Dos ciudadanos culpan a elementos de la Policía Estatal Preventiva de sembrarles metanfetamina y de regresar a “hostigarlos”. A pesar que el asunto data de 2016, la Dirección de Asuntos Internos aún investiga a los oficiales que siguen en servicio. Hubo denuncias vecinales previas al operativo de la corporación
Pedro Salvador Flores Cortez y Omar Arce Montoya denunciaron a agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de haberlos detenido, torturado y acusado falsamente de cometer delitos contra la salud, y ahora aseguran que las amenazas y embates de la corporación continúan por haber “levantado la voz”.
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Flores Cortez detalla que todo inició el 7 de mayo de 2016 en el fraccionamiento Villa Mediterránea en Mexicali. Ese día tenía una reunión en casa, donde estaba asando una carne, cuando llegó un operativo de agentes de la PEP y elementos militares, quienes estuvieron “solo de apoyo”.
Para empezar iban “de civiles” y se identificaron como de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) México, buscando a “El Chava” y “El Julián”, el segundo nombre era el de un vecino. Asegura que durante el operativo tumbaron a niños y amedrentaron a los allí presentes, quitándole los bolsos de mano a las mujeres, hasta que Pedro Salvador Flores se identificó, “Yo soy ‘El Chava’”, entonces, sin más lo detuvieron y lo subieron a una patrulla.
“Ya te cargó la verga, chingaste a tu madre”, le espetó uno de los agentes, quienes se encontraban enmascarados.
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Desde el momento en que fue detenido, lo torturaron, primero con toques eléctricos, posteriormente lo golpearon mientras le colocaban una bolsa negra de basura en la cara, la cual le dificultaba respirar.
Entre el interrogatorio preguntaban por “Julián” (Olguín), un vecino del residencial y amigo de Flores Cortez, arriba de la patrulla vio cómo llegaban a la casa de su vecino, pero no se encontraba nadie, eso no impidió que accedieran al lugar.
Por el resto del operativo, Salvador fue llevado por los agentes, afirma haber escuchado las llamadas telefónicas hechas por algunos de los policías, y las relató:
En la captura de su amigo y vecino Omar Arce Montoya, el cual se encontraba acompañado de su esposa e hijos, “Doña Paty, también está detenido Omar Arce”, dijo uno de los comandantes. “Que lo dejen ahí”, fue la instrucción, ya que no tenía problemas.
Al final recibieron otra llamada en la cual les pedían que también se lo llevaran: “Dice la maestra que también te traigas a ese, por pendejo”, y oyó cuando le informaban a la tal “maestra” que no habían encontrado nada de droga en la casa de Olguín, y ningún arma en la vivienda de Flores Cortez.
Bolsa negra
Por esos diálogos, “Chava” considera como sospechosa de “haber pagado” a los PEP para que realizaran el operativo en su contra a una ex presidenta de la Asociación de Vecinos de Villa Mediterránea, Patricia Ojeda Rubio, mujer a quien le quemaron el auto después de quejarse, al igual que otros residentes de la zona, de que los amigos de Flores estaban provocando delitos en el fraccionamiento.
Según Flores Cortez, los problemas que él y Olguín tuvieron con la mujer fueron porque algunos vecinos la señalaron de malos manejos de los recursos del comité vecinal. La “maestra” ya no reside en la zona y no pudo ser localizada.
En la versión del denunciante, en la casa de Julián, los agentes tumbaron puertas, otros se subieron por la terraza, forzando las ventanas para meterse al domicilio, de ahí sacaron una caja fuerte y bolsas negras, las cuales subieron a los pick-ups de la corporación.
Posteriormente los llevaron a las instalaciones de la PEP en Centro Cívico, donde estuvieron detenidos alrededor de tres horas, para después trasladarlos a la subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en la calle Cuarta, donde fueron entregados al Ministerio Público federal. Allí les abrieron la causa penal 53/2016-p1, los elementos de la Preventiva sacaron unos sobres amarillos que contenían unos refractarios (llamados tuppers) con poco más de dos libras de metanfetaminas. Los acusaron de poseerla al momento del operativo.
Los dos detenidos fueron vinculados a proceso y los internaron en el Centro de Readaptación Social de Mexicali, donde estuvieron alrededor de tres meses.
Para Flores Cortez, la punición fue doble, debido a que fue enviado a la zona “Omega” de castigos para presos de alta peligrosidad, donde solo le permitían una visita y una llamada telefónica al mes.
PARTE INFORMATIVO, CAPTURAN A DOS EN POSESIÓN DE DROGA
La versión del ciudadano que se dice víctima de abuso, dista mucho del informe presentado por elementos de la PEP. El documento presentado a la PGR y firmado por los agentes César Humberto Campos, Leonardo David Ornelas y Omar Jonatan Rosiles Hidalgo, difiere en tiempo, lugar y circunstancia.
De acuerdo al informe policiaco, al realizar un operativo de vigilancia en el fraccionamiento Villa Mediterránea, sobre calle Graciano casi esquina con Parrillada, se presentó una mujer, la cual denunció que dentro de un vehículo Buick se encontraban dos personas realizando compraventa de droga, por lo que se trasladaron a la calle Gamay, casi esquina con Calle Virua.
Al acercarse al vehículo, a simple vista sobre el asiento trasero del piloto se encontraban dos recipientes transparentes sin tapa con una sustancia blanca y granulada que posteriormente resultó ser metanfetamina, aseguraron que los bajaron del vehículo y fue ahí cuando al iniciar la inspección corporal, Flores Cortez intenta correr y cae al suelo, provocándose diversas lesiones, mismas que él acusa, le fueron infligidas por los uniformados encapuchados.
Los agentes relataron que en la inspección encontraron dos bolsas con la misma sustancia, una en Flores y otra entre las ropas de Omar Arce.
JUEZ LOS EXONERA
Finalmente, después de tres meses fueron exonerados de los cargos, según dictaminó el juez, por “las contradicciones de las versiones de los agentes” respecto al lugar donde los imputados fueron detenidos, y los datos aportados por vecinos y asistentes al convivio de Flores (más de veinte).
La prueba contundente fue el GPS del carro de Flores Cortez, debido a que pudo demostrar que al momento del cateo, el vehículo, que los policías ubicaban en su informe en otro lugar, se encontraba en su propiedad sin moverse desde 48 horas previas al operativo, en el cual también fueron capturados dos chiapanecos dedicados lavar autos y hacer labores de limpieza en la zona; a ellos les fincaron cargos por posesión de armas de fuego y les aseguraron un vehículo. Salieron bajo fianza, pero no han podido recuperar el auto en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
DENUNCIAN LESIONES Y MP REFIERE RESISTENCIA AL ARRESTO
Desde la prisión, donde estuvieron tres meses, Flores y Arce interpusieron una denuncia por abuso de autoridad ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, bajo el Número Único de Caso 0202-2016-22288, sin embargo, el tema no fue judicializado.
Según la resolución del Archivo Definitivo, la autoridad concluyó que no se acreditaba el delito de abuso de autoridad por parte de agentes estatales.
“El Agente del Ministerio Público Rogelio Robledo Martínez con fundamento en el artículo 25 del código de procedimientos penales en vigor decreta el no ejercicio de la acción penal, toda vez que se actualiza la causa de sobreseimiento previsto por la fracción 289, toda vez que los antecedentes de investigación se desprende que no se encuentra acreditado el hecho que la ley señala como el delito de abuso de autoridad”, señala el documento oficial.
La resolución se basa en que las lesiones que presentaban ambos detenidos no requerían hospitalización, además, “dichas lesiones fueron ocasionadas motivo del forcejeo (…) en virtud de que las víctimas se resistieron al arresto”.
El documento fue firmado por Rogelio Martínez, agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, presentado el 6 de julio de 2016 y descartado después de diez días de haber sido presentado.
Foto del operativo en casa de Flores Cortez
Pedro Salvador Flores Cortez decidió refugiarse en Estados Unidos durante un año para que se enfriaran las cosas, al regresar se entrevistó con el entonces secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa, quien atendió tanto a él como a Omar Arce, afirmándoles que ya no tendrían problemas.
LA PEP REGRESÓ
Como resultado de esa reunión con el entonces secretario, personal de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado le informó que el 19 de septiembre de 2017 acudiría a su vivienda, pero dadas las consecuencias del operativo en mayo de 2016, el personal de seguridad privada del fraccionamiento no les permitió el acceso hasta que Flores dio el visto bueno.
A los pocos minutos nuevamente llegaron tres patrullas de la PEP con los números 1025, 011 y 004 -las placas no coincidían-, se presentaron frente al domicilio de “Chava” y llevaban a uno de los guardias privados a bordo de una de las unidades.
Ante la desconfianza generada, Flores Cortez habían contactado a un hombre para que grabara toda la reunión, quien captó las imágenes de los agentes uniformados, los cuales al llegar, detrás de sus compañeros de “Asuntos Internos”, afirmaron que se habían presentado en el lugar para atender una llamada al C4, en la que reportaron que personas armadas habían ingresado al fraccionamiento, identificándose como policías estatales.
Flores investigó y ningún vecino ni guardia privado había llamado a los números de emergencia, por lo que teme, “intenten sembrarme algo” nuevamente.
ASUNTOS INTERNOS, SIN RESOLVER
ZETA solicitó la versión de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la respuesta fue que la investigación respecto a esta denuncia que inició el personal de Asuntos Internos con una entrevista el 19 de septiembre de 2017, después de poco más de cinco meses aún se encuentra en integración.
ANTECEDENTE: OTROS VECINOS ATEMORIZADOS ACUSARON A LOS DETENIDOS
En agosto de 2016, tres meses después que Salvador Flores fue liberado y que se trasladó a Estados Unidos por temor a la PEP, vecinos del mismo fraccionamiento contactaron a ZETA –edición 2213, del 26 de agosto al 1 de septiembre- para referir que temían al actuar violento de Salvador Flores y al comportamiento de sus amigos que andaban armados, incluido un oficial encargado de la Policía Federal Ministerial, llamado José Luis Sandoval Alquiciria.
Acusaron “la quema intencional del auto de la entonces presidenta del Comité de Vecinos, balaceras de advertencia perpetradas contra guardias y caseta de seguridad, intentos de robo y hasta el descubrimiento de droga, primero de varios kilos de marihuana, luego otro tanto de ‘cristal’”.
Después de ser víctima de robo de auto en dos ocasiones, sin que los guardias hicieran algo,
Flores agredió al personal de seguridad para obtener el video de los hechos, ante el ataque, la empresa canceló el contrato con los vecinos y “Chava” llevó a nuevos guardias, pero algunos resultaron con antecedentes penales, así que un nuevo Comité de Vecinos contrató a la agencia Iron Star, cuyo personal también fue amedrentado por los amigos de Flores.
Para concluir, expusieron que tras el operativo en contra de Flores, en mayo de 2016, el policía federal Sandoval Alquiciria, quien el 10 de mayo de 2016 había sido intervenido en el retén de Ocuilapa, en Chiapas, con tres hombres que se ostentaron como agentes federales en posesión de 15 kilos de cocaína -argumentaron que había sido un decomiso, pero no tenían papeleo del mencionado operativo-, se quedó a vivir en la casa de “Chava” y seguían atemorizados.
