Activistas piden a los diputados que no aprueben la #LeyChayote y que escuchen a la sociedad civil

Foto: Tomada de Internet
 
Nacional Martes, 10 Abril, 2018 10:08 AM

El pasado 3 de abril, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó, en lo general, con 15 votos a favor -del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza-, 8 en contra y una abstención, un dictamen de la Ley de Publicidad Oficial, con lo que la iniciativa podría votarse este martes en el Pleno.

El Congreso de la Unión tiene hasta el 30 de abril para expedir la Ley que regule la publicidad oficial, por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que falló en ese sentido en noviembre pasado y que activistas indicaron que se debió tomar en cuenta a la sociedad, para que se regule debidamente el gasto en comunicación social de los gobiernos.

Organizaciones, medios de comunicación independientes, periodistas y personas, unidas a través del colectivo #MediosLibres, acusaron que el PRI, PVEM y PANAL simularon discutir la Ley en busca de cumplir con un formalismo para no caer en el desacato ante la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

#MediosLibres acusó que el dictamen no atiende los problemas que supone la publicidad oficial, como ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales en México, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios y la utilización para fines proselitistas o electoreros, entre otros.

Según Fundar, los diez medios y empresas que han ganado más dinero por concepto de Publicidad Oficial durante el Gobierno Peña Nieto hasta 2017 son: Televisa, con 6 mil 680 millones de pesos; Estudios Azteca, que ha obtenido 3 mil 939 millones; la estadounidense Starcom Worldwide, con mil 298 millones de pesos.

Además de Estudios Churrusco Azteca, que recibió mil 270 millones; Grupo Fórmula, con mil 045 millones; El Universal, con mil 007 millones; Excélsior, al que le dieron 989 millones 969 mil pesos; la subsidiaria mexicana de Starcom Worldwide, que ha recibido 815 millones 811 mil pesos; Organización Editorial Mexicana (OEM), 802 millones; y SPR del Estado Mexicano, con 693 millones 344 mil.

Ante ello, organizaciones y defensores de derechos humanos exigen a través de una petición en la plataforma Change.org, que se detenga la aprobación de la llamada #LeyChayote -porque perpetúa todas las malas prácticas en los pagos de publicidad de los gobiernos a los medios de comunicación- en la Cámara de Diputados.

Los firmantes señalan que los diputados federales “piensan mantener la discrecionalidad con la que los gobiernos y dependencias otorgan dinero público a un puñado de medios de comunicación a cambio de que ‘se cuente lo bueno que casi no se cuenta”.

La petición, dirigida a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, iniciada por el activista Alfredo Lecona Martínez, señala que las diputadas y diputados “piensan mantener la discrecionalidad con la que los gobiernos y dependencias otorgan dinero público a un puñado de medios de comunicación a cambio de que ‘se cuente lo bueno que casi no se cuenta”.

En la petición, los firmantes acusan que los funcionarios simulan cumplir con la sentencia realizada por la Suprema Corte de Justicia de Nación, por la cuál deben generar una Ley que combata y regule el problema de la publicidad oficial.

“Enrique Peña Nieto prometió en campaña acabar con la discrecionalidad de la publicidad oficial y muy contrario a ello, terminará su sexenio erogando casi 65 mil millones de pesos en propaganda”, cantidad de dinero pudo servir para construir 380 clínicas para tratar el cáncer de mama, señala la petición.

“De ese tamaño es el agravio y de ese tamaño es nuestra responsabilidad para exigir que se detenga la aprobación de la #LeyChayote y que los legisladores escuchen a las organizaciones de la sociedad civil y a los periodistas”, agregan los firmantes.

Ayer, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se refirió al dictamen aprobado por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados en materia de propaganda gubernamental, como un “golpe a la libertad de expresión”

El SNA rechazó el dictamen debido a que no cumple con los criterios de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez a los que obliga la Constitución”, y agregó que debe modificarse antes de someterse a votación en el pleno de los legisladores.

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