en los centros comunitarios no reditúa mucho para los profesores, es gratificante, al ser un servicio a la comunidad.
Paola Millán, alumna desde hace casi dos años de la clase de Zumba, asiste cinco días a la semana por salud, ya que desde hace un año le diagnosticaron artritis.
La joven repostera añadió que los centros ayudan a la comunidad cuando ponen al alcance clases que en otros lugares se imparten a costos más elevados. “Al vivir cerca de un centro comunitario uno puede ahorrarse el dinero del transporte, de la cuota, y con una menor inversión, se puede obtener capacitación”, concluyó.
MAL USO ELECTORERO
Según la coordinadora de la Licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Rosa María González Corona, las autoridades han propiciado un manejo corporativo de los centros comunitarios en la búsqueda de votos masivos.
“Hay una relación un tanto perversa entre algunos líderes comunitarios y los partidos políticos, que en ocasiones sale a flote, cuando se les escapa que ciertas personas necesitan, pero se les invita al mitin y no asisten. O se les invita cuando va a venir algún candidato y no participan, y si no participan, no van a recibir apoyo”, relató.
Además, muchas veces los partidos inciden para que se rompa el tejido social: “Que la líder de un color tenga conflictos con otro de un color distinto, y al final, en tres años, la autoridad se va, pero los de la colonia siguen quedando con problemas”
Históricamente, los gobiernos de los diferentes partidos políticos se valen de los recursos y programas, aunque los tengan etiquetados. De modo que pareciera que solo voltean a ver a estos espacios cuando habrá elecciones, porque saben que ahí hay votos masivos. Entonces empiezan a movilizar a la gente, pero no con la conciencia de ayudar realmente.
Ésa es una de las razones, por las que algunos centros no necesariamente tienen un vínculo con la comunidad, indicó la académica de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
A nivel local, refirió, algunos centros de desarrollo comunitario reciben ayuda de la sociedad civil, ya sea de Estados Unidos o de otros lugares del país, y aunque generalmente enseñan actividades, con una cuota módica, no reconstruyen el tejido social en el sentido estricto de comunidad, puesto que no contribuyen a formar crítica.
“Están muy enfocados a la capacitación, que si bien mejora la calidad de vida, no propicia la concientización y movilización de la sociedad”, finalizó González Corona.
